Ciberataques y tecnologías de doble uso

Estamos viviendo unas horas difíciles en el mundo digital por los ciberataques de los últimos días. Los detractores de las tecnologías digitales quieren hacer su mayo recordándonos a los tecnófilos la célebre frase de Al Gore: ya lo habíamos avisado. Es verdad que estamos ante un escenario sobrecogedor por el impacto mediático, tampoco inocente, que ha tenido el ciberataque global de rasonware, en el que España ha sufrido un daño importante en algunas empresas de presencia internacional.

Tampoco hay que minimizar el impacto desde un punto de vista policial, tal y como ha manifestado en las últimas horas el director de la Europol: “ataque sin precedentes” hasta ahora por el alcance que ha tenido, en localizaciones tan sensibles como la de los hospitales británicos afectados.

Es verdad todo lo expuesto anteriormente, pero hay que analizar algo muy importante en lo que he tenido siempre un foco gerencial: la gestión de riesgos digitales. Nuestro país es muy dado a acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena. Lo he vivido durante muchos años como administrador público en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y muchas veces hablar de la gerencia de riesgos era como clamar en el desierto. El riesgo digital es hoy día uno más, pero nada despreciable, porque en cuestión de segundos y si no hay una gestión estratégica corporativa de amplio espectro, se puede dar al traste con años de gestión adecuada, con una pérdida de datos verdaderamente calamitosa. Hablo de gestión del riesgo antecedente, corporativa, con dimensión estratégica y no de gestión del riesgo consecuente, un problema en el que cada unidad directiva o centro de gestión pública tiene que buscarse la vida como pueda.

Lo viví de forma muy preocupante en mi etapa como Director General de Política Digital en la Junta de Andalucía, casi como una obsesión. La gestión de riesgos digitales nunca puede ser una decisión en relación con la gestión de la demanda de los más preocupados o interesados en este problema, sino una oferta garantizada de carácter estratégico, corporativo y sin exclusión alguna. Hablar de centros de gestión de redundancia, gestión de la recuperación y, sobre todo, de la gestión del riesgo antecedente, en alta disponibilidad, en todos los frentes técnicos que existen, es una responsabilidad pública ineludible. La gestión del riesgo antecedente nunca es cara, es obligada, una inversión en definitiva y con retorno seguro. Lo caro es quedarse quieto ante estos actos recordatorios de lo que un día puede pasarnos, sin exclusión alguna, si no estamos preparados y en estado de alerta permanente ante ciberataques de amplio espectro como el que acabamos de sufrir en organizaciones muy conocidas del país.

Sabemos desde el comienzo de la revolución digital que las tecnologías son siempre de doble uso. Muchas veces lo he explicado en este blog, con ejemplos clarificadores y con reflexiones desde la perspectiva de administrador público en el ámbito general y digital. Estoy convencido que los ordenadores, el software y el hardware inventados por el cerebro humano, es decir, el conjunto de tecnologías informáticas que son el corazón de las máquinas que preocupan y mucho a Nicholas Carr, por ejemplo, de forma legítima y bien fundamentada, permiten hoy creer que llegará un día en este “siglo del cerebro”, no mucho más tarde, en que sabremos cómo funciona cada milésima de segundo, y descubriremos que somos más listos que los propios programas informáticos que usamos a diario en las máquinas que nos rodean, porque estoy convencido de que la inteligencia digital desarrolla sobre todo la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, sobre todo cuando seamos capaces de dar respuesta desde la gestión de riesgos digitales a la dialéctica infernal del doble uso de la informática, es decir, la utilización de los descubrimientos electrónicos para tiempos de guerra y no de paz, como en el caso de los drones o de la fabricación de los chips que paradójicamente se usan lo mismo para la consola PlayStation que para los misiles Tomahawk. Ese es el principal reto de la inteligencia.

