Categoría: Administración digital

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Los Presupuestos Generales del Estado para 2023, al alcance de todos (II)

Presupuestos Generales del Estado para 2023

Sevilla, 10/I/2023

El pasado 1 de noviembre publiqué un artículo en este cuaderno digital, Los Presupuestos Generales del Estado para 2023, al alcance de todos, utilizando un excelente recurso digital puesto a disposición pública por parte de la Fundación CIVIO, a la que admiro y respeto por su excelente trabajo profesional de divulgación y transparencia, cuando con tal motivo facilitó su plataforma digital para comprender en su justa dimensión el proyecto de los citados Presupuestos, poniéndolos al alcance de todos. Así me lo manifestaron como socio de la citada entidad, invitándome a que mientras pasaba el filtro de las Cortes, pudiera consultar la citada propuesta de ingresos y gastos del Gobierno y comparar con presupuestos anteriores. Es por ello por lo que decidí participar en la campaña de divulgación auspiciada por CIVIO para general conocimiento de esa realidad económica, como instrumento que hacen viables la políticas públicas que, además, no son inocentes, porque todas no son iguales.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados definitivamente para 2023 y con entrada en vigor desde el pasado 1 de enero, parten de una complejidad técnica que no es asumible sin ayuda como la que ofrece la Fundación a través de su plataforma digital, donde el acceso visual ayuda de forma determinante a entrar partida a partida en función de los intereses de cada persona interesado en ello: “Y, como año tras año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan que cualquiera pueda explorarlos para hacerse una idea propia (más allá de las interpretaciones de los medios, según su tendencia editorial)”. Esa es la razón de por qué se ha actualizado por parte de CIVIO su herramienta ¿Dónde van mis impuestos? con los presupuestos generales definitivos y aprobados para 2023, en vigor desde el 1 de enero, para que se puedan explorar fácilmente de forma visual e interactiva.

La Fundación CIVIO actualiza este proyecto año tras año, desde 2011. Como en ocasiones anteriores, extraen los datos y los convierten a formatos reutilizables (se pueden descargar y toquetear aquí) para facilitar al máximo la consulta y comprensión de una información esencial que nos atañe a todos: «Pero, también, para poner en contexto las grandes y pequeñas cifras de ingresos y gastos, mostrar la evolución de cada una de ellas y ayudar a encontrar partidas concretas. Por ejemplo, la de gastos electorales de partidos políticos«.

EXPLORA LOS PRESUPUESTOS DEFINITIVOS DE 2023

CIVIO lo dice siempre, aunque suene a algo repetitivo: «esto es una previsión del gasto, y no se corresponde con lo que finalmente se acabará gastando. Eso último se denomina ejecución presupuestaria, y es uno de nuestros campos de batalla en lo que a transparencia se refiere. Hace años que pedimos a Hacienda que facilite los datos de ejecución de forma completa y con la misma estructura que los presupuestos. La ejecución sigue siendo un gran punto ciego, como no nos cansamos de repetir. Si tuviéramos acceso a los datos de ejecución bien desglosados, podríamos exigir más transparencia sobre los desvíos presupuestarios. Por ejemplo, los del Ministerio de Defensa, que todos los años gasta millones por encima de lo presupuestado. O los asignados a I+D, que no siempre se ejecutan del todo». Más claro, imposible.

Siguiendo sus indicaciones, animo a quien lea este artículo a que explore y comparta esta iniciativa. Es recomendable que se preste especial atención a la visita guiada y a los errores más comunes que se cometen cuando se bucea en las partidas: «Como por ejemplo, pensar que las partidas de Educación o Sanidad de los presupuestos reflejan todo el año en España. Y no: eso es lo que gasta el Gobierno, pero el gasto más relevante en Educación o Sanidad está en las comunidades autónomas, que tienen transferidas esas competencias. Pero hay más confusiones habituales«. Finalmente, insisten en su comunicado en que «En 2023 no dejaremos de esforzarnos para democratizar el acceso y la comprensión de información clave como esta y lograr más rendición de cuentas sobre el gasto público para conocer exactamente cuánto y cómo se gasta. Es decir, para lograr los avances reales que hasta ahora la Administración se resiste a dar». Es una actividad encomiable digna de nuestra admiración y respeto.

Una vez más, recomiendo el acceso a estos presupuestos de forma visual e interactiva, para que se puedan explorar fácilmente, donde no hacen falta conocimientos previos. Aquí no solo se puede explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno, sino también comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan. La plataforma ofrece información exhaustiva a través de las tres políticas de Estado en estos Presupuestos: la de ingresos, en qué se gasta y cómo se gasta el dinero público.

Como en años anteriores, vuelvo a expresar mi reconocimiento a la Fundación y a su codirector, David Cabo, así como a todos los miembros de la misma, que es continuo, público y notorio desde que tuve la oportunidad de entrar en contacto con él en 2013 para preparar la transparencia del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año siguiente y la accesibilidad digital al mismo, preocupado como administrador público por la transparencia pública digital. Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia es el resultado siempre de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, los Presupuestos Generales del Estado para 2023, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien los Presupuestos Generales del Estado para 2023: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que los Presupuestos del Estado y los de las Comunidades Autónomas manejan términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y codirector de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Entren y vean, porque ya están los datos oficiales en el salón virtual de la Noosfera sin tener que esperar nada más, una vez aprobados estos Presupuestos Generales para 2023 por las Cortes de este país. Les aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán a partir de ahora que los Presupuestos de este país, así como el de la Comunidad en la que cada uno reside, pueden y deben ser cosa de todos. Gracias CIVIO, gracias a David y a su equipo profesional, por hacerlo posible con vuestro esfuerzo encomiable y digno de alabanza pública.

(1) Weiss, C.H., Evaluation. Methods for studying programs and policies, 1998. New Jersey: Prentice Hall.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

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Los Presupuestos Generales del Estado para 2023, al alcance de todos

CIVIO. Proyecto presupuestos generales 2023

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939), Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Sevilla, 1/XI/2022

De nuevo recurro a la Fundación CIVIO, a la que admiro y respeto por su excelente trabajo profesional de divulgación y transparencia, cuando ha hecho pública su plataforma para comprender en su justa dimensión el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, poniéndolos al alcance de todos. Así me lo han manifestado como socio de la citada entidad, invitándome a que mientras pasa el filtro de las Cortes, pueda consultar la actual propuesta de ingresos y gastos del Gobierno y comparar con presupuestos anteriores. Es por ello que también participo en esta campaña de divulgación para general conocimiento de esta realidad económica, como instrumento que hacen viables la políticas públicas que, además, no son inocentes, porque todas no son iguales.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 parte de una complejidad técnica que no es asumible sin ayuda como la que ofrece la Fundación a través de su plataforma digital donde el acceso visual ayuda de forma determinante a entrar partida a partida en función de los intereses de cada persona interesado en ello: “Y, como año tras año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan que cualquiera pueda explorarlos para hacerse una idea propia (más allá de las interpretaciones de los medios, según su tendencia editorial). La Fundación muestra este proyecto de presupuestos de forma visual e interactiva para que se pueda explorar fácilmente, “incluso sin conocimientos previos. Aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan”. La plataforma ofrece información exhaustiva a través de las políticas de Estado en estos Presupuestos: la de ingresos, en qué se gasta y cómo se gasta el dinero público.

Animo a entrar en esta plataforma visual e interactiva que no defrauda sino que pone al servicio de la inteligencia conectiva que ofrece la Noosfera, la malla pensante en nuestro país o Comunidad, por ejemplo, aunque hace una serie de observaciones previas que recomiendo leer con atención para garantizar los accesos citados:

  1. Recuerda que esto es el proyecto de presupuestos, y que aún tiene que pasar el filtro de las Cortes, lo que no es sencillo -a tenor de lo que hemos visto en los últimos años-.
  2. Además, en caso de que se acaben aprobando, se trataría de la previsión del gasto, y no se corresponde con lo que finalmente se acabará gastando. Eso último se denomina ejecución presupuestaria. Y es que, entre el gasto presupuestado y lo que finalmente se gasta, existen grandes desviaciones: por ejemplo, Defensa gasta más de lo presupuestado, mientras que no todo lo asignado a I+D se acaba gastando.
  3. No resulta fácil explorar los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, te recomendamos consultar antes nuestra Visita guiada y conocer antes los errores más comunes que se cometen cuando buceamos en las partidas presupuestarias. Por ejemplo, pensar que las partidas de Educación o Sanidad de los presupuestos reflejan todo el año en España. Y no: eso es lo que gasta el Gobierno, pero el gasto más relevante en Educación o Sanidad está en las comunidades autónomas, que tienen transferidas esas competencias.
  4. Puedes explorar en detalle cada partida, e incluso comparar con los presupuestos anuales desde 2007. Una pista: puedes usar el buscador para encontrar partidas muy concretas sin tener si quiera que saber dónde se encuentran.
  5. Puedes insertar tanto la visualización general del proyecto de presupuestos como la de una partida concreta en cualquier página web. Tan solo tienes que pulsar en este icono que hay debajo de cada gráfico e insertar en el editor de tu web el código que se genere. 
  6. Como en años anteriores, no podremos comparar los Presupuestos Generales con su ejecución mientras el Ministerio de Hacienda no publique los datos de ejecución de forma completa y con la misma estructura, como hemos alertado en infinidad de ocasiones. La ejecución sigue siendo un gran punto ciego, como hace años que denunciamos. Si tuviéramos acceso a los datos de ejecución bien desglosados, podríamos exigir más transparencia sobre los desvíos presupuestarios. Por ejemplo, los del Ministerio de Defensa, que todos los años gasta millones por encima de lo presupuesto, muchas veces mediante partidas “sin tipificar”.

