Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022 / 3. Austeridad, por encima de todo

Sevilla, 19/V/2022

El pasado 29 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Orden de 28 de abril de 2022, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones por gastos electorales y el límite de los mismos para las elecciones al Parlamento de Andalucía a celebrar el día 19 de junio de 2022. Es un botón de muestra de una parte del coste de este proceso electoral, pero de sumo interés general para conocer las cantidades que se destinan a “las subvenciones y los límites de los gastos electorales de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores y electoras que concurran a aquellas [elecciones], según dispone la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, en sus artículos 45 y 47. Es importante señalar que en la citada disposición se fijan los límites de los gastos electorales que podrá realizar cada partido, federación, coalición o agrupación de electores y electoras en las elecciones al Parlamento de Andalucía del día 19 de junio de 2022, que “será la cantidad en euros que resulte de multiplicar por 0,4511 el número de habitantes correspondiente a la población de derecho de cada una de las circunscripciones donde aquéllos presenten sus candidaturas, de acuerdo con el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021, con efectos desde el 31 de diciembre de 2021”.

En este sentido, “los límites correspondientes a cada una de las circunscripciones que integran la Comunidad Autónoma de Andalucía serán los siguientes:

Límite de gastos electorales por circunscripciones en las Elecciones Generales al Parlamento de Andalucía 2022 – Elaboración propia sobre la publicación oficial en el BOJA extraordinario núm. 16, de 29 de abril de 2022.

Hasta aquí, estos son los marcos legales y a ellos se sujeta en la actualidad el Gobierno andaluz que, al menos, ha tenido en cuenta la coyuntura actual, en un escenario de incertidumbre financiera general, por lo que ha considerado hacer un ejercicio de contención de costes, no incrementando las “cantidades correspondientes a gastos electorales” en esta convocatoria, por lo que se mantienen las cantidades establecidas en las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas en 2028, actualizando sólo el límite de los gastos electorales teniendo en consideración las cifras de población recogidas en el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021.

En este contexto, he vuelto a leer con atención el artículo que escribí el pasado febrero, sobre el informe territorial de sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, de 2022, Sabemos dónde están los pobres en Andalucía, que recoge los resultados de la encuesta sobre integración y necesidades sociales llevada a cabo en 2021 por Cáritas y la Fundación FOESSA, Ante la situación descrita en el mismo, deseo hacer hoy una llamada de atención a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores y electoras que concurran a las próximas elecciones generales al Parlamento de esta Comunidad, para que no olviden esta realidad social en Andalucía que detallo en el citado artículo, como una realidad que deberían tener presente ante estas subvenciones y límites de gasto electoral, al recibir dinero público a tal efecto. Al menos, como una muestra de sensibilidad ante esta lacerante situación.

Lo expuesto anteriormente en relación con las subvenciones y los límites de los gastos electorales de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores y electoras que concurran a las elecciones citadas, son sólo un pequeño botón de muestra del gasto general que conlleva esta convocatoria. Si ya hemos reflexionado en esta serie sobre ideologías, la no igualdad en las responsabilidades políticas y sobre la evaluación de los programas de acción política como marco de referencia para una legislatura, para que se pueda emitir un voto bien informado, deseo abordar ahora el gasto de la próxima campaña electoral, que tiene un contexto público y privado de importancia extrema en tiempo de crisis, es más, ejemplarizante en el ámbito del principio de austeridad política que debería presidir estas elecciones.

En primer lugar, por responsabilidad pública y privada ejemplarizantes. La política no gana siempre por tener un partido más dinero que otros sino, , fundamentalmente, por el respeto a las ideologías cuando son consecuentes y por la forma de proceder ante la situación de contexto económico en el que se encuentra ahora la Comunidad. Sería irresponsable hacer una exhibición de medios en un tiempo revuelto por la traída y llevada crisis económica y social derivada de la pandemia y con carácter más próximo, la invasión de Ucrania, así como por la corrupción y por el gasto público no controlado ni todavía evaluado en muchos supuestos, cuando existen hoy alternativas de foros públicos y privados que con un gasto digno pueden albergar encuentros multitudinarios presenciales y, sobre todo, a través de redes sociales o alternativas gratuitas de comunicación, mensajería y wasap, por ejemplo, debiéndose eliminar el buzoneo que tan costoso es, como un gran botón de muestra.

En segundo lugar, es el tiempo de utilizar de forma genérica las tecnologías de la información y comunicación, que supone un ahorro espectacular en el poder de convocatoria de las campañas de cada partido. Es una realidad social que el analfabetismo tecnológico se ha alejado de Andalucía y solo un sector reducido de personas mayores que pertenecen a la generación atómica, no digital, podría verse más afectada, aunque siempre he pensado que todo abuelo o toda abuela siempre tiene nietos o nietas, que les pueden explicar todo lo que ocurra en la etapa de campaña electoral en Andalucía, sin que se pierdan casi nada por carencia de medios digitales. En cualquier caso, sería un detalle por parte de los partidos políticos en liza que tuvieran en cuenta los problemas de accesibilidad a la información electoral en diferentes ámbitos de población en Andalucía. Y en tercer lugar, porque la política tiene que recuperar espacios personales de encuentro, presenciales y virtuales, que se formen en la presentación en sociedad de la dignidad personal de los máximos representantes políticos que son candidatos o candidatas a entrar en el gobierno de Andalucía, donde destaque sobre todo su ilusión por regenerar la vida política con efectos ejemplarizantes y escuchando a la ciudadanía, donde una vez más las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel esencial y estelar en términos de transparencia cuando se presenten los programas. Si se hace así, el gasto en las campañas en estas elecciones que ya están detrás de la puerta, puede ser un revulsivo para los llamados a votar de forma responsable, porque se apreciará y mucho que el poderoso caballero don dinero, «que quebranta cualquier fuero», ya no es imprescindible para ganar votos. Fundamentalmente, porque la ciudadanía dejará de ser tratada como mercancía y porque la transparencia no es un portal web sino una actitud política que se mantiene en el tiempo y respeta a las personas en derechos y deberes políticos de participación ciudadana en el gobierno de la Comunidad. Ahora, en la presentación de los programas electorales.

Defiendo, sobre todo, la regeneración en los encuentros personales, en el boca a boca celular de la realidad social en la que se mueven las ideologías de las personas que van a ser candidatos y candidatas a presidir el gobierno andaluz, de sus programas, aunque todavía tengamos que contemplar listas cerradas por imperativo categórico legal. Una buena célula hace un tejido, un órgano y un sistema. Si se respeta esta cadena política digna y ética con ayuda de las TIC, estoy seguro de que todo el mundo percibirá que la campaña electoral ha merecido la pena. Un político digno “es un ejemplo siempre de seriedad, gravedad y decoro en la manera de comportarse, es decir, manifiesta pureza, honestidad y recato; se aprecia y defiende su honra, estimación, modestia, mesura y circunspección, entendida ésta como atención, cordura y prudencia ante las circunstancias, para comportarse comedidamente”. Así lo he escrito en este cuaderno al referirme a las personas dignas, porque creo en ellas, en cualquier sitio que ocupen en la sociedad actual. Por extensión, a personas políticas austeras.

Estoy convencido de que lo que tiene más valor en una campaña electoral es la dignidad política en general, por mucho que a algunos la desprecien por el alto precio ético que hay que pagar, sin confundir, como todo necio, valor y precio. Si se une la dignidad a la austeridad, el triunfo ético de la próxima campaña electoral estará asegurado. Esa es la cuestión, porque las campañas electorales nunca son inocentes y las ideologías auténticas y democráticas no deberían olvidarlo jamás.

NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, publicado en 2020 por la ONG Save the Children

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Pegasus o el mundo digital al revés

NSO Group

Sevilla, 4/V/2022

Es muy importante conocer la empresa que está detrás del programa de software espía Pegasus, NSO Group, para emitir juicios bien informados sobre los últimos acontecimientos de espionaje de Estado que hemos conocido en nuestro país. Fue fundada por tres exmilitares israelíes pertenecientes a la unidad especializada en SIGINT o inteligencia de señales de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), cuyas iniciales de sus apellidos, Niv Carmi, Shalev Hulio y Omri Lavie (NSO), conforman la denominación del grupo empresarial, siendo importante señalar que el programa Pegasus necesita siempre la autorización del Ministerio de Defensa de Israel para poder ser vendido a terceros. En su página web oficial, aparece en el apartado de Noticias una muy reciente, de 1 de abril de 2022, en la que se informa que la revista TIME dio a conocer el pasado 31 de marzo las 100 empresas que tienen un impacto extraordinario en todo el mundo, “elegidas por su relevancia, impacto, innovación, liderazgo, ambición y éxito en sus respectivas industrias y por su participación en la configuración del futuro. NSO Group se enorgullece de ser una de estas 100 empresas más influyentes y una de las dos empresas israelíes en esta lista. Es un honor y un orgullo que los editores y corresponsales de TIME en todo el mundo, así como los expertos de la industria, reconozcan a NSO Group por su liderazgo, innovación y el impacto que está teniendo. Nuestros empleados continuarán desarrollando y brindando a nuestros clientes nuestras tecnologías para salvar vidas que son esenciales para la seguridad global”. En concreto, NSO Group figura en el apartado dedicado a “disruptores”, personas u organizaciones que rompen con lo habitual mediante “un proceso o un modo de hacer las cosas que supone una “rotura o interrupción brusca” y que se impone y desbanca a los que venían empleándose” (1).

La empresa NSO informa en su página web oficial que su Misión es “trabajar para salvar vidas y crear un mundo mejor y más seguro”, junto con cuatro valores perfectamente identificados: responsabilidad, adoptando un enfoque pionero para aplicar estándares rigurosos y éticos en todo lo que hace: “nuestra metodología de investigación de antecedentes incluye un estricto proceso de concesión de licencias de la autoridad de control de exportaciones pertinente, así como una revisión interna detallada y estructurada conforme a nuestra Política de derechos humanos, que revisa y proporciona recomendaciones y decisiones para cada oportunidad de marketing. Nuestro proceso establece un punto de referencia para la industria”; integridad: “estamos comprometidos con el uso adecuado de nuestra tecnología, para ayudar a las agencias gubernamentales de seguridad e inteligencia a proteger a sus ciudadanos contra el terror, el crimen y otras amenazas importantes a la seguridad. Tomamos este compromiso con seriedad e investigamos cualquier acusación creíble de mal uso del producto”; excelencia: “tenemos un historial de éxito. Nuestra tecnología ha ayudado a los gobiernos a salvar miles de vidas, prevenir ataques terroristas, acabar con los principales delitos y hacer del mundo un lugar más seguro y, finalmente, audacia: “creemos que el éxito debe ser intrépido. En NSO, junto con una comprensión profunda de nuestras responsabilidades comerciales, hacemos hincapié en ser audaces pero responsables”.

He querido profundizar en el conocimiento de la empresa propietaria del programa Pegasus porque muchas veces se ataca sin piedad a estos avances científicos que, en este caso como en muchos otros, con una correcta utilización, pueden ser muy beneficiosos para la humanidad, como así se le reconoce. El problema radica en el uso inadecuado de los mismos, al ser tecnologías de doble uso. NSO desarrolla programas de amplio espectro “para ayudar a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir el terrorismo y el crimen” para que puedan abordar legalmente los problemas más peligrosos del mundo actual. Aplicando el principio de realidad, estos programas ayudan a “prevenir el terrorismo, incluida la violencia armada, los coches bomba y los terroristas suicidas en centros de transporte, parques públicos, mercados, salas de conciertos, estadios deportivos y otras áreas públicas”. También, a “desmantelar la pedofilia, las redes de tráfico sexual y de drogas y las operaciones de lavado de dinero, encuentra y rescata a niños secuestrados y asiste a los equipos de búsqueda y rescate de emergencia (SAR) en la localización de sobrevivientes atrapados debajo de edificios derrumbados a raíz de desastres naturales o fallas en la construcción”.

El recorrido empresarial de NSO no es que deje tranquilo a nadie, porque en la actualidad es propiedad de un fondo de inversión americano y de dos de sus fundadores, que lo volvieron a comprar en una parte significativa del mismo. Las acusaciones de espionaje fraudulento por parte de la empresa ha sido una constante en los últimos años, habiendo sido calificada negativamente por el Gobierno de los Estados Unidos en época reciente, aunque el reconocimiento otorgado en TIME es también una contradicción americana de amplio espectro. Sabemos que la Administración del presidente Joe Biden incluyó el año pasado a NSO en la lista negra de empresas vetadas en contratos públicos, mientras que la prestigiosa revista TIME la eleva a los altares del progreso digital. El mundo al revés, digital por supuesto, está servido: con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies, que diría Eduardo Galeano.

Una cosa más. Pegasus fue creado en 2011 y desde entonces se sabe que NSO lo ha vendido a 60 agencias militares, de inteligencia o de seguridad, en 40 países de todo el mundo, entre los que está España. Volvemos a encontrarnos con un “clásico digital” ante lo sucedido en estos días en nuestro país, es decir, el uso indebido de tecnologías que nacen precisamente para un buen fin y acaban utilizándose en muchas ocasiones para otro bien distinto. He citado en bastantes ocasiones en este cuaderno digital esta dialéctica digital, con un ejemplo que vale más que mil palabras. Cuando he tratado el constructo inteligencia digital, ya he señalado en muchas ocasiones un hecho irrefutable que, ahora con Pegasus, se hace más patente: junto a la correcta utilización de las tecnologías digitales, es de imperiosa urgencia y necesidad superar el uso no racional de las mismas, entendida la citada inteligencia digital, en una de sus acepciones, que he definido durante muchos años y en diferentes publicaciones, como la “capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando han superado la dialéctica infernal del doble uso”, que lo ejemplificaba con un dato clarificador al respecto: la utilización de los descubrimientos electrónicos para tiempos de guerra y no de paz, como en el caso de los drones o de la fabricación de los chips que paradójicamente se usan lo mismo para la última versión de la consola PlayStation que para los misiles mortíferos Tomahawk. Ese es el principal reto de la maravillosa inteligencia, digital por supuesto, porque vivimos en la sociedad red, que puede ser a la vez maravillosa o malvada, en función de cómo se use.

Utilizando la simbología que nos proporciona la mitología griega, muchos jinetes internacionales han montado sobre Pegasus, como Belerofontes redivivos, para matar a la Quimera del Mal de cada territorio donde se ha aplicado. Tal ha sido su mala fama, que ha acabado siendo odiado por muchos que en su momento lo utilizaron, aunque aspiraron alguna vez a ascender hasta el Olimpo Político de cualquier cuño, a lomos de él. Sin embargo, el tábano de la democracia ha clavado ya su aguijón en el lomo de Pegasus y los beloforontes actuales van cayendo de Pegasus uno tras otro, aunque todavía quedan jinetes que lo montan a diario sin escrúpulo alguno. A pesar de todo, muchos mandatarios actuales de diferentes Gobiernos, una vez descabalgados, añoran reencontrarse con Pegasus en la constelación que, finalmente, encontró este caballo alado para perdurar en la mente de todos. También, porque en la mente de estos poderosos mediocres se aloja la idea de que el ocaso de la democracia está más cerca de nosotros de lo que pensamos y sin necesidad siquiera de volar a lomos de Pegasus, sin ir más lejos. Estamos avisados.

(1) «disrupción», «disruptivo» y «disrumpir» | FundéuRAE (fundeu.es)

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

¿Existe una estrategia de Estado en relación con los riesgos digitales?