El problema enunciado de lo que ha ocurrido con el ciberataque global del viernes pasado no es sólo de corte tecnológico, sino más bien humano, en el pleno sentido del término, siendo conveniente analizarlo en profundidad, porque no está tan lejos de nosotros, de nuestro país, de nuestra Administración, de nuestras casas, de nuestros perfiles digitales. En un contexto de efectos incalculables, quiero reforzar hoy más que nunca la teoría crítica digital de que las tecnologías y las comunicaciones tienen que planificarse y gestionarse de forma estratégica y con carácter prioritario en la Administración Pública, como garantía de un Estado de derecho y constitucional en relación con la relación que establecen los ciudadanos con cualquier Administración Pública, porque la condición humana, simbolizada en hackers, crackers y demás figuras antológicas, o en cualquier funcionario desencantado como en el caso de Wikileaks, puede entregar a intereses espurios, más o menos oscuros, la quintaesencia de las personas, su confidencialidad o la privacidad del Estado de derecho. Así de claro.

Pero ¿cómo ponemos puertas al campo digital? Desde hace muchos años, vengo defendiendo la necesidad de gestionar los riesgos digitales desde una vertiente muy profesionalizada en la Administración Pública. En 2000, en una presentación que llevé a cabo en las Jornadas de Informática Sanitaria de Andalucía, partía de un análisis que ya había lanzado al mundo Nicholas Negroponte y que hoy cobra especial actualidad: “La próxima década será testigo de un sinnúmero de casos de abusos de los derechos de propiedad intelectual y de invasión de nuestra intimidad. Habrá vandalismo digital, piratería del software y robo de información” (El mundo digital). Y allí planteé que se pueden adoptar dos decisiones estratégicas al respecto: la primera, la propugnada ya por Groucho Marx en Una noche en la ópera, cuando vende una póliza a un maletero del barco, que no cubre nada…, en una escena hilarante que siempre perdió fuerza ante la del camarote. Es decir, la cobertura del riesgo consecuente, como actitud tan castiza en España, a la que hacía alusión anteriormente: sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, doblando el papel de la póliza que cubre algún riesgo y olvidándonos de su gestión proactiva:

– O.B. DRIFTWOOD (Groucho Marx): Fíjese en ese guardabarros, está completamente abollado. Tendrá que pagarlo, amigo. ¿Qué número tiene usted?, ¡el 32, eh…! ¿Está asegurado? ¿Que si tiene seguro?
– C.: No señor
– O.B. DRIFTWOOD (G.M.): Es usted el hombre al que andaba buscando. Llevo aquí una póliza que le protegerá contra todo accidente imprevisto. Por ejemplo, pierde una pierna y nosotros le ayudamos a encontrarla y solo le costará… ¿Qué lleva usted ahí? ¡un dólar!, ¡suya es la póliza!

La segunda, la profesionalización de la planificación estratégica de la política y gestión de riesgos digitales, como dos escenarios que tienen que estar esencialmente diferenciados y que están obligatoriamente obligados a entenderse. La gestión de riesgos digitales es una función especializada dentro de la Administración Pública que tiene como objetivo gestionar globalmente la protección de los Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación, en su relación con los ciudadanos y en aplicación estricta de los marcos legales actualmente establecidos. Además, los criterios clave de selección para el modelo organizativo a aplicar se pueden sintetizar en que todas las funciones se tienen que centralizar estratégicamente en el Estado (Esquema Nacional de Seguridad), agrupando responsabilidades orientadas a procesos, en la aplicación práctica descentralizada en cada Comunidad Autónoma, Diputación y Municipio, y con una gestión estratégica bajo el concepto de “Separación de Responsabilidades” (“Separation of Duties – quien administra/gestiona no opera”).

¿Estaremos ya viviendo la plenitud de una nueva ciencia de la inestabilidad, del riesgo, en el marco científico que ya expuso en su tiempo Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química en 1977? Es el saber de la persona instruida lo que la libera, mediante la gestión del conocimiento, lo que permite desdramatizar las planificaciones, programaciones, ejecuciones y evaluaciones de la organización llamada Administración o empresa, porque vivimos en un mundo contingente, caótico, inseguro, cambiante, complejo, inestable e incierto, es decir, en un universo de riesgo, tanto en azar como en necesidad. La inteligencia creadora es la que da forma al saber, es decir, damos un voto de confianza al ser humano frente a los factores y medios de producción tradicionales. El capital y la producción, no son la quintaesencia de las organizaciones. Queda una gran tarea en la Administración Pública, que pasa indefectiblemente por crear una nueva cultura directiva y organizativa ante el riesgo de azar y de no-azar, de la protección de datos de carácter personal, o quizá también reinventando la propia Gerencia de Riesgos, a través de un nuevo paradigma científico, estando muy atentos al discurso mundial que se abre en la actual incertidumbre y ante la necesidad de no estar ajenos a la realidad del año actual y venideros. Los seres humanos seguimos siendo los propios gestores de nuestro futuro, con la ayuda de las nuevas tecnologías: el saber, hoy, sigue siendo el único recurso significativo (Drucker).

