"El mundo sólo tiene interés hacia adelante…", Pierre Teilhard de Chardin

Sevilla, 6/XI/2025 – 13:25 (CET+2)

He esperado con ardiente impaciencia el IX Informe FOESSA, 2025, sobre exclusión y desarrollo social en España, presentado el martes pasado en Madrid, con un resultado sobrecogedor: 2,5 millones de los jóvenes viven en situación de exclusión social, de los cuales 1,2 millones en exclusión severa, que «en comparación con el periodo anterior a la pandemia, indica que el número de jóvenes en situación de exclusión ha aumentado en la actualidad en 309 mil personas, mientras que quienes se encuentran en exclusión severa han crecido en 169 mil», junto a otras realidades sociales avaladas con datos que se deberían tener en cuenta con carácter de urgencia para garantizar las políticas correspondientes que solventen el drama de las desigualdades sociales en nuestro país. El Informe «advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en España en el que se contrae la clase media. Estamos ante una encrucijada. Podemos seguir por el camino actual, el del individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad. O elegir un cambio de rumbo valiente para una sociedad fundamentada en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida”.

Es un documento complejo de 712 páginas en su versión completa. aunque se puede leer también un resumen que facilita la comprensión de todos los planteamientos que aborda. En su introducción y después de analizar brevemente los resultados pretendidos de los ocho informes anteriores, se dice algo que es una realidad flagrante en nuestro país acerca de la dimensión estructural de las situaciones analizadas: «El IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España llega en un momento histórico de profunda complejidad. Tras décadas de transformaciones aceleradas que han reconfigurado por completo su estructura social, económica y territorial, el país se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas. Los indicadores macroeconómicos sugieren recuperación y crecimiento, pero bajo la superficie aparente de bonanza se extiende un malestar estructural que atraviesa todas las dimensiones de la vida colectiva. Esta paradoja —crecimiento económico coexistiendo con vulnerabilidad social, estabilidad institucional conviviendo con desafección democrática, modernización tecnológica acompañada de fragmentación comunitaria— constituye el núcleo de lo que podríamos denominar la «sociedad del desasosiego».

Adentrarse en el entramado objetivo de los datos expuestos, es un ejercicio obligado para poder emitir juicios bien informados sobre la exclusión social y desarrollo en nuestro país: «No se trata de un ejercicio académico neutro, sino de un esfuerzo intelectual comprometido con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Las ciencias sociales que aquí se despliegan están al servicio de la acción, orientadas a desentrañar los mecanismos que perpetúan la desigualdad y la exclusión, pero también a identificar las grietas por las que puede emerger la transformación social». A lo largo de los seis capítulos del informe que, como se dice en la introducción, «no son compartimentos estancos», se abordan cuestiones relevantes para abordar datos objetivos de lo que está pasando y estamos viendo, así como planteamientos urgentes y necesarios para la transformación de los mismos que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.

Siguiendo el camino razado en el informe, el primer capítulo «nos presenta una sociedad
transformada desde sus cimientos. La estructura de clases tradicional se ha fragmentado radicalmente, con una erosión significativa de las clases medias y la práctica desaparición de la identidad obrera tradicional. Esta atomización social ha generado una proliferación de identidades múltiples que dificultan la construcción de proyectos comunes y solidaridades colectivas». En el segundo capítulo se señala «la cristalización de la desigualdad estructural. La precariedad laboral emerge como fenómeno sistémico, mientras la polarización del empleo —crecimiento de ocupaciones extremas y debilitamiento de posiciones intermedias— se acelera con la inteligencia artificial, planteando retos urgentes que amenazan con ampliar la fractura social. La desigualdad salarial se revela estructural, con brechas que se enquistan especialmente entre generaciones, rompiendo expectativas de progreso».

El tercer capítulo analiza el hilo conductor del informe, la exclusion social «como
fenómeno multidimensional que revela una dinámica preocupante: cada crisis ensancha fracturas que las recuperaciones no cierran completamente. La exclusión severa se mantiene por encima de niveles previos a las crisis, afectando a millones de personas adicionales. El mercado laboral ha perdido su capacidad protectora, con una proporción significativa de trabajadores ocupados viviendo en exclusión. El análisis desmonta el mito
de la pasividad: la inmensa mayoría practica resistencia activa, pero enfrenta dispositivos públicos fragmentados e insuficientes». Deseo destacar, conmovido, los datos referentes a la exclusión social en Andalucía, que han empeorado en relación con los obtenidos en 2018.

