5G: una revolución ética y digital

Sevilla, 18/X/2020

El pasado miércoles fuimos conscientes en nuestra provincia, como ciudadanos de a pie, de que la realidad del 5G ya está aquí y dispuesta para su implantación inmediata y global., en una oportunidad ética digital de superar definitivamente la brecha digital que todavía existe. La resintonización masiva, en todo el país, de los televisores que tienen conexión aérea, ha sido un aviso del cambio que viene para navegantes atómicos y digitales, que de todo existe en la viña del Señor. El argumento estaba claro: había que dejar espacios r4adioeléctricos libres que ocupaban hasta ahora las concesiones de las cadenas de televisión y radio, para que las redes de telecomunicaciones puedan utilizar la tecnología 5G, que permita una velocidad mayor en las telecomunicaciones prioritarias y ordinarias. En el Plan España Digital 2025, presentado por el Gobierno en julio de este año, se exponía el eje 2 de actuación, Impulso de la tecnología 5G, con las siguientes medidas a abordar hasta 2025:  Liberación del segundo dividendo digital en 2020, asignación de las bandas de frecuencias prioritarias demandadas para 5G en 2021, pilotos 5G y nuevas medidas de impulso al despliegue y la adopción 5G, propuesta normativa para ciberseguridad 5G, desarrollo de corredores de transporte 5G y liderazgo en proyectos europeos de innovación en nuevas generaciones de tecnología móvil.

Siendo lo expuesto anteriormente y en breves palabras, la situación actual desde la perspectiva tecnológica de Estado, deseo plantear hoy una convergencia entre esa realidad, digital por supuesto, y la ética digital que conlleva, que también existe, entendiendo la ética pública digital como el suelo firme que justifica los actos digitales del Gobierno correspondiente, en relación con la aplicación de igualdad en la accesibilidad equitativa y racional a las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, planificadas y puestas al servicio de los intereses generales digitales de la ciudadanía. El planteamiento lo hago utilizando también el acrónimo 5G, pero a través de cinco factores de convergencia que se inician con la letra G, bajo la denominación de 5G ÉTICO y sobre la base de los diez ejes estratégicos establecidos en el Plan España Digital 2025 (PED 2025), porque esta perspectiva debe ser:

1. GENERALISTA

2. GARANTISTA

3. GENERADORA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

4. DEGRADUALIDAD CONTROLADA Y JUSTA PARA QUIEN LA NECESITE Y ESTÉ EN SITUACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD

5. GESTIONADA CON GOBERNANZA ESTRATÉGICA DIGITAL

FACTORES DE CONVERGENCIA ÉTICA Y DIGITAL EN EL 5G

1. GENERALISTA. Comenzando por el primer factor, GENERALISTA, quiero indicar con él que hay que hacer un planteamiento digital generalista de amplio espectro ciudadano, abarcando la vida digital de personas, empresas, centros educativos, industrias y entretenimiento. Es lo que se recoge en el planteamiento actual del Plan España Digital 2025, que movilizará una inversión pública y privada de 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022, pero con una tarea de divulgación masiva para general conocimiento de la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás. Igualmente, para entrar de lleno en la toma de conciencia de lo que significa el desarrollo sostenible, que también existe desde la perspectiva digital. Este factor tiene ribetes constitucionales porque según el Artículo 103 de la Carta Magna, la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales de la ciudadanía y creo que es admisible agregar el adjetivo digital a este interés público, digital por supuesto.  La España olvidada, vaciada y de interior, debe tener prioridad absoluta en esta implantación generalista de la nueva tecnología, con objeto de suprimir definitivamente la brecha digital existente entre territorios de este país: “Por ello, facilitar el despliegue del 5G sin cortapisas se convierte en una tarea fundamental para el desarrollo económico y la Transformación Digital del país, mucho más en estos momentos. El que fue “milagro español de la fibra” debe replicarse en la extensión de las redes y servicios 5G. Tras la crisis de la COVID-19, la apuesta de España por el 5G ha de ser aún más decidida, por su triple potencial como palanca de reconstrucción arrastrando inversiones anti cíclicas, disruptor de modelos de negocio con sus facilidades de ultraconectividad de baja latencia, y eje de vertebración territorial actuando como nuevo vector de extensión de la cobertura de redes de alta velocidad” (PED 2025, Pág. 21).

2. GARANTISTA. La revolución digital que se inicia con la tecnología 5G debe estar respaldada en cualquier de sus acciones por una legislación garantista que permita un soporte legal de obligado cumplimiento, con derechos y deberes digitales para todas las partes implicadas, con transposición de toda la legislación europea e internacional que se debe contemplar en cualquier normalización digital del país. Quiero resaltar que no hay que confundir el ámbito sustantivo de las leyes con el de las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma, en un Estado como el nuestro, pero desde la perspectiva de estrategia públicas digitales, de carácter ético, como es el caso, el legislador tiene que respetar una visión sustantiva de lo que legisla, respetando las peculiaridades de aplicación en cada Comunidad, si así fuera necesario. La España de interior o vaciada, por ejemplo, no es igual en todo el territorio y las regiones más desfavorecidas tienen que tener en su beneficio ético digital todas las garantías del Estado, aunque la inversión en este caso sea mayor que en otros territorios del mismo: “La reciente propuesta de la Comisión Europea Next Generation EU incluye un nuevo Fondo de Reconstrucción y Resiliencia que también considera una de sus prioridades el financiar inversiones relacionadas con la Transformación Digital con miras a impulsar una recuperación económica fuerte a partir del segundo semestre de 2020. Estos programas comunitarios tienen como objetivo contribuir a reducir el déficit de inversión de Europa respecto a China y Estados Unidos, que la Comisión Europea estima en 125.000 millones de euros. Todo ello explica la urgencia de articular España Digital 2025: una Agenda actualizada que impulse la Transformación Digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. Y que lo logre con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos (PED 2025, pág. 8).

Desde la perspectiva ética, este factor de convergencia ética debe contemplar el eje estratégico de ciberseguridad en las medidas descritas en el Plan: línea de Ayuda en Ciberseguridad Fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos, PYMEs y profesionales, impulso del ecosistema empresarial del Sector Ciberseguridad, impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad y despliegue y operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad.

Por último, me interesa resaltar la medida 45 del Plan, en relación con la elaboración de la carta de derechos Digitales, “que formule con un lenguaje actual los derechos de ciudadanía y empresas en el mundo digital, eliminando incertidumbres sobre la interpretación de determinados principios y que garantice la disponibilidad de los recursos necesarios para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente en un mundo digital. La Carta de Derechos Digitales contribuirá a reducir las brechas digitales que se han ampliado, en los últimos años, por motivos socioeconómicos, de género, generacionales o territoriales. En concreto, la implementación del derecho de acceso a Internet de calidad y asequible en todo el territorio nacional, así como a la formación, capacitación y desarrollo de habilidades digitales en todos los sectores de la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables, serán claves para luchar contra las brechas digitales y permitir la articulación territorial del país” (PED 2025, pág. 75).

3. GENERADORA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. Se debe contemplar en toda medida digital de cumplimiento del Plan citado anteriormente, la perspectiva digital de género, porque la brecha digital en esta realidad social también existe, junto a otras de marcado interés público y que interactúan con ella: “Además, España Digital 2025 plantea un objetivo transversal fuertemente alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030: contribuir de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales que se han ensanchado, en los últimos años, por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o medioambientales. Brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales, que se han hecho especialmente visibles durante los primeros meses de la pandemia Covid-19, y que ha motivado la acción urgente del Gobierno de España, por ejemplo, poniendo medio millón de dispositivos digitales con conectividad a disposición de estudiantes afectados por la brecha digital, a través del programa Educa en Digital” (PED 2025, pág. 9).