Como en años anteriores, vuelvo a expresar mi reconocimiento a la Fundación y a su codirector, David Cabo, así como a todos los miembros de la misma, que es continuo, público y notorio desde que tuve la oportunidad de entrar en contacto con él en 2013 para preparar la transparencia del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año siguiente y la accesibilidad digital al mismo, preocupado como administrador público por la transparencia pública digital. Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia es el resultado siempre de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y una vez más, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y codirector de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Es muy importante entrar en esta página web de la Fundación CIVIO para comenzar a comprender bien las bases presupuestarias que asientan o no la democracia en este país y los pilares económicos, no inocentes por cierto, que la sustentan a partir de una pregunta transcendental, ¿Dónde van mis impuestos?, con tres proyecciones políticas esenciales, Ingresos, ¿Cómo se gasta? Y ¿En qué se gasta? Acceder a todos los datos es posible y CIVIO nos ofrece esta oportunidad de emitir juicios bien informados, la base de toda evaluación que debemos hacer como ciudadanos responsables. Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, como este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Entren y vean, porque ya están los datos en el salón virtual de la Noosfera sin tener que esperar nada más, solamente la aprobación definitiva de estos Presupuestos, a los que se podrá entrar de nuevo una vez consolidados para 2023 por las Cortes de este país. Les aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán a partir de ahora que el Presupuesto de este país, como el de la Comunidad en la que cada uno reside, puede y debe ser cosa de todos. Gracias CIVIO, gracias a David y a su equipo profesional, por hacerlo posible con vuestro esfuerzo encomiable y digno de alabanza pública.

(1) Weiss, C.H., Evaluation. Methods for studying programs and policies, 1998. New Jersey: Prentice Hall.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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La realidad de la inversión social en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, en España y Andalucía

Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país

Sevilla, 28/X/2022

Cada vez que se publican datos sobre las inversiones sociales en Andalucía, que no opiniones ni refriegas políticas de baja estofa, que cada vez hacen más estragos en la sociedad democrática, me estremece conocer la posición que ocupamos en el país, siendo la Comunidad más poblada y la que se debería cuidar al máximo en esta financiación pública por sus datos en relación con la pobreza y exclusión social, verdaderamente lacerantes. Una vez más, se observa que la aplicación de las políticas sociales en el Estado y, sobre todo, en esta Comunidad en la que vivo democráticamente, no son inocentes, como vengo publicando desde hace años en este cuaderno digital y tiene responsables públicos de su gestión política y administrativa, cuyo objetivo principal y claro es además constitucional: salvaguardar el interés general de la población a la que hay que atender y servir. La última referencia técnica viene del Informe que ha elaborado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, sobre la Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país, realizado con un esfuerzo encomiable de transparencia para la transformación social, presentado el pasado 20 de octubre y que refleja datos muy esclarecedores en relación con los presupuestos generales en cada Comunidad Autónoma y su relación con el gasto social aplicado desde la pandemia, a pesar del “importante aumento de las transferencias estatales, que alcanza 23.701,7 millones de euros en este periodo [2019-2021]. Los datos nos indican que este incremento de financiación estatal no se ha visto reflejado en la misma medida en un incremento en el gasto social en las Comunidades” (la negrita es mía). Importantísima aportación objetiva, porque traduce que dinero público ha habido, otra cosa es cómo se ha repartido en cada Comunidad de acuerdo son sus prioridades políticas.

Las conclusiones más importantes del Informe son que “el gasto social de la Comunidades Autónomas solo ha aumentado un 7% respecto al nivel previo a la pandemia, mientras el gasto en otras áreas aumenta un 34%” y que “han tenido que pasar 10 años y una pandemia para recuperar el gasto social. pero su incidencia en los presupuestos autonómicos es cada vez menor […] Pero desde 2010 el porcentaje que representa este gasto sobre el total de los presupuestos autonómicos marca una clara tendencia descendente, tendencia rota ligeramente en los años 2015 y 2016. En 2010 representaban el 67,4% del presupuesto autonómico, mientras que 12 años después este porcentaje ha caído 9 puntos y se sitúa en 58,3%, en una tendencia claramente decreciente. . Analizando en profundidad los datos se observa que Madrid, Andalucía, Cataluña y Murcia, están a la cola de gasto por habitante en Sanidad y Servicios Sociales, como un nuevo ejemplo de la injusta desigualdad social territorial que se está viviendo en España.

Es muy interesante la aportación de los siguientes datos en el informe: “La evolución del gasto en políticas sociales por CCAA ha sido muy desigual:

  • En cuantía: Todas las Comunidades salvo Cataluña, Madrid y Murcia han superado en 2021 el gasto social por habitante que tenían en 2019, destaca Castilla La Mancha con un aumento de 514,9 € y La Rioja con 487,3 €. En negativo sorprende Cataluña que lo reduce en 134,5€, Madrid en casi 119€ y Murcia en 64,9 €.
  • En porcentaje: Un escenario diferente nos muestra el peso específico que estas políticas tienen en el escenario general. Si observamos el porcentaje de su presupuesto que destinan a cubrir las políticas sociales, vemos que 12 de las 17 Comunidades han reducido este porcentaje, siendo especialmente acusado este descenso en la Comunidad de Madrid (-10,18%) y Asturias (-6,72%), seguido de Extremadura (-5,93%) y Cataluña (-5,55%)”.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Nota de Prensa.

Para concretar de forma más cercana este gasto autonómico en políticas sociales, se puede observar lo ocurrido en 2021 (de mayor a menor), también muy significativo en relación con la sempiterna desigualdad territorial.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país.

Tengo que señalar que Andalucía, en referencia a lo expuesto anteriormente, comenzando por la inversión en Sanidad en 2021, figura en la situación que se detalla en el grafico siguiente, en el que se observa que las desigualdades territoriales son clamorosas, donde esta Comunidad ocupa un lugar nada favorable en gasto por habitante, 1.372,69€, la tercera por la cola, por debajo incluso de la media en España, con una diferencia negativa de 558,54€, respecto de Asturias y de 524,97€, en relación con el País Vasco:

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Anexo a la Nota de Prensa (la “p” minúscula indica que en esas Comunidades el Presupuesto anual estaba prorrogado).

En relación con el gasto en Educación, la situación es más favorable para Andalucía, aunque se repite de nuevo un mal endémico en el país: la desigualdad territorial. También es importante resaltar que a pesar de que Andalucía figura en tercer lugar en relación con el esfuerzo inversor, 23,5% sobre el presupuesto total de la Comunidad, por encima ligeramente de la media en España, 20,3%, queda todavía mucho por hacer cuando se analiza el gasto por habitante, 995, 81€, lo que significa 32,7€ por encima del gasto medio en el país, pero con un diferencial negativo de 370,68€ frente al gasto del País Vasco.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Anexo a la Nota de Prensa (la “p” minúscula indica que en esas Comunidades el Presupuesto anual estaba prorrogado).

Por último, se aborda en el informe citado el gasto en Servicios Sociales mostrando, como se puede comprobar una vez más, lo que verdaderamente tiene importancia en el gasto público de ámbito social, junto a las cuantías económicas, evidentemente, es la desigualdad territorial como un problema omnipresente que requiere un urgente abordaje de Estado sobre financiaciones finalistas. Andalucía con un porcentaje del 7,3%, está ligeramente por encima de la media, 7%, pero con un dato nada favorable en relación con el gasto por habitante, 308,55€, por debajo de la media de España, 332,80€ y con un diferencial negativo y clamoroso sobre Navarra, 309,25€, prácticamente la mitad de lo que se dedica en esa Comunidad a esta finalidad o respecto de La Rioja y Asturias, que ocupan el segundo y tercer lugar de la tabla.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Anexo a la Nota de Prensa (la “p” minúscula indica que en esas Comunidades el Presupuesto anual estaba prorrogado).

El pasado 15 de octubre publiqué un artículo, Andalucía sigue presentando datos muy preocupantes de pobreza y exclusión social, en el que afirmaba con rotundidad algo que estremece en este territorio, aunque no lo queramos leer o escuchar por su dureza: “Conocer con datos científicos que 2.738.318 ciudadanos y ciudadanas en Andalucía, es decir un 32,3% del total de población,  están viviendo la pobreza en sus vidas y, de forma más aguda, la pobreza severa, en un porcentaje del 8,1% del total, es decir, casi un millón y medio de personas, son cifras lo suficientemente elocuentes que confirman que algo no estamos haciendo bien en esta Comunidad, porque contra datos no valen argumentos” Conocer ahora estos datos sobre inversión real en gasto social en Andalucía, creo que incrementa nuestro desasosiego e incertidumbre desde la solidaridad que debemos mostrar con los andaluces y las andaluzas, niños y niñas de esta tierra, que están sufriendo el Estado de Malestar a diario.

