
Al docente le incumbe la delicada misión de hacer comprender a sus estudiantes que la enseñanza es una gran oportunidad ofrecida por la sociedad para ayudarnos a hacernos mejores, mujeres y hombres libres capaces de saber vivir […] No se puede hablar al alumnado sin amar lo que se enseña.
Nuccio Ordine, en Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal
Sevilla, 15/IX/2025 – 07:18 h (CET+2)
Este mes es una gran oportunidad de cumplimiento constitucional para Andalucía, al comenzar el Curso Escolar 2025-2026 en todos sus niveles, que traducido a números supone casi 1,8 millones de estudiantes y más de 130.000 docentes, en las aulas de los 7.243 centros educativos andaluces (tanto públicos como concertados y privados).
El Estado de Bienestar se hace visible con esta realidad indiscutible, como uno de sus pilares fundamentales. Lo que ocurre es que no podemos quedarnos solo en los números sino que es imprescindible conocer la intrahistoria actual de esta Comunidad Educativa, dependiente de un Gobierno en su forma de desarrollar la función primordial política de cuidar la gestión constitucional de la Educación. Es ahí donde comienzan a detectarse fisuras. Veamos cuáles.
El pasado 7 de septiembre publiqué un artículo en este cuaderno digital, El comedor escolar es un espacio educativo y debe ser universal y gratuito en nuestro país, en el que ante el comienzo de este curso escolar, planteaba un problema muy preocupante en este país, obviamente en esta Comunidad, acerca de la desigualdad territorial en este ámbito de salvaguarda del derecho infantil y juvenil a la educación y alimentación, destacando la realidad de Andalucía, con datos obtenidos del informe, Vuelta al cole, ¿vuelta al comedor?, Lo que dicen los datos, realizado por EDUCO, en el que se analizan las dificultades de las familias más vulnerables para asegurar la alimentación de sus hijos e hijas y poder llevarlos al comedor escolar en la escuela pública. El problema de la falta de becas para los comedores es una constante en dicho informe y la situación en Andalucía también es muy preocupante.
Aún así, problemas reales en la situación en la que se encuentra la educación en Andalucía, se han recogido en el Acuerdo de 16 de julio firmado entre la Consejería de Desarrollo Educativo y las organizaciones sindicales CSIF-Andalucía, ANPEAndalucía y UGT- Servicios Públicos, sobre mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario, donde figuran medidas tan importantes como la aplicación de bajadas de ratios, mejora de plantillas para la atención a la diversidad vinculada a ratios, de educación especial, de acceso a cátedras, ofertas de empleo público (OEP), simplificación y desburocratización, plan de choque para este curso 2025-2026 y reorganización del horario del profesorado de Infantil, Primaria y Centros Específicos de Educación, así como de Secundaria y Enseñanzas Régimen Especial, junto a otras medidas de indudable interés, no de aplicación inmediata sino a lo largo de los próximos cuatro cursos, cuestión que enlentece la atención urgente a demandas de necesidades estructurales que datan de años atrás.
Un ejemplo de esta ardiente impaciencia ante el desmantelamiento actual del sector público en todos los pilares del Estado de Bienestar, obviamente en educación, se hace patente a través de los representantes de las Asociaciones de Madres y Padres de Andalucía, según se recoge en elDiario.es: “Las familias, por su parte, consideran que el pacto alcanzado sigue siendo “insuficiente”. Rocío Begínez, presidenta de FAMPA Sevilla, lamenta que la bajada de la ratio en Infantil se retrase un curso más (se espera ver materializada el próximo curso 2026-2027) y que solo contemple una reducción en el segundo ciclo de Infantil de 22 alumnos por aula. Además, la representante de las madres y padres del alumnado recuerda que “otro de los grandes problemas y preocupaciones” a los que se enfrentan las familias este año es “la falta de recursos y medios del alumnado con necesidades especiales (NEE) y de apoyo educativo (NEAE)”.
El miércoles pasado comenzaron las clases de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, con un total de 708.604 alumnos . Hoy, comienzan las clases de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (886.255 estudiantes) y la semana próxima las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 87.707 estudiantes. Son niños y niñas, andaluces y andaluzas, jóvenes también, que inician o continúan su itinerario educativo para construir el presente y futuro de Andalucía.
La educación es una inversión pública de una importancia trascendental, a la que deberían prestar una atención especial y preferente las instituciones públicas, porque es la gran oportunidad de transformar Andalucía y el valor humano que lleva dentro, un derecho fundamental, de rango constitucional, cuyo objeto es claro y contundente: “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Este inicio del curso escolar forma parte de mi esperanza democrática, en un momento delicado del país y, por extensión, de mi Comunidad, con problemas estructurales en el ámbito de la educación, que necesitan respuestas urgentes por parte del Gobierno correspondiente.
En este ámbito educacional, al comenzar el curso escolar 2025-2026, me siento muy cerca de Luis Cernuda cuando afirmó en 1931 que Andalucía es un sueño que varios andaluces llevamos dentro. También, una esperanza democrática y constitucional.
NOTA: la imagen se ha recuperado hoy de la Consejería de Desarrollo Educativo – Junta de Andalucía
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CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.
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