Es obvio considerar que desde la perspectiva digital de género, el Plan señala específicamente dos en referencia a las necesarias competencias digitales que se deben adquirir y tutelar a través del Plan (PED 2025:

  1. Atender la demanda de especialistas en tecnologías digitales. España Digital 2025 fomentará satisfacer la demanda de especialistas en tecnologías digitales, que incluirá a los expertos en las tecnologías de vanguardia, como la analítica de datos, la Inteligencia Artificial o la ciberseguridad. Se prestará especial atención a la composición por género de estos especialistas. La meta es formar en competencias digitales para diseñar, desarrollar o explotar sistemas digitales a 250.000 personas.
  2. Reducir la brecha de género en materia de competencias digitales. La brecha de género de acceso a Internet, que afortunadamente consiguió reducirse notablemente en años pasados, se ha trasladado en estos últimos años a una brecha de género en competencias digitales. Ante esta situación, España Digital 2025 buscará reducirla tanto entre la población en general, como en la fuerza laboral y en las especialistas digitales”.

Por último, otro dato a considerar en el Plan es que, desde la perspectiva ética de igualdad de género, resulta necesario abordar la cuestión de la igualdad de género en la creación de start-ups, puesto que en 2018 tan solo el 15,6% de las start-ups españolas fueron fundadas por mujeres.

4. DE GRADUALIDAD CONTROLADA Y JUSTA PARA QUIEN LA NECESITE Y ESTÉ EN SITUACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD y así se contemple en las políticas de inclusión digital, que también existen, para acabar con la desigualdad social digital. Gratuidad no significa regalo del Estado sin nada a cambio, sino toma de conciencia de que determinadas clases sociales no pueden acceder por sí mismas a esta revolución digital de la tecnología 5G, con todas las posibilidades de empoderamiento, crecimiento y fortaleza social que ofrece. En el Plan aparecen ejemplos de proyectos tractores y uno de ellos se refiere a la necesaria transformación digital de las políticas de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en lasque “se impulsará el análisis y la evaluación de prestaciones, políticas y programas con impacto sobre los objetivos de inclusión mediante la digitalización de los trámites, la innovación y optimización de los procesos, así como la integración y explotación avanzada de información a gran escala proveniente de fuentes y organismos externos. Estos resultados serán el punto de partida para la revisión de indicadores, la definición de objetivos y el diseño de estrategias, políticas y programas, a través de una toma de decisión basada en datos, con la finalidad de reducir la pobreza y la desigualdad, favorecer la migración legal y promover un crecimiento inclusivo” (PED 2025, pág. 46).

Igualmente, se resalta en el Plan que la Transformación Digital de España es una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. Y que lo logre con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos. Objetivos específicos para garantizar la equidad en la accesibilidad de los beneficios del 5G también se contemplan en el Plan, cerrando las nuevas brechas de desigualdad social por la falta de acceso o uso de Internet, porque “la brecha digital de acceso y capacidad de uso de redes actúa cada vez más como vector para una nueva causa de exclusión social, afectando especialmente a aquellos colectivos más vulnerables. Durante la crisis de la COVID-19, la necesidad de continuar de manera remota con la actividad económica, las labores de enseñanza o el acceso a servicios médicos o sociales, entre otros, han evidenciado este nuevo factor de desigualdad. El teletrabajo se ha mostrado como una gran oportunidad para favorecer una menor concentración de la población, siempre y cuando se acompañe del acceso a una serie de servicios sociales y económicos disponibles en las grandes concentraciones urbanas. La fijación de la población en las zonas menos habitadas o en declive demográfico, ya sea de edad avanzada o joven, requiere la disponibilidad de acceso a servicios esenciales en formato digital. Consecuentemente, será necesario plantear la conectividad en un sentido amplio, como aquella que permite acceder desde todos los territorios y a cualquier colectivo social a servicios educativos y culturales, socio-sanitarios y de comercio de bienes y servicios. La extensión y asequibilidad de redes de telecomunicaciones forman así parte de una acción de Gobierno responsable e inclusiva, volcado en la reducción de la desigualdad y en la contribución al aumento del crecimiento potencial de la ciudadanía y las empresas en todas las facetas posibles” (PED 2025, pág. 15).

5. GESTIONADA CON GOBERNANZA ESTRATÉGICA DIGITAL: Hay que aprovechar este momento para establecer una estrategia pública digital, que también existe y que tantas veces he enunciado en este cuaderno, que ahora rescato con la fortaleza del convencimiento de que es una piedra angular ética para su presentación en sociedad: “La estrategia nacional de impulso al despliegue de 5G, renovará el Plan Nacional 5G (2018-2020) alineado con la comunicación de la Comisión Europea “La 5G para Europa: un plan de acción”. En el ámbito nacional, se realizará un alineamiento temprano de la política de impulso del 5G con la revisión del plan de acción comunitario previsto en la comunicación “Configurar el futuro digital de Europa” (PED 2025, Pág. 22).

El Plan dedica un apartado a la gobernanza digital, del que resalto su presentación: “El éxito de España Digital 2025 requiere de la colaboración de todos los agentes involucrados en las medidas contempladas en la misma. Es necesario aunar esfuerzos y alinear compromisos, desarrollar una estructura de coordinación eficaz entre los diferentes niveles de la Administración y una estructura de participación donde todos los destinatarios de las medidas se vean reflejados. De igual modo, deben establecerse los mecanismos de seguimiento, evaluación y revisión necesarios para facilitar la adaptación de las medidas a la evolución futura de nuestra sociedad y nuestra economía, así como a la aparición de nuevos paradigmas tecnológicos y modelos de negocio. Todo ello requiere disponer, en definitiva, de un mecanismo de gobernanza adecuado, basado en la transparencia, la participación y la colaboración, y dotado del liderazgo adecuado” (PED 2025, pág. 78 y s.).

La Estrategia Pública Digital, que tendrá que llevarse a cavo mediante este Plan, debe entenderse proceso organizativo mediante el cual el Gobierno Digital correspondiente, a través de la Política Digital, incorpora a sus funciones directivas y funcionales los sistemas y las tecnologías digitales de la información y comunicación, como escenario y motor de su progreso, y como modelo de integración tecnológica orientada a la ciudadanía. Formando a funcionarios, cientos de miles, en inteligencia (talento) digital aplicada, que se debe contemplar ya en el acceso a la función pública (gran debate pendiente en términos digitales), si se quieren prestar servicios digitales dignos a la ciudadanía formada ya en inteligencia digital aplicada a las necesidades de cada día, con medios tan accesibles como los teléfonos inteligentes, tabletas y el mando del televisor, que conoce a su dueño cada día más y casi sin darse cuenta a través de la memoria predictiva alojada en un chip que no es inocente y que no vemos por ningún sitio. Pero no es lo mismo Gobierno Digital que Administración Electrónica, porque se confunden muchas veces los términos en el equívoco peligroso de creer que la revolución digital se centra en la Administración Electrónica, que es importante, no en el Gobierno correspondiente, que muchas veces muere en el empeño de los plazos o en el debe frente al puede (como pasó en años anteriores desde 1992, con la excelente y ya derogada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), porque no ataca el problema de fondo en la citada Administración, la revolución pendiente en la trastienda de la misma para llevarla a una revolución digital que permeabilice todas y cada una de las acciones administrativas en todas y cada una de sus manifestaciones posibles. Lo repito: no hay que confundir Gobierno Digital con Administración Digital (mejor que Electrónica), porque el antecedente es el Gobierno no la Administración, que siempre es consecuencia de quien tiene la responsabilidad de administrarla: Gobierno Digital es la continua optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la información pública y participación ciudadana mediante la transformación interna y externa de las relaciones institucionales, personales y sociales, con base en el uso de las TIC, como actitud política sostenida en el tiempo y en programas políticos llevados a cabo por la Administración Pública Digital. La Administración Digital utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación como soporte del Gobierno Digital, como componentes del mismo. Es decir, no existe Administración Digital sin Gobierno Digital, no se deben alterar los términos, porque se da el caso de Administraciones que tienen magníficas infraestructuras digitales sin Gobierno Digital alguno o muy desdibujado.

