UNICEF aborda los problemas de vivienda, pobreza y derechos de la infancia en nuestro país

UNICEF España, Yo también vivo aquí. Vivienda, pobreza y derechos de infancia

Sevilla, 13/III/2024

Una vez más, desgraciadamente, vuelvo a tratar a título de denuncia social, la realidad de la pobreza infantil en España y, por cercanía, en mi Comunidad, Andalucía, pero creo que es una obligación ética acercarme a esta situación lacerante, que me conmueve y conturba de forma directa, desde mi condición de ciudadano que hace ciudad (polis) y país, es decir, que hace política en su sentido más primigenio, con independencia de las obligaciones de Estado en este ámbito de responsabilidad pública, que son obvias, para buscar las mejores respuestas posibles a unos hechos irrefutables que afectan a un 28,9% de los niños y niñas de este país y, por proximidad física, de Andalucía. Así lo afirmaba, una vez más, en el análisis que publiqué el pasado 7 de diciembre de 2023, Hay que denunciar la pobreza infantil en España, como el rayo que no cesa, sobre un informe publicado en esas fechas, UNICEF, España: pobreza infantil en medio de la abundancia,  en el que resaltaba que España es el país de la UE con la tasa de pobreza infantil más alta, con un 27,8%.

Hoy, escribo de nuevo con alma estas palabras, sobre lo que amo, la felicidad digna de los niños y niñas de este territorio en el que vivo, porque aprendí de Miguel Hernández su capacidad de amar, salvando lo que haya que salvar: Este rayo ni cesa ni se agota: / de mí mismo tomó su procedencia / y ejercita en mí mismo sus furores. / Esta obstinada piedra de mí brota / y sobre mí dirige la insistencia / de sus lluviosos rayos destructores. En esta ocasión, sobre otro informe reciente de UNICEF España, Yo también vivo aquí. Vivienda, pobreza y derechos de infancia, del que recomiendo, como siempre, su lectura atenta con objeto de que se puedan emitir juicios bien informados en cuestiones tan sensibles para salvaguardar la dignidad humana infanto-juvenil de un país democrático. Quizás sea una frase de una madre de este país, en situación de pobreza extrema, la que mejor resume el hilo conductor del citado informe: “Mis hijos y yo nos abrigamos más en el piso que en la calle”. Sobran muchas palabras para interpretar esta situación que afecta ya a casi 800.000 hogares en España.

El resumen ejecutivo del informe, que comparto y transcribo por la declaración de las principales líneas de investigación, que se tratan a lo largo de sus páginas, resalta cuestiones que considero de transcendental relevancia: “La vivienda afecta de forma importante a los niveles de pobreza infantil, sin embargo, los niños y niñas están muy poco presentes en las normativas y políticas que facilitan el acceso a ese derecho. […] La tasa de pobreza infantil en España es del 28,9%, es decir 2,3 millones de niños y niñas. Pero, además, deduciendo de los ingresos los gastos de la vivienda, 780.000 niños, niñas y adolescentes más caerían en riesgo de pobreza, elevando la tasa hasta el 38,6% (2023). […] La sobrecarga en el gasto en vivienda en el hogar es mayor para los menores de 18 años que para el resto de los grupos de edad, cosa que solo ocurre en seis países de la UE, alcanzando el 11,5% (2022), lo que nos sitúa en la cuarta posición de los países de la UE (2022) en este indicador, detrás de Grecia, Luxemburgo y Bulgaria. Los hogares en situación de pobreza, además, tienen 15 veces más posibilidades de asumir una sobrecarga de costes de la vivienda que los que no están en pobreza. Las tasas más altas de retrasos en pagos relacionados con la vivienda se concentran en hogares con niños y niñas, con un especial impacto en los hogares monoparentales (con mujeres como responsables en su gran mayoría), que también son los que más dificultades sufren para poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Los niños, niñas y adolescentes, como corroboran los datos, asumen cargas especialmente pesadas en relación con la vivienda, desde las dificultades de acceso por la situación de bajos ingresos, hasta los problemas para cubrir las necesidades específicas (menor tamaño, acceso a la educación y otros servicios en el entorno, estado precario de la vivienda). Incluso en indicadores como la carencia severa en vivienda, en el que España está en una posición media respecto al promedio europeo (afecta al 3,4% de la población), el indicador casi se duplica cuando se trata de menores de 18 años, hasta el 6,2% (2020); además, esta carencia se multiplica casi por cinco cuando se trata de los niños y niñas que viven en un hogar en riesgo de pobreza, respecto de los niños que no están en esta situación. Esta situación hace que la infancia sufra consecuencias por no poder ejercitar el derecho a una vivienda digna, tanto en su vida y la de sus familias, como en el ejercicio de otros derechos. La exclusión residencial (en términos de vivienda inadecuada e inseguridad en la tenencia) tiene efectos sobre la salud física y mental y la educación de niños y niñas, pero también en el acceso al ocio y actividades de tiempo libre y en las relaciones intrafamiliares o con iguales, aparte de los impactos que pueda tener en sus oportunidades futuras. Problemas de salud física relacionados con la exposición al frío o al calor excesivo, a humedades o a intoxicación por humo. Problemas de salud mental y bienestar relacionados con el hacinamiento o la incertidumbre en el futuro (por ejemplo, en casos de desahucio o de impacto de facturas) que elevan los niveles de estrés de los niños y los adultos complicando incluso el adecuado ejercicio de la crianza. Los niños, niñas y adolescentes en vivienda inadecuadas sufren también el impacto negativo en su educación. La falta de espacio, de intimidad, de posibilidad de concentrarse y de tener recursos básicos (material escolar, electricidad o una temperatura adecuada) dificultan el éxito educativo y favorecen el absentismo. A causa de las humedades o la falta de higiene los niños y niñas pueden verse señalados en el centro educativo por su olor o su aspecto. Estos impactos son mucho más notorios y graves cuando se producen en contextos y situaciones de alta vulnerabilidad (desahucios, chabolismo, asentamientos informales o jóvenes ex tutelados) como los que se ilustran en este informe, de la mano de organizaciones sociales con experiencia en el abordaje de la vulnerabilidad residencial. Junto con estos datos y este análisis de consecuencias se constata un panorama de escasa respuesta, hasta el momento, desde las políticas públicas de vivienda a las necesidades y derechos específicos de la infancia. Aunque los cambios normativos como la Ley por el derecho a la vivienda avanzan en el reconocimiento de la misma como derecho, o la Garantía Infantil Europea la considera como uno de los cinco ámbitos de actuación, en muchas de las políticas públicas relacionadas, como en los planes de vivienda, la infancia está invisibilizada o aparece como un mero anexo a la situación familiar (un “factor de vulnerabilidad”). Esa falta de mirada a los niños y niñas en el ámbito de la vivienda bien merece la reflexión y una apuesta por medidas que los incluyan como sujetos con derechos y necesidades específicas”.

