Día: 12 de julio de 2024

Si se callan…, las personas que escriben o sueñan, los que hacen una política digna, las personas dignas, las que son artistas, las ciudadanas y ciudadanos anónimos, las personas que cantan o componen, todos ellos y ellas no conformes con las injusticias que pasan en el mundo cotidiano de nuestro país al revés, se calla la vida y la palabra.

Sevilla, 12/VII/2024

Lo dijo en una frase escueta el presidente de Canarias, el pasado miércoles, durante la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife y presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres: “Somos incapaces de preservar los derechos de los niños”. En pocas palabras, pero de una evidencia atronadora, reflejó la situación límite e insostenible en la que se encuentra el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados en Canarias y ante la falta de solidaridad con esta realidad flagrante por parte del país, atendiendo a los datos de lo que ocurrió en 2023, que son patéticos y lo que está pasando ya en 2024.

En la citada Conferencia Sectorial se acordó que se podían llevar a cabo 347 traslados, de los que 209 tendrían como destino las Comunidades regidas por el Partido Popular. Este acuerdo tiene sólo un carácter de reparto voluntario, no obligatorio, junto a la aprobación de un crédito de 20 millones para compensar el esfuerzo que hagan las comunidades de acogida. Es una victoria pírrica del Gobierno, porque la realidad es dantesca dado que, en la actualidad, Canarias tiene su límite de acogida en 3.000 niños, cuando la realidad a día de hoy es que ya está cerca de los 6.000, unido a una realidad clamorosa, la farragosidad de los trámites burocráticos que enlentece cualquier traslado. También se trató en la citada reunión de reformar la ley de Extranjería, con objeto de que los repartos tengan carácter de obligatorios y lo suficientemente numerosos como para aliviar a los territorios, más allá de Canarias, que en algún momento se encuentren superados por la acogida. El texto presentado pretende añadir a la vigente ley de extranjería la obligatoriedad de acoger menores extranjeros cuando Canarias, Ceuta y Melilla vean sus sistemas de acogida por encima del 150% de su capacidad. Ante esta situación, “las comunidades tendrían 12 meses para asumir a unos 2.500 niños y adolescentes que se encuentran en estas tres comunidades, además de asumir en un plazo de 15 días cada menor nuevo que llegue. El protocolo de reparto se desactiva una vez que el territorio sobrepasado vuelva a estar por debajo de ese 150% de su capacidad”.

La realidad de lo expuesto anteriormente, tiene una importancia extrema para tres territorios del país, Canarias, Ceuta y Melilla, seriamente afectados por este hecho irrefutable de falta de acogida solidaria de los menores migrantes que llegan a sus puertos y costas, a veces en condiciones extremas. Esta situación de abordaje de una vez por todas de esta situación límite, es lo que ha desencadenado la salida abrupta de los representantes de alto nivel de VOX en las Comunidades Autónomas donde participan en sus gobiernos, porque según su presidente, Santiago Abascal, acoger a estos menores asegura “la distribución de la inseguridad por toda España”, por lo que su partido no está dispuesto a ser “cómplice de robos, machetazos y violaciones”. Por respeto a la dignidad de los derechos fundamentales que merecen estos menores migrantes, no le dedico ni una palabra más a este personaje, de cuyo nombre preferiría hoy no haberme acordado.

Visto lo visto ante lo que todavía hoy queda acordado sólo con carácter voluntario, y con los datos expuestos a continuación, de lo que ocurrió el año pasado, facilitados por elDiario.es, en un artículo excelente, Doce comunidades no recibieron a ninguno de los menores migrantes que pactaron acoger pese a los fondos concedidos, es obvio que nos dejan muchas dudas sobre la mesa política y legislativa en relación con la acogida real de menores migrantes que se deberá llevar a cabo en 2024, sin las garantías de obligatoriedad legal, cambio que se debería introducir ya en la vigente Ley de Extranjería. Una vez más, una imagen vale más que mil palabras. Me duele contemplarla.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!