El drama humano en las listas de espera de la dependencia

Paco Roca, Mural en el Metro de Madrid (estación Plaza de Castilla), en homenaje a las personas mayores en tiempos de COVID, 2020

Sevilla, 17/I/2022

Escribo de nuevo sobre una realidad lacerante en este país. Me refiero al llamado “limbo de la dependencia”, que traduce la situación en la que se encuentran centenares de miles de personas en lista de espera, pendientes de recibir la prestación correspondiente al derecho ya reconocido, tal y como prevé la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), conocida vulgarmente como Ley de Dependencia. El pasado 14 de enero, la Asociación Estatal de Gerentes y Directores en Servicios Sociales publicó una Nota de Prensa que no deberíamos pasar por alto, por la gravedad de lo que allí se manifiesta en titulares que sobrecogen por su dureza:

  • Fracasa el objetivo de reducir la lista de espera del plan de choque de la dependencia.
  • Tres Comunidades Autónomas impiden cumplir el objetivo del plan de choque del Ministerio de Derechos Sociales.
  • Solo 38.807 personas menos en lista de espera frente a las 60.000 que planteaban como objetivo.
  • Constatamos que aumentan los beneficiarios en 97.912 (+8,71%). A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención.
  • 46.671 personas fallecieron el año pasado en las listas de espera de la dependencia.
  • Se está abandonando sin atenciones a las 392.690 personas que están a la espera de un procedimiento.
  • El tiempo de espera medio es de 421 días, 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos).

La lectura detallada de esta Nota refleja la situación en la que se encuentra en la actualidad la aplicación efectiva de la llamada Ley de Dependencia, con datos que son razones más que suficientes para que se estableciera una evaluación y control urgente de lo que se refleja en ellos y para actuar en consecuencia. Lo más llamativo son, sin lugar a dudas, los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, sobre las 46.671 personas que fallecieron en 2021 y que estaban en las listas de espera de la dependencia (28.192 dependientes con derecho pendientes de prestación y 18.479 pendientes de resolución de grado), parte de un limbo descarnado y de difícil comprensión humana, lo que se traduce en que 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos).

Como se puede observar en la tabla siguiente, la desigualdad en el territorio español es verdaderamente alarmante en el caso de fallecimiento en lista de espera, debido a múltiples causas que ya abordé en un artículo del pasado año, en el que traté del impacto de la pandemia en las personas mayores de acuerdo con el informe anual correspondiente del IMSERSO, que este año ya se ha publicado también y que arroja bastante luz sobre la situación en el país desde el inicio de la pandemia.  

A pesar del carácter escueto de la citada Nota, los datos que ofrece son muy importantes y significativos, resaltando que la aplicación de la Ley sigue teniendo un impacto desigual en el país, como se puede apreciar en el detalle siguiente, utilizando los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), respecto de la Monitorización de la Mortalidad y la Información Estadística General, cerrados a 31 de diciembre de 2021:

  1. Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%); y las que menos Castilla y León (0,17%), Castilla La Mancha (4,51%) y Galicia (5,82%).
  2. Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%) han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque. Las tres comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%).
  3. Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año han sido la C. Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). Por el contrario, en País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición disminuyendo el número de beneficiarios.
  4. Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: C. Valenciana (+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9%.
  5. Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, – 1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente.
  6. A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención. Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento.
  7. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia. Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 46.671 personas que fallecieron este pasado año, el plan de choque no les llegó a tiempo.

En el punto sexto anteriormente expuesto, se hace un planteamiento de emergencia social que se debería atender sin más dilación: El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Como manifestaba en mi artículo de febrero de 2021, lo que se desprende de estos datos es la urgente necesidad de evaluación de lo ocurrido, con objeto de que el Estado y las Comunidades Autónomas tomen con urgencia legal, económica, evaluadora, ética y pública las medidas necesarias para erradicar las situaciones de gran vulnerabilidad que se ha observado en el tiempo transcurrido y donde los datos pueden ayudar a esclarecer la situación y devolver la dignidad necesaria a las personas mayores que pueden verse afectadas por su situación tan precaria en muchas residencias y domicilios del país. Sirvan estas palabras como acicate para corresponsabilizarnos todos en la llamada de atención al Estado sobre la situación actual de las personas mayores.

Espero con la ardiente paciencia aprendida de Neruda que nuestros gobernantes trabajen sin descanso sobre un Pacto de Estado de Atención Integral a las Personas Mayores, en beneficio de todos pero, sobre todo, de los que más siguen sufriendo la pandemia en su pasado, presente y futuro si no se pone antes remedio público: las personas mayores. Lo decía también en el artículo de la serie que bajo la pregunta genérica ¿Es España un país para personas mayores?, publiqué en febrero de 2021, centrado en el ámbito de la pandemia: “Es alarmante constatar que todavía no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas. Creo que ha llegado el momento, por transparencia y dignidad pública, que se sepa la verdad de lo ocurrido desde el principio de la pandemia hasta el momento actual, a la mayor brevedad ética posible”.

Una de nuestras obligaciones como ciudadanos es emitir juicios bien informados, dado que la transparencia pública de la información veraz es donde radica el gran secreto de la evaluación pública y personal, como es ahora mi caso. Escribir hoy esta reflexión forma parte de mi compromiso intelectual en este cuaderno digital, poniendo en común mi conocimiento compartido, el que nos permite resolver problemas de todos los días, los que verdaderamente preocupan en el quehacer y quesentir diario. Lo entiendo así porque cada persona que toma conciencia de su capacidad para responder a las preguntas de la vida, desde cualquier órbita, sobre todo de interés social, tiene un compromiso escrito en su libro de instrucciones: no olvidar los orígenes descubiertos para revalorizar continuamente la capacidad de preocuparse por los demás, sobre todo los más desfavorecidos desde cualquier ámbito que se quiera analizar, porque hay mucho tajo que dignificar. Hoy, las personas dependientes, para que antes de fallecer puedan recuperar la capacidad de vivir dignamente con el tiempo que les corresponda disfrutar en su persona de todos y, sobre todo, en la de secreto. La dignidad humana lleva siempre el tiempo dentro.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Transparencia presupuestaria: un claro objeto de deseo democrático

CIVIO, Presupuestos Generales definitivos y aprobados para 2022

Sevilla, 14/I/2022

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939), Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Vuelvo a abordar un asunto de gran transcendencia para el país, la transparencia de los poderes públicos y más concretamente, la presupuestaria, en los términos que expuse en mi artículo del pasado 14 de octubre de 2021, en el que trataba de la excelente aportación de la Fundación CIVIO para comprender de forma sencilla e intuitiva lo que significan los Presupuestos Generales del Estado para este año. Cambiando lo que hay que cambiar, vuelvo a ofrecer su contenido, actualizado en su aspecto formal, pero manteniendo la esencia de su fondo.

La verdad es que ignoramos cuánto valen las cosas públicas, mucho más por los años que llevamos instalados en la corrupción pública a todos los niveles, donde todo necio confunde valor y precio. También, por la falta de transparencia real y efectiva para conocer el recorrido completo del presupuesto, gasto y evaluación del dinero público, una tríada capitolina para el empoderamiento auténtico de la población. Una vez más acudo a la Fundación CIVIO, que ya he citado en diversas ocasiones en este cuaderno digital, para intentar comprender bien qué significan los Presupuestos Generales del Estado para 2022, porque “como pasa cada año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan su consulta”.

La Fundación informó ayer que han actualizado la herramienta ¿Dónde van mis impuestos? con los presupuestos generales definitivos y aprobados para 2022. Actualizando este proyecto año tras año, desde 2011, la Fundación, en primer lugar, “quiere facilitar al máximo su consulta y su comprensión, incluso para personas sin ningún conocimiento previo. Lo segundo, poner en contexto las grandes y pequeñas cifras, mostrar la evolución de cada una de ellas y ayudar a encontrar partidas concretas. Y, lo tercero, hacer -extrayendo la información y convirtiéndola en reutilizable- lo que consideramos que debería realizar el propio Ministerio de Hacienda: eliminar barreras a la transparencia y al derecho a entender datos tan relevantes”; “aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno de coalición. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan”.

Continúan informando que aunque suene a algo repetitivo en su labor informativa “esto es una previsión del gasto, y no se corresponde con lo que finalmente se acabará gastando. Eso último se denomina ejecución presupuestaria, y es uno de nuestros campos de batalla en lo que a transparencia se refiere. Hace años que pedimos a Hacienda que facilite los datos de ejecución de forma completa y con la misma estructura que los presupuestos. La ejecución sigue siendo un gran punto ciego. Si tuviéramos acceso a los datos de ejecución bien desglosados, podríamos exigir transparencia sobre los desvíos presupuestarios. Por ejemplo, los del Ministerio de Defensa, que todos los años gasta millones por encima de lo presupuestado”. A partir de aquí ofrecen un servicio excelente: “Si quieres descargar y toquetear tú los datos, te hacemos la tarea más fácil. Los hemos procesado automáticamente y aquí te los proporcionamos en formatos reutilizables”.

Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia de los Gobiernos es el resultado también de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras analógicas y atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, conocer a fondo los Presupuestos Generales del Estado para 2022, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, estratégica, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien los Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y co-director de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Es muy importante entrar en esta página web de la Fundación CIVIO para comenzar a comprender bien las bases presupuestarias que asientan o no la democracia en este país y los pilares económicos, no inocentes por cierto, que la sustentan a partir de una pregunta transcendental, ¿Dónde van mis impuestos?, con tres proyecciones políticas esenciales, Ingresos, ¿Cómo se gasta? Y ¿En qué se gasta? Acceder a todos los datos es posible y CIVIO nos ofrece esta oportunidad de emitir juicios bien informados, la base de toda evaluación que debemos hacer como ciudadanos responsables. Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, como en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Entren y vean. Le aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán, de nuevo, que el Presupuesto de este país, como el de la Comunidad en la que cada uno reside, puede y debe ser cosa de todos. Ahora, gracias a CIVIO y a su dirección y equipo de trabajo, sin dejar a nadie atrás, por hacerlo posible.