La revolución ética y digital del 5G es una oportunidad que no se debe perder. Los factores de convergencia descritos pueden ser una parte de la teoría crítica digital de carácter público que podemos elaborar entre todos. Esa es ahora mi propuesta y empeño, escuchando de fondo a Pablo Milanés en sus “Proposiciones”, salvando digitalmente lo que haya que salvar: Propongo compartir lo que es mi empeño / Y el empeño de muchos que se afanan / Propongo, en fin tu entrega apasionada / Cual si fuera a cumplir mi último sueño.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Teletrabajo, en cualquier momento, en cualquier lugar

Sevilla, 24/IX/2020

Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, realidad sobre la que ya publiqué una serie en una fase avanzada de su tramitación legal en el pasado mes de junio, donde afirmé que el teletrabajo había venido para quedarse con ocasión de la pandemia. Analicé en cuatro artículos (1) diversas perspectivas del proyecto de ley que se estaba tramitando en ese momento, abordando cuestiones de alto interés general laboral y social, como es el ámbito estratégico en el que se debe desenvolver la implantación de esta legislación actual que entrará en vigor en veinte días a partir de la fecha de publicación del texto legal.

Vuelvo a insistir en la necesidad de acercarse con información técnica solvente a la problemática actual del teletrabajo, siendo muy recomendable la atenta lectura del documento de trabajo más reciente elaborado por la OIT, que lleva por título “Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral”, que considera el impacto del teletrabajo/TICtrabajo móvil (T/TICM) en el mundo laboral, sintetizando la investigación llevada a cabo por la red de corresponsales europeos de  Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) y consultores de OIT.  T/TICM se puede definir como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones –como teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles y ordenadores de sobremesa– para trabajar fuera de las instalaciones del empleador. Hago esta referencia para tener una perspectiva amplia del asunto que estamos tratando, con altura de miras y para profundizar en los “hallazgos” que el informe presenta, así como los siete indicadores políticos de suma importancia a considerar, que traté con detalle en mi primer artículo sobre el teletrabajo citado anteriormente y que según mi criterio se deberían revisar concienzudamente en una evaluación continua de la nueva norma, con objeto de que se puedan emitir juicios bien informados.

Abordando directamente el texto publicado, creo conveniente hacer las siguientes observaciones al mismo:

1. El Real Decreto-ley, un logro de la cooperación del Gobierno con las fuerzas sociales, que hay que reconocer, está desdibujado al figurar en el mismo múltiples disposiciones que nada tienen que ver con el objeto contemplado en su título, al aprovechar con misión bus de acompañamiento, regulaciones importantes en las más diversas materias legislativas, tal y como se señala a partir del apartado V de la Exposición de Motivos de la disposición. De esta forma, se estructura en cuatro capítulos, veintidós artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y catorce disposiciones finales, acompañándose de un anexo, correspondiendo al título exacto de la disposición la totalidad de los capítulos, las disposiciones adicionales primera y segunda, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, siendo las disposiciones finales primera, segunda y tercera las que provienen del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia.

2. Es importante destacar que no hay que confundir trabajo a distancia con teletrabajo o con trabajo remoto excepcional y obligatorio, es decir, esta norma va más allá de la legislación centrada en el teletrabajo, que se declara como “una subespecie que implica la prestación de servicios con nuevas tecnologías”. En la exposición de motivos se explica el camino recorrido por la legislación internacional, europea y española de las aproximaciones tímidas al trabajo a distancia, siendo el apartado III el que aborda curiosamente la superación del concepto clásico de trabajo a distancia por el de teletrabajo: “El trabajo a distancia, en su concepción clásica de trabajo a domicilio, como aquel que se realiza fuera del centro de trabajo habitual y sin el control directo por parte de la empresa y vinculado a sectores y ámbitos geográficos muy concretos, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. En la actualidad, más que trabajo a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en el centro de trabajo”. Me preocupa por tanto que no se haya contemplado en el título de la norma la palabra teletrabajo, tal y como se define ya en el marco europeo en la actualidad.

3. Se aborda un constructo muy interesante, la virtualización de las relaciones laborales, donde la presencia de las tecnologías es definitoria de esta norma, es decir, el teletrabajo es la base del trabajo a distancia dado que sin el poder de las tecnologías no sería factible llevarlo a cabo en los términos expuestos en el Real decreto-ley, como lo asevera la propia norma: “Esta virtualización de las relaciones laborales desvincula o deslocaliza a la persona trabajadora de un lugar y un tiempo concretos, lo que sin duda trae consigo notables ventajas, entre otras, mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos; mayores posibilidades, en algunos casos, de una autoorganización, con consecuencias positivas, en estos supuestos, para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos; productividad y racionalización de horarios; fijación de población en el territorio, especialmente en las áreas rurales; compromiso y experiencia de la persona empleada; atracción y retención de talento o reducción del absentismo”. Todo ello gracias a que “La figura del teletrabajo como forma de trabajo a distancia está cogiendo auge frente a la organización empresarial tradicional, lo que sin duda trae consigo prácticas novedosas y más flexibles, lo que estimula cambios organizativos en las empresas y fortalece la formación y empleabilidad de las personas trabajadoras”.

4. No todo son ventajas, pero el trabajo a distancia en su sentido más estricto se desdibuja en favor del teletrabajo en sí mismo, con sus ventajas e inconvenientes, que también se señalan: “Sin embargo, también presenta posibles inconvenientes: protección de datos, brechas de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en el intercambio de información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas que lo hacen de manera exclusiva a distancia, dificultades asociadas a la falta de servicios básicos en el territorio, como la conectividad digital o servicios para la conciliación laboral y familiar, o traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna, entre otros”.

5. En cualquier caso, lo afirma el legislador en una frase que resume la situación en muy pocas palabras, “El teletrabajo se ha instalado en nuestro país como respuesta a las restricciones y medidas de contención de la pandemia aún vigentes, en un contexto legal caracterizado por la casi total ausencia de regulación específica”, situación que se aborda en el articulado del texto. Como abordaje de esta situación de improvisación funcional, más que legal, “El objetivo es proporcionar una regulación suficiente, transversal e integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento”.

A partir de aquí, es imprescindible leer con detalle el real decreto-ley para conocer en profundidad el desarrollo del mismo, que se atiene a lo contemplado en el Acuerdo de Trabajo a Distancia, fruto de la concertación social, basado en tres aspectos mínimos, que ya aparecen recogidos en el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo: la definición de trabajo a distancia, su carácter voluntario para la persona trabajadora y empresa, así como la salvaguarda de la equidad de las personas que desarrollan trabajo a distancia “con los derechos garantizados por la legislación y los convenios colectivos aplicables a las personas comparables que trabajen o, de existir, trabajasen, en los locales de la empresa”.

La publicación de este Real Decreto-ley es una oportunidad extraordinaria para que el Estado tome la iniciativa urgente para legislar sobre el teletrabajo en la Administración Pública, en el marco de una estrategia digital de carácter público. En relación con la Administración es ya una tarea urgente, entendiéndose la citada estrategia como proceso organizativo mediante el cual el Gobierno Digital, a través de la Política Digital colectiva y sectorial, incorpora a sus funciones directivas y funcionales los sistemas y las tecnologías digitales de la información y comunicación, como escenario y motor de su progreso, y como modelo de integración tecnológica orientada a la ciudadanía.