El esperpento de la inteligencia americana, que tanto sabe de riesgos digitales, por lo que ocurrió en Wikileaks en 2010 como ejemplo vergonzante, que solo se puede entender en la clave anteriormente expuesta, es una lección histórica para aprender de errores. Y para no volver a cometerlos en lugares más cercanos de lo que muchas veces creemos. A Groucho, solo deberíamos recordarlo por su excepcional sentido del humor inteligente. No por su sentido práctico y muy extendido, más lo que parece, de cobertura del riesgo antecedente y consecuente mediante acciones que no sirven para nada. Como su famosa póliza de un dólar. Gestionando el riesgo digital, sobre todo, por medio de políticas públicas digitales que gestionen directivos y empleados públicos forjados en ética pública digital, no solo transfiriendo esta responsabilidad de Estado a programas informáticos muy sofisticados y máquinas complejas. Otra vez más, no confundiendo, como todo necio, valor y precio.

Sevilla, 14/V/2017

España Inteligente (Smart Spain)

He leído y analizado con atención preferente la experiencia Smart Nation implantada en Singapur en 2014 y con tres áreas de actuación de importancia extrema: la atención a los mayores, la movilidad urbana y la seguridad de los datos. Creo que es un ejemplo a seguir -salvando lo que haya que salvar- en la implantación de políticas digitales a nivel de Estado para convertir a España en una nación inteligente y, por extensión, en Comunidades Autónomas Inteligentes, perfectamente conectadas entre sí a través de ecosistemas digitales de amplio espectro. Es una oportunidad histórica que no debe esperar más tiempo para ser considerada cuestión o problema de Estado en nuestro país, sin fisura alguna y, probablemente, donde se podría mostrar que la cohesión territorial es más posible partiendo de esta concepción de inteligencia conectada y auspiciada por el Gobierno digital correspondiente.

Es asombroso constatar cómo lo que aquí se vive como un auténtico problema, en Singapur se considera una oportunidad. Me refiero por ejemplo al envejecimiento de la población, porque son conscientes con este programa de Smart Nation que las tecnologías van a ser el gran aliado para atender la demanda imparable de servicios de salud y dependencia que esta realidad mundial inexorable necesita atender con carácter de urgencia. Y esta realidad se hace patente, obviamente, si se atiende también de forma intensiva y por inmersión digital a su contrario existencial, a la educación en todos sus niveles, dotándola de medios digitales y programas curriculares donde la programación informática sea materia troncal desde la enseñanza primaria. Razón digital: la preparación masiva en ingeniería informática y ramas afines como la bioingeniería serán piezas clave en el tratamiento del envejecimiento poblacional y en sus antecedentes laborales y profesionales, porque se podrá intervenir digitalmente de forma antecedente y no solo consecuente, como hacemos habitualmente y solo con medios atómicos.

Para que se entienda bien esta cuestión, basta un ejemplo en el campo de la salud. Una historia de salud, digitalizada y tratada como dato masivo por el servicio público correspondiente, podría ser programada para ser atendida con medios digitales en ámbitos tan necesarios como dietas, rehabilitación en casa, aviso farmacológico, calendarios vacunales, visitas médicas virtuales, que permitirían desarrollar miles de aplicaciones informáticas para ser usadas mediante el teléfono inteligente y su proyección en televisiones también dotadas de la inteligencia necesaria para interrumpir un programa cuando esté indicado tomar un medicamento o irse a descansar. Una cuestión importante y nada baladí: debería ser una política digital de Estado porque las economías y beneficios de escala serían espectaculares.

