
Sevilla, 14/II/2026 – 17:37 h UTC (CET+1)
El pasado 11 de febrero se aprobó en el Parlamento de Andalucía, la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), que deroga la actualmente vigente desde 2013 (LAU), gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular y con los votos en contra de la oposición de izquierdas y de VOX, con posiciones obviamente diferenciadas. Una ley que viene para quedarse y que marcará el futuro universitario de miles de jóvenes andaluces y de sus familias, en detrimento real de la calidad pública que se le debe presuponer al sector universitario público, por falta de recursos, que acabará afectando como siempre a los que menos tienen.
Es importante conocer previamente cómo era la distribución geográfica de las Universidades en Andalucía, antes de llegar al Gobierno de la Comunidad el Partido Popular: diez públicas y una privada, una por provincia, la Universidad Internacional de Andalucía y la Pablo de Olavide, más la única privada, Universidad Loyola. La realidad actual es bien distinta, diez públicas y seis privadas, de las cuales cinco se han creado desde enero de 2018, bajo la presidencia del Partido Popular en esta Comunidad, quedando a la espera de aprobación otras seis, claro ejemplo del impulso a la privatización de este sector universitario: Universidad Alfonso X el Sabio (Málaga), Mare Nostrum (Málaga), Universidad Europea de Andalucía (Málaga), CEU Fernando III (Sevilla) y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed), también en Málaga, aprobaciones con bastante ruido mediático en algún caso, mientras se sometía al sector universitario estrictamente público a una descapitalización de recursos, progresiva, sin paliativo alguno. Este hecho lo demuestra la declaración de diciembre de 2025 de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, en la que manifestaban que “Nosotros, la comunidad universitaria, le exigimos al Gobierno andaluz que cumpla sus obligaciones y compromisos financieros con el Sistema Universitario Público Andaluz. El modelo de financiación vigente, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hace ahora más de dos años, se ha incumplido sistemáticamente durante los años 2024 y 2025”. Igualmente, expusieron que la principal reivindicación de las universidades públicas andaluzas “es, no obstante, el cumplimiento estricto de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que establece la obligación de garantizar una financiación basal suficiente. En particular, el artículo 55 de la LOSU dispone que dicha financiación deberá cubrir, al menos, los gastos de personal, los gastos corrientes y las inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las universidades públicas y para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación, transferencia del conocimiento e innovación”.
En el ánimo de preservar siempre a las Universidades públicas como uno de los pilares fundamentales en los que se basa la política del Estado de Bienestar, denuncio con estas palabras, que aún me quedan (Blas de Otero, dixit), la aprobación de la nueva ley, porque es un claro ejemplo del empuje descarado del sector privado frente al público en este ámbito social, al igual que lo que está ocurriendo con el Sistema Sanitario Público de Andalucía, porque supone una intromisión plena en la autonomía universitaria, bordeando la inconstitucionalidad en ámbitos tan claros, entre otros, de la contratación laboral, la falta de garantías en el sistema de financiación, que ya lo están sufriendo con la anterior normativa, la incorporación del “control de legalidad” por parte de la Junta de Andalucía de la relación de puestos de trabajo y las ofertas de empleo público, junto con la incorporación de la figura del interventor, que se encargará del control económico interno de los centros universitarios.
Lo que verdaderamente ha enervado a los rectores, grupos políticos de izquierda, sindicatos y representación del alumnado, es la configuración del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, que figura en el texto aprobado, recogiendo la capacidad de voto, no solo de voz, a los rectores y rectoras de las universidades privadas, en un órgano tan importante de planificación y coordinación del Sistema Universitario Andaluz.
También es importante señalar de forma expresa y literal, la manifestación efectuada desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), de su firme rechazo a la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) aprobada el pasado 11 de marzo, “una norma que afecta directamente al presente y al futuro del estudiantado universitario. La aprobación de esta ley se produce tras la incorporación de cambios de última hora que no han sido consensuados con la comunidad universitaria, modificando de manera sustancial el texto que había sido objeto de debate y consenso previo. Esta forma de proceder supone un grave déficit democrático y deslegitima un proceso que debería haberse construido desde el diálogo con las universidades y su estudiantado”.
Como estrambote final, recojo en estas palabras un hecho que no debe pasar por alto en el procedimiento parlamentario hasta llegar a esta aprobación: el consejero actual de Universidad, Investigación e Innovación, que ha defendido hasta la saciedad el proyecto de Ley, José Carlos Villamandos, fue rector de la Universidad de Córdoba, es decir, conoce bien la situación de graves carencias en las Universidades Públicas, por lo que el redactado del texto final de la Ley no es inocente y responde a la política del PP: ahogar económicamente a las Universidades Públicas, difundir que no funcionan bien y que son inviables, para pasar posteriormente a la privatización mediante las autorizaciones compulsivas de nuevas Universidades de capital privado, hasta llegar a una situación incomprensible para el Estado del Bienestar, en la que la oferta universitaria privada superará a la pública a corto plazo, como ya pasa en la Formación Profesional, donde el principio de equidad en la accesibilidad a estudios universitarios, irá desapareciendo de facto, con los efectos colaterales de falta de ayudas y becas para los que menos tienen.
Una cosa más. He conocido que en la Ley comentada, se ha incluido una enmienda “intrusa”que modifica el régimen sancionador de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, suprimiendo todos sus artículos y remitiendo la aplicación de las sanciones al marco estatal, menos restrictivo que el derogado. Así va la transparencia pública en Andalucía. Espero leer con detalle el texto oficial de la LUPA, que en la fecha que escribo estas palabras todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sólo he podido utilizar fuentes fiables, públicas también, aunque tampoco se ha publicado, a fecha de hoy, en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, el Diario de Sesiones del 11 de febrero, en el que se debatió en Pleno, la aprobación de la ley hoy comentada. Será interesante conocer qué pasó en ese debate, con luz y taquígrafos.
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CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.
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