Personalmente, tengo claro que hay que compartir datos para estar todos bien informados y que sólo con un gobierno de Estado o Comunidad Autónoma, pre-ocupado (así, con guion) por la desigualdad actual económica, laboral y social en la población, no cualquier gobierno, porque todos no son iguales, que dicte leyes con urgencia para solucionar esta situación transformando la sociedad española, podremos avanzar en derechos y libertades que mejoren las condiciones de vida para salir de la pobreza en cualquiera de sus estadios, que afectan a millones de ciudadanos en este país, de andaluces y andaluzas, niños y niñas sobre todo, los más desfavorecidos, los pobres severos, los nadies, que son los que más necesitan políticas sociales dignas del Estado del Bienestar. 

No pretendo aburrir con datos, porque para eso están los informes a disposición pública para quienes los quieran leer. Lo que sí pretendo al escribir estas líneas es volver a insistir en un hilo conductor tantas veces expuesto en este cuaderno digital: las políticas sociales no son inocentes y obedecen a intereses partidistas de cada Gobierno en particular, alejándose clamorosamente del interés general, objetivo constitucional que debe observar toda Administración Pública en el país, que depende del Gobierno correspondiente, no inocente, desdibujándose esta atención esencial en el país por las injustas desigualdades territoriales en la aplicación de estas políticas como se puede ver en cada informe que se publica en una u otra dirección, pero siempre con el denominador común del debilitamiento del Estado del Bienestar. O del Malestar, a la vista de lo que acontece a diario y muy cerca de cada ciudadano en su cada día.

UCRANIA, ¡Paz y libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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Los sueños jóvenes de África

XIV Festival de Músicas Urbanas en Anoumabo (FEMUA)

Sevilla, 8/VII/2022

Cuando todavía estamos recuperándonos anímicamente de lo sucedido en la frontera de Marruecos con España, en Melilla, donde murieron recientemente varias decenas de jóvenes subsaharianos, en su mayoría, que intentaban cumplir su sueños de vivir en un mundo mejor y más justo, he conocido una experiencia preciosa en Costa de Marfil, un lugar donde también está presente la migración descontrolada, a pesar de que hay un renacimiento de proyectos de jóvenes emprendedores en los que habitan sueños de realización personal, familiar y comunitaria que son la solución real y efectiva al problema de la citada migración hacia teóricos mundos mejores que, como comprueban la mayoría de las veces, no son tan reales ni se cumplen como muchos jóvenes quisieran, incluidas madres muy jóvenes que arriesgan su vida y las de sus hijos a pesar de todo, la mayoría de las veces en manos de mafias imperdonables y de tráfico de personas como en épocas de la esclavitud más feroz.

He conocido hoy algo que me ha emocionado porque creo que en experiencias como las que se narran en el reportaje en El País, Un continente donde los sueños tienen menos de 30 años, en su sección de blogs, en concreto, Planeta Futuro, porque he llegado a una isla desconocida que deseo compartir para su conocimiento, en su sentido más profundo. Además porque llevan razón: África no es un país, sino el continente con más futuro en el mundo. En el marco que ofrece el XIV Festival de Músicas Urbanas en Anoumabo (FEMUA), celebrado en Abril en Abiyán, Costa de Marfil, organizado por los miembros del legendario grupo Magic System y con ayuda de Europa, además de escenarios y música hubo “espacio para reflexionar, discutir y aprender a partir de las inquietudes de la población estudiantil de Costa de Marfil y sus países vecinos sobre el empleo, la probabilidad de conseguirlo o de lanzarse a los negocios. Por decirlo de otra manera, lo que se intenta desentrañar es la posibilidad de revertir los sueños de los jóvenes de África Occidental y cambiar la idea de migrar por la de aportar (incluso triunfar) en la propia sociedad”.

Me ha parecido una experiencia digna de admiración y una respuesta concreta, efectiva y digna al problema de la migración. Experiencias como estas son las que tienen que apoyarse por nuestro país, también, como símbolo de que deseamos erradicar la pobreza severa en África, convencidos de que allí se escribe y se diseña ya el futuro del mundo, aunque en un mundo de ciegos al color de la vida, no se quiera ver. Unas frases del reportaje creo que resumen el contenido fantástico de esta experiencia del FEMUA: “Son cientos los chicos y chicas de liceos de Abiyán que asisten a los foros matinales de este festival. Tienen menos de 18 años y prestan una desusada atención a los consejos de quienes hicieron el camino de emprender y les fue bien. Formulan preguntas y reciben respuestas certeras; por caso, Aziz, un adolescente de 15 años, que aprovecha la ronda de intervenciones del público para saber cómo debe actuar, en la práctica, para conseguir financiar su anhelo de vivir de lo que más le gusta en la vida: crear diseños de marroquinería. A él, Patricia Zoundi le ofrece el contacto de una diseñadora de accesorios de lujo que puede iniciarlo en la economía de escala de su sector. Así, en este espacio, hay intercambios de tarjetas de visita, se ceden contactos, se mencionan productos locales que han podido entrar al mercado con mayúsculas y se entretejen los primeros hilos de las redes”. Es importante resaltar que Patricia Zoundi sabe de lo que habla en este encuentro porque ella es cofundadora de la plataforma de transferencias Quick Cash y de Canaan Land, una compañía de agricultura inclusiva que busca integrar la producción de las pequeñas agricultoras en el mercado.

Una frase de este reportaje lo sintetiza todo en pocas palabras: “Por decirlo de otra manera, lo que se intenta desentrañar es la posibilidad de revertir los sueños de los jóvenes de África Occidental y cambiar la idea de migrar por la de aportar (incluso triunfar) en la propia sociedad”. Excelente hallazgo en mi viaje incansable hacia alguna parte, en patera, en busca de islas desconocidas que aporten valor a la sociedad para transformarla.

El festival FEMUA, fundado y dirigido por Salif Traoré, más conocido en el mundo musical como A’Salfo, líder del grupo Magic System, tiene claro cómo comprender bien los dos problemas principales de Costa de Marfil, el desempleo juvenil, rondando el 30% de la población en edad joven y la migración imposible. En una entrevista anterior, también publicada en El País, decía algo de sumo interés en relación con la edición este año del festival: “Cuando se quiere, se puede”, nos responde, si le preguntamos cuál es el desafío para quienes integran la diáspora europea, porque, “política, deportiva y culturalmente, hay muchas cosas por hacer”. Hay que saber volver para compartir, opina. “Y no hablo de la generosidad de donar dinero, hablo de compartir también la experiencia que uno ha obtenido”. Para A’Salfo, “mucha gente parte a Europa, y allí se quedan, se ‘integran’ (lo pronuncia con algo de sarcasmo) y se vuelven más blancos que los blancos”. El reto es, definitivamente, “regresar a África, ponerse al servicio de sus países e invertir en algo grande y bello por el continente”.

FEMUA nació para ayudar a los habitantes de Costa de Marfil con sus beneficios, fundamentalmente en las áreas de salud y educación. Prueba de ello es que gracias a lo recaudado, “han construido seis escuelas y, este año, se han comprometido a erigir otras tres, además de un centro maternal en el que se pueda parir con garantías sanitarias. Más de 8.000 niños, sobre todo de regiones rurales de Costa de Marfil, pueden ir ahora a escuelas cercanas a su domicilio, porque cuando un estudiante tiene que andar 5 kilómetros para ir al colegio va a dejarlo, o no come bien porque no puede volver a su casa al mediodía”, comenta el director”. Todo eso está bien, pero el desempleo y la migración existen en números desorbitantes, básicamente porque siendo un país muy rico en recursos naturales, la corrupción campea sus anchas. Ante esta realidad lacerante, que es una lacra mundial, Costa de Marfil ha hecho algo imprescindible, aunque nos parezca sorprendente en Europa: ha creado un ministerio de lucha contra la corrupción y un teléfono de denuncia: “Con un poco más de atención, la gangrena ha disminuido un poco”, afirman en la sede del Festival. Desde el 21 de abril de este año cuentan con un Ministerio de Fomento de la Buena Gobernanza y de la Lucha contra la Corrupción. Para no olvidarlo, junto con otro Ministerio de reciente creación, bastante aleccionador: de Reconciliación y Cohesión Nacional, en una ardiente impaciencia por la espera a que vuelvan algún día los jóvenes de Costa de Marfil que tuvieron que emprender un día ya lejano un viaje alguna parte que les permitiera cumplir un sueño joven, como el que correspondía a su edad.