(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN:José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Justicia social y solidaridad con La Palma

Sevilla, 9/I/2022

Mi voz, mi canto, debe acompañaros
más allá de las edades.
He venido a vosotros para hablaros y veros,
arenales y costas sin fin que no conozco,
dunas de lavas negras,
palmares combatidos, hombres solos,
abrazados de mar y de volcanes.
Subterráneo temblor, irrumpiré hacia el cielo.
Siento que va a habitarme el fuego que os habita
.

Rafael Alberti, en Lanzarote. Primera estrofa

Hoy sigue habitando en mi cuerpo y en mi alma el fuego que habita en los habitantes que han sufrido y sufren tanto por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Si tuviera que destacar algo de lo ocurrido ayer con el programa especial de la RTVE dedicado a esa isla preciosa, mediante la retransmisión de un macroconcierto solidario, bajo el título de “La Música con La Palma: más fuertes que el volcán”, celebrado simultáneamente en Madrid y Los Llanos de Aridane (La Palma) en colaboración con la Asociación de Promotores Musicales (APM), el Cabildo de La Palma y el WiZink Center, sería la intervención del cantor Miguel Ríos (cantante es el que puede cantar y cantor, el que debe hacerlo, como aprendí de Facundo Cabral), a través de la frase que pronunció antes de iniciar su interpretación de un clásico en su discografía, Himno de la Alegría, que logró encender el ánimo del público asistente y de los espectadores domésticos, en los términos que recoge la citada RTVE: “Es un placer asistir a este espectáculo de solidaridad. Junto con la solidaridad no debe faltar la justicia social. Espero que ayudemos a recuperarse a los palmeros porque eso hablará bien de nosotros», dice Miguel Ríos. Y enseguida ha arrancado a cantar el «Himno de la alegría» acompañado de su guitarra, un violín y un piano «para que vivamos soñando un nuevo sol». Ha sido el momento más emotiva de toda la gala y el cantante ha conseguido arrancar a todo el público a cantar y a encender sus linternas de los móviles en símbolo de unión, poniendo en pie a todo el WiZink Center de Madrid”.

Estas palabras de Miguel Ríos traducen un sentir popular, la conjunción perfecta entre Estado y Sociedad solidaria. Es importante señalar que el destinatario de los fondos aportados por la sociedad civil era el Cabildo Insular de La Palma, en un hecho insólito porque no era para una ONG privada, como hacemos en otras ocasiones, sino para la propia Administración Pública con un destinatario final: la ciudadanía afectada por lo ocurrido con la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma durante más de tres meses, con los daños colaterales que conocemos de propiedades personales, familiares y laborales, destruidas, junto con edificios múltiples de servicios públicos o religiosos que también han resultado afectados. Una tragedia de daños incalculables, sobre todo, los anímicos y de salud mental por la voracidad de la destrucción total por la citada erupción, donde estas familias no deberían quedarse nunca solas ante el peligro de sufrir sus consecuencias. Al menos con las ayudas públicas y privadas, como el ejemplo de este concierto, que ayuda a mitigar los daños, con aportaciones de la ciudadanía junto a las ayudas públicas ya anunciadas, en una conjunción de justicia social y solidaridad, que conviene destacar.

Sigo pensando que César Manrique, pastor de vientos y volcanes, desde su cielo particular, habrá contemplado asombrado y con dolor esta erupción tan cercana a su vida y a su obra, a la que Alberti puso palabras mediante un poema precioso, Lanzarote. Primera estrofa, que hoy resuenan mucho más fuerte que el rugido del volcán Cumbre Vieja, que ha acabado en dunas de lava negra, palmares, edificios públicos, plantaciones y casas combatidas, personas y familias solas, abrazadas sólo por el mar y sus volcanes. Al contemplar las imágenes de la erupción, sentí muchas veces, como Alberti, un subterráneo temblor que irrumpía hacia el cielo, como si entrara en mi interior el fuego y el calor que habita a las personas de esa isla bonita, preciosa, abrazada ahora a la queja de la Naturaleza que siempre está viva y que nos avisa con estas manifestaciones. Pero vuelve ya el azul y el viento, el resplandor, la luz indestructible, las rosas rojas bordadas por manos primorosas de mujeres de aquel territorio destruido, que son la esencia de la vida en la que siempre sueñan los lugareños de La Palma para su futuro más próximo, cantando junto a Miguel Ríos que todo se está haciendo para que vivan “soñando un nuevo sol”.

Una cosa más. Sería importante conocer hasta el último detalle del resultado económico de este macroconcierto, como manifestación de la imprescindible transparencia pública que se debe observar por la Administración destinataria en primer lugar de estas aportaciones solidarias, que se destinarán a diferentes fines de ayuda que todos, sin excepción, deberíamos conocer. Sería una forma de abrochar con proyección de ética pública, que también existe, esta manifestación de justicia social y solidaridad ciudadana.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

¿Qué pasa con el Ingreso Mínimo Vital?

No sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa

José Ortega y Gasset (1883-1995), en Lección VIII del curso En torno a Galileo, impartido en la Universidad Central de Madrid, en 1933.

Sevilla, 15/XI/2021

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de nuestro país ha publicado una Nota de Prensa que no deja indiferente a nadie, con datos facilitados oficialmente por Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 3 de cada 4 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido denegadas (73%), casi 100.000 están pendientes de resolver, sólo el 8,0% de la población (799.203 personas) que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia del ingreso mínimo vital. La cuantía media de la prestación por beneficiario es de 172 euros mensuales y a pesar de la crisis social, el IMV no ejecuta ni la mitad del presupuesto anual, lo que se traduce en que en nueve meses la Seguridad Social sólo ha desembolsado 1.400 millones de euros de los 3.000 anuales previstos.

Fuente. Nota de Prensa de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Estos datos se concretan todavía más en la Nota de la Asociación citada cuando se afirma que un 8,04% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, el 1,7% de la ciudadanía, que la cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, donde hay Comunidades Autónomas que únicamente tienen una cobertura menor al 6%, como Cataluña (4,9%) Canarias (5,5%), Baleares (5,8%) o Castilla La Mancha (5,6%). La nota destaca el esfuerzo de Navarra con un 22,2% de cobertura, Comunidad que ha realizado la pasarela desde su sistema de Rentas Mínimas, seguida por Melilla (20,3%) y Ceuta (19,4%). Quizás sea lo más demostrativo de la desigualdad actual y del escaso impacto social de esta Ley el dato de que tres de cada cuatro solicitudes han sido rechazadas. Ante la pregunta que da título a este artículo la respuesta de la Asociación es rotunda: la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos es una causa determinante de tantas denegaciones, porque la desestructuración personal y familiar de muchas personas solicitantes no cabe en un formulario estándar.

De nuevo los datos son contundentes según esta Asociación: “Hasta septiembre de 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aun sin resolver (97.513)”. Es escalofriante el dato siguiente: de las solicitudes resueltas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000, denegadas: ”Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio Ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia, a solicitud de nuestra Asociación, reconoce que el 60% de las aprobados y 27% denegados, el 73% de denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio); hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia; otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo”. Esta última condición sin la cual no es posible obtener el IMV está presente actualmente en un amplio debate social, porque casos como los de mujeres maltratadas, que salen de su legítimo hogar no pueden rellenar la casilla correspondiente del cuestionario por razones obvias de seguridad y así múltiples casos de desarraigo y convivencia en hogares diversos.

El Real Decreto-ley que regula el IMV nació con una pretensión muy clara: que llegara a cubrir las necesidades de 2.300.000 personas, pero la realidad terca es que casi un año y medio después de su aprobación, sólo se ha concedido el IMV a 800.000 personas, poco más de una tercera parte (35%) de los beneficiarios previstos por el Gobierno. En ese sentido la Asociación dice textualmente que se está produciendo en el Congreso de los Diputados un debate en la actualidad para que mejore la regulación del Ingreso Mínimo Vital y “doblegue al legislativo en sus pretensiones de control al pobre a través de estrictos e injustos requisitos y la complejidad de los procedimientos”.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos de expedientes por provincias (detalle de Andalucía).

En este sentido, un dato que considero de interés como radiografía de que algo está pasando en la tramitación de los expedientes administrativos para recibir este ingreso mínimo vital es el siguiente, facilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mediante una nota de prensa de La Moncloa, a 13 de septiembre de este año: sobre el total de 320.580 expedientes tramitados en Andalucía (mi Comunidad), el 68,20% han sido denegados, exactamente 218.660, siendo 1.244.029 el total en España de los expedientes tramitados, de los cuales se han denegado 888.458, lo que supone un 71,41% del total. Estas cifras de denegación, en una media del 70%, deberían ser una llamada de atención sobre lo que está ocurriendo un año y medio después de la publicación del Rea Decreto-ley que ampara esta prestación social de importancia vital para nuestro país. Es una situación que matizo con datos exactos y que figura en la Nota de Prensa citada al comienzo de estas palabras.  