Escena de la póliza en Una noche en la ópera

Sevilla, 2/V/2022

Sabemos desde el comienzo de la revolución digital que las tecnologías son siempre de doble uso. Muchas veces lo he explicado en este blog, con ejemplos clarificadores y con reflexiones desde la perspectiva de administrador público en el ámbito general y digital durante bastantes años en la Administración Pública de Andalucía. Estoy convencido de que los ordenadores, el software y el hardware inventados por el cerebro humano, es decir, el conjunto de tecnologías informáticas que son el corazón de las máquinas que preocuparon y mucho a Nicholas Carr, por ejemplo, de forma legítima y bien fundamentada, permiten hoy creer que llegará un día en este “siglo del cerebro”, no mucho más tarde, en que sabremos cómo funciona cada milésima de segundo, y descubriremos que somos más listos que los propios programas informáticos que usamos a diario en las máquinas que nos rodean, porque la inteligencia digital desarrolla sobre todo la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía. De esta forma, seremos capaces de dar respuesta desde la gestión de riesgos digitales a la dialéctica infernal del doble uso de la informática, es decir, la utilización de los descubrimientos electrónicos para tiempos de guerra y no de paz, como en el caso de los drones o de la fabricación de los chips que paradójicamente se usan lo mismo para la consola PlayStation que para los misiles Tomahawk. Ese es el principal reto de la inteligencia ante la necesaria ciberseguridad que se debe desarrollar desde el Estado, para salvaguardar el interés general de la ciudadanía.

En este contexto, estoy siguiendo de cerca el problema de Estado que ha surgido en este país con motivo del espionaje detectado en teléfonos de líderes independentistas a través del programa Pegasus, que alcanza hoy cotas de preocupación extrema al haberse detectado también una intrusión ilegal en los teléfonos móviles del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa. Algo grave está pasando en el mundo del que, una vez parado, se quería bajar con frecuencia Groucho Marx, aunque él ya lo había advertido: “Inteligencia militar son dos términos contrapuestos» (Un día en las carreras). El problema enunciado no es sólo de corte tecnológico, sino más bien humano, de derechos y deberes digitales, en el pleno sentido del término, siendo conveniente analizarlo en profundidad, porque no está tan lejos de nosotros, de nuestro país, del Estado, de nuestra Administración, de nuestras casas, de nuestros perfiles digitales. En un contexto de efectos incalculables, quiero reforzar hoy más que nunca la teoría crítica digital de que las tecnologías y las comunicaciones tienen que planificarse y gestionarse de forma estratégica y con carácter prioritario en el Estado y en la Administración Pública, como garantía de un Estado de derecho y constitucional en relación con la relación que establecen los ciudadanos con el Estado a través de cualquier Administración Pública, porque la condición humana, simbolizada en hackers, crackers y demás figuras antológicas, o en cualquier funcionario desencantado, puede entregar a intereses espurios, más o menos oscuros, la quintaesencia de las personas, su confidencialidad o la privacidad del Estado de derecho. Así de claro.. Hablo de gestión del riesgo antecedente, de Estado, corporativa, con dimensión estratégica y no de gestión del riesgo consecuente, un problema en el que cada al final, cualquier unidad directiva o centro de gestión pública tiene que buscarse la vida como pueda.

Pero ¿cómo ponemos puertas al campo digital? Desde hace muchos años, vengo defendiendo la necesidad de gestionar los riesgos digitales desde una vertiente muy profesionalizada en el Estado y en su Administración Pública. En el mundo profesional en el que he desarrollado mi trabajo durante más de treinta años, concretamente en la Administración Pública de Andalucía, siempre he tenido presente a uno de los precursores de la revolución digital en el último cuarto del siglo pasado, Nicholas Negroponte y que hoy cobra especial actualidad en una manifestación suya que no he olvidado: “La próxima década [hablaba de final del siglo XX] será testigo de un sinnúmero de casos de abusos de los derechos de propiedad intelectual y de invasión de nuestra intimidad. habrá vandalismo digital, piratería del software y robo de información” (El mundo digital). Y siempre he planteado que se pueden adoptar dos decisiones estratégicas al respecto: la primera, la propugnada ya por Groucho Marx en Una noche en la ópera, cuando vende una póliza a un maletero del barco, que no cubre nada…, en una escena hilarante que siempre perdió fuerza ante la del camarote. Es decir, la cobertura del riesgo consecuente, como actitud tan castiza en España: sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena:

– O.B. DRIFTWOOD (Groucho Marx): Fíjese en ese guardabarros, está completamente abollado. Tendrá que pagarlo, amigo. ¿Qué número tiene usted?, ¡el 32, eh…! ¿Está asegurado?. ¿Que si tiene seguro?

– C.: No señor

– O.B. DRIFTWOOD (G.M.): Es usted el hombre al que andaba buscando. Llevo aquí una póliza que le protegerá contra todo accidente imprevisto. Por ejemplo, pierde una pierna y nosotros le ayudamos a encontrarla y solo le costará… ¿Qué lleva usted ahí? ¡un dólar!, ¡suya es la póliza!

La segunda decisión se refiere a la profesionalización de la planificación estratégica de la política y gestión de riesgos digitales, como dos escenarios que tienen que estar esencialmente diferenciados y que están obligatoriamente obligados a entenderse. La gestión de riesgos digitales es una función especializada dentro de la Administración Pública que tiene como objetivo gestionar globalmente la protección de los Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación, en su relación con los ciudadanos y en aplicación estricta de los marcos legales actualmente establecidos por el Estado, en primer lugar, con carácter sustantivo y por las Comunidades Autónomas también, atendiendo cada una a sus peculiaridades, cuestión diferenciadora que debe cuidar muy bien el legislador.. Además, los criterios clave de selección para el modelo organizativo a aplicar se pueden sintetizar en que todas las funciones se tienen que centralizar estratégicamente en el Estado y proyectarlas en cada Comunidad Autónoma a través de Organismos especializados a tal fin, así como de la implantación de lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, agrupando responsabilidades orientadas a procesos, en la aplicación práctica descentralizada en cada Comunidad Autónoma, Diputación y Municipio, y con una gestión estratégica bajo el concepto de “Separación de Responsabilidades” (“Separation of Duties – quien administra/gestiona no opera”).

¿Estaremos ya viviendo la plenitud de una nueva ciencia de la inestabilidad, del riesgo, en el marco científico que expuso Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, en el pasado siglo? Es el saber de la persona instruida lo que la libera, mediante la gestión del conocimiento, lo que permite desdramatizar las planificaciones, programaciones, ejecuciones y evaluaciones del Estado y de su correlato, la organización llamada Administración o también de las empresas porque vivimos en un mundo contingente, caótico, inseguro, cambiante, complejo, inestable e incierto, es decir, en un universo de riesgo, tanto en azar como en necesidad. La inteligencia creadora es la que da forma al saber, es decir, damos un voto de confianza al ser humano frente a los factores y medios de producción tradicionales. El capital y la producción, no son la quintaesencia de las organizaciones. Queda una gran tarea en el Estado y en la Administración Pública, que pasa indefectiblemente por crear una nueva cultura directiva y organizativa ante el Riesgo de azar y de no-azar, de la protección de datos de carácter personal, en el esquema que ya estableció Miccolis (1996), o quizá también reinventando la propia Gerencia de Riesgos, a través de un nuevo paradigma basado en el de Williams (1996), estando muy atentos al discurso mundial que se abre en la actual incertidumbre y ante la necesidad de no estar ajenos a la realidad del año 2022 y venideros. Los seres humanos seguimos siendo los propios gestores de nuestro futuro, con la ayuda de las nuevas tecnologías: el saber, hoy, es el único recurso significativo (Drucker).