Salif Traoré, fundador y director del FEMUA, conocido en el mundo musical como A’Salfo y líder del grupo Magic System, saltó al mundo en el Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en Rusia en 2018, con su archiconocida canción elegida como himno oficial por la FIFA, Siente la magia en el aire, de la que destaco una estrofa: siente la magia en el aire, / vamos, vamos, vamos, / pon las manos en el aire hacia arriba, / vamos, vamos, vamos // No es sólo para las clases altas, / mi amigo sí cumple con los estándares de normalidad / únete a nosotros, nos divertiremos // Venimos de Anoumabo / Venimos del ghetto / para hacer que más asistentes digan / vamos, vamos, vamos.

A’Salfo y su grupo Magic System, nos enseñaron y lo siguen haciendo desde Costa de Marfil, con su canción, Siente la magia en el aire, que otro mundo es posible…, incluso en su propio país: ¡vamos, vamos, vamos!

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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El desarrollo de los Servicios Sociales en Andalucía: un deber político urgente ante la nueva legislatura

Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2021 – Informe de Valoración del Desarrollo de los Servicios Sociales por Comunidades Autónomas 2021

Sevilla, 23/VI/2022

Ayer se publicó el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales que elabora anualmente la Asociación Estatal de Directoras y gerentes de Servicios Sociales, correspondiente a 2021, que se viene publicando anualmente desde 2012, cumpliendo este año su décimo aniversario. En este índice se hace balance de cómo han evolucionado los Servicios Sociales en una década en la que han ocurrido dos acontecimientos de indudable importancia y repercusión crítica: el descalabro económico que se inició en 2009, “con los grandes recortes presupuestarios que se prolongaron hasta 2014, y la gran crisis provocada por el covid19 en 2020 y 2021”. Según la citada Asociación , el resultado ha sido el siguiente:

Ordenación del Sistema: todas las Comunidades tiene Ley de nueva generación, salvo Madrid, que está en fase avanzada de elaboración. En 2011 sólo 11 Comunidades tenían Ley. Así mismo, si en 2011 eran 5 las Comunidades que tenían Catálogo de Servicios Sociales, en 201 son 9. Y frente a las 2 Comunidades con planificación estratégica en 2011, son 11 en 2021. 

Relevancia económica. Se incrementa un 26,2% el gasto por habitante y año (350 € en 2019 / 446,9 en 2020), así como 0,28 puntos porcentuales la significación sobre el PIB (1,60% en 2011 / 1,88% en 2020). Pero se reduce en 0,36 puntos el porcentaje del presupuesto que las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) destinan a servicios sociales (8,14% en 2011 / 7,78% en 2020). Cada vez es mayor el porcentaje de financiación local y menor la autonómica sobre el gasto total en servicios sociales. Si en 2012 esta proporción era 83,3% CCAA y 14,6 EELL, en 2020 pasa a ser 69,4% CCAA y 30,6% EELL. 

Prestaciones y servicios. Mejoran la mayor parte de los indicadores de cobertura, destacando la ratio de profesionales por habitante en las estructuras básicas (pasando de un profesional por cada 3.765 habitantes, de media, en 2012, a uno por cada 2.064 en 2021), y las plazas de alojamiento para personas sin hogar (34,5 por cada 100.000 habitantes en 2011, 41,2 en 2020). En el resto el incremento es reducido, como las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores (2,37% en 2011 / 2,70% en 2020) o la ayuda a domicilio (4,4% en 2011 / 5,1% en 2020). Hay incluso indicadores que empeoran en esta década: la intensidad de la Ayuda a Domicilio (19,3 horas de media mensual en 2011 / 17,8 en 2020) o los acogimientos familiares a menores sobre el total de acogimientos (60,4% en 2011 / 50,1% en 2020).

Si importantes son los resultados en el ámbito estatal y las consiguientes comparaciones entre Comunidades, quiero detenerme especialmente en el Informe de Valoración del Desarrollo de los Servicios Sociales por Comunidades Autónomas, 2021, por su especial incidencia en lo que ha sucedido en Andalucía y como una oportunidad para que desde el nuevo Gobierno y la oposición se trabaje ante sus resultados para plantear las mejores respuestas posibles. Siguiendo con los parámetros expuestos anteriormente como resumen general, la evolución del Índice DEC Andalucía 2’12-2021 obtiene una calificación global de DÉBIL (dec, 5,15), suponiendo una tendencia de contención, estable, al ocupar el puesto nº 11 en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales: “Su puntuación global se mantiene estable respecto a la anterior aplicación, todavía una décima por debajo del nivel alcanzado en 2017”.

Según el Informe y en relación con el primer parámetro citado, reconocimiento de reconocimiento de derechos y ordenación del Sistema, hay que recordar que “la Ley de 2016 y su planificación supusieron un importante avance para el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía. Pero la falta de aprobación del Catálogo cuatro años después, penaliza este apartado del Índice y le impide mejorar su clasificación. En cuanto a la relevancia económica. “aunque las Administraciones Públicas de Andalucía siguen reduciendo la relevancia económica de sus servicios sociales, en términos absolutos el gasto corriente por habitante y año aumentó un 6,74% en 2020 (401,36 €) respecto a 2019 (375,99 €), que sigue por debajo de la media estatal (446,93 €). Con un incremento de 28 décimas respecto al año anterior, el porcentaje que supone el gasto de la Comunidad y de las Entidades Locales en servicios sociales respecto al PIB regional alcanzó el 2,26% en 2020, superando el de años anteriores, manteniéndose por encima de la media estatal (1,88%), como ocurre de manera sistemática”.

Otro apartado importante es el porcentaje del gasto en servicios sociales que realiza la Junta de Andalucía y las Entidades Locales (EE.LL.) de Andalucía, porque aunque “es superior a la media estatal (+0,28 puntos), registra un fuerte descenso de 1,83 puntos en 2020 (8,06%) respecto al año anterior (desciende en 2020 1,83 puntos respecto al año anterior (9,89%). La Junta de Andalucía aporta el 71% del presupuesto total de los servicios sociales en esa Comunidad, mientras que el 29% restante corresponde a las Entidades Locales de su territorio. Unos porcentajes muy parecidos a los que se registran, como media, a nivel estatal, aunque la significación del presupuesto de la Junta es 1,9 puntos superior y, en consecuencia, la de las Entidades Locales 1,9 puntos menos”.

Asimismo, hay cuatro aspectos importantes en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, en los que destaca Andalucía:

– La cobertura de su red de servicios sociales comunitarios, con un profesional por cada 1.810 habitantes, cuando la media estatal es de uno por cada 2.064.

– La Atención a la Dependencia, con una puntuación de 7,5 puntos en la Escala del Observatorio de la Dependencia, la tercera más alta de todas las Comunidades.

– La cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio, del que se benefician en Andalucía el 6,8% de las personas mayores de 65 años, frente al 5,1% de media estatal.

– El Servicio de Teleasistencia, que alcanza al 15,3% de las personas mayores de 65 años (10,0% de media estatal).

Sin embargo, hay que señalar también los principales déficits de cobertura:

– La cobertura de sus Rentas Mínimas de Inserción, que solo alcanzaban al 5,4% de la población bajo el umbral de la pobreza en Andalucía, frente al 9,0% de media estatal.

– Las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años, con una cobertura del 1,96%, frente a 2,65% de media estatal.

– Las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con 7,1 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección en Andalucía (11,4 de media estatal).

– Las plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 25 plazas por cada 100.000 habitantes en Andalucía, frente a 41,2 de media estatal.

Creo que lo expuesto anteriormente son datos fiables para comenzar a diseñar, Gobierno y Oposición, una agenda de atención urgente y prioritaria a los Servicios Sociales en Andalucía, constatándose también que es un problema de Estado, porque las desigualdades entre Comunidades son clamorosas, tal y como se puede analizar con detalle en los índices citados. Se deberían abordar con carácter de urgencia también, normas sustantivas que establezcan índices mínimos de atención inexcusables para salvaguardar el interés general en los servicios sociales del país.  

Una vez más y visto lo expuesto en los dos informes de referencia, vuelvo a reivindicar mi sueño de que es posible transformar la sociedad andaluza, no sólo cambiarla, estando muy cerca de los nadies de Galeano, en particular, a los que no olvido, así como de la lucha por un mundo y un país mejor. Lo digo porque creo que entre todos podemos construir una sociedad mejor, sin excluir a nadie en esta preciosa tarea, en la que los servicios sociales atienden a los que más lo necesitan, en un equilibrio digno de salvaguarda del interés general. Los déficits sociales señalados, entre otros muchos, son un test para comprobar dónde estamos y qué debemos hacer. Ya no hay excusas.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022 / 3. Austeridad, por encima de todo

Sevilla, 19/V/2022

El pasado 29 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Orden de 28 de abril de 2022, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones por gastos electorales y el límite de los mismos para las elecciones al Parlamento de Andalucía a celebrar el día 19 de junio de 2022. Es un botón de muestra de una parte del coste de este proceso electoral, pero de sumo interés general para conocer las cantidades que se destinan a “las subvenciones y los límites de los gastos electorales de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores y electoras que concurran a aquellas [elecciones], según dispone la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, en sus artículos 45 y 47. Es importante señalar que en la citada disposición se fijan los límites de los gastos electorales que podrá realizar cada partido, federación, coalición o agrupación de electores y electoras en las elecciones al Parlamento de Andalucía del día 19 de junio de 2022, que “será la cantidad en euros que resulte de multiplicar por 0,4511 el número de habitantes correspondiente a la población de derecho de cada una de las circunscripciones donde aquéllos presenten sus candidaturas, de acuerdo con el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021, con efectos desde el 31 de diciembre de 2021”.