Desde este humilde canal de comunicación celular escribo estas líneas a modo de denuncia para romper silencios cómplices en asuntos tan delicados como el aquí expuesto. La frase final del informe es rotunda y abunda en la necesidad de una actuación urgente en el ámbito legal y regulador de este ingreso: “Los 337.000 expedientes aprobados alcanzan a unas 800.000 personas, de manera que el Gobierno ha cumplido únicamente con un tercio del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital”. Por cierto, un último dato: “las cuantías medias del IMV (datos de la Seguridad Social facilitados a través del Portal de Transparencia) son de 172 € por persona y 436 € por hogar. Queda en evidencia que se trata de un Ingreso Mínimo, pero no está tan claro que, con estas cuantías, pueda calificarse de Vital. Vital o no vital, esa es la cuestión.

Reitero en este sentido algo que escribí recientemente en relación con el texto y contexto de lo que he expuesto anteriormente, a través de un informe denominado Sociedad expulsada y derecho a ingresos, presentado en Madrid, el pasado mes de octubre, por parte de Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), donde se analizaba el alcance de la pandemia en la cohesión social en España, con datos bastante preocupantes que se resumen en una frase: 11 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social en España, seis millones de ellas se encuentran ya en exclusión severa, lo que ocasiona un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población y en el que figuraban unas conclusiones de las que destaco hoy las siguientes:

  • Después de un año y medio, un primer impacto de esta crisis es un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población. Se está produciendo un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Podríamos describir la situación actual del eje integración-exclusión como una sucesión de estanques y cascadas donde ha habido un trasvase desde la integración plena, que pierde caudal, a la integración precaria, de ahí a la exclusión moderada y, por último, a la exclusión severa, que es el que más crece en volumen. La consecuencia directa de esto es que 11 millones de personas en nuestro país viven en situaciones de exclusión social; son 2,5 millones más que en 2018. Una primera factura en forma de exclusión social y de empeoramiento de las condiciones de vida que están pagando muchas personas con las que convivimos a diario (familiares, vecinos y vecinas) y con las que compartimos sociedad y futuro.
  • El espacio de exclusión social se ha incrementado, donde lo que más ha crecido es el último estanque, el de aquellas situaciones más críticas. Una realidad de exclusión severa que, fruto de la pandemia, ha pasado de afectar a 4 millones de personas en 2018 a los más de 6 millones de la actualidad.
  • El empleo y la de la vivienda, se evidencian como dolencias estructurales de nuestra sociedad y como derechos vulnerados para un gran número de personas independientemente de que el contexto económico sea de crecimiento o de crisis.
  • La dimensión de la salud también ha empeorado tanto en el bienestar y en la exposición a la dependencia, como en la falta de capacidad económica para afrontar las necesidades médica.
  • Si bien el nivel de estudios continúa siendo un elemento protector contra la exclusión cada vez lo es menos, tal y como demuestra el hecho de que la exclusión que más crece es la que se da entre los hogares encabezados por una persona con estudios universitarios.
  • La pandemia sí está erosionando con fuerza la calidad de las relaciones en los hogares, duplicándose el número de aquellos cuyo clima de convivencia presenta dificultades serias.
  • La brecha digital está suponiendo una pérdida de oportunidades en diversos ámbitos como el empleo, la educación, las ayudas de la administración pública o las propias relaciones sociales. Esta situación de desigualdad conlleva la perpetuación y profundización de situaciones de desventaja preexistentes, pero, además se ha impuesto como un nuevo factor de exclusión social causando incluso el alejamiento la posibilidad de una participación plena en la sociedad para las personas y familias que la sufren.
  • La pandemia ha intensificado unas situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante, cronificando una clara posición de desventaja que se evidencia en una clara sobrerrepresentación de este grupo en el espacio de la exclusión (38%), y que es aún más marcada en el de la exclusión severa (65%).
  • Más de dos tercios de los hogares en pobreza severa no lo han solicitado (el 67,8%). Es importante resaltar también que un 6,2% de hogares lo han intentado, pero han encontrado barreras para realizar el trámite de forma presencial o telemáticamente. Finalmente, tan solo el 25,9% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite con éxito. Un 15,6% lo ha solicitado telemáticamente y un 10,3% de forma presencial.
  • Es preciso y urgente corregir las principales trabas del acceso al Ingreso Mínimo Vital, que excluye a determinados hogares y personas que mejorarían sus condiciones de vida si tuviesen esta prestación, siendo introducidas algunas modificaciones en su normativa actual, y reconociendo que este instrumento de protección social constituía una necesidad y una demanda previa a la llegada de la crisis sanitaria.

Lo escribo para que no se olvide ni siquiera un momento: algo muy preocupante está pasando con la tramitación administrativa de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Lo peor de todo es que a diferencia de la famosa frase de Ortega y Gasset, ahora sí sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, saber lo que pasa con el IMV y no actuar urgentemente de la forma adecuada.

NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, publicado en 2020 por la ONG Save the Children

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Dinero público, tiempo público y espacio público

Sevilla, 26/X/2021

A Blanca, la protagonista de una novela entrañable de Antonio Muñoz Molina, En ausencia de Blanca, no le gustaba pronunciar la palabra “funcionario”, aludiendo a Mario, su marido. Cuando Blanca quería referirse a las personas que más detestaba, las rutinarias, las monótonas, las incapaces de cualquier rasgo de imaginación, decía: “son funcionarios mentales”. Como “ex” de la Administración Pública, me permito escribir hoy sobre una realidad que viví en mi tiempo público, en su conjunción con el dinero público y el espacio público, a lo que personalmente llamaba “tríada capitolina” para reconocer que estas tres realidades deberían ser “sagradas” para cualquier funcionario durante su ejercicio de la función pública, como fueron en Roma el conjunto de “dioses” que normalmente formaban grupos de tres. Lo hago porque detesto esa realidad que narraba Muñoz Molina en la novela citada. Además, lo hago porque en España es urgente atacar un problema estructural en la Administración, para que se aborde de una vez por todas una nueva forma de “administrar públicamente” el país a través de sus sedes centrales y las de las Comunidades Autónomas o en cualquiera de sus manifestaciones posibles, incluido el teletrabajo.

Los padres de la patria fueron muy sabios cuando sólo dedicaron en la Constitución un artículo a la Administración, el 103, que siempre está bajo la dirección del Gobierno correspondiente, que “ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”, y que dice lo siguiente: “1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

Siendo esto así, la regulación actual de los empleados públicos se encuentra desarrollada en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se recogen los doce “fundamentos de actuación de los funcionarios públicos”: a) servicio a los ciudadanos y a los intereses generales; b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional; c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho; d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres; e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos; g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos; h) Transparencia; i) Evaluación y responsabilidad en la gestión; j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas; k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo y l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.

No es el momento de reproducir el comentario del texto del citado Real Decreto, pero sí de reforzar la denominada tríada capitolina como muestra de que el respeto al espacio, tiempo y dinero, públicos, pueden ser una muestra palpable para la ciudadanía de una nueva forma de ser funcionario en la Administración Pública. Durante mi etapa de empleado público, crecí también junto a la reiterada referencia a Larra, ¡vuelva usted mañana!, en todos los años de dedicación plena a la función pública: educativa, sanitaria y tributaria, construyendo en contrapartida, en mi trabajo diario, lo que llamaba “segundos de credibilidad pública”. Me ha pesado mucho la baja autoestima, ¿larriana?, que se percibía en el seno de la Administración Pública por una situación vergonzante que muchas veces no coincide con la realidad, porque desde dentro de la misma Administración hay manifestaciones larvadas, latentes y manifiestas (valga la redundancia) de un “¡hasta aquí hemos llegado!” por parte de empleadas y empleados públicos excelentes, que tienen que convivir a diario con otras empleadas y empleados públicos que reproducen hasta la saciedad a Larra (a veces, digitalizado, porque el desorden también se digitaliza) y que hacen polvo la imagen auténtica y verdadera que existe también en la trastienda pública. Y muchas empleadas y empleados públicos piensan que la batalla está perdida, unos por la llamada “politización” de la función pública, olvidando por cierto que la responsabilidad sobre la Administración Pública es siempre del Gobierno correspondiente, como he explicado anteriormente, y otros porque piensan que el actual diseño legislativo de la función pública acusa el paso de los años y que la entrada en tromba de las diferentes Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas, obligan a una difícil convivencia de la legislación sustantiva sobre el particular con las llamadas “peculiaridades” de cada territorio autónomo.

Si estamos de acuerdo en que la Administración está sustentada por el Artículo 103 de la Constitución, debemos reconocer que fue un alarde de inteligencia pública de la sociedad española en 1978, no dedicar más que un artículo al difícil entramado que sustenta la función pública, porque la regulación actual del empleado público en este país establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general. La Constitución habla de servicio objetivo a los “intereses generales”, no a los propios del aparato administrativo, a través de cinco principios que deberíamos grabar en letras de oro en la entrada de cada edificio, despacho y oficinas, de base pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y del sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Sabiendo, además, que la tríada capitolina de la Administración obliga a los empleados públicos a respetar sus “fundamentos de actuación” [sic], porque éstos se desarrollan en un espacio público, también privado en alguna ocasión por el teletrabajo pero con entorno digital público, en un tiempo público que se debe respetar de principio a fin porque no es de los “funcionarios” sólo sino, fundamentalmente, de los ciudadanos, a los que hay que atender o en la prestación de servicios a la propia Administración y, finalmente, porque se recibe una remuneración de dinero público que parte de los Presupuestos generales del Estado o de las Comunidades Autónomas correspondientes, en los que la ciudadanía participa a través de los impuestos correspondientes.

