Te marchaste sin decirnos adiós / Yo sé que tú no pudiste decirnos adiós / ¿No sabes tú que tampoco / nosotros hemos podido / decirte adiós? / Tiempos malditos y tristes / en los que hasta un triste adiós / hay sombras que lo prohíben.
Rafael Alberti, Canción 55, Baladas y canciones del Paraná (1953-1954)
Sevilla, 16/VI/2023
La vida, a veces, demuestra su cara desnuda y vergonzante de silencios cómplices ante las injusticas sociales que se producen a diario, reforzando de esta forma el Estado de Malestar y con paradojas incomprensibles cuando vemos, por ejemplo, que se “premian» con millones de votos a responsables de desaguisados inhumanos, con resultados de muerte, de un calado excepcional. En el caso que me ocupa hoy, la muerte de personas mayores por el «abandono» a su suerte, durante la pandemia en todo el país, pero especialmente en Madrid, debería remover nuestras conciencias -más allá de las cifras frías- de una vez por todas y exigir responsabilidades políticas de todo tipo. Sentí una emoción especial al ver allí un grupo de personas, familiares fundamentalmente de personas mayores fallecidas durante la primera ola de la pandemia, manifestándose tres años después ante las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, coincidiendo con la declaración de una persona, Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que al menos ha reconocido la amarga situación vivida bajo su responsabilidad política en esos días terribles de 2020 durante la pandemia. Lo sorprendente es que no es una «causa general» por lo ocurrido en todo el país, como ha señalado el juez instructor de esta causa que afecta sólo a dos residencias de Madrid, sino los trámites derivados de una querella presentada por un grupo de afectados, en la que se pide que se investigue a fondo lo ocurrido y que se depuren las responsabilidades por los protocolos de no derivación de residencias a hospitales, concretamente en esa Comunidad.
Sobrecoge el escaso número de manifestantes, que sí desplegaron dos pancartas en las que figuraban las siguientes leyendas: «Fueron abandonadas a su suerte. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del covid-19 en las residencias», de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), y «7.291 residentes murieron abandonados sin asistencia sanitaria. ¡Marea de Residencias exige justicia!». Lo que se ha filtrado de fuentes solventes es que Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, ha manifestado algo que viene repitiendo desde entonces y que no parece conmover a casi nadie, el hecho verdaderamente trágico de que el 90 % de los residentes que murieron entre marzo y abril de 2020 lo hizo en el propio centro como consecuencia de la aplicación de los protocolos que daban instrucciones para no derivar a hospitales, sobradamente conocidos: “Solo el 10% falleció en los hospitales. Este dato refleja muy bien lo que ocurrió y es algo absolutamente anormal», ha subrayado el exconsejero al concluir la comparecencia, que apenas duró unos quince minutos.
Además, ayer se daba la coincidencia de que se celebraba el Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, que desde el año 2011 está declarado como tal por la Asamblea General de la ONU. Con tal motivo, la Plataforma citada ha publicado un Manifiesto, junto a dos organizaciones más, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España – UDP Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), de obligada lectura, en el que dicen algo que estremece el alma a personas dignas: “La denegación de la asistencia sanitaria que se ha producido en Comunidades como Catalunya, Castilla y León y Madrid, en las que se elaboraron protocolos que propiciaron la no derivación a hospitales, por el hecho de ser personas mayores y vivir en residencias, es una de las muestras más evidentes de maltrato a las personas mayores que, de forma generalizada, se hayan podido producir a nivel internacional. Las cifras de más de 35.000 fallecidos por Covid-19 o síntomas compatibles, consecuencia muchos de ellos de la discriminación y negación de su derecho a la salud y la asistencia son totalmente inasumibles. Son hechos que requerirían investigaciones exhaustivas por parte de las fiscalías competentes, puesto que una de sus obligaciones es la defensa de las personas mayores y personas con discapacidad. La fiscalía dice que “la mejor prevención del maltrato es la denuncia” y sin embargo no la favorece, porque su actuación en la pandemia ha sido casi de connivencia con las instituciones políticas y las residencias”. Verdaderamente demoledor.
Prosigue el Manifiesto con una declaración ejemplar: “Ninguna sociedad que se precie de civilizada y avanzada puede pasar página sobre esta catástrofe sin una investigación a fondo para clarificar lo que pasó y explique por qué de entre las diez regiones europeas con mayor exceso de mortalidad durante el año 2020, figuran cuatro españolas (Madrid la 1ª; Castilla-La Mancha, 3ª; Castilla-León, 6ª y Catalunya 8ª). Para aprender y que no se repita NUNCA MÄS […] Cuando se ingresa en una residencia, se sigue siendo ciudadano con todos los derechos correspondientes a esa condición. Se debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los residentes, a la libertad de movimientos, a la salud, a la vida familiar, a la intimidad, a la propia imagen, a la libertad de expresión, el derecho de reunión y de asociación, el derecho a permanecer en la plaza residencial, igual que si estuviera en una vivienda particular”.
El día se cerraba con otra manifestación ante la sede de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, de la Comunidad de Madrid, “porque se dan todos los requisitos en las residencias para que se produzca maltrato institucional: poco personal, mal pagado, mal formado y con contratos precarios, descoordinación entre el servicio nacional de salud y los servicios médicos de las residencias, normativas pensando en los intereses de las empresas y no en las personas que precisan los cuidados. Con más del 92% de las residencias en manos privadas, si hay que optar entre cuidados y el beneficio económico, optan por el beneficio (comidas basura, falta de atención por falta de personal, errores en la medicación…”.
Me hubiera gustado estar allí y unirme a estas reivindicaciones. Con esta publicación quiero dejar un testimonio claro de que no hay que continuar participando en silencios cómplices ante la tragedia sufrida por la pandemia en todos sus frentes, incluyendo obviamente, junto a la situación muchas veces lacerante de las personas mayores en Residencias, la pobreza severa y la exclusión social, tantas veces citadas en este cuaderno digital, porque no hay que olvidar el olvido de quienes menos tienen y porque tenemos también la oportunidad próxima de voto, en las elecciones generales del 23 de julio, para que el Estado de Bienestar se consolide en el país, ante el ocaso de la democracia que estamos viviendo en estos días y su proyección en derechas extremas y ultras que amenazan la paz y la convivencia social del país, cuando no los derechos humanos más elementales.
CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.
UCRANIA, ¡Paz y Libertad!
"El mundo sólo tiene interés hacia adelante…", Pierre Teilhard de Chardin 
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