La cultura digital debe defender siempre un principio muy claro: reforzar la confianza de las personas en el uso de las TIC, garantizando, entre otras cosas, una respuesta mundial y europea mejor coordinada ante los ciberataques, el robo de la identidad, el correo no solicitado y las múltiples acciones de ciberdelincuencia en redes sociales y telefonía móvil. La definición de las políticas y la gestión de los riesgos digitales, debe ser un compromiso firme del Estado, en dos campos diferenciados de forma rotunda, es decir, no puede haber gestión de riesgos digitales en España sin definición de políticas en el sentido estricto del término, que tiene que concretarse a corto plazo en el marco que hay que cuidar del Esquema Nacional de Seguridad, en clave de lo que llamo habitualmente, en diferentes acciones, “prisa pública digital”. Personalmente estoy convencido de las bondades de la gestión pública de los riesgos digitales, porque pertenezco a la escuela pública de gestión del riesgo antecedente antes que del consecuente, y las declaraciones públicas en tal sentido tienen que ser reforzadores claros para recuperar la citada confianza de las personas en la acción diaria del Estado y en la utilización de los servicios públicos por parte de la ciudadanía, en clave de fidelización digital de las personas que consumen productos digitales públicos, objetivo a alcanzar en el más breve plazo de tiempo posible, basado exclusivamente en principios de transparencia, participación y colaboración. Y en esta mesa digital no hay que excluir a nadie, desde la perspectiva pública y privada. Lo aprendí del Profesor Sánchez Vázquez en su obra Ética, hace muchos años: el oro tiene valor porque las personas consumidoras se lo hemos dado a lo largo de los siglos. Sin ese valor humano hoy no tendría precio, se des-preciaría [sic]. Como los bits, como Internet. Sin embargo, se ha dado un paso más en la historia: no todos los bienes se han declarado como derechos inalienables a la persona. El oro no lo es, por mucho que se promocione en campañas de usura. Pero la accesibilidad a Internet se reconoce ya como un derecho y no mercancía pura y dura para ser y estar en el mundo, porque toca a la inteligencia de las personas. Una gran obra humana, a apuntar en cualquier agenda pública digital, por supuesto.

A Groucho, solo deberíamos recordarlo por su excepcional sentido del humor inteligente, no por su sentido práctico y muy extendido, más de lo que parece, de cobertura del riesgo antecedente y consecuente mediante acciones que no sirven para nada, a pesar de que hoy sea una metáfora muy esclarecedora su famosa póliza de un dólar. Gestionando el riesgo digital, sobre todo, a través de la declaración de políticas digitales de Estado por medio de decisores públicos en las Cámaras legislativas y empleados públicos forjados en ética pública digital, no solo transfiriendo esta responsabilidad de Estado a programas informáticos muy sofisticados y máquinas complejas. Otra vez más, no confundiendo, como todo necio, ordenación digital con organización digital, antecedente con consecuente, valor y precio, porque nos damos cuenta con lo que ha pasado con el Presidente del país, que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena o cuando se abolla un baúl en un choque con otro, y pensamos que esa contingencia no estaba asegurada o protegida convenientemente. Al buen entendedor del ciberriesgo con pocas palabras basta. Probablemente, una ley de vida digital en nuestro país sería un revulsivo importante para cuidar hasta el extremo la gestión pública de los riesgos digitales antecedentes y consecuentes que pueden llegar a afectar a cada persona de este país a lo largo de su vida, en defensa a ultranza del interés general digital de la ciudadanía, que también existe, al que deberíamos aspirar en el marco constitucional del Estado.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

El drama humano en las listas de espera de la dependencia

Paco Roca, Mural en el Metro de Madrid (estación Plaza de Castilla), en homenaje a las personas mayores en tiempos de COVID, 2020

Sevilla, 17/I/2022

Escribo de nuevo sobre una realidad lacerante en este país. Me refiero al llamado “limbo de la dependencia”, que traduce la situación en la que se encuentran centenares de miles de personas en lista de espera, pendientes de recibir la prestación correspondiente al derecho ya reconocido, tal y como prevé la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), conocida vulgarmente como Ley de Dependencia. El pasado 14 de enero, la Asociación Estatal de Gerentes y Directores en Servicios Sociales publicó una Nota de Prensa que no deberíamos pasar por alto, por la gravedad de lo que allí se manifiesta en titulares que sobrecogen por su dureza:

  • Fracasa el objetivo de reducir la lista de espera del plan de choque de la dependencia.
  • Tres Comunidades Autónomas impiden cumplir el objetivo del plan de choque del Ministerio de Derechos Sociales.
  • Solo 38.807 personas menos en lista de espera frente a las 60.000 que planteaban como objetivo.
  • Constatamos que aumentan los beneficiarios en 97.912 (+8,71%). A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención.
  • 46.671 personas fallecieron el año pasado en las listas de espera de la dependencia.
  • Se está abandonando sin atenciones a las 392.690 personas que están a la espera de un procedimiento.
  • El tiempo de espera medio es de 421 días, 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos).

La lectura detallada de esta Nota refleja la situación en la que se encuentra en la actualidad la aplicación efectiva de la llamada Ley de Dependencia, con datos que son razones más que suficientes para que se estableciera una evaluación y control urgente de lo que se refleja en ellos y para actuar en consecuencia. Lo más llamativo son, sin lugar a dudas, los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, sobre las 46.671 personas que fallecieron en 2021 y que estaban en las listas de espera de la dependencia (28.192 dependientes con derecho pendientes de prestación y 18.479 pendientes de resolución de grado), parte de un limbo descarnado y de difícil comprensión humana, lo que se traduce en que 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos).

Como se puede observar en la tabla siguiente, la desigualdad en el territorio español es verdaderamente alarmante en el caso de fallecimiento en lista de espera, debido a múltiples causas que ya abordé en un artículo del pasado año, en el que traté del impacto de la pandemia en las personas mayores de acuerdo con el informe anual correspondiente del IMSERSO, que este año ya se ha publicado también y que arroja bastante luz sobre la situación en el país desde el inicio de la pandemia.  

A pesar del carácter escueto de la citada Nota, los datos que ofrece son muy importantes y significativos, resaltando que la aplicación de la Ley sigue teniendo un impacto desigual en el país, como se puede apreciar en el detalle siguiente, utilizando los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), respecto de la Monitorización de la Mortalidad y la Información Estadística General, cerrados a 31 de diciembre de 2021:

  1. Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%); y las que menos Castilla y León (0,17%), Castilla La Mancha (4,51%) y Galicia (5,82%).
  2. Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%) han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque. Las tres comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%).
  3. Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año han sido la C. Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). Por el contrario, en País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición disminuyendo el número de beneficiarios.
  4. Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: C. Valenciana (+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9%.
  5. Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, – 1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente.
  6. A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención. Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento.
  7. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia. Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 46.671 personas que fallecieron este pasado año, el plan de choque no les llegó a tiempo.

En el punto sexto anteriormente expuesto, se hace un planteamiento de emergencia social que se debería atender sin más dilación: El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Como manifestaba en mi artículo de febrero de 2021, lo que se desprende de estos datos es la urgente necesidad de evaluación de lo ocurrido, con objeto de que el Estado y las Comunidades Autónomas tomen con urgencia legal, económica, evaluadora, ética y pública las medidas necesarias para erradicar las situaciones de gran vulnerabilidad que se ha observado en el tiempo transcurrido y donde los datos pueden ayudar a esclarecer la situación y devolver la dignidad necesaria a las personas mayores que pueden verse afectadas por su situación tan precaria en muchas residencias y domicilios del país. Sirvan estas palabras como acicate para corresponsabilizarnos todos en la llamada de atención al Estado sobre la situación actual de las personas mayores.

Espero con la ardiente paciencia aprendida de Neruda que nuestros gobernantes trabajen sin descanso sobre un Pacto de Estado de Atención Integral a las Personas Mayores, en beneficio de todos pero, sobre todo, de los que más siguen sufriendo la pandemia en su pasado, presente y futuro si no se pone antes remedio público: las personas mayores. Lo decía también en el artículo de la serie que bajo la pregunta genérica ¿Es España un país para personas mayores?, publiqué en febrero de 2021, centrado en el ámbito de la pandemia: “Es alarmante constatar que todavía no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas. Creo que ha llegado el momento, por transparencia y dignidad pública, que se sepa la verdad de lo ocurrido desde el principio de la pandemia hasta el momento actual, a la mayor brevedad ética posible”.