Los que defendemos la cultura del deber público, de la ética pública declarada y publicada, hemos acogido siempre con gran satisfacción la regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, lo que llega a constituir un auténtico código de conducta, sabiendo que la condición de empleado público no sólo comporta derechos, sino también una especial responsabilidad y obligaciones específicas para con los ciudadanos, la propia Administración y las necesidades del servicio. Lo importante es defender la “cultura” de lo público que por desgracia está en continuo proceso de demolición por intereses espurios. El constructo “cultura de lo público” tendrá que contrarrestar el estado del arte actual de lo que siente la ciudadanía respecto del servicio público, quizá bien valorado en servicios directos, como ha podido ser el de la salud en la pandemia actual, pero muy criticado en otros ámbitos administrativos y de gestión donde interviene mucho la denostada “burocracia” con tintes de Larra, hecho patente, por ejemplo, en la ralentización de la percepción del Ingreso Mínimo Vital de reciente implantación en el país. Los ciudadanos sabemos apreciar siempre a los empleados públicos que respetan el espacio, tiempo y dinero, públicos, una tríada ética capitolina que no se debería olvidar como “fundamento de actuación”, siendo conscientes de que la «credibilidad pública» cuesta mucho ganarla, pero que se pierde desgraciadamente en segundos de espacio, tiempo o dinero, públicos, mal empleados.

NOTA: la imagen es una fotocomposición en la que figura un plano del edificio «Torretriana», una de las sedes de la Administración de la Junta de Andalucía en Sevilla y una imagen que representa el teletrabajo en un nuevo concepto de «espacio público».

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo, no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Howard Gardner y la inteligencia digital, una de las inteligencias múltiples del ser humano

Sevilla, 19/X/2021

Hoy se inaugura en Madrid la cuarta edición del foro Enlighted, una conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación, con el patrocinio de Fundación Telefónica, IE University y South Summit, que reunirá a 150 expertos mundiales en educación y tecnología y donde participarán profesionales de la talla de Vinton Cerf, considerado como uno de los padres de internet; Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard y autor de la teoría de las inteligencias múltiples, que he estudiado a lo largo de muchos años profesionales; Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Change y The Riverside School en India; Rafael Nadal o Linda Liukas, fundadora de Rails Girls, un movimiento de programación para adolescentes y niñas, que participarán en talleres, conferencias y charlas combinando tanto el formato presencial como el virtual.

De todos los conferenciantes confirmados quiero destacar hoy al Profesor Gardner, que intervendrá el próximo jueves en una “conversación” sobre “La generación de las aplicaciones: Cómo la tecnología está perfilando nuestra juventud”, que estoy convencido será de interés extremo porque abordará un hilo conductor de actualidad plena en el mundo digital: resolver la falta de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo. En conjunto, en este día en el que interviene el profesor Howard Gardner, los ponentes “evaluarán las diferentes maneras en las que la generación de aplicaciones interactúa con los medios digitales, así como lo que podemos hacer para ayudarles a superar la brecha digital, pero también cómo podemos asegurarnos de que la tecnología se convierta en una fuerza de cambio positiva que nos permita desarrollar relaciones sociales significativas y contribuir a la creación de una mejor sociedad en general”.

Hace quince años inicié una incursión científica en el constructo inteligencia digital, que propuse definir como “capacidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía”. Al pertenecer a la escuela del profesor Howard Gardner, sobre quién construí mi Tesis doctoral en Psicología, quise llevar a cabo en este cuaderno digital un proyecto de divulgación científica sobre el constructo citado con objeto de hacer accesible a muchos usuarios de la red, las posibilidades que nos ofrecen hoy los sistemas y tecnologías de la información para ser más inteligentes. He construido esta teoría científica de la inteligencia digital creadora como agradecimiento a años de lectura y estudio de los ensayos del profesor José Antonio Marina, de quien aprendí muchos fundamentos científicos en su construcción de la teoría de la inteligencia creadora. Como alumno agradecido e estos investigadores citados, quise destacar siempre la aplicación de sus teorías a esta investigación de la inteligencia digital, de raíz popular y entregada al ser humano, en clave de “empoderamiento compartido” (empowerment). Además, he escrito siempre sobre este tipo de inteligencia, una más de las múltiples definidas por Gardner a lo largo de sus investigación, desde una perspectiva positiva, dado que a la negativa ya se le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo desde la psicopatología, investigación necesaria por otra parte. Si además, incorporamos la necesaria habilidad social construida sobre esta inteligencia (digital) se habrá aportado a la sociedad una interpretación para ser en el mundo en un terreno de felicidad lógica.

Este proyecto de creación de la teoría científica sobre la inteligencia digital, tuvo su refrendo en la publicación en mayo de 2007 de mi libro Inteligencia digital. Introducción a la Noosfera digital. En esa publicación desarrollé el constructo de” inteligencia digital” sobre la base de lo aprendido de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. En tal sentido partía de la definición propuesta de “Inteligencia”, en sus dos acepciones: 1. capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural. 2. factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los demás. De ahí, se obtenía la definición de Inteligencia digital, en cinco acepciones, que tantas veces cito en mi cuaderno digital: 1. destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se manejan y tratan, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida de haberse hecho muy capaz de ella. 2. capacidad que tienen las personas de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 3. capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 4. factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 5. capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso.

Howard Gardner, el precursor de las inteligencias múltiples que nos abrió en aquellos momentos las puertas a un nuevo planteamiento de inteligencia digital, de gran impacto social, hizo una manifestación en su presentación de la teoría científica de las inteligencias múltiples en los siguientes términos, a través de sus publicaciones maestras en los años ochenta y noventa del pasado siglo, que no he olvidad: “Es de la máxima importancia que reconozcamos y alimentemos toda la variedad de inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias.  Somos tan diferentes entre nosotros, en gran parte, porque todos tenemos diferentes combinaciones de inteligencias.  Si llegamos a reconocer esto, pienso que, como mínimo, tendremos una oportunidad mejor de enfrentarnos adecuadamente a los muchos problemas que se nos presentan en el mundo.  Si podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas, no sólo las personas se sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es posible que también se sientan más comprometidas y más capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial en la consecución del bien general.  Tal vez, si podemos movilizar todas las inteligencias humanas y aliarlas a un sentido ético, podamos ayudar a incrementar la posibilidad de supervivencia en este planeta, e incluso contribuir a nuestro bienestar”.

Espero expectante su intervención en la Conferencia Enlighted del próximo jueves. Le debo mucho en mi aprendizaje sobre las inteligencias múltiples y su proyección en la inteligencia digital de la ciudadanía y en la inteligencia pública digital de los Gobiernos y de las Administraciones Públicas, que también existen. Le debía, una vez más, palabras de agradecimiento, reconocimiento profesional y respeto magistral.

NOTA: la imagen de Howard Gardner que figura en la fotocomposición de cabecera, se ha recuperado hoy de https://www.howardgardner.com/about

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

CIVIO y la transparencia de los Presupuestos Generales del Estado para 2022

Fundación CIVIO

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939), Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Sevilla, 14/X/2021

La verdad es que ignoramos cuánto valen las cosas públicas, mucho más por los años que llevamos instalados en la corrupción pública a todos los niveles, donde todo necio confunde valor y precio. También, por la falta de transparencia real y efectiva para conocer el recorrido completo del presupuesto, gasto y evaluación del dinero público, una tríada capitolina para el empoderamiento auténtico de la población. Una vez más acudo a la Fundación CIVIO, que ya he citado en diversas ocasiones en este cuaderno digital, para intentar comprender bien que significa el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Como pasa cada año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan su consulta. Por eso, mientras el proyecto pasa el filtro de las Cortes Generales, te lo mostramos de forma visual e interactiva para que puedas explorarlos fácilmente, incluso sin conocimientos previos. Como hacemos desde 2011. Aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno de coalición. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan”.

Mi reconocimiento a la Fundación y a su co-director, David Cabo, así como a todos los miembros de la misma, es continuo, público y notorio desde que tuve la oportunidad de entrar en contacto con él en 2013 para preparar la transparencia del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año siguiente y la accesibilidad digital al mismo, preocupado como administrador público por la transparencia pública digital. Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia es el resultado siempre de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y co-director de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Es muy importante entrar en esta página web de la Fundación CIVIO para comenzar a comprender bien las bases presupuestarias que asientan o no la democracia en este país y los pilares económicos, no inocentes por cierto, que la sustentan a partir de una pregunta transcendental, ¿Dónde van mis impuestos?, con tres proyecciones políticas esenciales, Ingresos, ¿Cómo se gasta? Y ¿En qué se gasta? Acceder a todos los datos es posible y CIVIO nos ofrece esta oportunidad de emitir juicios bien informados, la base de toda evaluación que debemos hacer como ciudadanos responsables. Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, como este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Entren y vean. Le aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán a partir de ahora que el Presupuesto de este país, como el de la Comunidad en la que cada uno reside, puede y debe ser cosa de todos. Gracias CIVIO, gracias David, por hacerlo posible.