Los empleados públicos, probablemente y con la nueva legislación prevista de teletrabajo, estarán muy pronto “deslocalizados” de sus tradicionales sedes de trabajo, conciliando vida personal y laboral de forma normal y rutinaria. La vida laboral será, a partir de ese momento, más amable para todos. El nuevo paradigma sobre el teletrabajo público y privado será muy pronto una realidad social en la clave que propugnaba Thomas S. Kuhn (1970), en su obra “The Structure of Scientific Revolutions”, cuando abordaba la realidad del nacimiento de un paradigma, entendido como una completa constelación de creencias, valores y técnicas, compartidas por los miembros de una determinada comunidad: “[…] un nuevo candidato a paradigma posee pocos adeptos. Con el tiempo, si son competentes, los mejorarán, explorarán posibilidades y mostrarán lo que sería pertenecer a la comunidad guiada por él. Aumentará el número y la fuerza de argumentos de persuasión. Gradualmente aumentarán los experimentos, libros, instrumentos; artículos y libros basados en el paradigma se multiplicarán”. En cualquier caso, queda mucho por hacer pero estamos viviendo momentos muy especiales que se deberían aprovechar para desarrollar con carácter urgente esta realidad laboral del teletrabajo, que afectará a millones de personas y familias en este país.

(1) El teletrabajo ha venido para quedarse / 1. Estrategia digital de Estado; El teletrabajo ha venido para quedarse / 2. Participando, nos quedará siempre la palabra; El teletrabajo ha venido para quedarse 3. En la Administración Pública es urgente su implantación legal; El teletrabajo ha venido para quedarse / 4. Estadísticas actuales en España.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Cambridge Analytica o la mal llamada “culpa digital”

CAMBRIDGE ANALYTICA

Cada vez que recorre el mundo la mal llamada “culpa digital”, la sociedad tiembla ante lo que nos temíamos que un día no lejano podría ocurrir por el mal uso de las tecnologías digitales. Lo que ha sucedido con Cambridge Analytica es una muestra de que la responsabilidad siempre es de las personas, directivos o determinados gobiernos [sic] que dirigen estas actuaciones con la ayuda de las tecnologías, pero por este orden y no al revés. Corremos el riesgo de demonizar los avances digitales, extraordinarios, de los que hacemos uso a diario, pero hay que tener cuidado con los análisis que a bote pronto inundan las redes culpabilizando de todos los males al mundo digital. La tentación del síndrome Al Gore, de que “ya estábamos avisados”, es un señuelo que lanzan los hipócritas analógicos que pertenecen, como ya he dicho muchas veces, al Club de los Tristes, Tibios y Mediocres (digitales, por supuesto).

Hay que defender en estos momentos tan delicados los beneficios del mundo digital. Es verdad que lo ocurrido con el efecto Trump, en torno a las malas prácticas de Cambridge Analytica o de los ciberataques rusos al Partido Demócrata, sobrecoge a cualquier persona digna, porque los millones de datos, supuestamente confidenciales, maltratados por máquinas dirigidas por seres humanos, no lo olvidemos, han logrado resultados que estamos sufriendo a escala mundial. Pero ante este tipo de actuaciones, solo queda que las autoridades correspondientes depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias, llegando hasta las entrañas digitales, por supuesto, de lo ocurrido, aunque se llamen Facebook, Twitter, Washapp, Telegram, Instagram o cualquiera otra red de alcance mundial. Es urgente dar soporte a la ciudadanía con leyes reguladoras de la actividad digital de amplio espectro que blinden la dignidad humana. También, urgir la declaración de transparencia radical de cualquier soporte digital, sin necesidad de tanta letra pequeña que casi siempre se ignora, incluso voluntariamente con un clic suicida de “acepto”.

Soy un defensor a ultranza del mundo digital y mi trayectoria profesional así lo avala. En el libro que publiqué en 2007, Inteligencia Digital. Introducción a la Noosfera digital, ya alertaba de esta oportunidad histórica en la vida de las personas que pueblan la Noosfera. En esa ocasión, definí la inteligencia digital a través de cinco acepciones: 1. destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se manejan y tratan, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida de haberse hecho muy capaz de ella. 2. capacidad que tienen las personas de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 3. capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 4. factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 5. capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso. Esta última acepción es la que quiero resaltar hoy, pero íntimamente unida a las cuatro anteriores. No lo olvidemos.

Hace falta ética digital, es decir actuar conforme a la solería de actos humanos inteligentes con soporte TIC que son los que justifican todos los actos humanos, el sustento de la vida, de una persona, de una organización o de un Estado, con perspectiva digital. Las ideologías digitales tampoco son inocentes, como no lo son los bits. La separación entre mercancías y derechos/deberes digitales establecen la delgada línea roja para comprender bien los axiomas éticos digitales. El principio de equidad en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, básicamente en los derechos y deberes sociales, es un principio estrella que se debería exigir en cualquier programa político con base digital, pero no todas las organizaciones partidistas lo asumen como elemento garantista fundamental y de cohesión social.

Además, introduzco ahora una observación con amplia visión de Estado (digital, por supuesto). Estas situaciones descritas en torno a Cambridge Analytica y otras muchas en referencia a problemas digitales de profundo calado individual y social, se deben abordar desde la adecuada gestión de riesgos digitales que emana de políticas digitales que aprueban normas de derecho internacional, europeo y del Estado español, mediante las trasposiciones necesarias. Desde hace muchos años, vengo defendiendo la necesidad de gestionar los riesgos digitales desde una vertiente muy profesionalizada en la Administración Pública. En 2000, en una presentación que llevé a cabo en las Jornadas de Informática Sanitaria de Andalucía, partía de un análisis que ya había lanzado al mundo Nicholas Negroponte y que hoy cobra especial actualidad: “La próxima década será testigo de un sinnúmero de casos de abusos de los derechos de propiedad intelectual y de invasión de nuestra intimidad. Habrá vandalismo digital, piratería del software y robo de información” (El mundo digital). Y allí planteé que se pueden adoptar dos decisiones estratégicas al respecto: la primera, la propugnada ya por Groucho Marx en Una noche en la ópera, cuando vende una póliza a un maletero del barco, que no cubre nada…, en una escena hilarante que siempre perdió fuerza ante la del camarote. Es decir, la cobertura del riesgo consecuente, como actitud tan castiza en España, a la que hacía alusión anteriormente: sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, doblando el papel de la póliza que cubre algún riesgo y olvidándonos de su gestión proactiva:

– O.B. DRIFTWOOD (Groucho Marx): Fíjese en ese guardabarros, está completamente abollado. Tendrá que pagarlo, amigo. ¿Qué número tiene usted?, ¡el 32, eh…! ¿Está asegurado? ¿Que si tiene seguro?
– Maletero: No señor
– O.B. DRIFTWOOD (G.M.): Es usted el hombre al que andaba buscando. Llevo aquí una póliza que le protegerá contra todo accidente imprevisto. Por ejemplo, pierde una pierna y nosotros le ayudamos a encontrarla y solo le costará… ¿Qué lleva usted ahí? ¡un dólar!, ¡suya es la póliza!

La segunda, la profesionalización de la planificación estratégica de la política y gestión de riesgos digitales, como dos escenarios que tienen que estar esencialmente diferenciados y que están obligatoriamente obligados a entenderse. La gestión de riesgos digitales debería ser una función especializada dentro de la Administración Pública que tiene como objetivo gestionar globalmente la protección de los Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación, en su relación con los ciudadanos y en aplicación estricta de los marcos legales actualmente establecidos. Además, los criterios clave de selección para el modelo organizativo a aplicar se pueden sintetizar en que todas las funciones se tienen que centralizar estratégicamente en el Estado (Esquema Nacional de Seguridad), agrupando responsabilidades orientadas a procesos, en la aplicación práctica descentralizada en cada Comunidad Autónoma, Diputación y Municipio, y con una gestión estratégica bajo el concepto de “Separación de Responsabilidades” (“Separation of Duties – quien administra/gestiona no opera”).