En este sentido, “los límites correspondientes a cada una de las circunscripciones que integran la Comunidad Autónoma de Andalucía serán los siguientes:

Límite de gastos electorales por circunscripciones en las Elecciones Generales al Parlamento de Andalucía 2022 – Elaboración propia sobre la publicación oficial en el BOJA extraordinario núm. 16, de 29 de abril de 2022.

Hasta aquí, estos son los marcos legales y a ellos se sujeta en la actualidad el Gobierno andaluz que, al menos, ha tenido en cuenta la coyuntura actual, en un escenario de incertidumbre financiera general, por lo que ha considerado hacer un ejercicio de contención de costes, no incrementando las “cantidades correspondientes a gastos electorales” en esta convocatoria, por lo que se mantienen las cantidades establecidas en las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas en 2028, actualizando sólo el límite de los gastos electorales teniendo en consideración las cifras de población recogidas en el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021.

En este contexto, he vuelto a leer con atención el artículo que escribí el pasado febrero, sobre el informe territorial de sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, de 2022, Sabemos dónde están los pobres en Andalucía, que recoge los resultados de la encuesta sobre integración y necesidades sociales llevada a cabo en 2021 por Cáritas y la Fundación FOESSA. Ante la situación descrita en el mismo, deseo hacer hoy una llamada de atención a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores y electoras que concurran a las próximas elecciones generales al Parlamento de esta Comunidad, para que no olviden esta realidad social en Andalucía que detallo en el citado artículo, como una realidad que deberían tener presente ante estas subvenciones y límites de gasto electoral, al recibir dinero público a tal efecto. Al menos, como una muestra de sensibilidad ante esta lacerante situación.

Lo expuesto anteriormente en relación con las subvenciones y los límites de los gastos electorales de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores y electoras que concurran a las elecciones citadas, son sólo un pequeño botón de muestra del gasto general que conlleva esta convocatoria. Si ya hemos reflexionado en esta serie sobre ideologías, la no igualdad en las responsabilidades políticas y sobre la evaluación de los programas de acción política como marco de referencia para una legislatura, para que se pueda emitir un voto bien informado, deseo abordar ahora el gasto de la próxima campaña electoral, que tiene un contexto público y privado de importancia extrema en tiempo de crisis, es más, ejemplarizante en el ámbito del principio de austeridad política que debería presidir estas elecciones.

En primer lugar, por responsabilidad pública y privada ejemplarizantes. La política no gana siempre por tener un partido más dinero que otros sino, , fundamentalmente, por el respeto a las ideologías cuando son consecuentes y por la forma de proceder ante la situación de contexto económico en el que se encuentra ahora la Comunidad. Sería irresponsable hacer una exhibición de medios en un tiempo revuelto por la traída y llevada crisis económica y social derivada de la pandemia y con carácter más próximo, la invasión de Ucrania, así como por la corrupción y por el gasto público no controlado ni todavía evaluado en muchos supuestos, cuando existen hoy alternativas de foros públicos y privados que con un gasto digno pueden albergar encuentros multitudinarios presenciales y, sobre todo, a través de redes sociales o alternativas gratuitas de comunicación, mensajería y wasap, por ejemplo, debiéndose eliminar el buzoneo que tan costoso es, como un gran botón de muestra.

En segundo lugar, es el tiempo de utilizar de forma genérica las tecnologías de la información y comunicación, que supone un ahorro espectacular en el poder de convocatoria de las campañas de cada partido. Es una realidad social que el analfabetismo tecnológico se ha alejado de Andalucía y solo un sector reducido de personas mayores que pertenecen a la generación atómica, no digital, podría verse más afectada, aunque siempre he pensado que todo abuelo o toda abuela siempre tiene nietos o nietas, que les pueden explicar todo lo que ocurra en la etapa de campaña electoral en Andalucía, sin que se pierdan casi nada por carencia de medios digitales. En cualquier caso, sería un detalle por parte de los partidos políticos en liza que tuvieran en cuenta los problemas de accesibilidad a la información electoral en diferentes ámbitos de población en Andalucía. Y en tercer lugar, porque la política tiene que recuperar espacios personales de encuentro, presenciales y virtuales, que se formen en la presentación en sociedad de la dignidad personal de los máximos representantes políticos que son candidatos o candidatas a entrar en el gobierno de Andalucía, donde destaque sobre todo su ilusión por regenerar la vida política con efectos ejemplarizantes y escuchando a la ciudadanía, donde una vez más las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel esencial y estelar en términos de transparencia cuando se presenten los programas. Si se hace así, el gasto en las campañas en estas elecciones que ya están detrás de la puerta, puede ser un revulsivo para los llamados a votar de forma responsable, porque se apreciará y mucho que el poderoso caballero don dinero, «que quebranta cualquier fuero», ya no es imprescindible para ganar votos. Fundamentalmente, porque la ciudadanía dejará de ser tratada como mercancía y porque la transparencia no es un portal web sino una actitud política que se mantiene en el tiempo y respeta a las personas en derechos y deberes políticos de participación ciudadana en el gobierno de la Comunidad. Ahora, en la presentación de los programas electorales.

Defiendo, sobre todo, la regeneración en los encuentros personales, en el boca a boca celular de la realidad social en la que se mueven las ideologías de las personas que van a ser candidatos y candidatas a presidir el gobierno andaluz, de sus programas, aunque todavía tengamos que contemplar listas cerradas por imperativo categórico legal. Una buena célula hace un tejido, un órgano y un sistema. Si se respeta esta cadena política digna y ética con ayuda de las TIC, estoy seguro de que todo el mundo percibirá que la campaña electoral ha merecido la pena. Un político digno “es un ejemplo siempre de seriedad, gravedad y decoro en la manera de comportarse, es decir, manifiesta pureza, honestidad y recato; se aprecia y defiende su honra, estimación, modestia, mesura y circunspección, entendida ésta como atención, cordura y prudencia ante las circunstancias, para comportarse comedidamente”. Así lo he escrito en este cuaderno al referirme a las personas dignas, porque creo en ellas, en cualquier sitio que ocupen en la sociedad actual. Por extensión, a personas políticas austeras.

Estoy convencido de que lo que tiene más valor en una campaña electoral es la dignidad política en general, por mucho que a algunos la desprecien por el alto precio ético que hay que pagar, sin confundir, como todo necio, valor y precio. Si se une la dignidad a la austeridad, el triunfo ético de la próxima campaña electoral estará asegurado. Esa es la cuestión, porque las campañas electorales nunca son inocentes y las ideologías auténticas y democráticas no deberían olvidarlo jamás.

NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, publicado en 2020 por la ONG Save the Children. 

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

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Pegasus o el mundo digital al revés

NSO Group

Sevilla, 4/V/2022

Es muy importante conocer la empresa que está detrás del programa de software espía Pegasus, NSO Group, para emitir juicios bien informados sobre los últimos acontecimientos de espionaje de Estado que hemos conocido en nuestro país. Fue fundada por tres exmilitares israelíes pertenecientes a la unidad especializada en SIGINT o inteligencia de señales de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), cuyas iniciales de sus apellidos, Niv Carmi, Shalev Hulio y Omri Lavie (NSO), conforman la denominación del grupo empresarial, siendo importante señalar que el programa Pegasus necesita siempre la autorización del Ministerio de Defensa de Israel para poder ser vendido a terceros. En su página web oficial, aparece en el apartado de Noticias una muy reciente, de 1 de abril de 2022, en la que se informa que la revista TIME dio a conocer el pasado 31 de marzo las 100 empresas que tienen un impacto extraordinario en todo el mundo, “elegidas por su relevancia, impacto, innovación, liderazgo, ambición y éxito en sus respectivas industrias y por su participación en la configuración del futuro. NSO Group se enorgullece de ser una de estas 100 empresas más influyentes y una de las dos empresas israelíes en esta lista. Es un honor y un orgullo que los editores y corresponsales de TIME en todo el mundo, así como los expertos de la industria, reconozcan a NSO Group por su liderazgo, innovación y el impacto que está teniendo. Nuestros empleados continuarán desarrollando y brindando a nuestros clientes nuestras tecnologías para salvar vidas que son esenciales para la seguridad global”. En concreto, NSO Group figura en el apartado dedicado a “disruptores”, personas u organizaciones que rompen con lo habitual mediante “un proceso o un modo de hacer las cosas que supone una “rotura o interrupción brusca” y que se impone y desbanca a los que venían empleándose” (1).