(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

La soledad no deseada debería ser una cuestión de Estado

Sevilla, 14/VIII/2021

El dato es rotundo: el porcentaje de españoles que asegura sentirse solos ha pasado del 11,6% al 18,8% (ver tabla adjunta), según un estudio del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, difundido en julio y que ofrece una descripción general del estado actual de los conocimientos sobre la soledad y el aislamiento social en la UE. El estudio, que lleva por título Soledad en la UE. Perspectivas de encuestas y datos de medios en línea, parte de una realidad contrastada por las investigaciones llevadas a cabo, que “muestran que la soledad y el aislamiento social también tienen repercusiones nocivas en la salud física y mental como consecuencias significativas para la cohesión social y la confianza de la comunidad. Por tanto, tanto la soledad como el aislamiento social son cada vez más reconocidos como problemas críticos de salud pública que merecen atención y deben abordarse con eficacia estrategias de intervención”. Obviamente, la pandemia de COVID-19 “también ha reformado drásticamente la vida y las prácticas sociales de los europeos”. Además, “Las restricciones a la movilidad y las medidas de distanciamiento social adoptadas para contener la propagación del virus han provocado discusiones sobre los efectos secundarios no deseados de tales medidas, particularmente en forma de soledad y aislamiento”.

Tengo que reconocer que una frase del Informe me ha impactado por su contenido cara al futuro: “Algunos temen que el precio de la soledad pueda tener consecuencias mucho después de que el virus retroceda”. Para aplicar el principio de realidad que lo sustenta, presenta los principales resultados de dos análisis empíricos realizados por el CCI (Centro Común de Investigación) utilizando dos fuentes de información complementarias, a saber, encuestas y datos en línea: “El análisis basado en datos de encuestas ofrece una imagen de las tendencias recientes en los niveles de autoinformación de la soledad en toda la UE e identifica las características sociodemográficas y geográficas predominantes asociadas con la soledad antes y durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Los datos de la encuesta muestran que la pandemia ha magnificado el problema. La proporción de encuestados que se sentían solos con frecuencia se duplicó después del brote de COVID-19. Además, los adultos jóvenes fueron golpeados con mayor severidad. El análisis basado en datos en línea analiza las tendencias en los medios en línea que informan sobre la soledad y el aislamiento social entre enero de 2018 y enero de 2021. El volumen de los artículos sobre estos temas se mide mensualmente y por Estado miembro, y los artículos recopilados se analizan en profundidad para identificar los sentimientos predominantes contenidos en ellos y detectar patrones en las narrativas subyacentes”.

La realidad cruda es que cuando se ha trabajado sobre datos en línea publicados en medios sobre la soledad y el aislamiento social, se observa que se han duplicado durante la pandemia. Las narrativas se referían en gran medida “a las consecuencias para la salud de la soledad. El análisis de catálogos de informes de medios en línea, muestran también tipologías y ejemplos de iniciativas políticas destinadas a combatir la soledad y el aislamiento social. Las iniciativas públicas varían de un Estado miembro a otro. Generalmente, la mayoría de las intervenciones están diseñadas a nivel local y rara vez forman parte de programas más sistemáticos”.

Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y Demografía, manifiesta en el Prólogo del Estudio que cualquier comunidad se define, entre otras cosas, por las conexiones significativas entre sus miembros y que la pandemia “nos recordó la importancia de las conexiones personales positivas, de pertenencia a comunidad. El último año y medio sacó a la luz a muchos individuos y desafíos sociales que existían antes, pero que en su mayoría permanecieron ignorados o desatendidos”. Es donde ha cobrado una fuerza inusual el fenómeno de la soledad y el aislamiento social en nuestras sociedades. Es una responsabilidad de la Unión Europea abordar urgentemente esta situación, sobre todo cuando se constata que “existe evidencia científica de que la soledad afecta la salud física y mental y podría reducir la cohesión social y confianza de la comunidad y, en última instancia, en sus resultados económicos”. Por tanto hay que hacerlo como comunidad, para “mejorar la resiliencia de nuestras sociedades y nuestro desempeño económico. Esta es una responsabilidad de todos nosotros, a nivel local, a nivel nacional y de la UE, para las autoridades, la sociedad en su conjunto y todas y cada una de las personas”. Estas son las razones de fondo para haber solicitado el apoyo del Centro Común de Investigación, cuyo resultado ahora se presenta en este Estudio.

Las principales conclusiones de los trabajos realizados en relación con encuestas, muestran que las medidas de distanciamiento social han sido fundamentales para limitar la expansión del virus, pero también que existe una creciente preocupación por el impacto que la remodelación de la vida social del año pasado podría tener sobre la soledad, en particular para las personas que ya eran más propensas a la soledad en el período prepandémico. En tal sentido se compararon dos encuestas llevadas a cabo sobre este asunto en 2016 y en abril-julio de 2021, respectivamente y los resultados no dejan lugar a dudas sobre el aumento drástico de la prevalencia de la soledad en los primeros meses tras el brote de COVID-19. Mientras que en 2016, el 12% de los ciudadanos de la UE indicó sentirse solo más de la mitad, este dato aumentó al 25% en los primeros meses tras el brote de COVID-19. Otras emociones negativas, como sentirse tenso o desanimado siguió la misma tendencia, mientras que las emociones positivas como sentirse alegre, tranquilo, activo o descansado se movió en la dirección opuesta. También es interesante resaltar que hasta ahora se había centrado el debate público sobre la soledad en la población mayor, considerada como las más vulnerable, fundamentalmente porque el envejecimiento se asocia a otros factores de riesgo de soledad: “Sin embargo, durante los primeros meses de la pandemia, los adultos jóvenes han ha sido, con mucho, los más afectados por las medidas de distanciamiento social. Más específicamente, la proporción de personas de 18 a 25 años indica sentirse solo casi cuatro veces más en los primeros meses de la pandemia (del 9% en 2016 al 35% a principios de 2020). A pesar de todo, este sentimiento de soledad entre los adultos jóvenes es de naturaleza transitoria. Sin embargo, hay que destacar que también es una etapa de la vida asociada a menudo con dejar a la familia, la casa y pasar a una nueva etapa en la vida. En este contexto, el impacto de más de un año de reducción de contactos en persona, podría seguir sintiéndose mucho después de que la pandemia desaparezca.

Sin lugar a dudas, las personas que viven solas experimentaron un aumento en la prevalencia de soledad en 23 puntos porcentuales en comparación con los niveles observados antes de la pandemia. También hay una serie de factores de riesgo cuya importancia no se ha visto agravada por la pandemia, como es el caso de las condiciones económicas favorables (ingresos del hogar), que protegen contra la soledad: esto era igualmente cierto antes y durante la pandemia. De forma contraria, la salud delicada suele estar asociada con la soledad, porque en el período previo a la pandemia, alrededor del 32% de los encuestados, que se encontraban en mal estado de salud también informaron sentirse solos más de la mitad de su tiempo. Esta situación contrasta con el 8% entre personas con buena salud. En los primeros meses de la pandemia, la incidencia de la soledad se elevó al 46% para los encuestados con mala salud y al 20% para los buena salud. Por lo tanto, la brecha en los niveles de soledad por el estado de salud no cambió mucho después de la COVID-19 y esto sugiere que la incidencia de mala salud como un factor de riesgo de soledad se aplica en todas las circunstancias.

En esta primera parte del estudio, se ha observado que las mujeres han tenido la misma probabilidad que los hombres de sentir soledad. Esto no ha cambiado con la implementación de redes sociales durante las medidas de distanciamiento. Del mismo modo, vivir en una ciudad o en una zona rural área no afectó los niveles de soledad antes o durante la pandemia. Por último, en el período previo a la pandemia, la soledad fue más baja en el norte de Europa, con alrededor del 6% de las personas que informaron que se sentían solas más de la mitad de su tiempo. En Europa occidental, meridional y del Este, se muestra una mayor prevalencia de soledad, en un rango que va del 11% al 13%. Sin embargo, siguiendo los datos en relación con la COVID-19, Europa occidental y septentrional experimentaron el porcentaje más acusado en soledad. Esto es un poco sorprendente ya que el norte de Europa mostró datos más suaves que el sur y Europa Oriental. Es curioso constatar que la pandemia podría haber fomentado inicialmente un sentido de pertenencia en varios países, en particular en el sur de Europa por las características de la población, pero todo obedece también a los patrones de conducta macrorregionales y nacionales. De hecho, cuando contamos con estos factores, observamos que, todo lo demás es igual, dentro de cada país, es decir, “cuanto más difícil es el bloqueo por las medidas COVID, más agudo es el sentimiento de soledad. En definitiva, se ha demostrado con estos datos que las conexiones sociales son fundamentales en nuestra vida diaria y que la angustia experimentada en todo el mundo durante los últimos 16 meses es, en parte, impulsada por las limitaciones impuestas a las interacciones sociales.

En la segunda parte del estudio, las principales conclusiones de los trabajos realizados en relación con la metodología observada, los medios en línea, es decir, el análisis de los medios de comunicación de la UE sobre la soledad y el aislamiento social, realizado mediante la búsqueda del índice de artículos recopilados por el sistema Europe Media Monitor, “un Sistema interno del CCI que procesa más de 300.000 artículos al día, en más de 70 idiomas, con una amplia cobertura de fuentes de noticias nacionales y locales de la UE”, cuyo “procesamiento automático etiqueta cada artículo por emociones (ira, miedo, tristeza, disgusto, sorpresa, alegría) y valores de sentimiento (positivo, negativo y neutral)”, se centraron sobre dos descriptores homologados por todos los países y válidos para estas conclusiones: “soledad” y “aislamiento social”.

El análisis cuantitativo reveló que ambos temas cobraron una gran relevancia en el panorama de los medios de comunicación de la UE, especialmente desde el inicio de la pandemia COVID-19 en marzo de 2020, con reportajes sobre el tema de la soledad, registrando una duplicación del volumen en los primeros meses de la pandemia y siguiendo un patrón similar al de la propia pandemia, disminuyendo en los meses de verano de 2020 y aumentando con nuevos picos en el inicio de la segunda ola. Desde el ámbito cuantitativo, también mostró que los volúmenes de informes, sin embargo, varían ampliamente entre los Estados miembros de la UE, al igual que el número y tipos de iniciativas propuestas para abordar el problema.