¿Estaremos ya instalados y viviendo la plenitud de una nueva ciencia de la inestabilidad, del riesgo digital, en el marco científico que ya expuso en su tiempo Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química en 1977? Es el saber de la persona instruida lo que la libera, mediante la gestión del conocimiento, lo que permite desdramatizar las planificaciones, programaciones, ejecuciones y evaluaciones de la organización llamada Administración o empresa, porque vivimos en un mundo contingente, caótico, inseguro, cambiante, complejo, inestable e incierto, es decir, en un universo de riesgo, tanto en azar como en necesidad. La inteligencia creadora es la que da forma al saber, es decir, damos un voto de confianza al ser humano frente a los factores y medios de producción tradicionales. El capital y la producción no son la quintaesencia de las organizaciones. Desde la perspectiva de Política Digital de Estado, queda una gran tarea a desarrollar en la Administración Pública, que pasa indefectiblemente por crear una nueva cultura directiva y organizativa ante el riesgo digital de azar y de no-azar, de la protección de datos de carácter personal, o quizá también reinventando la propia Gerencia de Riesgos, a través de un nuevo paradigma científico, estando muy atentos al discurso mundial que se abre en la actual incertidumbre y ante la necesidad de no estar ajenos a la realidad del año actual y venideros. Los seres humanos seguimos siendo los propios gestores de nuestro futuro, con la ayuda de las nuevas tecnologías: el saber, hoy, sigue siendo el único recurso significativo (Drucker). Inteligencia digital en estado puro.

Estoy convencido que los ordenadores, el software y el hardware inventados por el cerebro humano, es decir, el conjunto de tecnologías informáticas que son el corazón de las máquinas que preocupan y mucho a tecnófobos como Nicholas Carr, de forma legítima y bien fundamentada, permiten hoy creer que llegará un día en este “siglo del cerebro”, no mucho más tarde, en que sabremos cómo funciona cada milésima de segundo, y descubriremos que somos más inteligentes que los propios programas informáticos o redes que usamos a diario en las máquinas que nos rodean, porque estoy convencido de que la inteligencia digital desarrolla sobre todo la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, sobre todo cuando seamos capaces de superar la dialéctica infernal del doble uso de la informática, es decir, la utilización de los descubrimientos electrónicos para tiempos de guerra y no de paz, como en el caso de los drones o de la fabricación de los chips que paradójicamente se usan lo mismo para la consola Play Station que para los misiles Tomahawk. Ese es el principal reto de la inteligencia digital al abordar de forma racional la auténtica gestión de riesgos digitales, consustancial con su propio desarrollo.

Sevilla, 21/III/2018

Ciberataques y tecnologías de doble uso

Estamos viviendo unas horas difíciles en el mundo digital por los ciberataques de los últimos días. Los detractores de las tecnologías digitales quieren hacer su mayo recordándonos a los tecnófilos la célebre frase de Al Gore: ya lo habíamos avisado. Es verdad que estamos ante un escenario sobrecogedor por el impacto mediático, tampoco inocente, que ha tenido el ciberataque global de rasonware, en el que España ha sufrido un daño importante en algunas empresas de presencia internacional.

Tampoco hay que minimizar el impacto desde un punto de vista policial, tal y como ha manifestado en las últimas horas el director de la Europol: “ataque sin precedentes” hasta ahora por el alcance que ha tenido, en localizaciones tan sensibles como la de los hospitales británicos afectados.

Es verdad todo lo expuesto anteriormente, pero hay que analizar algo muy importante en lo que he tenido siempre un foco gerencial: la gestión de riesgos digitales. Nuestro país es muy dado a acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena. Lo he vivido durante muchos años como administrador público en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y muchas veces hablar de la gerencia de riesgos era como clamar en el desierto. El riesgo digital es hoy día uno más, pero nada despreciable, porque en cuestión de segundos y si no hay una gestión estratégica corporativa de amplio espectro, se puede dar al traste con años de gestión adecuada, con una pérdida de datos verdaderamente calamitosa. Hablo de gestión del riesgo antecedente, corporativa, con dimensión estratégica y no de gestión del riesgo consecuente, un problema en el que cada unidad directiva o centro de gestión pública tiene que buscarse la vida como pueda.

Lo viví de forma muy preocupante en mi etapa como Director General de Política Digital en la Junta de Andalucía, casi como una obsesión. La gestión de riesgos digitales nunca puede ser una decisión en relación con la gestión de la demanda de los más preocupados o interesados en este problema, sino una oferta garantizada de carácter estratégico, corporativo y sin exclusión alguna. Hablar de centros de gestión de redundancia, gestión de la recuperación y, sobre todo, de la gestión del riesgo antecedente, en alta disponibilidad, en todos los frentes técnicos que existen, es una responsabilidad pública ineludible. La gestión del riesgo antecedente nunca es cara, es obligada, una inversión en definitiva y con retorno seguro. Lo caro es quedarse quieto ante estos actos recordatorios de lo que un día puede pasarnos, sin exclusión alguna, si no estamos preparados y en estado de alerta permanente ante ciberataques de amplio espectro como el que acabamos de sufrir en organizaciones muy conocidas del país.

Sabemos desde el comienzo de la revolución digital que las tecnologías son siempre de doble uso. Muchas veces lo he explicado en este blog, con ejemplos clarificadores y con reflexiones desde la perspectiva de administrador público en el ámbito general y digital. Estoy convencido que los ordenadores, el software y el hardware inventados por el cerebro humano, es decir, el conjunto de tecnologías informáticas que son el corazón de las máquinas que preocupan y mucho a Nicholas Carr, por ejemplo, de forma legítima y bien fundamentada, permiten hoy creer que llegará un día en este “siglo del cerebro”, no mucho más tarde, en que sabremos cómo funciona cada milésima de segundo, y descubriremos que somos más listos que los propios programas informáticos que usamos a diario en las máquinas que nos rodean, porque estoy convencido de que la inteligencia digital desarrolla sobre todo la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, sobre todo cuando seamos capaces de dar respuesta desde la gestión de riesgos digitales a la dialéctica infernal del doble uso de la informática, es decir, la utilización de los descubrimientos electrónicos para tiempos de guerra y no de paz, como en el caso de los drones o de la fabricación de los chips que paradójicamente se usan lo mismo para la consola PlayStation que para los misiles Tomahawk. Ese es el principal reto de la inteligencia.

El problema enunciado de lo que ha ocurrido con el ciberataque global del viernes pasado no es sólo de corte tecnológico, sino más bien humano, en el pleno sentido del término, siendo conveniente analizarlo en profundidad, porque no está tan lejos de nosotros, de nuestro país, de nuestra Administración, de nuestras casas, de nuestros perfiles digitales. En un contexto de efectos incalculables, quiero reforzar hoy más que nunca la teoría crítica digital de que las tecnologías y las comunicaciones tienen que planificarse y gestionarse de forma estratégica y con carácter prioritario en la Administración Pública, como garantía de un Estado de derecho y constitucional en relación con la relación que establecen los ciudadanos con cualquier Administración Pública, porque la condición humana, simbolizada en hackers, crackers y demás figuras antológicas, o en cualquier funcionario desencantado como en el caso de Wikileaks, puede entregar a intereses espurios, más o menos oscuros, la quintaesencia de las personas, su confidencialidad o la privacidad del Estado de derecho. Así de claro.

Pero ¿cómo ponemos puertas al campo digital? Desde hace muchos años, vengo defendiendo la necesidad de gestionar los riesgos digitales desde una vertiente muy profesionalizada en la Administración Pública. En 2000, en una presentación que llevé a cabo en las Jornadas de Informática Sanitaria de Andalucía, partía de un análisis que ya había lanzado al mundo Nicholas Negroponte y que hoy cobra especial actualidad: “La próxima década será testigo de un sinnúmero de casos de abusos de los derechos de propiedad intelectual y de invasión de nuestra intimidad. Habrá vandalismo digital, piratería del software y robo de información” (El mundo digital). Y allí planteé que se pueden adoptar dos decisiones estratégicas al respecto: la primera, la propugnada ya por Groucho Marx en Una noche en la ópera, cuando vende una póliza a un maletero del barco, que no cubre nada…, en una escena hilarante que siempre perdió fuerza ante la del camarote. Es decir, la cobertura del riesgo consecuente, como actitud tan castiza en España, a la que hacía alusión anteriormente: sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, doblando el papel de la póliza que cubre algún riesgo y olvidándonos de su gestión proactiva:

– O.B. DRIFTWOOD (Groucho Marx): Fíjese en ese guardabarros, está completamente abollado. Tendrá que pagarlo, amigo. ¿Qué número tiene usted?, ¡el 32, eh…! ¿Está asegurado? ¿Que si tiene seguro?
– C.: No señor
– O.B. DRIFTWOOD (G.M.): Es usted el hombre al que andaba buscando. Llevo aquí una póliza que le protegerá contra todo accidente imprevisto. Por ejemplo, pierde una pierna y nosotros le ayudamos a encontrarla y solo le costará… ¿Qué lleva usted ahí? ¡un dólar!, ¡suya es la póliza!