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http://www.smartnation.sg/

La tecnología informática es cara cuando solo se desarrolla por y para “exquisitos” digitales, que permite la proliferación descontrolada de chiringuitos digitales de amplio espectro, que suelen crecer como por esporas y, muchas veces, con intereses ocultos y mediocres. Cuando tiene vocación de servicio público, los costes se abaratan espectacularmente y los beneficios son extraordinariamente masivos. Es lo que diferencia una nación inteligente, Smart Nation, de otra que no lo es, porque en definitiva es una cuestión de tener muy clara la diferencia que existe entre políticas de inversión ética digital y las de gasto no controlado ni ético desde una perspectiva digital, como he abordado tantas veces en este cuaderno de inteligencia digital.

En un país tan descreído y autosuficiente como el nuestro, donde rápidamente juzgamos estas experiencias como de ciencia ficción, se debería atender el ejemplo de Singapur para extraer de él aquello que nos puede ser útil, porque “nosotros también podemos inventar” o copiar dignamente lo que hacen bien otros. Puede que con esta actitud entendamos mejor por qué nos deben preocupar los resultados del informe PISA en España y Andalucía. Singapur, es todo un ejemplo y la experiencia tan novedosa de lo que pueden hacer los niños y las niñas allí, mediante el programa Smart Nation, lo confirma. Quizá comprendamos mejor también las palabras de Tan Kok Yam, responsable gubernamental del programa Smart Nation, al querer convertir Singapur en “un lugar donde las ideas se hagan realidad en el menor tiempo posible”. Porque debería haber “prisa digital” atendida por el Gobierno correspondiente, obviamente.

Sevilla, 13/XII/2016

DATOS PÚBLICOS MASIVOS / 3. Transparencia, ese claro objeto de deseo

La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de esta acción política que ahora nos ocupa en esta serie. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras atómicas que lo impidan.

Entiéndase esta última expresión como la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades, pero que forman una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, desde la perspectiva legal. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

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Fundación Civio

La transparencia está íntimamente unida al empoderamiento digital, entendido como “capacidad que tienen los Gobiernos y las Administraciones Públicas para transferir conocimiento y poder digital a la ciudadanía, a sus empleados públicos y a las empresas del sector TIC” a través del tratamiento adecuado y transparente de los datos públicos masivos. Lo comentaba recientemente en este cuaderno digital: sueño con el día en que se declare una estrategia digital de Estado y se nombre un alto cargo del rango que decidió el gobierno de Obama en 2008, tanto a nivel de Estado como en su proyección de las Comunidades Autónomas, que permita conformar un Consejo Interterritorial Digital que ejecute la estrategia digital, con visión política y respaldo necesario para la toma de decisiones en este ámbito de urgencia vital en nuestro país, como ya he expuesto en otras ocasiones. Es lo que posibilita realmente la transparencia, que no es un asunto estrictamente digital, pero que está indisolublemente unido a ella porque la necesita en su excelente estado del arte actual, a través de las TIC y sus instrumentos estrella como la telefonía inteligente y medios de comunicación integral como las actuales redes sociales, sin ir más lejos.

La política digital en relación con la transparencia es un asunto de Estado, no una cuestión baladí protagonizada solo por los amantes de las tecnologías de la información y comunicación. Tampoco, por los que se ajustan, porque no queda más remedio, a cumplir con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno, o las ya publicadas al respecto en diferentes Comunidades Autónomas, sin disponer de las infraestructuras digitales necesarias para garantizarla hasta sus últimas consecuencias. Además, cuando sustenta las políticas sociales por excelencia, educación, salud, dependencia, entre otras, se troca en un asunto que nos pertenece a todos, sin excepción y sin fronteras atómicas. Por ello, el marco de la política digital de transparencia no es un asunto tecnológico sino constitucional, como declarativo de derechos y deberes fundamentales que se digitalizan y se deben dar a conocer y tratar como información básica y especializada, a desarrollar y publicar por la Administración en formatos adecuados, interoperables y abiertos, que siempre depende del Gobierno correspondiente. En cualquier caso, nunca es inocente en su planteamiento tecnológico, que debe ser dirigido siempre por la política digital definida por el citado Gobierno.  Esa es su gran fortaleza en el argumentario que mantengo en este blog: elevar la política digital a asunto de Estado, máxime cuando tiene que atender a realidades tan inexorables como la salud y la enfermedad o los servicios sociales, para que se puedan compartir hasta la saciedad los datos públicos masivos que generan. O el emprendimiento en la reutilización de los datos públicos masivos que pone a disposición de la ciudadanía el Gobierno digital correspondiente, empoderando a la ciudadanía para que los conozca y trate, aunque hoy todavía lo sigamos viviendo, desgraciadamente, como un horizonte lejano, a pesar de las leyes existentes.

Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación Civio con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo. Se analiza la distribución del presupuesto regional en España durante los años 2006 al 2015, pudiéndose observar tanto el gasto presupuestado total, como el presupuesto por habitante. Se pueden ver las cantidades por área funcional, como por ejemplo Sanidad, referidas a cada región o a todo el territorio nacional. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y Director de la Fundación, porque en su momento trabajé con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Sevilla, 11/XI/2016

(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.

Heridas, no vencidas

Vamos del timbo al tambo digital, en expresión feliz de García Márquez, pero nos encontramos siempre con situaciones atómicas que entristecen el alma buena de las personas, convirtiéndose en un realismo trágico de difícil explicación. He leído hoy un reportaje estremecedor en el diario El País sobre la reparación de vidas rotas en mujeres maltratadas. Es escalofriante darse de bruces con una realidad que asola el país. El año pasado, 123.275 mujeres acudieron a la justicia por el maltrato de sus compañeros o ex-compañeros, por llamarlos de alguna forma. Se dictaron 24.679 órdenes de protección que equivalen a un 59,1% de las solicitadas. Todavía más sangrante es el dato revelador del estado de agresividad de género actual al constatarse que una de cada ocho mujeres en España ha sufrido violencia física, sexual o ambas causada por sus parejas o ex parejas, según los datos recogidos en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015 (Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas).

Charo Noguera ha estado una semana en un centro de víctimas de violencia de género y narra una experiencia de claroscuros muy inquietante. Es incomprensible que este país haya abandonado la asignatura de educación para la ciudadanía, por ejemplo, como un remedio eficaz a corto, medio, largo plazo para enseñar a los niños y a las niñas que existen modelos de convivencia muy amplios en nuestra sociedad para vivir en común y sin hacernos daño. Aquel Real Decreto de 2006, desgraciadamente derogado, decía cosas tan interesantes como éstas: “El comienzo de la adolescencia es una etapa de transición en la que se modifican las relaciones afectivas. Los preadolescentes se inician en una socialización más amplia, de participación autónoma en grupos de iguales, asociaciones diversas, etc. Conviene preparar la transición a la enseñanza secundaria y al nuevo sistema de relaciones interpersonales e institucionales que suponen una participación basada en la representación o delegación y que requiere un entrenamiento, y esta área es un ámbito privilegiado para ello”.

Se enseñaba a ser responsables integrando conocimiento y libertad. Nada más y nada menos. Para ser educadas y educados en valores ciudadanos y en el respeto a los derechos de las personas en diversidad, que no son a veces cómo nosotros esperamos que sean. Fundamentalmente, porque me gusta vivir mi vida, guardándome mi miedo y mi ira, en libertad y con los demás. Sin más mentira, en paz, partiendo de lo personal y del entorno más próximo: la identidad, las emociones, el bienestar y la autonomía personal, los derechos y responsabilidades individuales, la igualdad de derechos y las diferencias. Es decir, de la identidad y las relaciones personales se pasa a la convivencia, la participación, la vida en común en los grupos próximos, en la vida de pareja.

MACROENCUESTA VIOLENCIA GENERO 2015

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015

Volvemos a la realidad actual añorando la citada asignatura de educación para vivir en común. Sigo leyendo el reportaje constatando que el anonimato es norma fundamental en este tipo de centros de acogida. Pero escuchar a la residente 311, “una mujer menuda y vivaracha” decir de forma rotunda y a los cuatro vientos “estoy herida, pero no vencida”, abre una puerta a la creencia de que otro mundo debe ser posible para las mujeres que sufren este mal endémico y merecen ser felices. Una gran lección.

Sevilla, 25/VII/2016

Empoderamiento digital

Nunca es mal año por mucho trigo. Soy consciente de que a veces trabajamos en las llamadas causas perdidas, como determinados abogados de lo imposible, pero creo que ejemplos como el de la persuasión tecnológica del gobierno digital auspiciado por el presidente Obama, es una llamada al orden digital de los gobiernos en los diferentes mundos existentes en este planeta, entre los que se encuentra España. Por esta razón, vuelvo a hablar de empoderamiento digital como acción prioritaria de un Gobierno Digital Abierto.