En relación con el análisis cualitativo hay que decir que las narrativas subyacentes están relacionadas con los efectos negativos que tiene la soledad sobre la salud, tanto emocional como física, y para las consecuencias económicas de la soledad y el aislamiento social, en términos de costes de salud, desempleo y en el largo plazo el impacto en el desarrollo social y personal, especialmente de la Generación Z y las categorías sociales ya vulnerables. Esto fue especialmente visible durante la pandemia para los jóvenes (19-25 años) y mujeres, las categorías más afectadas por las pérdidas de empleo. Las narrativas también se relacionan con las causas subyacentes de soledad, mirando las tendencias individualistas promovidas por las sociedades occidentales, así como la necesidad de nuevos tipos de arquitectura y planificación urbana para disminuir el aislamiento y la soledad.

En general hay numerosas iniciativas que abordan la soledad en Europa, pero se muestra en el estudio que rara vez forman parte de programas sistematizados para alcanzar los mejores resultados.  El estudio detallado sobre 10 países, que se adjunta al estudio,  muestra que existen grandes diferencias entre los Estados miembros en cuanto a si la soledad se percibe como una preocupación pública o personal, dividiéndose las iniciativas para abordarlo, por tanto, entre programas de apoyo comunitario y soluciones individuales centradas en las consecuencias psicológicas de la soledad.

Visto el panorama y aunque este estudio ofrece datos de gran calidad para ser tomados en cuenta, se propugna desde la UE que junto a la lista inicial de iniciativas y medidas en 10 países, ésta podría desarrollarse y completarse por expertos locales, con la creación de una base de datos europea de iniciativas para la atención a la soledad, de tal forma que las medidas políticas a tomar por los diferentes países, podrían utilizarse en el futuro para crear una red europea de soledad en la que las mejores prácticas se compartan y evalúen de forma más sistemática.

Para finalizar, es muy interesante señalar la relación que aporta el estudio sobre once iniciativas, para atender la soledad: cuidar y cambiar el estado de ánimo, sensibilización, creación de conectividad múltiple, ayuda profesional, red de alarmas, actividades grupales, soluciones tecnológicas, espacios de encuentro, proyectos de innovación social, comunidades intergeneracionales y lucha contra la estigmatización. Soluciones en las que nuestro país muestra un avance considerable en iniciativas públicas y privadas, pero todavía lejos de una acción sistematizada, equitativa y distribuida, sobre todo, desde la perspectiva consagrada de atención al interés general por parte del Estado y como marca la Constitución y cuando sabemos por este estudio que el porcentaje de españoles que asegura sentirse solos ha pasado del 11,6% al 18,8%, en tan sólo cinco años.

Una última reflexión. El silencio se confunde muchas veces con la soledad, aunque no es lo mismo. Pasa como en los tiempos que corren, donde en todos los terrenos sociales, políticos, empresariales, universitarios, familiares, nos esforzamos en hablar porque nos aterra la soledad. Mucho más por el aislamiento aprendido durante el confinamiento y la pertinaz distancia social impuesta por la pandemia. Quizás porque cuando el chimpancé dio el salto a la humanización se dio cuenta de que después de tantos años era necesario un primer motor inmóvil (Aristóteles), algunos lo llaman Dios o deidad, que justificara la puesta en marcha de la maquinaria del mundo y que permitiera a las células controladas por el cerebro articular sonidos estructurados de necesidad y deseo consciente para que nos entendiéramos y, después, lo expresáramos con sentimientos y emociones. Lo escribí hace ya muchos años en torno al silencio que necesita todos los días el cerebro. Si algo califica de humanidad a la mujer y al hombre es la capacidad y necesidad de comunicarse, de no estar solos. A pesar de los tiempos que corren que incluso nos impiden mirarnos a la cara para decirnos algo. Sin ruidos, en silencio y, a veces, en soledad no deseada.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.    

5G: una revolución ética y digital

Sevilla, 18/X/2020

El pasado miércoles fuimos conscientes en nuestra provincia, como ciudadanos de a pie, de que la realidad del 5G ya está aquí y dispuesta para su implantación inmediata y global., en una oportunidad ética digital de superar definitivamente la brecha digital que todavía existe. La resintonización masiva, en todo el país, de los televisores que tienen conexión aérea, ha sido un aviso del cambio que viene para navegantes atómicos y digitales, que de todo existe en la viña del Señor. El argumento estaba claro: había que dejar espacios r4adioeléctricos libres que ocupaban hasta ahora las concesiones de las cadenas de televisión y radio, para que las redes de telecomunicaciones puedan utilizar la tecnología 5G, que permita una velocidad mayor en las telecomunicaciones prioritarias y ordinarias. En el Plan España Digital 2025, presentado por el Gobierno en julio de este año, se exponía el eje 2 de actuación, Impulso de la tecnología 5G, con las siguientes medidas a abordar hasta 2025:  Liberación del segundo dividendo digital en 2020, asignación de las bandas de frecuencias prioritarias demandadas para 5G en 2021, pilotos 5G y nuevas medidas de impulso al despliegue y la adopción 5G, propuesta normativa para ciberseguridad 5G, desarrollo de corredores de transporte 5G y liderazgo en proyectos europeos de innovación en nuevas generaciones de tecnología móvil.

Siendo lo expuesto anteriormente y en breves palabras, la situación actual desde la perspectiva tecnológica de Estado, deseo plantear hoy una convergencia entre esa realidad, digital por supuesto, y la ética digital que conlleva, que también existe, entendiendo la ética pública digital como el suelo firme que justifica los actos digitales del Gobierno correspondiente, en relación con la aplicación de igualdad en la accesibilidad equitativa y racional a las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, planificadas y puestas al servicio de los intereses generales digitales de la ciudadanía. El planteamiento lo hago utilizando también el acrónimo 5G, pero a través de cinco factores de convergencia que se inician con la letra G, bajo la denominación de 5G ÉTICO y sobre la base de los diez ejes estratégicos establecidos en el Plan España Digital 2025 (PED 2025), porque esta perspectiva debe ser:

1. GENERALISTA

2. GARANTISTA

3. GENERADORA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

4. DEGRADUALIDAD CONTROLADA Y JUSTA PARA QUIEN LA NECESITE Y ESTÉ EN SITUACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD

5. GESTIONADA CON GOBERNANZA ESTRATÉGICA DIGITAL

FACTORES DE CONVERGENCIA ÉTICA Y DIGITAL EN EL 5G

1. GENERALISTA. Comenzando por el primer factor, GENERALISTA, quiero indicar con él que hay que hacer un planteamiento digital generalista de amplio espectro ciudadano, abarcando la vida digital de personas, empresas, centros educativos, industrias y entretenimiento. Es lo que se recoge en el planteamiento actual del Plan España Digital 2025, que movilizará una inversión pública y privada de 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022, pero con una tarea de divulgación masiva para general conocimiento de la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás. Igualmente, para entrar de lleno en la toma de conciencia de lo que significa el desarrollo sostenible, que también existe desde la perspectiva digital. Este factor tiene ribetes constitucionales porque según el Artículo 103 de la Carta Magna, la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales de la ciudadanía y creo que es admisible agregar el adjetivo digital a este interés público, digital por supuesto.  La España olvidada, vaciada y de interior, debe tener prioridad absoluta en esta implantación generalista de la nueva tecnología, con objeto de suprimir definitivamente la brecha digital existente entre territorios de este país: “Por ello, facilitar el despliegue del 5G sin cortapisas se convierte en una tarea fundamental para el desarrollo económico y la Transformación Digital del país, mucho más en estos momentos. El que fue “milagro español de la fibra” debe replicarse en la extensión de las redes y servicios 5G. Tras la crisis de la COVID-19, la apuesta de España por el 5G ha de ser aún más decidida, por su triple potencial como palanca de reconstrucción arrastrando inversiones anti cíclicas, disruptor de modelos de negocio con sus facilidades de ultraconectividad de baja latencia, y eje de vertebración territorial actuando como nuevo vector de extensión de la cobertura de redes de alta velocidad” (PED 2025, Pág. 21).

2. GARANTISTA. La revolución digital que se inicia con la tecnología 5G debe estar respaldada en cualquier de sus acciones por una legislación garantista que permita un soporte legal de obligado cumplimiento, con derechos y deberes digitales para todas las partes implicadas, con transposición de toda la legislación europea e internacional que se debe contemplar en cualquier normalización digital del país. Quiero resaltar que no hay que confundir el ámbito sustantivo de las leyes con el de las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma, en un Estado como el nuestro, pero desde la perspectiva de estrategia públicas digitales, de carácter ético, como es el caso, el legislador tiene que respetar una visión sustantiva de lo que legisla, respetando las peculiaridades de aplicación en cada Comunidad, si así fuera necesario. La España de interior o vaciada, por ejemplo, no es igual en todo el territorio y las regiones más desfavorecidas tienen que tener en su beneficio ético digital todas las garantías del Estado, aunque la inversión en este caso sea mayor que en otros territorios del mismo: “La reciente propuesta de la Comisión Europea Next Generation EU incluye un nuevo Fondo de Reconstrucción y Resiliencia que también considera una de sus prioridades el financiar inversiones relacionadas con la Transformación Digital con miras a impulsar una recuperación económica fuerte a partir del segundo semestre de 2020. Estos programas comunitarios tienen como objetivo contribuir a reducir el déficit de inversión de Europa respecto a China y Estados Unidos, que la Comisión Europea estima en 125.000 millones de euros. Todo ello explica la urgencia de articular España Digital 2025: una Agenda actualizada que impulse la Transformación Digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. Y que lo logre con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos (PED 2025, pág. 8).