La segunda, la profesionalización de la planificación estratégica de la política y gestión de riesgos digitales, como dos escenarios que tienen que estar esencialmente diferenciados y que están obligatoriamente obligados a entenderse. La gestión de riesgos digitales es una función especializada dentro de la Administración Pública que tiene como objetivo gestionar globalmente la protección de los Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación, en su relación con los ciudadanos y en aplicación estricta de los marcos legales actualmente establecidos. Además, los criterios clave de selección para el modelo organizativo a aplicar se pueden sintetizar en que todas las funciones se tienen que centralizar estratégicamente en el Estado (Esquema Nacional de Seguridad), agrupando responsabilidades orientadas a procesos, en la aplicación práctica descentralizada en cada Comunidad Autónoma, Diputación y Municipio, y con una gestión estratégica bajo el concepto de “Separación de Responsabilidades” (“Separation of Duties – quien administra/gestiona no opera”).

¿Estaremos ya viviendo la plenitud de una nueva ciencia de la inestabilidad, del riesgo, en el marco científico que ya expuso en su tiempo Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química en 1977? Es el saber de la persona instruida lo que la libera, mediante la gestión del conocimiento, lo que permite desdramatizar las planificaciones, programaciones, ejecuciones y evaluaciones de la organización llamada Administración o empresa, porque vivimos en un mundo contingente, caótico, inseguro, cambiante, complejo, inestable e incierto, es decir, en un universo de riesgo, tanto en azar como en necesidad. La inteligencia creadora es la que da forma al saber, es decir, damos un voto de confianza al ser humano frente a los factores y medios de producción tradicionales. El capital y la producción, no son la quintaesencia de las organizaciones. Queda una gran tarea en la Administración Pública, que pasa indefectiblemente por crear una nueva cultura directiva y organizativa ante el riesgo de azar y de no-azar, de la protección de datos de carácter personal, o quizá también reinventando la propia Gerencia de Riesgos, a través de un nuevo paradigma científico, estando muy atentos al discurso mundial que se abre en la actual incertidumbre y ante la necesidad de no estar ajenos a la realidad del año actual y venideros. Los seres humanos seguimos siendo los propios gestores de nuestro futuro, con la ayuda de las nuevas tecnologías: el saber, hoy, sigue siendo el único recurso significativo (Drucker).

El esperpento de la inteligencia americana, que tanto sabe de riesgos digitales, por lo que ocurrió en Wikileaks en 2010 como ejemplo vergonzante, que solo se puede entender en la clave anteriormente expuesta, es una lección histórica para aprender de errores. Y para no volver a cometerlos en lugares más cercanos de lo que muchas veces creemos. A Groucho, solo deberíamos recordarlo por su excepcional sentido del humor inteligente. No por su sentido práctico y muy extendido, más lo que parece, de cobertura del riesgo antecedente y consecuente mediante acciones que no sirven para nada. Como su famosa póliza de un dólar. Gestionando el riesgo digital, sobre todo, por medio de políticas públicas digitales que gestionen directivos y empleados públicos forjados en ética pública digital, no solo transfiriendo esta responsabilidad de Estado a programas informáticos muy sofisticados y máquinas complejas. Otra vez más, no confundiendo, como todo necio, valor y precio.

Sevilla, 14/V/2017

España Inteligente (Smart Spain)

He leído y analizado con atención preferente la experiencia Smart Nation implantada en Singapur en 2014 y con tres áreas de actuación de importancia extrema: la atención a los mayores, la movilidad urbana y la seguridad de los datos. Creo que es un ejemplo a seguir -salvando lo que haya que salvar- en la implantación de políticas digitales a nivel de Estado para convertir a España en una nación inteligente y, por extensión, en Comunidades Autónomas Inteligentes, perfectamente conectadas entre sí a través de ecosistemas digitales de amplio espectro. Es una oportunidad histórica que no debe esperar más tiempo para ser considerada cuestión o problema de Estado en nuestro país, sin fisura alguna y, probablemente, donde se podría mostrar que la cohesión territorial es más posible partiendo de esta concepción de inteligencia conectada y auspiciada por el Gobierno digital correspondiente.

Es asombroso constatar cómo lo que aquí se vive como un auténtico problema, en Singapur se considera una oportunidad. Me refiero por ejemplo al envejecimiento de la población, porque son conscientes con este programa de Smart Nation que las tecnologías van a ser el gran aliado para atender la demanda imparable de servicios de salud y dependencia que esta realidad mundial inexorable necesita atender con carácter de urgencia. Y esta realidad se hace patente, obviamente, si se atiende también de forma intensiva y por inmersión digital a su contrario existencial, a la educación en todos sus niveles, dotándola de medios digitales y programas curriculares donde la programación informática sea materia troncal desde la enseñanza primaria. Razón digital: la preparación masiva en ingeniería informática y ramas afines como la bioingeniería serán piezas clave en el tratamiento del envejecimiento poblacional y en sus antecedentes laborales y profesionales, porque se podrá intervenir digitalmente de forma antecedente y no solo consecuente, como hacemos habitualmente y solo con medios atómicos.

Para que se entienda bien esta cuestión, basta un ejemplo en el campo de la salud. Una historia de salud, digitalizada y tratada como dato masivo por el servicio público correspondiente, podría ser programada para ser atendida con medios digitales en ámbitos tan necesarios como dietas, rehabilitación en casa, aviso farmacológico, calendarios vacunales, visitas médicas virtuales, que permitirían desarrollar miles de aplicaciones informáticas para ser usadas mediante el teléfono inteligente y su proyección en televisiones también dotadas de la inteligencia necesaria para interrumpir un programa cuando esté indicado tomar un medicamento o irse a descansar. Una cuestión importante y nada baladí: debería ser una política digital de Estado porque las economías y beneficios de escala serían espectaculares.

smart-nation

http://www.smartnation.sg/

La tecnología informática es cara cuando solo se desarrolla por y para “exquisitos” digitales, que permite la proliferación descontrolada de chiringuitos digitales de amplio espectro, que suelen crecer como por esporas y, muchas veces, con intereses ocultos y mediocres. Cuando tiene vocación de servicio público, los costes se abaratan espectacularmente y los beneficios son extraordinariamente masivos. Es lo que diferencia una nación inteligente, Smart Nation, de otra que no lo es, porque en definitiva es una cuestión de tener muy clara la diferencia que existe entre políticas de inversión ética digital y las de gasto no controlado ni ético desde una perspectiva digital, como he abordado tantas veces en este cuaderno de inteligencia digital.

En un país tan descreído y autosuficiente como el nuestro, donde rápidamente juzgamos estas experiencias como de ciencia ficción, se debería atender el ejemplo de Singapur para extraer de él aquello que nos puede ser útil, porque “nosotros también podemos inventar” o copiar dignamente lo que hacen bien otros. Puede que con esta actitud entendamos mejor por qué nos deben preocupar los resultados del informe PISA en España y Andalucía. Singapur, es todo un ejemplo y la experiencia tan novedosa de lo que pueden hacer los niños y las niñas allí, mediante el programa Smart Nation, lo confirma. Quizá comprendamos mejor también las palabras de Tan Kok Yam, responsable gubernamental del programa Smart Nation, al querer convertir Singapur en “un lugar donde las ideas se hagan realidad en el menor tiempo posible”. Porque debería haber “prisa digital” atendida por el Gobierno correspondiente, obviamente.