Una vez expuestos los problemas en este ámbito de actuación nacional, se aborda finalmente la siguiente conclusión y su desarrollo pertinente: “La vivienda se constituye como una dimensión principal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un derecho en sí mismo y una precondición para el adecuado ejercicio de otros derechos”, junto a 9 propuestas que sintetizo a continuación:

1. Impulsar, reforzar y dotar de recursos las medidas en el ámbito de vivienda del Plan Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea, para poder alcanzar las metas y objetivos propuestos.
2. Asegurar que la ampliación del parque público permanente de vivienda en alquiler reúna las condiciones adecuadas para familias con niños y niñas.
3. Mejorar los datos, la investigación y el conocimiento sobre dónde y cómo viven los niños, niñas y adolescentes.
4. Desarrollar en medidas concretas el concepto de “especial atención” a “las familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo”, que aparece en varios artículos de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda.
5. Elaborar y adoptar herramientas de análisis del interés superior del niño en la normativa, las políticas, las estrategias de vivienda y el diseño de las ayudas, tanto a nivel nacional como autonómico y local.
6. Desarrollar una Estrategia estatal de erradicación de asentamientos chabolistas y de infravivienda, con pleno respeto de las garantías legales y los derechos fundamentales de las personas residentes, asegurando una alternativa habitacional digna y un proceso de inclusión social.
7. Garantizar activamente el acceso a un empadronamiento libre de obstáculos que permita el acceso pleno a los servicios de salud, educación y servicios sociales de los niños y las familias migrantes.
8. Implementar y reforzar políticas que prevengan la situación de sinhogarismo en aquellos y aquellas jóvenes que provienen del sistema de protección de menores y que se ven abocados a acudir al sistema de atención a las personas sin hogar cuando cumplen la mayoría de edad.
9. Ofrecer soluciones habitacionales seguras para la infancia beneficiaria de protección internacional, dando prioridad a las viviendas unifamiliares.

Para finalizar, deseo expresar una vez más que es muy importante conocer con datos científicos que 3.185.308 ciudadanos y ciudadanas en Andalucía (INE, padrón continuo a 1 de enero de 2022), es decir, un 37,5% del total de población en esta Comunidad, está viviendo la pobreza en sus vidas y, de forma más aguda, la pobreza severa, en un porcentaje del 11,9% del total, más de un millón de personas en Andalucía, arrojando cifras lo suficientemente elocuentes para confirmar que algo no estamos haciendo bien en esta Comunidad, porque contra datos no valen argumentos. Además, hay que resaltar y recordar en esta ocasión que la tasa de pobreza infantil en España es del 28,9%, es decir afecta a 2,3 millones de niños y niñas, de los cuales en Andalucía se aproxima a una cifra escandalosa, más de 800.000 niños y niñas en esta situación, en una proyección de uno de cada tres niños en este país en situación de pobreza. Pero, además, deduciendo de los ingresos los gastos de la vivienda, 780.000 niños, niñas y adolescentes más caerían en riesgo de pobreza, elevando la tasa hasta el 38,6% (2023). Lo digo una vez más: ahí están los datos anteriormente expuestos, desnudos, junto a la gran pregunta que nos compromete a todos, ¿qué hacer en una contraescuela del mundo al revés en nuestro país?, un mundo magistralmente descrito por Eduardo Galeano, en mi Comunidad Autónoma. Personalmente, lo tengo claro: debemos compartir datos para poder emitir juicios bien informados, porque sólo ante un gobierno de Estado o Comunidad Autónoma, pre-ocupado (así, con guion) por la desigualdad actual económica, laboral y social en la población, no cualquier gobierno, porque todos no son iguales, se puede y se deben denunciar estas cifras que afectan a tantas personas, con un objetivo claro: que se aprueben leyes y disposiciones con urgencia para solucionar esta situación. Es la única vía para que se transforme la sociedad española, permitiendo que la igualdad, solidaridad y justicia social permita a todos avanzar en derechos y libertades que mejoren las condiciones de vida para salir de la pobreza en cualquiera de sus estadios, que afectan a millones de ciudadanos en este país, de andaluces y andaluzas también, niños y niñas sobre todo, los más desfavorecidos, los pobres severos, los nadies, tantas veces citados en este cuaderno digital, que procuro no olvidarlos aunque a veces yo sea un pájaro herido por el principio de realidad de la pobreza severa y exclusión social que nos asola, con cifras -desde mi punto de vista- insoportables para atender como merece la dignidad humana.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.

UCRANIA Y GAZA, ¡Paz y Libertad!