Una de nuestras obligaciones como ciudadanos es emitir juicios bien informados, dado que la transparencia pública de la información veraz es donde radica el gran secreto de la evaluación pública y personal, como es ahora mi caso. Escribir hoy esta reflexión forma parte de mi compromiso intelectual en este cuaderno digital, poniendo en común mi conocimiento compartido, el que nos permite resolver problemas de todos los días, los que verdaderamente preocupan en el quehacer y quesentir diario. Lo entiendo así porque cada persona que toma conciencia de su capacidad para responder a las preguntas de la vida, desde cualquier órbita, sobre todo de interés social, tiene un compromiso escrito en su libro de instrucciones: no olvidar los orígenes descubiertos para revalorizar continuamente la capacidad de preocuparse por los demás, sobre todo los más desfavorecidos desde cualquier ámbito que se quiera analizar, porque hay mucho tajo que dignificar. Hoy, las personas dependientes, para que antes de fallecer puedan recuperar la capacidad de vivir dignamente con el tiempo que les corresponda disfrutar en su persona de todos y, sobre todo, en la de secreto. La dignidad humana lleva siempre el tiempo dentro.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Transparencia presupuestaria: un claro objeto de deseo democrático

CIVIO, Presupuestos Generales definitivos y aprobados para 2022

Sevilla, 14/I/2022

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939), Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Vuelvo a abordar un asunto de gran transcendencia para el país, la transparencia de los poderes públicos y más concretamente, la presupuestaria, en los términos que expuse en mi artículo del pasado 14 de octubre de 2021, en el que trataba de la excelente aportación de la Fundación CIVIO para comprender de forma sencilla e intuitiva lo que significan los Presupuestos Generales del Estado para este año. Cambiando lo que hay que cambiar, vuelvo a ofrecer su contenido, actualizado en su aspecto formal, pero manteniendo la esencia de su fondo.

La verdad es que ignoramos cuánto valen las cosas públicas, mucho más por los años que llevamos instalados en la corrupción pública a todos los niveles, donde todo necio confunde valor y precio. También, por la falta de transparencia real y efectiva para conocer el recorrido completo del presupuesto, gasto y evaluación del dinero público, una tríada capitolina para el empoderamiento auténtico de la población. Una vez más acudo a la Fundación CIVIO, que ya he citado en diversas ocasiones en este cuaderno digital, para intentar comprender bien qué significan los Presupuestos Generales del Estado para 2022, porque “como pasa cada año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan su consulta”.

La Fundación informó ayer que han actualizado la herramienta ¿Dónde van mis impuestos? con los presupuestos generales definitivos y aprobados para 2022. Actualizando este proyecto año tras año, desde 2011, la Fundación, en primer lugar, “quiere facilitar al máximo su consulta y su comprensión, incluso para personas sin ningún conocimiento previo. Lo segundo, poner en contexto las grandes y pequeñas cifras, mostrar la evolución de cada una de ellas y ayudar a encontrar partidas concretas. Y, lo tercero, hacer -extrayendo la información y convirtiéndola en reutilizable- lo que consideramos que debería realizar el propio Ministerio de Hacienda: eliminar barreras a la transparencia y al derecho a entender datos tan relevantes”; “aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno de coalición. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan”.

Continúan informando que aunque suene a algo repetitivo en su labor informativa “esto es una previsión del gasto, y no se corresponde con lo que finalmente se acabará gastando. Eso último se denomina ejecución presupuestaria, y es uno de nuestros campos de batalla en lo que a transparencia se refiere. Hace años que pedimos a Hacienda que facilite los datos de ejecución de forma completa y con la misma estructura que los presupuestos. La ejecución sigue siendo un gran punto ciego. Si tuviéramos acceso a los datos de ejecución bien desglosados, podríamos exigir transparencia sobre los desvíos presupuestarios. Por ejemplo, los del Ministerio de Defensa, que todos los años gasta millones por encima de lo presupuestado”. A partir de aquí ofrecen un servicio excelente: “Si quieres descargar y toquetear tú los datos, te hacemos la tarea más fácil. Los hemos procesado automáticamente y aquí te los proporcionamos en formatos reutilizables”.

Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia de los Gobiernos es el resultado también de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras analógicas y atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, conocer a fondo los Presupuestos Generales del Estado para 2022, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, estratégica, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien los Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y co-director de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Es muy importante entrar en esta página web de la Fundación CIVIO para comenzar a comprender bien las bases presupuestarias que asientan o no la democracia en este país y los pilares económicos, no inocentes por cierto, que la sustentan a partir de una pregunta transcendental, ¿Dónde van mis impuestos?, con tres proyecciones políticas esenciales, Ingresos, ¿Cómo se gasta? Y ¿En qué se gasta? Acceder a todos los datos es posible y CIVIO nos ofrece esta oportunidad de emitir juicios bien informados, la base de toda evaluación que debemos hacer como ciudadanos responsables. Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, como en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Entren y vean. Le aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán, de nuevo, que el Presupuesto de este país, como el de la Comunidad en la que cada uno reside, puede y debe ser cosa de todos. Ahora, gracias a CIVIO y a su dirección y equipo de trabajo, sin dejar a nadie atrás, por hacerlo posible.

(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN:José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Justicia social y solidaridad con La Palma

Sevilla, 9/I/2022

Mi voz, mi canto, debe acompañaros
más allá de las edades.
He venido a vosotros para hablaros y veros,
arenales y costas sin fin que no conozco,
dunas de lavas negras,
palmares combatidos, hombres solos,
abrazados de mar y de volcanes.
Subterráneo temblor, irrumpiré hacia el cielo.
Siento que va a habitarme el fuego que os habita
.

Rafael Alberti, en Lanzarote. Primera estrofa

Hoy sigue habitando en mi cuerpo y en mi alma el fuego que habita en los habitantes que han sufrido y sufren tanto por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Si tuviera que destacar algo de lo ocurrido ayer con el programa especial de la RTVE dedicado a esa isla preciosa, mediante la retransmisión de un macroconcierto solidario, bajo el título de “La Música con La Palma: más fuertes que el volcán”, celebrado simultáneamente en Madrid y Los Llanos de Aridane (La Palma) en colaboración con la Asociación de Promotores Musicales (APM), el Cabildo de La Palma y el WiZink Center, sería la intervención del cantor Miguel Ríos (cantante es el que puede cantar y cantor, el que debe hacerlo, como aprendí de Facundo Cabral), a través de la frase que pronunció antes de iniciar su interpretación de un clásico en su discografía, Himno de la Alegría, que logró encender el ánimo del público asistente y de los espectadores domésticos, en los términos que recoge la citada RTVE: “Es un placer asistir a este espectáculo de solidaridad. Junto con la solidaridad no debe faltar la justicia social. Espero que ayudemos a recuperarse a los palmeros porque eso hablará bien de nosotros», dice Miguel Ríos. Y enseguida ha arrancado a cantar el «Himno de la alegría» acompañado de su guitarra, un violín y un piano «para que vivamos soñando un nuevo sol». Ha sido el momento más emotiva de toda la gala y el cantante ha conseguido arrancar a todo el público a cantar y a encender sus linternas de los móviles en símbolo de unión, poniendo en pie a todo el WiZink Center de Madrid”.

Estas palabras de Miguel Ríos traducen un sentir popular, la conjunción perfecta entre Estado y Sociedad solidaria. Es importante señalar que el destinatario de los fondos aportados por la sociedad civil era el Cabildo Insular de La Palma, en un hecho insólito porque no era para una ONG privada, como hacemos en otras ocasiones, sino para la propia Administración Pública con un destinatario final: la ciudadanía afectada por lo ocurrido con la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma durante más de tres meses, con los daños colaterales que conocemos de propiedades personales, familiares y laborales, destruidas, junto con edificios múltiples de servicios públicos o religiosos que también han resultado afectados. Una tragedia de daños incalculables, sobre todo, los anímicos y de salud mental por la voracidad de la destrucción total por la citada erupción, donde estas familias no deberían quedarse nunca solas ante el peligro de sufrir sus consecuencias. Al menos con las ayudas públicas y privadas, como el ejemplo de este concierto, que ayuda a mitigar los daños, con aportaciones de la ciudadanía junto a las ayudas públicas ya anunciadas, en una conjunción de justicia social y solidaridad, que conviene destacar.