Desde la perspectiva ética, este factor de convergencia ética debe contemplar el eje estratégico de ciberseguridad en las medidas descritas en el Plan: línea de Ayuda en Ciberseguridad Fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos, PYMEs y profesionales, impulso del ecosistema empresarial del Sector Ciberseguridad, impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad y despliegue y operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad.

Por último, me interesa resaltar la medida 45 del Plan, en relación con la elaboración de la carta de derechos Digitales, “que formule con un lenguaje actual los derechos de ciudadanía y empresas en el mundo digital, eliminando incertidumbres sobre la interpretación de determinados principios y que garantice la disponibilidad de los recursos necesarios para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente en un mundo digital. La Carta de Derechos Digitales contribuirá a reducir las brechas digitales que se han ampliado, en los últimos años, por motivos socioeconómicos, de género, generacionales o territoriales. En concreto, la implementación del derecho de acceso a Internet de calidad y asequible en todo el territorio nacional, así como a la formación, capacitación y desarrollo de habilidades digitales en todos los sectores de la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables, serán claves para luchar contra las brechas digitales y permitir la articulación territorial del país” (PED 2025, pág. 75).

3. GENERADORA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. Se debe contemplar en toda medida digital de cumplimiento del Plan citado anteriormente, la perspectiva digital de género, porque la brecha digital en esta realidad social también existe, junto a otras de marcado interés público y que interactúan con ella: “Además, España Digital 2025 plantea un objetivo transversal fuertemente alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030: contribuir de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales que se han ensanchado, en los últimos años, por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o medioambientales. Brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales, que se han hecho especialmente visibles durante los primeros meses de la pandemia Covid-19, y que ha motivado la acción urgente del Gobierno de España, por ejemplo, poniendo medio millón de dispositivos digitales con conectividad a disposición de estudiantes afectados por la brecha digital, a través del programa Educa en Digital” (PED 2025, pág. 9).

Es obvio considerar que desde la perspectiva digital de género, el Plan señala específicamente dos en referencia a las necesarias competencias digitales que se deben adquirir y tutelar a través del Plan (PED 2025:

  1. Atender la demanda de especialistas en tecnologías digitales. España Digital 2025 fomentará satisfacer la demanda de especialistas en tecnologías digitales, que incluirá a los expertos en las tecnologías de vanguardia, como la analítica de datos, la Inteligencia Artificial o la ciberseguridad. Se prestará especial atención a la composición por género de estos especialistas. La meta es formar en competencias digitales para diseñar, desarrollar o explotar sistemas digitales a 250.000 personas.
  2. Reducir la brecha de género en materia de competencias digitales. La brecha de género de acceso a Internet, que afortunadamente consiguió reducirse notablemente en años pasados, se ha trasladado en estos últimos años a una brecha de género en competencias digitales. Ante esta situación, España Digital 2025 buscará reducirla tanto entre la población en general, como en la fuerza laboral y en las especialistas digitales”.

Por último, otro dato a considerar en el Plan es que, desde la perspectiva ética de igualdad de género, resulta necesario abordar la cuestión de la igualdad de género en la creación de start-ups, puesto que en 2018 tan solo el 15,6% de las start-ups españolas fueron fundadas por mujeres.

4. DE GRADUALIDAD CONTROLADA Y JUSTA PARA QUIEN LA NECESITE Y ESTÉ EN SITUACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD y así se contemple en las políticas de inclusión digital, que también existen, para acabar con la desigualdad social digital. Gratuidad no significa regalo del Estado sin nada a cambio, sino toma de conciencia de que determinadas clases sociales no pueden acceder por sí mismas a esta revolución digital de la tecnología 5G, con todas las posibilidades de empoderamiento, crecimiento y fortaleza social que ofrece. En el Plan aparecen ejemplos de proyectos tractores y uno de ellos se refiere a la necesaria transformación digital de las políticas de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en lasque “se impulsará el análisis y la evaluación de prestaciones, políticas y programas con impacto sobre los objetivos de inclusión mediante la digitalización de los trámites, la innovación y optimización de los procesos, así como la integración y explotación avanzada de información a gran escala proveniente de fuentes y organismos externos. Estos resultados serán el punto de partida para la revisión de indicadores, la definición de objetivos y el diseño de estrategias, políticas y programas, a través de una toma de decisión basada en datos, con la finalidad de reducir la pobreza y la desigualdad, favorecer la migración legal y promover un crecimiento inclusivo” (PED 2025, pág. 46).

Igualmente, se resalta en el Plan que la Transformación Digital de España es una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. Y que lo logre con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos. Objetivos específicos para garantizar la equidad en la accesibilidad de los beneficios del 5G también se contemplan en el Plan, cerrando las nuevas brechas de desigualdad social por la falta de acceso o uso de Internet, porque “la brecha digital de acceso y capacidad de uso de redes actúa cada vez más como vector para una nueva causa de exclusión social, afectando especialmente a aquellos colectivos más vulnerables. Durante la crisis de la COVID-19, la necesidad de continuar de manera remota con la actividad económica, las labores de enseñanza o el acceso a servicios médicos o sociales, entre otros, han evidenciado este nuevo factor de desigualdad. El teletrabajo se ha mostrado como una gran oportunidad para favorecer una menor concentración de la población, siempre y cuando se acompañe del acceso a una serie de servicios sociales y económicos disponibles en las grandes concentraciones urbanas. La fijación de la población en las zonas menos habitadas o en declive demográfico, ya sea de edad avanzada o joven, requiere la disponibilidad de acceso a servicios esenciales en formato digital. Consecuentemente, será necesario plantear la conectividad en un sentido amplio, como aquella que permite acceder desde todos los territorios y a cualquier colectivo social a servicios educativos y culturales, socio-sanitarios y de comercio de bienes y servicios. La extensión y asequibilidad de redes de telecomunicaciones forman así parte de una acción de Gobierno responsable e inclusiva, volcado en la reducción de la desigualdad y en la contribución al aumento del crecimiento potencial de la ciudadanía y las empresas en todas las facetas posibles” (PED 2025, pág. 15).

5. GESTIONADA CON GOBERNANZA ESTRATÉGICA DIGITAL: Hay que aprovechar este momento para establecer una estrategia pública digital, que también existe y que tantas veces he enunciado en este cuaderno, que ahora rescato con la fortaleza del convencimiento de que es una piedra angular ética para su presentación en sociedad: “La estrategia nacional de impulso al despliegue de 5G, renovará el Plan Nacional 5G (2018-2020) alineado con la comunicación de la Comisión Europea “La 5G para Europa: un plan de acción”. En el ámbito nacional, se realizará un alineamiento temprano de la política de impulso del 5G con la revisión del plan de acción comunitario previsto en la comunicación “Configurar el futuro digital de Europa” (PED 2025, Pág. 22).

El Plan dedica un apartado a la gobernanza digital, del que resalto su presentación: “El éxito de España Digital 2025 requiere de la colaboración de todos los agentes involucrados en las medidas contempladas en la misma. Es necesario aunar esfuerzos y alinear compromisos, desarrollar una estructura de coordinación eficaz entre los diferentes niveles de la Administración y una estructura de participación donde todos los destinatarios de las medidas se vean reflejados. De igual modo, deben establecerse los mecanismos de seguimiento, evaluación y revisión necesarios para facilitar la adaptación de las medidas a la evolución futura de nuestra sociedad y nuestra economía, así como a la aparición de nuevos paradigmas tecnológicos y modelos de negocio. Todo ello requiere disponer, en definitiva, de un mecanismo de gobernanza adecuado, basado en la transparencia, la participación y la colaboración, y dotado del liderazgo adecuado” (PED 2025, pág. 78 y s.).

La Estrategia Pública Digital, que tendrá que llevarse a cavo mediante este Plan, debe entenderse proceso organizativo mediante el cual el Gobierno Digital correspondiente, a través de la Política Digital, incorpora a sus funciones directivas y funcionales los sistemas y las tecnologías digitales de la información y comunicación, como escenario y motor de su progreso, y como modelo de integración tecnológica orientada a la ciudadanía. Formando a funcionarios, cientos de miles, en inteligencia (talento) digital aplicada, que se debe contemplar ya en el acceso a la función pública (gran debate pendiente en términos digitales), si se quieren prestar servicios digitales dignos a la ciudadanía formada ya en inteligencia digital aplicada a las necesidades de cada día, con medios tan accesibles como los teléfonos inteligentes, tabletas y el mando del televisor, que conoce a su dueño cada día más y casi sin darse cuenta a través de la memoria predictiva alojada en un chip que no es inocente y que no vemos por ningún sitio. Pero no es lo mismo Gobierno Digital que Administración Electrónica, porque se confunden muchas veces los términos en el equívoco peligroso de creer que la revolución digital se centra en la Administración Electrónica, que es importante, no en el Gobierno correspondiente, que muchas veces muere en el empeño de los plazos o en el debe frente al puede (como pasó en años anteriores desde 1992, con la excelente y ya derogada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), porque no ataca el problema de fondo en la citada Administración, la revolución pendiente en la trastienda de la misma para llevarla a una revolución digital que permeabilice todas y cada una de las acciones administrativas en todas y cada una de sus manifestaciones posibles. Lo repito: no hay que confundir Gobierno Digital con Administración Digital (mejor que Electrónica), porque el antecedente es el Gobierno no la Administración, que siempre es consecuencia de quien tiene la responsabilidad de administrarla: Gobierno Digital es la continua optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la información pública y participación ciudadana mediante la transformación interna y externa de las relaciones institucionales, personales y sociales, con base en el uso de las TIC, como actitud política sostenida en el tiempo y en programas políticos llevados a cabo por la Administración Pública Digital. La Administración Digital utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación como soporte del Gobierno Digital, como componentes del mismo. Es decir, no existe Administración Digital sin Gobierno Digital, no se deben alterar los términos, porque se da el caso de Administraciones que tienen magníficas infraestructuras digitales sin Gobierno Digital alguno o muy desdibujado.