He escrito muchas veces en este blog sobre empoderamiento digital, pero nunca es mal año digital por mucho hablar de ello. Vuelve a abrirse una oportunidad en relación con el nuevo Gobierno que se pueda fraguar por el consenso. Podrían copiar de Obama y de la Directora de Tecnología del Gobierno de Estados Unidos, Megan Smith, por el cumplimiento de un objetivo estratégico claro, entre otros: el empoderamiento digital de la ciudadanía, para poder obtener resultados evidentes y claros sobre aquello que en su toma de posesión le pidió de forma concreta el Presidente: “utilizar el poder de los datos, la innovación y la tecnología para ayudar a los americanos”.

Empoderamiento digital significa “capacidad que tienen los Gobiernos y las Administraciones Públicas para transferir conocimiento y poder digital a la ciudadanía, a sus empleados públicos y a las empresas del sector TIC”. Sueño con el día en que se declare una estrategia digital de Estado y se nombre un alto cargo del rango que decidió el gobierno de Obama, tanto a nivel de Estado como en su proyección de las Comunidades Autónomas, que conformen un Consejo Interterritorial Digital que ejecute la estrategia digital, con visión política y respaldo necesario para la toma de decisiones en este ámbito de urgencia vital en nuestro país, como ya he expuesto en otras ocasiones.

Somos ya digitales en un mundo digital por excelencia, que nos puede hacer la vida más amable en todas las visiones posibles que podamos tener de la vida, desde una perspectiva de nueva revolución digital que supere con creces a la industrial que tanto ha beneficiado ya a la humanidad. Por esta razón, creo que la política digital es un asunto de Estado, no una cuestión baladí protagonizada solo por los amantes de las tecnologías de la información y comunicación. Además, cuando sustenta las políticas sociales por excelencia, se troca en un asunto que nos pertenece a todos, sin excepción.

El marco de la política digital no es un asunto tecnológico sino constitucional. Esa es su gran fortaleza en el argumentario que mantengo en este blog de elevarla a asunto de Estado, máxime cuando tiene que atender a realidades tan inexorables como la salud y la enfermedad o los servicios sociales. O el emprendimiento, empoderando a la ciudadanía, aunque hoy lo sigamos viviendo, desgraciadamente, como un horizonte lejano.

Sevilla, 29/VI/2016

Mis principios digitales

REVOLUCION DIGITAL

Estos son mis principios: si no le gustan tengo otros

Groucho Marx

Se acerca la nueva campaña electoral y es el momento de recordar a los grandes partidos algunos principios digitales, con carácter indicativo y no exhaustivo, que me gustaría que se tuvieran presentes en sus programas. Soy consciente de que la participación popular es muy limitada en la configuración actual de los partidos políticos en nuestro país, pero estamos obligatoriamente obligados, como ciudadanos, a expresar en la Noosfera los principios digitales que se deberían contemplar en la próxima legislatura.

He estado revisando mis últimas aportaciones en este blog y he decidido recopilarlas en una publicación, Principios de política digital, en una nueva lectura contextualizada en el momento político actual, porque a diferencia de la célebre frase de Groucho Marx que encabeza este post y que ha hecho historia, hoy puedo decir que estos son mis principios digitales y si no les gustan…, no tengo otros. La política de salón y bar es muy cómoda, pero prefiero expresar a los cuatro vientos digitales lo que creo que debería tenerse en cuenta en programas políticos que quieran ser respetuosos con la revolución digital en la que estamos inmersos.

Además, estoy convencido de que las ideologías digitales tampoco son inocentes, como no lo son los bits. Por ello, el hilo conductor de las reflexiones que figuran a continuación demuestra que no todo vale en el mundo digital, porque también tiene un trasfondo ideológico. La separación entre mercancías y derechos/deberes digitales establecen la delgada línea roja para comprender bien los axiomas éticos digitales. El principio de equidad en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, básicamente en los derechos y deberes sociales, es un principio estrella que se debería exigir en cualquier programa político con base digital, pero no todas las organizaciones partidistas lo asumen como elemento garantista fundamental y de cohesión social.

