Día: 16 de abril de 2026

Sevilla, 16/IV/2026 – 09:20 h CET (UTC+2)

Las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, son una oportunidad para profundizar en el análisis de los programas electorales que dediquen un espacio al empoderamiento ciudadano, presencial o digital, en su relación con el Gobierno correspondiente.

Tenemos muchas posibilidades de participar en las decisiones públicas de Andalucía. Es urgente hacerlo porque esta Comunidad necesita una mayor implicación ciudadana en la toma de decisiones diarias de los poderes públicos. Lo que ocurre es que desconocemos muchos procedimientos de participación porque no existe cultura de empoderamiento, entendido como conocimiento y poder activo de la ciudadanía, que garantiza la accesibilidad a la Administración Pública correspondiente en todos sus procesos y procedimientos de información pública y participación ciudadana. Si además, lo enmarcamos en el mundo digital actual, comprometiendo a la Administración de la Junta de Andalucía, podríamos definir esta participación en el seno del empoderamiento digital, como la capacidad que tienen los poderes públicos para transferir conocimiento y poder digital a la ciudadanía, que garantiza la accesibilidad a la Administración Pública de la Junta de Andalucía mediante el uso racional de las tecnologías de la información y comunicación, así como de las redes sociales.

Empoderamiento no es un neologismo al uso, sino el fruto de una reflexión mundial sobre el papel que desempeñan las personas en la toma de decisiones múltiples en relación con el poder establecido, tal y como lo defendió Paulo Freire en dos libros que han marcado mi vida personal y profesional: Pedagogía del oprimido (1966) y La educación como práctica de la libertad (1967), que conservo en mi biblioteca como oro en paño. En los últimos años he trabajado sobre este vocablo desde el marco semántico establecido en 1997, en un libro clásico para comprender bien esta palabra de difícil intelección a veces: “proceso multidimensional de carácter social en donde el liderazgo, la comunicación y los grupos autodirigidos reemplazan la estructura piramidal mecanicista por una estructura más horizontal en donde la participación de todos y cada uno de los individuos dentro de un sistema forman parte activa del control del mismo con el fin de fomentar la riqueza y el potencial del capital humano que posteriormente se verá reflejado no solo en el individuo sino también en la propia organización” (1).

La ciudadanía tiene que tomar el testigo de la responsabilidad personal e intransferible de la gestión del conocimiento en la relación con la Administración Pública, en actitud de recibir también, sin más dilación, la transferencia de ese conocimiento que tiene para sí y para la ciudadanía la propia Administración, cuando utiliza en estos momentos la inteligencia pública digital. Cualquiera de las acepciones que de forma reiterada he presentado en este blog acerca de la inteligencia digital, que expongo a continuación, puede servir para desarrollar el proceso de transferencia que propugno como condición sin la cual no es posible que el ciudadano acceda digitalmente, con garantías constitucionales en nuestro país, a los servicios públicos.

1. La ciudadanía es capaz de adquirir destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se manejan y tratan en la relación con la Administración electrónica, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida [la habilidad] de haberse hecho muy capaz de ella [por la voluntad del Gobierno correspondiente], en el marco de lo propugnado por el Artículo 103 de la Constitución al referirse de forma muy breve (afortunadamente) a la Administración. 

2. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, decide y aprueba mediante disposiciones, el desarrollo de la capacidad que tienen las personas de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 

3. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, decide y aprueba que la inteligencia pública digital permita a la ciudadanía, a la que sirve, adquirir conocimiento por empoderamiento, como capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para el contexto comunitario o cultural en el que viva, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 

4. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, debe saber discernir que la inteligencia digital es un factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 

5. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, debe desarrollar la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso, con una vigilancia adecuada por parte de la propia Administración Pública.

Es cierto que la publicidad oficial se centra hoy, casi exclusivamente, en procedimientos legales básicamente y no en campañas directas que promuevan la participación presencial o con medios digitales. Por ello, hay que exigir a la Administración que si verdaderamente se trabaja en términos de transparencia y empoderamiento ciudadano, hay que abrir puertas y ventanas oficiales y convertir los edificios públicos en espacios de cristal, transparentes, para conocer qué hacen y cómo se puede acceder a ellos, participando activamente en su funcionamiento diario, de forma presencial o digital, atendiendo a los principios constitucionales que debe regir la Administración.

Todos los días hay múltiples posibilidades de participar en la gestión pública desde el rol de ciudadanos. Hacerlo es responsabilidad de todos, pero es urgente tomar medidas de equidad en la accesibilidad a la Administración pública y de participación en ella, pero no para garantizarlo solo a los “exquisitos digitales”, sino a cualquier persona que desee hacerlo y que lo necesite, atendiendo sobre todo a las personas más desfavorecidas y con menos recursos digitales.

El asociacionismo debe tomar cartas en el asunto y fomentar esta participación, en sus múltiples formas de hacerlo, con el apoyo extraordinario de las redes sociales. Un teléfono móvil es hoy una herramienta crucial para el empoderamiento. Andalucía necesita retomar urgentemente estas actitudes de cooperación y co-creación, porque es posible recuperar valores que se dan ya como trasnochados. Todos no somos iguales y los poderes públicos necesitan también estos refuerzos positivos de la ciudadanía responsable, que tiene conocimiento suficiente porque le ofrecen la información pública necesaria que le permite participar de forma activa en los asuntos públicos y tomar las mejores decisiones. Ahí radica el éxito del empoderamiento presencial o digital de la ciudadanía, ante el Gobierno correspondiente salido de las urnas.

(1) Blanchard, K., Carlos, J. & Randolph, A. (1997). Empowerment: 3 Claves para lograr que el proceso de facultar a los empleados funcione en su empresa. Bogotá: Norma S.A.

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CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.

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