La revolución ética y digital del 5G es una oportunidad que no se debe perder. Los factores de convergencia descritos pueden ser una parte de la teoría crítica digital de carácter público que podemos elaborar entre todos. Esa es ahora mi propuesta y empeño, escuchando de fondo a Pablo Milanés en sus “Proposiciones”, salvando digitalmente lo que haya que salvar: Propongo compartir lo que es mi empeño / Y el empeño de muchos que se afanan / Propongo, en fin tu entrega apasionada / Cual si fuera a cumplir mi último sueño.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Teletrabajo, en cualquier momento, en cualquier lugar

Sevilla, 24/IX/2020

Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, realidad sobre la que ya publiqué una serie en una fase avanzada de su tramitación legal en el pasado mes de junio, donde afirmé que el teletrabajo había venido para quedarse con ocasión de la pandemia. Analicé en cuatro artículos (1) diversas perspectivas del proyecto de ley que se estaba tramitando en ese momento, abordando cuestiones de alto interés general laboral y social, como es el ámbito estratégico en el que se debe desenvolver la implantación de esta legislación actual que entrará en vigor en veinte días a partir de la fecha de publicación del texto legal.

Vuelvo a insistir en la necesidad de acercarse con información técnica solvente a la problemática actual del teletrabajo, siendo muy recomendable la atenta lectura del documento de trabajo más reciente elaborado por la OIT, que lleva por título “Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral”, que considera el impacto del teletrabajo/TICtrabajo móvil (T/TICM) en el mundo laboral, sintetizando la investigación llevada a cabo por la red de corresponsales europeos de  Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) y consultores de OIT.  T/TICM se puede definir como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones –como teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles y ordenadores de sobremesa– para trabajar fuera de las instalaciones del empleador. Hago esta referencia para tener una perspectiva amplia del asunto que estamos tratando, con altura de miras y para profundizar en los “hallazgos” que el informe presenta, así como los siete indicadores políticos de suma importancia a considerar, que traté con detalle en mi primer artículo sobre el teletrabajo citado anteriormente y que según mi criterio se deberían revisar concienzudamente en una evaluación continua de la nueva norma, con objeto de que se puedan emitir juicios bien informados.

Abordando directamente el texto publicado, creo conveniente hacer las siguientes observaciones al mismo:

1. El Real Decreto-ley, un logro de la cooperación del Gobierno con las fuerzas sociales, que hay que reconocer, está desdibujado al figurar en el mismo múltiples disposiciones que nada tienen que ver con el objeto contemplado en su título, al aprovechar con misión bus de acompañamiento, regulaciones importantes en las más diversas materias legislativas, tal y como se señala a partir del apartado V de la Exposición de Motivos de la disposición. De esta forma, se estructura en cuatro capítulos, veintidós artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y catorce disposiciones finales, acompañándose de un anexo, correspondiendo al título exacto de la disposición la totalidad de los capítulos, las disposiciones adicionales primera y segunda, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, siendo las disposiciones finales primera, segunda y tercera las que provienen del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia.

2. Es importante destacar que no hay que confundir trabajo a distancia con teletrabajo o con trabajo remoto excepcional y obligatorio, es decir, esta norma va más allá de la legislación centrada en el teletrabajo, que se declara como “una subespecie que implica la prestación de servicios con nuevas tecnologías”. En la exposición de motivos se explica el camino recorrido por la legislación internacional, europea y española de las aproximaciones tímidas al trabajo a distancia, siendo el apartado III el que aborda curiosamente la superación del concepto clásico de trabajo a distancia por el de teletrabajo: “El trabajo a distancia, en su concepción clásica de trabajo a domicilio, como aquel que se realiza fuera del centro de trabajo habitual y sin el control directo por parte de la empresa y vinculado a sectores y ámbitos geográficos muy concretos, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. En la actualidad, más que trabajo a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en el centro de trabajo”. Me preocupa por tanto que no se haya contemplado en el título de la norma la palabra teletrabajo, tal y como se define ya en el marco europeo en la actualidad.

3. Se aborda un constructo muy interesante, la virtualización de las relaciones laborales, donde la presencia de las tecnologías es definitoria de esta norma, es decir, el teletrabajo es la base del trabajo a distancia dado que sin el poder de las tecnologías no sería factible llevarlo a cabo en los términos expuestos en el Real decreto-ley, como lo asevera la propia norma: “Esta virtualización de las relaciones laborales desvincula o deslocaliza a la persona trabajadora de un lugar y un tiempo concretos, lo que sin duda trae consigo notables ventajas, entre otras, mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos; mayores posibilidades, en algunos casos, de una autoorganización, con consecuencias positivas, en estos supuestos, para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos; productividad y racionalización de horarios; fijación de población en el territorio, especialmente en las áreas rurales; compromiso y experiencia de la persona empleada; atracción y retención de talento o reducción del absentismo”. Todo ello gracias a que “La figura del teletrabajo como forma de trabajo a distancia está cogiendo auge frente a la organización empresarial tradicional, lo que sin duda trae consigo prácticas novedosas y más flexibles, lo que estimula cambios organizativos en las empresas y fortalece la formación y empleabilidad de las personas trabajadoras”.

4. No todo son ventajas, pero el trabajo a distancia en su sentido más estricto se desdibuja en favor del teletrabajo en sí mismo, con sus ventajas e inconvenientes, que también se señalan: “Sin embargo, también presenta posibles inconvenientes: protección de datos, brechas de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en el intercambio de información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas que lo hacen de manera exclusiva a distancia, dificultades asociadas a la falta de servicios básicos en el territorio, como la conectividad digital o servicios para la conciliación laboral y familiar, o traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna, entre otros”.

5. En cualquier caso, lo afirma el legislador en una frase que resume la situación en muy pocas palabras, “El teletrabajo se ha instalado en nuestro país como respuesta a las restricciones y medidas de contención de la pandemia aún vigentes, en un contexto legal caracterizado por la casi total ausencia de regulación específica”, situación que se aborda en el articulado del texto. Como abordaje de esta situación de improvisación funcional, más que legal, “El objetivo es proporcionar una regulación suficiente, transversal e integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento”.

A partir de aquí, es imprescindible leer con detalle el real decreto-ley para conocer en profundidad el desarrollo del mismo, que se atiene a lo contemplado en el Acuerdo de Trabajo a Distancia, fruto de la concertación social, basado en tres aspectos mínimos, que ya aparecen recogidos en el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo: la definición de trabajo a distancia, su carácter voluntario para la persona trabajadora y empresa, así como la salvaguarda de la equidad de las personas que desarrollan trabajo a distancia “con los derechos garantizados por la legislación y los convenios colectivos aplicables a las personas comparables que trabajen o, de existir, trabajasen, en los locales de la empresa”.

La publicación de este Real Decreto-ley es una oportunidad extraordinaria para que el Estado tome la iniciativa urgente para legislar sobre el teletrabajo en la Administración Pública, en el marco de una estrategia digital de carácter público. En relación con la Administración es ya una tarea urgente, entendiéndose la citada estrategia como proceso organizativo mediante el cual el Gobierno Digital, a través de la Política Digital colectiva y sectorial, incorpora a sus funciones directivas y funcionales los sistemas y las tecnologías digitales de la información y comunicación, como escenario y motor de su progreso, y como modelo de integración tecnológica orientada a la ciudadanía.

Los empleados públicos, probablemente y con la nueva legislación prevista de teletrabajo, estarán muy pronto “deslocalizados” de sus tradicionales sedes de trabajo, conciliando vida personal y laboral de forma normal y rutinaria. La vida laboral será, a partir de ese momento, más amable para todos. El nuevo paradigma sobre el teletrabajo público y privado será muy pronto una realidad social en la clave que propugnaba Thomas S. Kuhn (1970), en su obra “The Structure of Scientific Revolutions”, cuando abordaba la realidad del nacimiento de un paradigma, entendido como una completa constelación de creencias, valores y técnicas, compartidas por los miembros de una determinada comunidad: “[…] un nuevo candidato a paradigma posee pocos adeptos. Con el tiempo, si son competentes, los mejorarán, explorarán posibilidades y mostrarán lo que sería pertenecer a la comunidad guiada por él. Aumentará el número y la fuerza de argumentos de persuasión. Gradualmente aumentarán los experimentos, libros, instrumentos; artículos y libros basados en el paradigma se multiplicarán”. En cualquier caso, queda mucho por hacer pero estamos viviendo momentos muy especiales que se deberían aprovechar para desarrollar con carácter urgente esta realidad laboral del teletrabajo, que afectará a millones de personas y familias en este país.

(1) El teletrabajo ha venido para quedarse / 1. Estrategia digital de Estado; El teletrabajo ha venido para quedarse / 2. Participando, nos quedará siempre la palabra; El teletrabajo ha venido para quedarse 3. En la Administración Pública es urgente su implantación legal; El teletrabajo ha venido para quedarse / 4. Estadísticas actuales en España.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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