El cuarto capítulo aborda lo que para mí es nuclear en la situación política actual, el acoso y derribo del Estado de Bienestar, profundizando en las heridas abiertas desde hace ya varios años, así como la incorporación en tromba del llamado cuarto pilar de ese Estado, tomando en consideración la importancia de respetar el Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS): «[…] un Estado de Bienestar en tensión pese al respaldo ciudadano: presiones geopolíticas, tendencias privatizadoras, rearme europeo y debilidad fiscal. El tercer sector constituye una infraestructura masiva pero invisible, con dualización entre organizaciones bien dotadas y microentidades con recursos insuficientes. La provisión mercantil complementaria refuerza desigualdades al beneficiar a quienes disponen de mayor capacidad económica. La sostenibilidad se ve amenazada por la polarización ideológica y
la desconfianza fiscal. El sistema sanitario se debilita entre fracturas estructurales y privatización, mientras las desigualdades en salud persisten pese a décadas de universalidad formal. El modelo de cuidados requiere transitar de lo privado a lo
comunitario, con financiación insuficiente que perpetúa feminización y precariedad. La vivienda exige una respuesta estructural que priorice derecho frente a especulación. Las pensiones necesitan un pacto intergeneracional más allá de ajustes técnicos». El quinto capítulo aborda otra realidad flagrante: el ocaso de la democracia en nuestro país, no inocente por cierto, junto a la desafección política, dan lugar a «[…] la erosión de la confianza social y política. La democracia se percibe como ineficaz y desconectada, erosionando el compromiso cívico. Corrupción persistente, incapacidad para resolver problemas estructurales y sentimiento de no ser escuchados refuerzan la desconfianza. Existe un contraste inquietante: amplio respaldo a servicios públicos no siempre se traduce en disposición a financiarlos, lo que evidencia la fractura en el principio de reciprocidad». Según recoge el Informe en este capítulo, «Las noticias falsas fragmentan el espacio público y erosionan la verdad compartida, mientras las plataformas digitales generan aislamiento en lugar de conexión, cuestionando fundamentos relacionales de la democracia deliberativa».

Por último, se desarrolla el sexto capítulo, en el que se plantea «la necesidad de un cambio
radical de paradigma civilizatorio. Hemos transitado de la sociedad desvinculada a una consciente de riesgos que se refugia en un individualismo defensivo e ilusorio ante desafíos globales. Este cambio requiere superar la instalación en el privilegio y desacelerar la vida, reconociendo que la aceleración nos despoja de resonancia y relaciones profundas. Necesitamos políticas audaces que afronten la crisis sistémica sin dejar a nadie atrás,
elaborando un nuevo pacto social que genere nuevo imaginario. La desigualdad creciente exige reconocernos como seres interdependientes y ecodependientes, recuperando una ética del trabajo desligada del empleo. Necesitamos entrar en la lógica de lo común para profundizar en la democracia desde la complementariedad Estado-sociedad civil. Debemos transitar de la ética del buen vecino a la del buen antepasado, capaz de empatizar con lo lejano y operar desde una lógica de trascendencia. La espiritualidad aporta profundidad al cambio al permitir una experiencia trascendente y proponer la conversión como práctica. Es urgente transitar de la visión mecanicista hacia una que ponga en el centro la interdependencia y la ecodependencia y el cuidado. Debemos girar del «bienestar»
al «biencuidar», avanzando hacia la democracia del cuidado».

Como bien manifiesta en la introducción el Coordinador de este l IX Informe FOESSA, Raúl Flores Martos, lo que se ofrece a la sociedad es poder disponer de «herramientas analíticas para una transformación urgente y profunda. Los datos y las tendencias revelan que, pese a la gravedad de los desafíos, personas y colectivos despliegan capacidades de resistencia, sostienen la voluntad de cambio y protagonizan experiencias transformadoras que demuestran que otro modelo social es posible. Aspiramos a contribuir a esa transformación, poniendo las ciencias sociales al servicio de la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Porque las sociedades no cambian por decreto ni por inercia: cambian cuando confluyen el análisis riguroso de la realidad, la voluntad política de transformación y la movilización social hacia horizontes de justicia» (la negrita es mía).

Lean el informe en aquellas páginas que les llamen la atención por los datos que ofrecen. No he querido abrumar con gráficos y datos prolijos, sino inducir a su consulta directa en el informe, en función de los intereses de cada persona concernida. Lo expuesto anteriormente sólo es a modo de introducción breve para facilitar la comprensión global del informe. Lo que es indudable es que es imprescindible conocer los datos expuestos para poder emitir juicios bien informados sobre la exclusion social y desarrollo en nuestro país, a través de una fuente solvente y ética, demostrada a lo largo de los años. Lo digo una vez más: ahí están los datos anteriormente señalados, desnudos, junto a la gran pregunta que nos compromete a todos, qué hacer en una contraescuela del mundo al revés en nuestro país, en mi Comunidad Autónoma. Personalmente, lo tengo claro: compartir estos datos para poder emitir juicios bien informados, como afirmaba anteriormente, porque sólo con un gobierno de Estado o Comunidad Autónoma, pre-ocupado (así, con guion) por la desigualdad actual económica, laboral y social en la población, no cualquier gobierno, porque todos no son iguales, se  pueden aprobar leyes y disposiciones con urgencia para solucionar esta situación, transformando la sociedad española para avanzar en derechos y libertades que mejoren las condiciones de vida para salir de la pobreza en cualquiera de sus estadios, que afectan a millones de ciudadanos en este país, de andaluces y andaluzas también, niños y niñas sobre todo, los más desfavorecidos, los pobres severos, los nadies. 

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