La empresa NSO informa en su página web oficial que su Misión es “trabajar para salvar vidas y crear un mundo mejor y más seguro”, junto con cuatro valores perfectamente identificados: responsabilidad, adoptando un enfoque pionero para aplicar estándares rigurosos y éticos en todo lo que hace: “nuestra metodología de investigación de antecedentes incluye un estricto proceso de concesión de licencias de la autoridad de control de exportaciones pertinente, así como una revisión interna detallada y estructurada conforme a nuestra Política de derechos humanos, que revisa y proporciona recomendaciones y decisiones para cada oportunidad de marketing. Nuestro proceso establece un punto de referencia para la industria”; integridad: “estamos comprometidos con el uso adecuado de nuestra tecnología, para ayudar a las agencias gubernamentales de seguridad e inteligencia a proteger a sus ciudadanos contra el terror, el crimen y otras amenazas importantes a la seguridad. Tomamos este compromiso con seriedad e investigamos cualquier acusación creíble de mal uso del producto”; excelencia: “tenemos un historial de éxito. Nuestra tecnología ha ayudado a los gobiernos a salvar miles de vidas, prevenir ataques terroristas, acabar con los principales delitos y hacer del mundo un lugar más seguro y, finalmente, audacia: “creemos que el éxito debe ser intrépido. En NSO, junto con una comprensión profunda de nuestras responsabilidades comerciales, hacemos hincapié en ser audaces pero responsables”.

He querido profundizar en el conocimiento de la empresa propietaria del programa Pegasus porque muchas veces se ataca sin piedad a estos avances científicos que, en este caso como en muchos otros, con una correcta utilización, pueden ser muy beneficiosos para la humanidad, como así se le reconoce. El problema radica en el uso inadecuado de los mismos, al ser tecnologías de doble uso. NSO desarrolla programas de amplio espectro “para ayudar a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir el terrorismo y el crimen” para que puedan abordar legalmente los problemas más peligrosos del mundo actual. Aplicando el principio de realidad, estos programas ayudan a “prevenir el terrorismo, incluida la violencia armada, los coches bomba y los terroristas suicidas en centros de transporte, parques públicos, mercados, salas de conciertos, estadios deportivos y otras áreas públicas”. También, a “desmantelar la pedofilia, las redes de tráfico sexual y de drogas y las operaciones de lavado de dinero, encuentra y rescata a niños secuestrados y asiste a los equipos de búsqueda y rescate de emergencia (SAR) en la localización de sobrevivientes atrapados debajo de edificios derrumbados a raíz de desastres naturales o fallas en la construcción”.

El recorrido empresarial de NSO no es que deje tranquilo a nadie, porque en la actualidad es propiedad de un fondo de inversión americano y de dos de sus fundadores, que lo volvieron a comprar en una parte significativa del mismo. Las acusaciones de espionaje fraudulento por parte de la empresa ha sido una constante en los últimos años, habiendo sido calificada negativamente por el Gobierno de los Estados Unidos en época reciente, aunque el reconocimiento otorgado en TIME es también una contradicción americana de amplio espectro. Sabemos que la Administración del presidente Joe Biden incluyó el año pasado a NSO en la lista negra de empresas vetadas en contratos públicos, mientras que la prestigiosa revista TIME la eleva a los altares del progreso digital. El mundo al revés, digital por supuesto, está servido: con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies, que diría Eduardo Galeano.

Una cosa más. Pegasus fue creado en 2011 y desde entonces se sabe que NSO lo ha vendido a 60 agencias militares, de inteligencia o de seguridad, en 40 países de todo el mundo, entre los que está España. Volvemos a encontrarnos con un “clásico digital” ante lo sucedido en estos días en nuestro país, es decir, el uso indebido de tecnologías que nacen precisamente para un buen fin y acaban utilizándose en muchas ocasiones para otro bien distinto. He citado en bastantes ocasiones en este cuaderno digital esta dialéctica digital, con un ejemplo que vale más que mil palabras. Cuando he tratado el constructo inteligencia digital, ya he señalado en muchas ocasiones un hecho irrefutable que, ahora con Pegasus, se hace más patente: junto a la correcta utilización de las tecnologías digitales, es de imperiosa urgencia y necesidad superar el uso no racional de las mismas, entendida la citada inteligencia digital, en una de sus acepciones, que he definido durante muchos años y en diferentes publicaciones, como la “capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando han superado la dialéctica infernal del doble uso”, que lo ejemplificaba con un dato clarificador al respecto: la utilización de los descubrimientos electrónicos para tiempos de guerra y no de paz, como en el caso de los drones o de la fabricación de los chips que paradójicamente se usan lo mismo para la última versión de la consola PlayStation que para los misiles mortíferos Tomahawk. Ese es el principal reto de la maravillosa inteligencia, digital por supuesto, porque vivimos en la sociedad red, que puede ser a la vez maravillosa o malvada, en función de cómo se use.

Utilizando la simbología que nos proporciona la mitología griega, muchos jinetes internacionales han montado sobre Pegasus, como Belerofontes redivivos, para matar a la Quimera del Mal de cada territorio donde se ha aplicado. Tal ha sido su mala fama, que ha acabado siendo odiado por muchos que en su momento lo utilizaron, aunque aspiraron alguna vez a ascender hasta el Olimpo Político de cualquier cuño, a lomos de él. Sin embargo, el tábano de la democracia ha clavado ya su aguijón en el lomo de Pegasus y los beloforontes actuales van cayendo de Pegasus uno tras otro, aunque todavía quedan jinetes que lo montan a diario sin escrúpulo alguno. A pesar de todo, muchos mandatarios actuales de diferentes Gobiernos, una vez descabalgados, añoran reencontrarse con Pegasus en la constelación que, finalmente, encontró este caballo alado para perdurar en la mente de todos. También, porque en la mente de estos poderosos mediocres se aloja la idea de que el ocaso de la democracia está más cerca de nosotros de lo que pensamos y sin necesidad siquiera de volar a lomos de Pegasus, sin ir más lejos. Estamos avisados.

(1) «disrupción», «disruptivo» y «disrumpir» | FundéuRAE (fundeu.es)

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¿Existe una estrategia de Estado en relación con los riesgos digitales?

Escena de la póliza en Una noche en la ópera

Sevilla, 2/V/2022

Sabemos desde el comienzo de la revolución digital que las tecnologías son siempre de doble uso. Muchas veces lo he explicado en este blog, con ejemplos clarificadores y con reflexiones desde la perspectiva de administrador público en el ámbito general y digital durante bastantes años en la Administración Pública de Andalucía. Estoy convencido de que los ordenadores, el software y el hardware inventados por el cerebro humano, es decir, el conjunto de tecnologías informáticas que son el corazón de las máquinas que preocuparon y mucho a Nicholas Carr, por ejemplo, de forma legítima y bien fundamentada, permiten hoy creer que llegará un día en este “siglo del cerebro”, no mucho más tarde, en que sabremos cómo funciona cada milésima de segundo, y descubriremos que somos más listos que los propios programas informáticos que usamos a diario en las máquinas que nos rodean, porque la inteligencia digital desarrolla sobre todo la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía. De esta forma, seremos capaces de dar respuesta desde la gestión de riesgos digitales a la dialéctica infernal del doble uso de la informática, es decir, la utilización de los descubrimientos electrónicos para tiempos de guerra y no de paz, como en el caso de los drones o de la fabricación de los chips que paradójicamente se usan lo mismo para la consola PlayStation que para los misiles Tomahawk. Ese es el principal reto de la inteligencia ante la necesaria ciberseguridad que se debe desarrollar desde el Estado, para salvaguardar el interés general de la ciudadanía.

En este contexto, estoy siguiendo de cerca el problema de Estado que ha surgido en este país con motivo del espionaje detectado en teléfonos de líderes independentistas a través del programa Pegasus, que alcanza hoy cotas de preocupación extrema al haberse detectado también una intrusión ilegal en los teléfonos móviles del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa. Algo grave está pasando en el mundo del que, una vez parado, se quería bajar con frecuencia Groucho Marx, aunque él ya lo había advertido: “Inteligencia militar son dos términos contrapuestos» (Un día en las carreras). El problema enunciado no es sólo de corte tecnológico, sino más bien humano, de derechos y deberes digitales, en el pleno sentido del término, siendo conveniente analizarlo en profundidad, porque no está tan lejos de nosotros, de nuestro país, del Estado, de nuestra Administración, de nuestras casas, de nuestros perfiles digitales. En un contexto de efectos incalculables, quiero reforzar hoy más que nunca la teoría crítica digital de que las tecnologías y las comunicaciones tienen que planificarse y gestionarse de forma estratégica y con carácter prioritario en el Estado y en la Administración Pública, como garantía de un Estado de derecho y constitucional en relación con la relación que establecen los ciudadanos con el Estado a través de cualquier Administración Pública, porque la condición humana, simbolizada en hackers, crackers y demás figuras antológicas, o en cualquier funcionario desencantado, puede entregar a intereses espurios, más o menos oscuros, la quintaesencia de las personas, su confidencialidad o la privacidad del Estado de derecho. Así de claro.. Hablo de gestión del riesgo antecedente, de Estado, corporativa, con dimensión estratégica y no de gestión del riesgo consecuente, un problema en el que cada al final, cualquier unidad directiva o centro de gestión pública tiene que buscarse la vida como pueda.