Espero que sirva como una aportación a la situación política actual, junto a otras que invito a leer de nuevo y que hice ya hace unos años en referencia al Gobierno Electrónico, Abierto, en Andalucía, porque es un momento que podemos convertir en apasionante si todos nos comprometemos a construir el país desde el puesto que ocupa cada uno en la sociedad.

Gracias anticipadas por si tú o usted, lector o lectora, pasas/a al compromiso activo digital a través de este mensaje explícito.

Sevilla, 16/V/2016

NOTA: la imagen se recuperó el 26 de abril de 2016 de: http://cik.zonalibre.org/

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Diraya, mejor que Riwaya

Se acerca el decimosexto aniversario de un día mágico en la historia de Andalucía, el próximo 25 de abril, porque ese día se presentó en 2000 el proyecto Diraya por primera vez, en sus primeros pasos como historia de salud del ciudadano en Andalucía, de base digital, para que siempre estuviera disponible, para quien la necesitara recuperar, escribir o estudiar en ella, como ya ocurre en la actualidad. Ha sido un viaje digital muy largo, con muchas personas, profesionales extraordinarios, que han trabajado en este excelente proyecto para que sea una realidad casi mágica hoy día y con un claro beneficio propio y asociado con otros proyectos, como la receta electrónica o la gestión de la cita previa por Internet. Fue en un encuentro de directivos del Servicio Andaluz de Salud, en el Salón de Actos del recién inaugurado Hospital de Antequera, en el que se firmaba también el contrato-programa de aquél año, un formato nacido para la gestión que aún perdura como método incontestable en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Reconozco que fue un momento emocionante. Era un día especial porque también recordé el aniversario de la revolución de los claveles, con una canción emblemática en clave de revolución, Grândola, Vila Morena, de Jose Zeca Afonso, casi como una premonición de lo que iba a ser Diraya en Andalucía, una auténtica revolución de derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía con una base digital incuestionable e imprescindible.

Se presentó el proyecto y el significado de Diraya, “conocimiento” en árabe, porque nos hace más libres, frente a Riwaya que significa “transmisión”, en una dialéctica que debería marcar una impronta en la historia de este grandioso proyecto. ¿Por qué este nombre? En esos días estaba leyendo un libro muy interesante sobre el médico de Cámara cordobés Averroes, junto con otros de clara inspiración informática, en la búsqueda de razones de la razón y del corazón para justificar la implantación de nuevos sistemas digitales en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, de amplio espectro y con respeto reverencial al interés general. Y en aquella lectura sobre Averroes, descubrí el valor de la dialéctica en el vuelo de su inteligencia que es el que nos enseña aprender a aprender: es más importante trabajar en el conocimiento (diraya) que progresa, que estar viviendo permanentemente de la tradición (riwaya). Así lo expresaba Dominique Urvoy, en su libro “Averroes”: ”bajo la estabilidad social del cuerpo de los ulemas se manifestaban tensiones, crujidos, que explican la insatisfacción de Averroes ante la orientación ideológica predominante en al-Ándalus durante su juventud, y su opción decisiva a favor de una reforma que, ante todo, se concibe como el resultado del uso de la razón. Tanto más cuanto que, nos dice su biógrafo más próximo a él en el tiempo, Ibn al-Abb¬ar, se sentía más inclinado hacia el conocimiento (diraya) que hacia la simple transmisión (riwaya)” (1).

Fue un momento mágico. Diraya simbolizaba algo trascendental para Andalucía con la ayuda de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sin las que hubiera sido imposible acometer una aventura tan apasionante. Creímos en ello y el resultado hoy es excelente. Todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía forman parte de Diraya, como un todo digital. Es lo que deseo seguir manteniendo como llama viva: las TIC pueden ser el instrumento imprescindible para hacer habitable el mundo digital en lo que somos, estamos y existimos. Averroes lo vio claro en al-Ándalus hace ya muchos siglos: el conocimiento (diraya), es decir, la inteligencia digital, es lo único que nos hace libres y es más importante protegerlo en términos de educación permanente y liberadora que seguir creyendo en la pura tradición por transmisión (riwaya). Esa fue su gran lección de progreso y cambio que he querido recordar hoy, como muestra inteligente de que otro Gobierno, digital por supuesto, es posible.

Sevilla, 17/IV/2016

(1) Urvoy, Dominique (1998), Averroes. Madrid: Alianza, pág. 43.