Sigo pensando que César Manrique, pastor de vientos y volcanes, desde su cielo particular, habrá contemplado asombrado y con dolor esta erupción tan cercana a su vida y a su obra, a la que Alberti puso palabras mediante un poema precioso, Lanzarote. Primera estrofa, que hoy resuenan mucho más fuerte que el rugido del volcán Cumbre Vieja, que ha acabado en dunas de lava negra, palmares, edificios públicos, plantaciones y casas combatidas, personas y familias solas, abrazadas sólo por el mar y sus volcanes. Al contemplar las imágenes de la erupción, sentí muchas veces, como Alberti, un subterráneo temblor que irrumpía hacia el cielo, como si entrara en mi interior el fuego y el calor que habita a las personas de esa isla bonita, preciosa, abrazada ahora a la queja de la Naturaleza que siempre está viva y que nos avisa con estas manifestaciones. Pero vuelve ya el azul y el viento, el resplandor, la luz indestructible, las rosas rojas bordadas por manos primorosas de mujeres de aquel territorio destruido, que son la esencia de la vida en la que siempre sueñan los lugareños de La Palma para su futuro más próximo, cantando junto a Miguel Ríos que todo se está haciendo para que vivan “soñando un nuevo sol”.

Una cosa más. Sería importante conocer hasta el último detalle del resultado económico de este macroconcierto, como manifestación de la imprescindible transparencia pública que se debe observar por la Administración destinataria en primer lugar de estas aportaciones solidarias, que se destinarán a diferentes fines de ayuda que todos, sin excepción, deberíamos conocer. Sería una forma de abrochar con proyección de ética pública, que también existe, esta manifestación de justicia social y solidaridad ciudadana.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

¿Qué pasa con el Ingreso Mínimo Vital?

No sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa

José Ortega y Gasset (1883-1995), en Lección VIII del curso En torno a Galileo, impartido en la Universidad Central de Madrid, en 1933.

Sevilla, 15/XI/2021

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de nuestro país ha publicado una Nota de Prensa que no deja indiferente a nadie, con datos facilitados oficialmente por Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 3 de cada 4 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido denegadas (73%), casi 100.000 están pendientes de resolver, sólo el 8,0% de la población (799.203 personas) que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia del ingreso mínimo vital. La cuantía media de la prestación por beneficiario es de 172 euros mensuales y a pesar de la crisis social, el IMV no ejecuta ni la mitad del presupuesto anual, lo que se traduce en que en nueve meses la Seguridad Social sólo ha desembolsado 1.400 millones de euros de los 3.000 anuales previstos.

Fuente. Nota de Prensa de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Estos datos se concretan todavía más en la Nota de la Asociación citada cuando se afirma que un 8,04% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, el 1,7% de la ciudadanía, que la cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, donde hay Comunidades Autónomas que únicamente tienen una cobertura menor al 6%, como Cataluña (4,9%) Canarias (5,5%), Baleares (5,8%) o Castilla La Mancha (5,6%). La nota destaca el esfuerzo de Navarra con un 22,2% de cobertura, Comunidad que ha realizado la pasarela desde su sistema de Rentas Mínimas, seguida por Melilla (20,3%) y Ceuta (19,4%). Quizás sea lo más demostrativo de la desigualdad actual y del escaso impacto social de esta Ley el dato de que tres de cada cuatro solicitudes han sido rechazadas. Ante la pregunta que da título a este artículo la respuesta de la Asociación es rotunda: la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos es una causa determinante de tantas denegaciones, porque la desestructuración personal y familiar de muchas personas solicitantes no cabe en un formulario estándar.

De nuevo los datos son contundentes según esta Asociación: “Hasta septiembre de 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aun sin resolver (97.513)”. Es escalofriante el dato siguiente: de las solicitudes resueltas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000, denegadas: ”Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio Ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia, a solicitud de nuestra Asociación, reconoce que el 60% de las aprobados y 27% denegados, el 73% de denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio); hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia; otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo”. Esta última condición sin la cual no es posible obtener el IMV está presente actualmente en un amplio debate social, porque casos como los de mujeres maltratadas, que salen de su legítimo hogar no pueden rellenar la casilla correspondiente del cuestionario por razones obvias de seguridad y así múltiples casos de desarraigo y convivencia en hogares diversos.

El Real Decreto-ley que regula el IMV nació con una pretensión muy clara: que llegara a cubrir las necesidades de 2.300.000 personas, pero la realidad terca es que casi un año y medio después de su aprobación, sólo se ha concedido el IMV a 800.000 personas, poco más de una tercera parte (35%) de los beneficiarios previstos por el Gobierno. En ese sentido la Asociación dice textualmente que se está produciendo en el Congreso de los Diputados un debate en la actualidad para que mejore la regulación del Ingreso Mínimo Vital y “doblegue al legislativo en sus pretensiones de control al pobre a través de estrictos e injustos requisitos y la complejidad de los procedimientos”.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos de expedientes por provincias (detalle de Andalucía).

En este sentido, un dato que considero de interés como radiografía de que algo está pasando en la tramitación de los expedientes administrativos para recibir este ingreso mínimo vital es el siguiente, facilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mediante una nota de prensa de La Moncloa, a 13 de septiembre de este año: sobre el total de 320.580 expedientes tramitados en Andalucía (mi Comunidad), el 68,20% han sido denegados, exactamente 218.660, siendo 1.244.029 el total en España de los expedientes tramitados, de los cuales se han denegado 888.458, lo que supone un 71,41% del total. Estas cifras de denegación, en una media del 70%, deberían ser una llamada de atención sobre lo que está ocurriendo un año y medio después de la publicación del Rea Decreto-ley que ampara esta prestación social de importancia vital para nuestro país. Es una situación que matizo con datos exactos y que figura en la Nota de Prensa citada al comienzo de estas palabras.  

Desde este humilde canal de comunicación celular escribo estas líneas a modo de denuncia para romper silencios cómplices en asuntos tan delicados como el aquí expuesto. La frase final del informe es rotunda y abunda en la necesidad de una actuación urgente en el ámbito legal y regulador de este ingreso: “Los 337.000 expedientes aprobados alcanzan a unas 800.000 personas, de manera que el Gobierno ha cumplido únicamente con un tercio del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital”. Por cierto, un último dato: “las cuantías medias del IMV (datos de la Seguridad Social facilitados a través del Portal de Transparencia) son de 172 € por persona y 436 € por hogar. Queda en evidencia que se trata de un Ingreso Mínimo, pero no está tan claro que, con estas cuantías, pueda calificarse de Vital. Vital o no vital, esa es la cuestión.

Reitero en este sentido algo que escribí recientemente en relación con el texto y contexto de lo que he expuesto anteriormente, a través de un informe denominado Sociedad expulsada y derecho a ingresos, presentado en Madrid, el pasado mes de octubre, por parte de Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), donde se analizaba el alcance de la pandemia en la cohesión social en España, con datos bastante preocupantes que se resumen en una frase: 11 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social en España, seis millones de ellas se encuentran ya en exclusión severa, lo que ocasiona un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población y en el que figuraban unas conclusiones de las que destaco hoy las siguientes:

  • Después de un año y medio, un primer impacto de esta crisis es un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población. Se está produciendo un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Podríamos describir la situación actual del eje integración-exclusión como una sucesión de estanques y cascadas donde ha habido un trasvase desde la integración plena, que pierde caudal, a la integración precaria, de ahí a la exclusión moderada y, por último, a la exclusión severa, que es el que más crece en volumen. La consecuencia directa de esto es que 11 millones de personas en nuestro país viven en situaciones de exclusión social; son 2,5 millones más que en 2018. Una primera factura en forma de exclusión social y de empeoramiento de las condiciones de vida que están pagando muchas personas con las que convivimos a diario (familiares, vecinos y vecinas) y con las que compartimos sociedad y futuro.
  • El espacio de exclusión social se ha incrementado, donde lo que más ha crecido es el último estanque, el de aquellas situaciones más críticas. Una realidad de exclusión severa que, fruto de la pandemia, ha pasado de afectar a 4 millones de personas en 2018 a los más de 6 millones de la actualidad.
  • El empleo y la de la vivienda, se evidencian como dolencias estructurales de nuestra sociedad y como derechos vulnerados para un gran número de personas independientemente de que el contexto económico sea de crecimiento o de crisis.
  • La dimensión de la salud también ha empeorado tanto en el bienestar y en la exposición a la dependencia, como en la falta de capacidad económica para afrontar las necesidades médica.
  • Si bien el nivel de estudios continúa siendo un elemento protector contra la exclusión cada vez lo es menos, tal y como demuestra el hecho de que la exclusión que más crece es la que se da entre los hogares encabezados por una persona con estudios universitarios.
  • La pandemia sí está erosionando con fuerza la calidad de las relaciones en los hogares, duplicándose el número de aquellos cuyo clima de convivencia presenta dificultades serias.
  • La brecha digital está suponiendo una pérdida de oportunidades en diversos ámbitos como el empleo, la educación, las ayudas de la administración pública o las propias relaciones sociales. Esta situación de desigualdad conlleva la perpetuación y profundización de situaciones de desventaja preexistentes, pero, además se ha impuesto como un nuevo factor de exclusión social causando incluso el alejamiento la posibilidad de una participación plena en la sociedad para las personas y familias que la sufren.
  • La pandemia ha intensificado unas situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante, cronificando una clara posición de desventaja que se evidencia en una clara sobrerrepresentación de este grupo en el espacio de la exclusión (38%), y que es aún más marcada en el de la exclusión severa (65%).
  • Más de dos tercios de los hogares en pobreza severa no lo han solicitado (el 67,8%). Es importante resaltar también que un 6,2% de hogares lo han intentado, pero han encontrado barreras para realizar el trámite de forma presencial o telemáticamente. Finalmente, tan solo el 25,9% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite con éxito. Un 15,6% lo ha solicitado telemáticamente y un 10,3% de forma presencial.
  • Es preciso y urgente corregir las principales trabas del acceso al Ingreso Mínimo Vital, que excluye a determinados hogares y personas que mejorarían sus condiciones de vida si tuviesen esta prestación, siendo introducidas algunas modificaciones en su normativa actual, y reconociendo que este instrumento de protección social constituía una necesidad y una demanda previa a la llegada de la crisis sanitaria.

Lo escribo para que no se olvide ni siquiera un momento: algo muy preocupante está pasando con la tramitación administrativa de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Lo peor de todo es que a diferencia de la famosa frase de Ortega y Gasset, ahora sí sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, saber lo que pasa con el IMV y no actuar urgentemente de la forma adecuada.

NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, publicado en 2020 por la ONG Save the Children

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Dinero público, tiempo público y espacio público

Sevilla, 26/X/2021

A Blanca, la protagonista de una novela entrañable de Antonio Muñoz Molina, En ausencia de Blanca, no le gustaba pronunciar la palabra “funcionario”, aludiendo a Mario, su marido. Cuando Blanca quería referirse a las personas que más detestaba, las rutinarias, las monótonas, las incapaces de cualquier rasgo de imaginación, decía: “son funcionarios mentales”. Como “ex” de la Administración Pública, me permito escribir hoy sobre una realidad que viví en mi tiempo público, en su conjunción con el dinero público y el espacio público, a lo que personalmente llamaba “tríada capitolina” para reconocer que estas tres realidades deberían ser “sagradas” para cualquier funcionario durante su ejercicio de la función pública, como fueron en Roma el conjunto de “dioses” que normalmente formaban grupos de tres. Lo hago porque detesto esa realidad que narraba Muñoz Molina en la novela citada. Además, lo hago porque en España es urgente atacar un problema estructural en la Administración, para que se aborde de una vez por todas una nueva forma de “administrar públicamente” el país a través de sus sedes centrales y las de las Comunidades Autónomas o en cualquiera de sus manifestaciones posibles, incluido el teletrabajo.

Los padres de la patria fueron muy sabios cuando sólo dedicaron en la Constitución un artículo a la Administración, el 103, que siempre está bajo la dirección del Gobierno correspondiente, que “ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”, y que dice lo siguiente: “1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

Siendo esto así, la regulación actual de los empleados públicos se encuentra desarrollada en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se recogen los doce “fundamentos de actuación de los funcionarios públicos”: a) servicio a los ciudadanos y a los intereses generales; b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional; c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho; d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres; e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos; g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos; h) Transparencia; i) Evaluación y responsabilidad en la gestión; j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas; k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo y l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.

No es el momento de reproducir el comentario del texto del citado Real Decreto, pero sí de reforzar la denominada tríada capitolina como muestra de que el respeto al espacio, tiempo y dinero, públicos, pueden ser una muestra palpable para la ciudadanía de una nueva forma de ser funcionario en la Administración Pública. Durante mi etapa de empleado público, crecí también junto a la reiterada referencia a Larra, ¡vuelva usted mañana!, en todos los años de dedicación plena a la función pública: educativa, sanitaria y tributaria, construyendo en contrapartida, en mi trabajo diario, lo que llamaba “segundos de credibilidad pública”. Me ha pesado mucho la baja autoestima, ¿larriana?, que se percibía en el seno de la Administración Pública por una situación vergonzante que muchas veces no coincide con la realidad, porque desde dentro de la misma Administración hay manifestaciones larvadas, latentes y manifiestas (valga la redundancia) de un “¡hasta aquí hemos llegado!” por parte de empleadas y empleados públicos excelentes, que tienen que convivir a diario con otras empleadas y empleados públicos que reproducen hasta la saciedad a Larra (a veces, digitalizado, porque el desorden también se digitaliza) y que hacen polvo la imagen auténtica y verdadera que existe también en la trastienda pública. Y muchas empleadas y empleados públicos piensan que la batalla está perdida, unos por la llamada “politización” de la función pública, olvidando por cierto que la responsabilidad sobre la Administración Pública es siempre del Gobierno correspondiente, como he explicado anteriormente, y otros porque piensan que el actual diseño legislativo de la función pública acusa el paso de los años y que la entrada en tromba de las diferentes Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas, obligan a una difícil convivencia de la legislación sustantiva sobre el particular con las llamadas “peculiaridades” de cada territorio autónomo.

Si estamos de acuerdo en que la Administración está sustentada por el Artículo 103 de la Constitución, debemos reconocer que fue un alarde de inteligencia pública de la sociedad española en 1978, no dedicar más que un artículo al difícil entramado que sustenta la función pública, porque la regulación actual del empleado público en este país establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general. La Constitución habla de servicio objetivo a los “intereses generales”, no a los propios del aparato administrativo, a través de cinco principios que deberíamos grabar en letras de oro en la entrada de cada edificio, despacho y oficinas, de base pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y del sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Sabiendo, además, que la tríada capitolina de la Administración obliga a los empleados públicos a respetar sus “fundamentos de actuación” [sic], porque éstos se desarrollan en un espacio público, también privado en alguna ocasión por el teletrabajo pero con entorno digital público, en un tiempo público que se debe respetar de principio a fin porque no es de los “funcionarios” sólo sino, fundamentalmente, de los ciudadanos, a los que hay que atender o en la prestación de servicios a la propia Administración y, finalmente, porque se recibe una remuneración de dinero público que parte de los Presupuestos generales del Estado o de las Comunidades Autónomas correspondientes, en los que la ciudadanía participa a través de los impuestos correspondientes.

Los que defendemos la cultura del deber público, de la ética pública declarada y publicada, hemos acogido siempre con gran satisfacción la regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, lo que llega a constituir un auténtico código de conducta, sabiendo que la condición de empleado público no sólo comporta derechos, sino también una especial responsabilidad y obligaciones específicas para con los ciudadanos, la propia Administración y las necesidades del servicio. Lo importante es defender la “cultura” de lo público que por desgracia está en continuo proceso de demolición por intereses espurios. El constructo “cultura de lo público” tendrá que contrarrestar el estado del arte actual de lo que siente la ciudadanía respecto del servicio público, quizá bien valorado en servicios directos, como ha podido ser el de la salud en la pandemia actual, pero muy criticado en otros ámbitos administrativos y de gestión donde interviene mucho la denostada “burocracia” con tintes de Larra, hecho patente, por ejemplo, en la ralentización de la percepción del Ingreso Mínimo Vital de reciente implantación en el país. Los ciudadanos sabemos apreciar siempre a los empleados públicos que respetan el espacio, tiempo y dinero, públicos, una tríada ética capitolina que no se debería olvidar como “fundamento de actuación”, siendo conscientes de que la «credibilidad pública» cuesta mucho ganarla, pero que se pierde desgraciadamente en segundos de espacio, tiempo o dinero, públicos, mal empleados.