Pero ¿cómo ponemos puertas al campo digital? Desde hace muchos años, vengo defendiendo la necesidad de gestionar los riesgos digitales desde una vertiente muy profesionalizada en el Estado y en su Administración Pública. En el mundo profesional en el que he desarrollado mi trabajo durante más de treinta años, concretamente en la Administración Pública de Andalucía, siempre he tenido presente a uno de los precursores de la revolución digital en el último cuarto del siglo pasado, Nicholas Negroponte y que hoy cobra especial actualidad en una manifestación suya que no he olvidado: “La próxima década [hablaba de final del siglo XX] será testigo de un sinnúmero de casos de abusos de los derechos de propiedad intelectual y de invasión de nuestra intimidad. habrá vandalismo digital, piratería del software y robo de información” (El mundo digital). Y siempre he planteado que se pueden adoptar dos decisiones estratégicas al respecto: la primera, la propugnada ya por Groucho Marx en Una noche en la ópera, cuando vende una póliza a un maletero del barco, que no cubre nada…, en una escena hilarante que siempre perdió fuerza ante la del camarote. Es decir, la cobertura del riesgo consecuente, como actitud tan castiza en España: sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena:

– O.B. DRIFTWOOD (Groucho Marx): Fíjese en ese guardabarros, está completamente abollado. Tendrá que pagarlo, amigo. ¿Qué número tiene usted?, ¡el 32, eh…! ¿Está asegurado?. ¿Que si tiene seguro?

– C.: No señor

– O.B. DRIFTWOOD (G.M.): Es usted el hombre al que andaba buscando. Llevo aquí una póliza que le protegerá contra todo accidente imprevisto. Por ejemplo, pierde una pierna y nosotros le ayudamos a encontrarla y solo le costará… ¿Qué lleva usted ahí? ¡un dólar!, ¡suya es la póliza!

La segunda decisión se refiere a la profesionalización de la planificación estratégica de la política y gestión de riesgos digitales, como dos escenarios que tienen que estar esencialmente diferenciados y que están obligatoriamente obligados a entenderse. La gestión de riesgos digitales es una función especializada dentro de la Administración Pública que tiene como objetivo gestionar globalmente la protección de los Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación, en su relación con los ciudadanos y en aplicación estricta de los marcos legales actualmente establecidos por el Estado, en primer lugar, con carácter sustantivo y por las Comunidades Autónomas también, atendiendo cada una a sus peculiaridades, cuestión diferenciadora que debe cuidar muy bien el legislador.. Además, los criterios clave de selección para el modelo organizativo a aplicar se pueden sintetizar en que todas las funciones se tienen que centralizar estratégicamente en el Estado y proyectarlas en cada Comunidad Autónoma a través de Organismos especializados a tal fin, así como de la implantación de lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, agrupando responsabilidades orientadas a procesos, en la aplicación práctica descentralizada en cada Comunidad Autónoma, Diputación y Municipio, y con una gestión estratégica bajo el concepto de “Separación de Responsabilidades” (“Separation of Duties – quien administra/gestiona no opera”).

¿Estaremos ya viviendo la plenitud de una nueva ciencia de la inestabilidad, del riesgo, en el marco científico que expuso Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, en el pasado siglo? Es el saber de la persona instruida lo que la libera, mediante la gestión del conocimiento, lo que permite desdramatizar las planificaciones, programaciones, ejecuciones y evaluaciones del Estado y de su correlato, la organización llamada Administración o también de las empresas porque vivimos en un mundo contingente, caótico, inseguro, cambiante, complejo, inestable e incierto, es decir, en un universo de riesgo, tanto en azar como en necesidad. La inteligencia creadora es la que da forma al saber, es decir, damos un voto de confianza al ser humano frente a los factores y medios de producción tradicionales. El capital y la producción, no son la quintaesencia de las organizaciones. Queda una gran tarea en el Estado y en la Administración Pública, que pasa indefectiblemente por crear una nueva cultura directiva y organizativa ante el Riesgo de azar y de no-azar, de la protección de datos de carácter personal, en el esquema que ya estableció Miccolis (1996), o quizá también reinventando la propia Gerencia de Riesgos, a través de un nuevo paradigma basado en el de Williams (1996), estando muy atentos al discurso mundial que se abre en la actual incertidumbre y ante la necesidad de no estar ajenos a la realidad del año 2022 y venideros. Los seres humanos seguimos siendo los propios gestores de nuestro futuro, con la ayuda de las nuevas tecnologías: el saber, hoy, es el único recurso significativo (Drucker).

La cultura digital debe defender siempre un principio muy claro: reforzar la confianza de las personas en el uso de las TIC, garantizando, entre otras cosas, una respuesta mundial y europea mejor coordinada ante los ciberataques, el robo de la identidad, el correo no solicitado y las múltiples acciones de ciberdelincuencia en redes sociales y telefonía móvil. La definición de las políticas y la gestión de los riesgos digitales, debe ser un compromiso firme del Estado, en dos campos diferenciados de forma rotunda, es decir, no puede haber gestión de riesgos digitales en España sin definición de políticas en el sentido estricto del término, que tiene que concretarse a corto plazo en el marco que hay que cuidar del Esquema Nacional de Seguridad, en clave de lo que llamo habitualmente, en diferentes acciones, “prisa pública digital”. Personalmente estoy convencido de las bondades de la gestión pública de los riesgos digitales, porque pertenezco a la escuela pública de gestión del riesgo antecedente antes que del consecuente, y las declaraciones públicas en tal sentido tienen que ser reforzadores claros para recuperar la citada confianza de las personas en la acción diaria del Estado y en la utilización de los servicios públicos por parte de la ciudadanía, en clave de fidelización digital de las personas que consumen productos digitales públicos, objetivo a alcanzar en el más breve plazo de tiempo posible, basado exclusivamente en principios de transparencia, participación y colaboración. Y en esta mesa digital no hay que excluir a nadie, desde la perspectiva pública y privada. Lo aprendí del Profesor Sánchez Vázquez en su obra Ética, hace muchos años: el oro tiene valor porque las personas consumidoras se lo hemos dado a lo largo de los siglos. Sin ese valor humano hoy no tendría precio, se des-preciaría [sic]. Como los bits, como Internet. Sin embargo, se ha dado un paso más en la historia: no todos los bienes se han declarado como derechos inalienables a la persona. El oro no lo es, por mucho que se promocione en campañas de usura. Pero la accesibilidad a Internet se reconoce ya como un derecho y no mercancía pura y dura para ser y estar en el mundo, porque toca a la inteligencia de las personas. Una gran obra humana, a apuntar en cualquier agenda pública digital, por supuesto.

A Groucho, solo deberíamos recordarlo por su excepcional sentido del humor inteligente, no por su sentido práctico y muy extendido, más de lo que parece, de cobertura del riesgo antecedente y consecuente mediante acciones que no sirven para nada, a pesar de que hoy sea una metáfora muy esclarecedora su famosa póliza de un dólar. Gestionando el riesgo digital, sobre todo, a través de la declaración de políticas digitales de Estado por medio de decisores públicos en las Cámaras legislativas y empleados públicos forjados en ética pública digital, no solo transfiriendo esta responsabilidad de Estado a programas informáticos muy sofisticados y máquinas complejas. Otra vez más, no confundiendo, como todo necio, ordenación digital con organización digital, antecedente con consecuente, valor y precio, porque nos damos cuenta con lo que ha pasado con el Presidente del país, que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena o cuando se abolla un baúl en un choque con otro, y pensamos que esa contingencia no estaba asegurada o protegida convenientemente. Al buen entendedor del ciberriesgo con pocas palabras basta. Probablemente, una ley de vida digital en nuestro país sería un revulsivo importante para cuidar hasta el extremo la gestión pública de los riesgos digitales antecedentes y consecuentes que pueden llegar a afectar a cada persona de este país a lo largo de su vida, en defensa a ultranza del interés general digital de la ciudadanía, que también existe, al que deberíamos aspirar en el marco constitucional del Estado.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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El drama humano en las listas de espera de la dependencia

Paco Roca, Mural en el Metro de Madrid (estación Plaza de Castilla), en homenaje a las personas mayores en tiempos de COVID, 2020

Sevilla, 17/I/2022

Escribo de nuevo sobre una realidad lacerante en este país. Me refiero al llamado “limbo de la dependencia”, que traduce la situación en la que se encuentran centenares de miles de personas en lista de espera, pendientes de recibir la prestación correspondiente al derecho ya reconocido, tal y como prevé la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), conocida vulgarmente como Ley de Dependencia. El pasado 14 de enero, la Asociación Estatal de Gerentes y Directores en Servicios Sociales publicó una Nota de Prensa que no deberíamos pasar por alto, por la gravedad de lo que allí se manifiesta en titulares que sobrecogen por su dureza:

  • Fracasa el objetivo de reducir la lista de espera del plan de choque de la dependencia.
  • Tres Comunidades Autónomas impiden cumplir el objetivo del plan de choque del Ministerio de Derechos Sociales.
  • Solo 38.807 personas menos en lista de espera frente a las 60.000 que planteaban como objetivo.
  • Constatamos que aumentan los beneficiarios en 97.912 (+8,71%). A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención.
  • 46.671 personas fallecieron el año pasado en las listas de espera de la dependencia.
  • Se está abandonando sin atenciones a las 392.690 personas que están a la espera de un procedimiento.
  • El tiempo de espera medio es de 421 días, 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos).