Sevilla, 13/XII/2016

DATOS PÚBLICOS MASIVOS / 3. Transparencia, ese claro objeto de deseo

La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de esta acción política que ahora nos ocupa en esta serie. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras atómicas que lo impidan.

Entiéndase esta última expresión como la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades, pero que forman una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, desde la perspectiva legal. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

fundacion-civio

Fundación Civio

La transparencia está íntimamente unida al empoderamiento digital, entendido como “capacidad que tienen los Gobiernos y las Administraciones Públicas para transferir conocimiento y poder digital a la ciudadanía, a sus empleados públicos y a las empresas del sector TIC” a través del tratamiento adecuado y transparente de los datos públicos masivos. Lo comentaba recientemente en este cuaderno digital: sueño con el día en que se declare una estrategia digital de Estado y se nombre un alto cargo del rango que decidió el gobierno de Obama en 2008, tanto a nivel de Estado como en su proyección de las Comunidades Autónomas, que permita conformar un Consejo Interterritorial Digital que ejecute la estrategia digital, con visión política y respaldo necesario para la toma de decisiones en este ámbito de urgencia vital en nuestro país, como ya he expuesto en otras ocasiones. Es lo que posibilita realmente la transparencia, que no es un asunto estrictamente digital, pero que está indisolublemente unido a ella porque la necesita en su excelente estado del arte actual, a través de las TIC y sus instrumentos estrella como la telefonía inteligente y medios de comunicación integral como las actuales redes sociales, sin ir más lejos.

La política digital en relación con la transparencia es un asunto de Estado, no una cuestión baladí protagonizada solo por los amantes de las tecnologías de la información y comunicación. Tampoco, por los que se ajustan, porque no queda más remedio, a cumplir con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno, o las ya publicadas al respecto en diferentes Comunidades Autónomas, sin disponer de las infraestructuras digitales necesarias para garantizarla hasta sus últimas consecuencias. Además, cuando sustenta las políticas sociales por excelencia, educación, salud, dependencia, entre otras, se troca en un asunto que nos pertenece a todos, sin excepción y sin fronteras atómicas. Por ello, el marco de la política digital de transparencia no es un asunto tecnológico sino constitucional, como declarativo de derechos y deberes fundamentales que se digitalizan y se deben dar a conocer y tratar como información básica y especializada, a desarrollar y publicar por la Administración en formatos adecuados, interoperables y abiertos, que siempre depende del Gobierno correspondiente. En cualquier caso, nunca es inocente en su planteamiento tecnológico, que debe ser dirigido siempre por la política digital definida por el citado Gobierno.  Esa es su gran fortaleza en el argumentario que mantengo en este blog: elevar la política digital a asunto de Estado, máxime cuando tiene que atender a realidades tan inexorables como la salud y la enfermedad o los servicios sociales, para que se puedan compartir hasta la saciedad los datos públicos masivos que generan. O el emprendimiento en la reutilización de los datos públicos masivos que pone a disposición de la ciudadanía el Gobierno digital correspondiente, empoderando a la ciudadanía para que los conozca y trate, aunque hoy todavía lo sigamos viviendo, desgraciadamente, como un horizonte lejano, a pesar de las leyes existentes.

Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación Civio con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo. Se analiza la distribución del presupuesto regional en España durante los años 2006 al 2015, pudiéndose observar tanto el gasto presupuestado total, como el presupuesto por habitante. Se pueden ver las cantidades por área funcional, como por ejemplo Sanidad, referidas a cada región o a todo el territorio nacional. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y Director de la Fundación, porque en su momento trabajé con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Sevilla, 11/XI/2016

(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.

Heridas, no vencidas

Vamos del timbo al tambo digital, en expresión feliz de García Márquez, pero nos encontramos siempre con situaciones atómicas que entristecen el alma buena de las personas, convirtiéndose en un realismo trágico de difícil explicación. He leído hoy un reportaje estremecedor en el diario El País sobre la reparación de vidas rotas en mujeres maltratadas. Es escalofriante darse de bruces con una realidad que asola el país. El año pasado, 123.275 mujeres acudieron a la justicia por el maltrato de sus compañeros o ex-compañeros, por llamarlos de alguna forma. Se dictaron 24.679 órdenes de protección que equivalen a un 59,1% de las solicitadas. Todavía más sangrante es el dato revelador del estado de agresividad de género actual al constatarse que una de cada ocho mujeres en España ha sufrido violencia física, sexual o ambas causada por sus parejas o ex parejas, según los datos recogidos en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015 (Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas).

Charo Noguera ha estado una semana en un centro de víctimas de violencia de género y narra una experiencia de claroscuros muy inquietante. Es incomprensible que este país haya abandonado la asignatura de educación para la ciudadanía, por ejemplo, como un remedio eficaz a corto, medio, largo plazo para enseñar a los niños y a las niñas que existen modelos de convivencia muy amplios en nuestra sociedad para vivir en común y sin hacernos daño. Aquel Real Decreto de 2006, desgraciadamente derogado, decía cosas tan interesantes como éstas: “El comienzo de la adolescencia es una etapa de transición en la que se modifican las relaciones afectivas. Los preadolescentes se inician en una socialización más amplia, de participación autónoma en grupos de iguales, asociaciones diversas, etc. Conviene preparar la transición a la enseñanza secundaria y al nuevo sistema de relaciones interpersonales e institucionales que suponen una participación basada en la representación o delegación y que requiere un entrenamiento, y esta área es un ámbito privilegiado para ello”.

Se enseñaba a ser responsables integrando conocimiento y libertad. Nada más y nada menos. Para ser educadas y educados en valores ciudadanos y en el respeto a los derechos de las personas en diversidad, que no son a veces cómo nosotros esperamos que sean. Fundamentalmente, porque me gusta vivir mi vida, guardándome mi miedo y mi ira, en libertad y con los demás. Sin más mentira, en paz, partiendo de lo personal y del entorno más próximo: la identidad, las emociones, el bienestar y la autonomía personal, los derechos y responsabilidades individuales, la igualdad de derechos y las diferencias. Es decir, de la identidad y las relaciones personales se pasa a la convivencia, la participación, la vida en común en los grupos próximos, en la vida de pareja.

MACROENCUESTA VIOLENCIA GENERO 2015

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015

Volvemos a la realidad actual añorando la citada asignatura de educación para vivir en común. Sigo leyendo el reportaje constatando que el anonimato es norma fundamental en este tipo de centros de acogida. Pero escuchar a la residente 311, “una mujer menuda y vivaracha” decir de forma rotunda y a los cuatro vientos “estoy herida, pero no vencida”, abre una puerta a la creencia de que otro mundo debe ser posible para las mujeres que sufren este mal endémico y merecen ser felices. Una gran lección.

Sevilla, 25/VII/2016

Empoderamiento digital

Nunca es mal año por mucho trigo. Soy consciente de que a veces trabajamos en las llamadas causas perdidas, como determinados abogados de lo imposible, pero creo que ejemplos como el de la persuasión tecnológica del gobierno digital auspiciado por el presidente Obama, es una llamada al orden digital de los gobiernos en los diferentes mundos existentes en este planeta, entre los que se encuentra España. Por esta razón, vuelvo a hablar de empoderamiento digital como acción prioritaria de un Gobierno Digital Abierto.

He escrito muchas veces en este blog sobre empoderamiento digital, pero nunca es mal año digital por mucho hablar de ello. Vuelve a abrirse una oportunidad en relación con el nuevo Gobierno que se pueda fraguar por el consenso. Podrían copiar de Obama y de la Directora de Tecnología del Gobierno de Estados Unidos, Megan Smith, por el cumplimiento de un objetivo estratégico claro, entre otros: el empoderamiento digital de la ciudadanía, para poder obtener resultados evidentes y claros sobre aquello que en su toma de posesión le pidió de forma concreta el Presidente: “utilizar el poder de los datos, la innovación y la tecnología para ayudar a los americanos”.

