
Sevilla, 7/XII/2025 – 09:47 h (CET+1)
Creo, sinceramente, que la guinda del pastel empresarial de la salud, gestionada con responsabilidades manifiestamente públicas, se ha puesto con lo sucedido recientemente en el hospital universitario de Torrejón (Madrid), un escándalo de gestión que ya dura 30 años en Madrid, según hemos conocido a través de lo publicado estos días por el periodismo veraz, digno y objetivo, que haberlo haylo en nuestro país, afortunadamente.
Es verdad que desde el principio de estas experiencias, muy cacareadas en Valencia, hace ya muchos años con el Modelo Alzira, se cuestionó el modelo público-privado de la gestión sanitaria, fundamentalmente porque creo que el carácter público de la atención sanitaria es indelegable, al chocar frontalmente con el negocio de la salud, cuya finalidad siempre es la rentabilidad pura y dura del “negocio sanitario, cueste lo que cueste”, que no entro en cuestionarlo en su esencia, ¡allá esas empresas, algunas sin alma!, pero sí lo hago cuando caminan de la mano de responsabilidades públicas indelegables.
Leer y escuchar lo sucedido en el hospital de Torrejón, es un botón de muestra de lo que planteo como una mala decisión de gestión delegada que se permite en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir esto, que desde la Administración Pública Sanitaria, se debe acabar de una vez por todas con el mantra de que las técnicas de gestión más avanzadas de gestión sanitaria no se pueden o deben llevar a cabo exclusivamente en el Sistema Nacional de Salud y por eso hay que externalizar la gestión pública? Sí, rotundamente sí, porque lo que se niega es la transferencia de la responsabilidad de cuidar la sanidad pública en todas y cada una de sus facetas, sencillamente porque esta responsabilidad pública es indelegable en un Estado de Bienestar como el nuestro, constitucionalmente hablando también, incluida su gestión técnica de forma inexcusable. Solo se debería recurrir a la delegación de la gestión pública de la sanidad, cuando legalmente sea justificada esa responsabilidad irrenunciable, pero que por causas exclusivamente justificadas, extraordinarias y de emergencia, tienen que llevarse a cabo por entidades privadas dedicadas a la atención de la salud, en sus múltiples actividades, con una inspección férrea de la citada “delegación”, que debe ser temporal y no eterna y, nunca mejor dicho, “hasta que la muerte nos separe”.
Es la lucha que se mantiene en la actualidad contra la gestión privatizadora de la sanidad pública en nuestra Comunidad Autónoma, por mucho que lo niegue su Gobierno actual, jactándose hasta la saciedad de que han puesto muchos más millones que nunca en los presupuestos desde que llegaron al poder en 2018, a modo de ¡más madera!, sin darse cuenta de que aunque pongan todo el oro del mundo, el problema del Sistema Sanitario Público de Andalucía, no sólo es de financiación, que también lo es, indudablemente, pero ocupando siempre un segundo lugar, porque el primer problema es el de Modelo Sanitario Público en Andalucía, que según lo demostrado en siete años de gestión es claro, con una ideología manifiesta para llevar a cabo el desmantelamiento progresivo y calculado del Sistema Público actual.
Una vez que se tiene claro y fundamentado el Modelo, que debe ser siempre de base estrictamente constitucional, en el marco de los derechos y deberes públicos en relación con la sanidad, apoyados en la legislación sanitaria vigente en la Comunidad, la gestión tiene que ser siempre pública, con las contrataciones con la gestión sanitaria privada que, en su caso, sean necesarias y que sólo tienen que contemplarse en situaciones excepcionales y de deberes públicos en la emergencia sanitaria que las justifiquen, de carácter siempre reversible desde el momento que la gestión pública pueda llevar a cabo de nuevo lo contemplado en esos encargos a entidades privadas de la salud.
Creo que la iniciativa legislativa popular, defendida en sede parlamentaria el pasado 26 de noviembre, muestra que otro modelo de gestión de carácter público en el Sistema Sanitario Público de Andalucía es posible. Si no se logra cambiar el actual, que luego no nos llamemos a engaño, porque lo sucedido en el hospital universitario de Torrejón es un aviso muy serio de cómo puede acabar gestionándose la sanidad pública en Andalucía. Hay que decirlo alto y claro: el problema actual en nuestra Comunidad es de Modelo Sanitario, de ideología no inocente y no solo económico, cada vez más alejado de responsabilidades constitucionales y responsabilidades públicas recogidas en la legislación vigente.
José Antonio Cobeña Fernández
Exsecretario General del Servicio Andaluz de Salud (2000-2004)
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CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.
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