La lectura detallada de esta Nota refleja la situación en la que se encuentra en la actualidad la aplicación efectiva de la llamada Ley de Dependencia, con datos que son razones más que suficientes para que se estableciera una evaluación y control urgente de lo que se refleja en ellos y para actuar en consecuencia. Lo más llamativo son, sin lugar a dudas, los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, sobre las 46.671 personas que fallecieron en 2021 y que estaban en las listas de espera de la dependencia (28.192 dependientes con derecho pendientes de prestación y 18.479 pendientes de resolución de grado), parte de un limbo descarnado y de difícil comprensión humana, lo que se traduce en que 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos).

Como se puede observar en la tabla siguiente, la desigualdad en el territorio español es verdaderamente alarmante en el caso de fallecimiento en lista de espera, debido a múltiples causas que ya abordé en un artículo del pasado año, en el que traté del impacto de la pandemia en las personas mayores de acuerdo con el informe anual correspondiente del IMSERSO, que este año ya se ha publicado también y que arroja bastante luz sobre la situación en el país desde el inicio de la pandemia.  

A pesar del carácter escueto de la citada Nota, los datos que ofrece son muy importantes y significativos, resaltando que la aplicación de la Ley sigue teniendo un impacto desigual en el país, como se puede apreciar en el detalle siguiente, utilizando los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), respecto de la Monitorización de la Mortalidad y la Información Estadística General, cerrados a 31 de diciembre de 2021:

  1. Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%); y las que menos Castilla y León (0,17%), Castilla La Mancha (4,51%) y Galicia (5,82%).
  2. Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%) han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque. Las tres comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%).
  3. Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año han sido la C. Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). Por el contrario, en País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición disminuyendo el número de beneficiarios.
  4. Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: C. Valenciana (+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9%.
  5. Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, – 1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente.
  6. A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención. Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento.
  7. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia. Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 46.671 personas que fallecieron este pasado año, el plan de choque no les llegó a tiempo.

En el punto sexto anteriormente expuesto, se hace un planteamiento de emergencia social que se debería atender sin más dilación: El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Como manifestaba en mi artículo de febrero de 2021, lo que se desprende de estos datos es la urgente necesidad de evaluación de lo ocurrido, con objeto de que el Estado y las Comunidades Autónomas tomen con urgencia legal, económica, evaluadora, ética y pública las medidas necesarias para erradicar las situaciones de gran vulnerabilidad que se ha observado en el tiempo transcurrido y donde los datos pueden ayudar a esclarecer la situación y devolver la dignidad necesaria a las personas mayores que pueden verse afectadas por su situación tan precaria en muchas residencias y domicilios del país. Sirvan estas palabras como acicate para corresponsabilizarnos todos en la llamada de atención al Estado sobre la situación actual de las personas mayores.

Espero con la ardiente paciencia aprendida de Neruda que nuestros gobernantes trabajen sin descanso sobre un Pacto de Estado de Atención Integral a las Personas Mayores, en beneficio de todos pero, sobre todo, de los que más siguen sufriendo la pandemia en su pasado, presente y futuro si no se pone antes remedio público: las personas mayores. Lo decía también en el artículo de la serie que bajo la pregunta genérica ¿Es España un país para personas mayores?, publiqué en febrero de 2021, centrado en el ámbito de la pandemia: “Es alarmante constatar que todavía no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas. Creo que ha llegado el momento, por transparencia y dignidad pública, que se sepa la verdad de lo ocurrido desde el principio de la pandemia hasta el momento actual, a la mayor brevedad ética posible”.

Una de nuestras obligaciones como ciudadanos es emitir juicios bien informados, dado que la transparencia pública de la información veraz es donde radica el gran secreto de la evaluación pública y personal, como es ahora mi caso. Escribir hoy esta reflexión forma parte de mi compromiso intelectual en este cuaderno digital, poniendo en común mi conocimiento compartido, el que nos permite resolver problemas de todos los días, los que verdaderamente preocupan en el quehacer y quesentir diario. Lo entiendo así porque cada persona que toma conciencia de su capacidad para responder a las preguntas de la vida, desde cualquier órbita, sobre todo de interés social, tiene un compromiso escrito en su libro de instrucciones: no olvidar los orígenes descubiertos para revalorizar continuamente la capacidad de preocuparse por los demás, sobre todo los más desfavorecidos desde cualquier ámbito que se quiera analizar, porque hay mucho tajo que dignificar. Hoy, las personas dependientes, para que antes de fallecer puedan recuperar la capacidad de vivir dignamente con el tiempo que les corresponda disfrutar en su persona de todos y, sobre todo, en la de secreto. La dignidad humana lleva siempre el tiempo dentro.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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Transparencia presupuestaria: un claro objeto de deseo democrático

CIVIO, Presupuestos Generales definitivos y aprobados para 2022

Sevilla, 14/I/2022

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939), Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Vuelvo a abordar un asunto de gran transcendencia para el país, la transparencia de los poderes públicos y más concretamente, la presupuestaria, en los términos que expuse en mi artículo del pasado 14 de octubre de 2021, en el que trataba de la excelente aportación de la Fundación CIVIO para comprender de forma sencilla e intuitiva lo que significan los Presupuestos Generales del Estado para este año. Cambiando lo que hay que cambiar, vuelvo a ofrecer su contenido, actualizado en su aspecto formal, pero manteniendo la esencia de su fondo.

La verdad es que ignoramos cuánto valen las cosas públicas, mucho más por los años que llevamos instalados en la corrupción pública a todos los niveles, donde todo necio confunde valor y precio. También, por la falta de transparencia real y efectiva para conocer el recorrido completo del presupuesto, gasto y evaluación del dinero público, una tríada capitolina para el empoderamiento auténtico de la población. Una vez más acudo a la Fundación CIVIO, que ya he citado en diversas ocasiones en este cuaderno digital, para intentar comprender bien qué significan los Presupuestos Generales del Estado para 2022, porque “como pasa cada año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan su consulta”.

La Fundación informó ayer que han actualizado la herramienta ¿Dónde van mis impuestos? con los presupuestos generales definitivos y aprobados para 2022. Actualizando este proyecto año tras año, desde 2011, la Fundación, en primer lugar, “quiere facilitar al máximo su consulta y su comprensión, incluso para personas sin ningún conocimiento previo. Lo segundo, poner en contexto las grandes y pequeñas cifras, mostrar la evolución de cada una de ellas y ayudar a encontrar partidas concretas. Y, lo tercero, hacer -extrayendo la información y convirtiéndola en reutilizable- lo que consideramos que debería realizar el propio Ministerio de Hacienda: eliminar barreras a la transparencia y al derecho a entender datos tan relevantes”; “aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno de coalición. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan”.

Continúan informando que aunque suene a algo repetitivo en su labor informativa “esto es una previsión del gasto, y no se corresponde con lo que finalmente se acabará gastando. Eso último se denomina ejecución presupuestaria, y es uno de nuestros campos de batalla en lo que a transparencia se refiere. Hace años que pedimos a Hacienda que facilite los datos de ejecución de forma completa y con la misma estructura que los presupuestos. La ejecución sigue siendo un gran punto ciego. Si tuviéramos acceso a los datos de ejecución bien desglosados, podríamos exigir transparencia sobre los desvíos presupuestarios. Por ejemplo, los del Ministerio de Defensa, que todos los años gasta millones por encima de lo presupuestado”. A partir de aquí ofrecen un servicio excelente: “Si quieres descargar y toquetear tú los datos, te hacemos la tarea más fácil. Los hemos procesado automáticamente y aquí te los proporcionamos en formatos reutilizables”.

Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia de los Gobiernos es el resultado también de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras analógicas y atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, conocer a fondo los Presupuestos Generales del Estado para 2022, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, estratégica, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien los Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y co-director de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Es muy importante entrar en esta página web de la Fundación CIVIO para comenzar a comprender bien las bases presupuestarias que asientan o no la democracia en este país y los pilares económicos, no inocentes por cierto, que la sustentan a partir de una pregunta transcendental, ¿Dónde van mis impuestos?, con tres proyecciones políticas esenciales, Ingresos, ¿Cómo se gasta? Y ¿En qué se gasta? Acceder a todos los datos es posible y CIVIO nos ofrece esta oportunidad de emitir juicios bien informados, la base de toda evaluación que debemos hacer como ciudadanos responsables. Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, como en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Entren y vean. Le aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán, de nuevo, que el Presupuesto de este país, como el de la Comunidad en la que cada uno reside, puede y debe ser cosa de todos. Ahora, gracias a CIVIO y a su dirección y equipo de trabajo, sin dejar a nadie atrás, por hacerlo posible.

(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN:José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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