Empoderamiento digital significa “capacidad que tienen los Gobiernos y las Administraciones Públicas para transferir conocimiento y poder digital a la ciudadanía, a sus empleados públicos y a las empresas del sector TIC”. Sueño con el día en que se declare una estrategia digital de Estado y se nombre un alto cargo del rango que decidió el gobierno de Obama, tanto a nivel de Estado como en su proyección de las Comunidades Autónomas, que conformen un Consejo Interterritorial Digital que ejecute la estrategia digital, con visión política y respaldo necesario para la toma de decisiones en este ámbito de urgencia vital en nuestro país, como ya he expuesto en otras ocasiones.

Somos ya digitales en un mundo digital por excelencia, que nos puede hacer la vida más amable en todas las visiones posibles que podamos tener de la vida, desde una perspectiva de nueva revolución digital que supere con creces a la industrial que tanto ha beneficiado ya a la humanidad. Por esta razón, creo que la política digital es un asunto de Estado, no una cuestión baladí protagonizada solo por los amantes de las tecnologías de la información y comunicación. Además, cuando sustenta las políticas sociales por excelencia, se troca en un asunto que nos pertenece a todos, sin excepción.

El marco de la política digital no es un asunto tecnológico sino constitucional. Esa es su gran fortaleza en el argumentario que mantengo en este blog de elevarla a asunto de Estado, máxime cuando tiene que atender a realidades tan inexorables como la salud y la enfermedad o los servicios sociales. O el emprendimiento, empoderando a la ciudadanía, aunque hoy lo sigamos viviendo, desgraciadamente, como un horizonte lejano.

Sevilla, 29/VI/2016

Mis principios digitales

REVOLUCION DIGITAL

Estos son mis principios: si no le gustan tengo otros

Groucho Marx

Se acerca la nueva campaña electoral y es el momento de recordar a los grandes partidos algunos principios digitales, con carácter indicativo y no exhaustivo, que me gustaría que se tuvieran presentes en sus programas. Soy consciente de que la participación popular es muy limitada en la configuración actual de los partidos políticos en nuestro país, pero estamos obligatoriamente obligados, como ciudadanos, a expresar en la Noosfera los principios digitales que se deberían contemplar en la próxima legislatura.

He estado revisando mis últimas aportaciones en este blog y he decidido recopilarlas en una publicación, Principios de política digital, en una nueva lectura contextualizada en el momento político actual, porque a diferencia de la célebre frase de Groucho Marx que encabeza este post y que ha hecho historia, hoy puedo decir que estos son mis principios digitales y si no les gustan…, no tengo otros. La política de salón y bar es muy cómoda, pero prefiero expresar a los cuatro vientos digitales lo que creo que debería tenerse en cuenta en programas políticos que quieran ser respetuosos con la revolución digital en la que estamos inmersos.

Además, estoy convencido de que las ideologías digitales tampoco son inocentes, como no lo son los bits. Por ello, el hilo conductor de las reflexiones que figuran a continuación demuestra que no todo vale en el mundo digital, porque también tiene un trasfondo ideológico. La separación entre mercancías y derechos/deberes digitales establecen la delgada línea roja para comprender bien los axiomas éticos digitales. El principio de equidad en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, básicamente en los derechos y deberes sociales, es un principio estrella que se debería exigir en cualquier programa político con base digital, pero no todas las organizaciones partidistas lo asumen como elemento garantista fundamental y de cohesión social.

Espero que sirva como una aportación a la situación política actual, junto a otras que invito a leer de nuevo y que hice ya hace unos años en referencia al Gobierno Electrónico, Abierto, en Andalucía, porque es un momento que podemos convertir en apasionante si todos nos comprometemos a construir el país desde el puesto que ocupa cada uno en la sociedad.

Gracias anticipadas por si tú o usted, lector o lectora, pasas/a al compromiso activo digital a través de este mensaje explícito.

Sevilla, 16/V/2016

NOTA: la imagen se recuperó el 26 de abril de 2016 de: http://cik.zonalibre.org/

LICENCIA CC

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es

PRINCIPIOS DE POLÍTICA DIGITAL by http:// www.joseantoniocobena.com is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License. Creado a partir de la obra en http://www.joseantoniocobena.com.

Diraya, mejor que Riwaya

Se acerca el decimosexto aniversario de un día mágico en la historia de Andalucía, el próximo 25 de abril, porque ese día se presentó en 2000 el proyecto Diraya por primera vez, en sus primeros pasos como historia de salud del ciudadano en Andalucía, de base digital, para que siempre estuviera disponible, para quien la necesitara recuperar, escribir o estudiar en ella, como ya ocurre en la actualidad. Ha sido un viaje digital muy largo, con muchas personas, profesionales extraordinarios, que han trabajado en este excelente proyecto para que sea una realidad casi mágica hoy día y con un claro beneficio propio y asociado con otros proyectos, como la receta electrónica o la gestión de la cita previa por Internet. Fue en un encuentro de directivos del Servicio Andaluz de Salud, en el Salón de Actos del recién inaugurado Hospital de Antequera, en el que se firmaba también el contrato-programa de aquél año, un formato nacido para la gestión que aún perdura como método incontestable en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Reconozco que fue un momento emocionante. Era un día especial porque también recordé el aniversario de la revolución de los claveles, con una canción emblemática en clave de revolución, Grândola, Vila Morena, de Jose Zeca Afonso, casi como una premonición de lo que iba a ser Diraya en Andalucía, una auténtica revolución de derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía con una base digital incuestionable e imprescindible.

Se presentó el proyecto y el significado de Diraya, “conocimiento” en árabe, porque nos hace más libres, frente a Riwaya que significa “transmisión”, en una dialéctica que debería marcar una impronta en la historia de este grandioso proyecto. ¿Por qué este nombre? En esos días estaba leyendo un libro muy interesante sobre el médico de Cámara cordobés Averroes, junto con otros de clara inspiración informática, en la búsqueda de razones de la razón y del corazón para justificar la implantación de nuevos sistemas digitales en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, de amplio espectro y con respeto reverencial al interés general. Y en aquella lectura sobre Averroes, descubrí el valor de la dialéctica en el vuelo de su inteligencia que es el que nos enseña aprender a aprender: es más importante trabajar en el conocimiento (diraya) que progresa, que estar viviendo permanentemente de la tradición (riwaya). Así lo expresaba Dominique Urvoy, en su libro “Averroes”: ”bajo la estabilidad social del cuerpo de los ulemas se manifestaban tensiones, crujidos, que explican la insatisfacción de Averroes ante la orientación ideológica predominante en al-Ándalus durante su juventud, y su opción decisiva a favor de una reforma que, ante todo, se concibe como el resultado del uso de la razón. Tanto más cuanto que, nos dice su biógrafo más próximo a él en el tiempo, Ibn al-Abb¬ar, se sentía más inclinado hacia el conocimiento (diraya) que hacia la simple transmisión (riwaya)” (1).

Fue un momento mágico. Diraya simbolizaba algo trascendental para Andalucía con la ayuda de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sin las que hubiera sido imposible acometer una aventura tan apasionante. Creímos en ello y el resultado hoy es excelente. Todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía forman parte de Diraya, como un todo digital. Es lo que deseo seguir manteniendo como llama viva: las TIC pueden ser el instrumento imprescindible para hacer habitable el mundo digital en lo que somos, estamos y existimos. Averroes lo vio claro en al-Ándalus hace ya muchos siglos: el conocimiento (diraya), es decir, la inteligencia digital, es lo único que nos hace libres y es más importante protegerlo en términos de educación permanente y liberadora que seguir creyendo en la pura tradición por transmisión (riwaya). Esa fue su gran lección de progreso y cambio que he querido recordar hoy, como muestra inteligente de que otro Gobierno, digital por supuesto, es posible.

Sevilla, 17/IV/2016

(1) Urvoy, Dominique (1998), Averroes. Madrid: Alianza, pág. 43.