NOTA: la imagen es una fotocomposición en la que figura un plano del edificio «Torretriana», una de las sedes de la Administración de la Junta de Andalucía en Sevilla y una imagen que representa el teletrabajo en un nuevo concepto de «espacio público».

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo, no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Howard Gardner y la inteligencia digital, una de las inteligencias múltiples del ser humano

Sevilla, 19/X/2021

Hoy se inaugura en Madrid la cuarta edición del foro Enlighted, una conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación, con el patrocinio de Fundación Telefónica, IE University y South Summit, que reunirá a 150 expertos mundiales en educación y tecnología y donde participarán profesionales de la talla de Vinton Cerf, considerado como uno de los padres de internet; Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard y autor de la teoría de las inteligencias múltiples, que he estudiado a lo largo de muchos años profesionales; Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Change y The Riverside School en India; Rafael Nadal o Linda Liukas, fundadora de Rails Girls, un movimiento de programación para adolescentes y niñas, que participarán en talleres, conferencias y charlas combinando tanto el formato presencial como el virtual.

De todos los conferenciantes confirmados quiero destacar hoy al Profesor Gardner, que intervendrá el próximo jueves en una “conversación” sobre “La generación de las aplicaciones: Cómo la tecnología está perfilando nuestra juventud”, que estoy convencido será de interés extremo porque abordará un hilo conductor de actualidad plena en el mundo digital: resolver la falta de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo. En conjunto, en este día en el que interviene el profesor Howard Gardner, los ponentes “evaluarán las diferentes maneras en las que la generación de aplicaciones interactúa con los medios digitales, así como lo que podemos hacer para ayudarles a superar la brecha digital, pero también cómo podemos asegurarnos de que la tecnología se convierta en una fuerza de cambio positiva que nos permita desarrollar relaciones sociales significativas y contribuir a la creación de una mejor sociedad en general”.

Hace quince años inicié una incursión científica en el constructo inteligencia digital, que propuse definir como “capacidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía”. Al pertenecer a la escuela del profesor Howard Gardner, sobre quién construí mi Tesis doctoral en Psicología, quise llevar a cabo en este cuaderno digital un proyecto de divulgación científica sobre el constructo citado con objeto de hacer accesible a muchos usuarios de la red, las posibilidades que nos ofrecen hoy los sistemas y tecnologías de la información para ser más inteligentes. He construido esta teoría científica de la inteligencia digital creadora como agradecimiento a años de lectura y estudio de los ensayos del profesor José Antonio Marina, de quien aprendí muchos fundamentos científicos en su construcción de la teoría de la inteligencia creadora. Como alumno agradecido e estos investigadores citados, quise destacar siempre la aplicación de sus teorías a esta investigación de la inteligencia digital, de raíz popular y entregada al ser humano, en clave de “empoderamiento compartido” (empowerment). Además, he escrito siempre sobre este tipo de inteligencia, una más de las múltiples definidas por Gardner a lo largo de sus investigación, desde una perspectiva positiva, dado que a la negativa ya se le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo desde la psicopatología, investigación necesaria por otra parte. Si además, incorporamos la necesaria habilidad social construida sobre esta inteligencia (digital) se habrá aportado a la sociedad una interpretación para ser en el mundo en un terreno de felicidad lógica.

Este proyecto de creación de la teoría científica sobre la inteligencia digital, tuvo su refrendo en la publicación en mayo de 2007 de mi libro Inteligencia digital. Introducción a la Noosfera digital. En esa publicación desarrollé el constructo de” inteligencia digital” sobre la base de lo aprendido de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. En tal sentido partía de la definición propuesta de “Inteligencia”, en sus dos acepciones: 1. capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural. 2. factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los demás. De ahí, se obtenía la definición de Inteligencia digital, en cinco acepciones, que tantas veces cito en mi cuaderno digital: 1. destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se manejan y tratan, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida de haberse hecho muy capaz de ella. 2. capacidad que tienen las personas de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 3. capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 4. factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 5. capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso.

Howard Gardner, el precursor de las inteligencias múltiples que nos abrió en aquellos momentos las puertas a un nuevo planteamiento de inteligencia digital, de gran impacto social, hizo una manifestación en su presentación de la teoría científica de las inteligencias múltiples en los siguientes términos, a través de sus publicaciones maestras en los años ochenta y noventa del pasado siglo, que no he olvidad: “Es de la máxima importancia que reconozcamos y alimentemos toda la variedad de inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias.  Somos tan diferentes entre nosotros, en gran parte, porque todos tenemos diferentes combinaciones de inteligencias.  Si llegamos a reconocer esto, pienso que, como mínimo, tendremos una oportunidad mejor de enfrentarnos adecuadamente a los muchos problemas que se nos presentan en el mundo.  Si podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas, no sólo las personas se sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es posible que también se sientan más comprometidas y más capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial en la consecución del bien general.  Tal vez, si podemos movilizar todas las inteligencias humanas y aliarlas a un sentido ético, podamos ayudar a incrementar la posibilidad de supervivencia en este planeta, e incluso contribuir a nuestro bienestar”.

Espero expectante su intervención en la Conferencia Enlighted del próximo jueves. Le debo mucho en mi aprendizaje sobre las inteligencias múltiples y su proyección en la inteligencia digital de la ciudadanía y en la inteligencia pública digital de los Gobiernos y de las Administraciones Públicas, que también existen. Le debía, una vez más, palabras de agradecimiento, reconocimiento profesional y respeto magistral.

NOTA: la imagen de Howard Gardner que figura en la fotocomposición de cabecera, se ha recuperado hoy de https://www.howardgardner.com/about

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

CIVIO y la transparencia de los Presupuestos Generales del Estado para 2022

Fundación CIVIO

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939), Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Sevilla, 14/X/2021

La verdad es que ignoramos cuánto valen las cosas públicas, mucho más por los años que llevamos instalados en la corrupción pública a todos los niveles, donde todo necio confunde valor y precio. También, por la falta de transparencia real y efectiva para conocer el recorrido completo del presupuesto, gasto y evaluación del dinero público, una tríada capitolina para el empoderamiento auténtico de la población. Una vez más acudo a la Fundación CIVIO, que ya he citado en diversas ocasiones en este cuaderno digital, para intentar comprender bien que significa el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Como pasa cada año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan su consulta. Por eso, mientras el proyecto pasa el filtro de las Cortes Generales, te lo mostramos de forma visual e interactiva para que puedas explorarlos fácilmente, incluso sin conocimientos previos. Como hacemos desde 2011. Aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno de coalición. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan”.

Mi reconocimiento a la Fundación y a su co-director, David Cabo, así como a todos los miembros de la misma, es continuo, público y notorio desde que tuve la oportunidad de entrar en contacto con él en 2013 para preparar la transparencia del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año siguiente y la accesibilidad digital al mismo, preocupado como administrador público por la transparencia pública digital. Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia es el resultado siempre de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y co-director de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Es muy importante entrar en esta página web de la Fundación CIVIO para comenzar a comprender bien las bases presupuestarias que asientan o no la democracia en este país y los pilares económicos, no inocentes por cierto, que la sustentan a partir de una pregunta transcendental, ¿Dónde van mis impuestos?, con tres proyecciones políticas esenciales, Ingresos, ¿Cómo se gasta? Y ¿En qué se gasta? Acceder a todos los datos es posible y CIVIO nos ofrece esta oportunidad de emitir juicios bien informados, la base de toda evaluación que debemos hacer como ciudadanos responsables. Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, como este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Entren y vean. Le aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán a partir de ahora que el Presupuesto de este país, como el de la Comunidad en la que cada uno reside, puede y debe ser cosa de todos. Gracias CIVIO, gracias David, por hacerlo posible.

(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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