En Andalucía, vivimos horas amargas por la firma del Acuerdo de Gobierno PP-VOX para esta legislatura

Rótulo de la calle Andalucía amarga, en el barrio de El Cerro del Águila, en Sevilla, al que tanto amó Salvador Távora (Sevilla, 1930-2019) / JA COBEÑA

 Sevilla, 6/VII/2026 – 07:53 h CET (UTC+2)

No me refiero hoy de manera formal a la obra que Salvador Távora (Sevilla, 1930-2019) hizo famosa en 1979, Andalucía amarga, de feliz recuerdo ideológico por su acerado trato de la emigración en general y andaluza en particular, que también viene bien recordarlo, sino a una realidad lacerante de fondo, amarga por supuesto, por la firma el pasado jueves del Acuerdo de Gobierno PP-VOX en Andalucía.

Lo he leído y analizado detenidamente a través de sus 60 páginas, que contienen tres apartados: las bases del acuerdo, 150 medidas en quince títulos (Fiscalidad, Inmigración y Energía, Industria y Empleo, Familia, Cultura y Turismo, Vivienda, Movilidad y transporte, Educación, Justicia, Sanidad, Sector Primario, Medio Ambiente, Gasto superfluo, Leyes ideológicas y una Cláusula final), con sus plazos correspondientes y, por último, la distribución de responsabilidades, que se concretan en una macroconsejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, más una vicepresidencia primera en la Mesa del Parlamento y la designación autonómica de un Senador.

Cabecera y firma conjunta del Acuerdo de Gobierno PP-VOX en Andalucía

Estas son las mimbres del Acuerdo, cuyas bases descubren el verdadero sentir de la derecha vestida con piel de cordero y su abrazo descarado con la ultraderecha a través de 150 medidas, bordeando en bastantes casos la Constitución y la legalidad vigente. Comenzando por las Bases, dicen algo que es una verdad democrática incuestionable, al referirse a los resultados “irrefutables” de las elecciones del pasado 17 de mayo, conseguidos por ambas formaciones, que les permite alcanzar este Acuerdo al haber obtenido conjuntamente una mayoría suficiente de 68 escaños sobre 109, que al sumar el 62,4% del total, también supone las 3/5 partes del Parlamento, cifras importantes para la toma de decisiones transcendentales en esta legislatura.

Por ello, en el Acuerdo se afirma que “hoy se ofrece a los andaluces un pacto de gobierno llamado a hacer de Andalucía un modelo de convivencia, sentido común y firmeza frente al modelo de la mentira que tiene su mayor exponente en el Palacio de la Moncloa”. Creo que esta última expresión junto a otras muchas del Acuerdo, reflejan que la denominada “vía andaluza” de moderación y buenas formas, personalizada en la marca “Juanma Moreno”, tan cacareada por el PP, ya es una “vía muerta” con la firma de este Acuerdo de gobierno y estabilidad para Andalucía.

Además, ambas formaciones coinciden en algo sustancial:

También me ha llamado la atención la siguiente declaración de principios, porque leyendo detenidamente en este documento palabras tales como “dignidad”, “humanidad”, “justicia” e “igualdad”, suenan hoy terriblemente huecas por mucho que el presidente, en su toma de posesión ayer, quiera ahora justificar la firma del Acuerdo: “La dignidad inherente a todo ser humano es un postulado irrenunciable y un compromiso ético absoluto y permanente para los firmantes de este acuerdo. En este sentido, la política social de este Gobierno estará fundamentada en los principios de justicia, igualdad y humanidad, que son los que defiende la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía”. Casa mal esta base del acuerdo con las medidas previstas en un denominador común a las 150 medidas acordadas, la “prioridad nacional”, cuando se abordan medidas sociales de todo tipo frente a la inmigración, por ejemplo hasta 12 en el segundo apartado del Acuerdo. Cualquiera de las doce medidas de este apartado es un despropósito legal y humanitario, pero es en la medida 18 donde adquiere signos dramáticos la denominada prioridad nacional, que se desarrolla sin rubor alguno y con un plazo de implantación muy claro, “desde los primeros avances del inicio de la legislatura”: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Igualmente, otra vuelta de tuerca en la prioridad nacional está presente al desarrollar las medidas de vivienda, cuando se aborda la medida 49 referida al acceso a la vivienda protegida y el alquiler social. Más adelante, leo con estupor la medida 64 sobre el “Fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM)”, por entenderse por parte de los firmantes que es un ejemplo de adoctrinamiento en las aulas de Andalucía, como una injerencia a combatir.

Quizá me ha dolido más la medida 100, en el apartado de Sanidad, junto a otras más generalistas y nunca inocentes, como meras declaraciones de intenciones, referida a la realización de una “Auditoría anual del coste sanitario derivado de la atención a extranjeros en Andalucía”, donde vuelven a aparecer las personas sin residencia legal acreditada y urgencias, entre otras tipologías a auditar, señaladas una vez más como oscuro objeto de deseo político en este Acuerdo.

Por deformación profesional, me he detenido especialmente en el apartado de Sanidad, que contiene 28 medidas, en un todo revuelto como meras declaraciones de principios, de muy difícil concreción, porque el problema radica en la falta de creencia de los firmantes en la verdadera esencia de la sanidad pública, como una de las piedras angulares del Estado de Bienestar. La colaboración público-privada sobrevuela este apartado, con una inquietante referencia a acudir a ella “cuando sea útil para reducir listas de espera, pruebas diagnósticas o actividad asistencial demorada”. ¿Dónde queda la Proposición de Ley, de iniciativa legislativa popular, de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía, aprobada por el Parlamento en el mes de noviembre pasado? Sé que VOX se abstuvo, no lo he olvidado, pero es una gran propuesta que se debería rescatar con urgencia.

Respecto de las medidas relativas al apartado de “Gasto superfluo”, qué injusto es leer el contenido de la 144 sobre eficiencia en el uso de los recursos públicos, cuando expresa lo siguiente: “se impulsarán las reformas necesarias para avanzar de forma progresiva en la reducción, hasta su eliminación, de aquellas subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a la cooperación internacional al desarrollo”. De nuevo, el mantra de la “prioridad nacional”. ¿Dónde está la humanidad y la solidaridad en esta medida?

Por último, quiero resaltar el apartado sobre “leyes ideológicas”, con dos medidas, la 148 y 149, que me producen una indignación total, al acordar la primera la aprobación de una “Nueva Ley de Concordia” antes de que finalice este año, que derogará y sustituirá a la actual Ley andaluza en materia de memoria histórica. La medida 149 se refiere a revisar y, en su caso, derogar, entidades públicas, ayudas y leyes ideológicas, garantizándose que “toda la acción de gobierno de la Junta de Andalucía se inspirará en los principios de libertad, eficiencia y austeridad, renunciando expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos”. Verdaderamente sorprendente y vergonzoso.

Quedan sin citar aquí otras muchas medidas muy preocupantes, por ejemplo respecto del cambio climático, aceptando plenamente este documento el negacionismo en este ámbito y el blindaje del sector primario en relación con la Agenda 2030, alejando cada vez más de Europa a nuestra Comunidad, que tanto nos da en Fondos de Desarrollo Regional. El Acuerdo tiene ausencias clamorosas, por ejemplo sobre la violencia de género, pero creo que nuestra obligación democrática es divulgarlo para que se conozca, dado el ocultismo con el que se ha tratado, haciéndose público sólo media hora antes de la celebración del pleno parlamentario para votar la elección del nuevo presidente de la Junta de Andalucía.

Al buen entendedor democrático, con las 150 medidas del Acuerdo, basta para denunciarlo y divulgarlo para general conocimiento de la ciudadanía andaluza. Es la única forma de que en democracia se puedan emitir juicios bien informados. Estamos avisados.

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