Andalucía ya es la cuarta Comunidad en privatización de la sanidad en España

Sevilla, 9/V/2024

Ayer se presentó por parte de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en nuestro país, el décimo informe sobre La privatización sanitaria de las CCAA –  2024, en el que Andalucía ocupa ya el cuarto puesto de CCAA con un mayor grado de privatización, que encabeza Madrid, seguida de Baleares y Cataluña, con una clasificación que se obtiene a través de 10 indicadores objetivos y públicos: el porcentaje de funcionarios cubiertos por mutuas que eligen la atención en seguros privados, el gasto sanitario per cápita pólizas, el gasto sanitario de bolsillo per cápita, el porcentaje del gasto dedicado a concertación con centros privados, la porción de camas hospitalarias privadas, el de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados, el número de consultas a especialistas del sector sanitario privado por 1.000 habitantes, el porcentaje de personas que han acudido al médico general privado en el último año, la presencia de modelos de colaboración público-privada y la existencia de dedicación exclusiva.

El informe explica en su introducción que “La privatización sanitaria es un gran problema de nuestro sistema sanitario público, porque incrementa los costes de manera importante y mercantiliza un derecho fundamental de las personas, uno de los pilares clave del Estado del Bienestar. Hay evidencias de que se ha extendido a todo el Sistema Nacional de Salud teniendo una intensidad variable según las CCAA atendiendo tanto al grupo político en el gobierno como a otras circunstancias. Las privatizaciones se profundizaron y diversificaron a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se han acentuado en las anteriores legislaturas, en gran parte aprovechando la excusa de la crisis económica y de la pandemia. […] Los recortes y el deterioro de la Sanidad Pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización. Obviamente este aumento de la provisión y del aseguramiento privado va unido a una mayor desigualdad y a exclusiones porque solo acceden a estas fórmulas las personas con más recursos, pero también se conoce que el aumento de la financiación pública hacia el sector privado produce un aumento de la mortalidad evitable y que ello se debe a que va unida a una desfinanciación paralela de los centros de gestión pública (Outsourcing health-care services to the private sector and treatable mortality rates in England, 2013–20: an observational study of NHS privatisation. Lancet 2022)”.

Es importante resaltar que las fuentes utilizadas para elaborar este informe son públicas, Ministerio de Sanidad (MS), Instituto Nacional de Estadística, Barómetro Sanitario y Fundación IDIS, a pesar de que todavía es un reto franquear la falta de transparencia, por parte de la Administración Sanitaria del Estado y de las CCAA, en el acceso a los datos necesarios para elaborar este tipo de informes. Aún así, es importante resaltar la metodología utilizada, en la que se muestra alguna ausencia de datos exactos que pueden contaminar el resultado final del informe, como los referidos a contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas y otras actuaciones): “Hay que ser conscientes de que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están infraestimadas por dos motivos: la presencia del modelo de las mutualidades de funcionarios, que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados, y luego porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas, etc.) con lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos. Los ocho primeros apartados se han puntuado de 1 a 4 según la posición de cada Comunidad en los cuartiles de cada variable, considerando el más bajo el de menor puntuación. La variable 9 se ha puntuado asignando un punto a las CCAA donde existen estos fenómenos y 0 a aquellas en las que están ausentes. La variable 10 se ha puntuado asignando un punto a aquellas CCAA donde no hay dedicación exclusiva y 0 a aquellas en las que existe. Este año hemos utilizado el porcentaje de personas (sobre el total de la población) que teniendo asistencia por las Mutualidades de funcionarios han elegido la asistencia privada, en lugar del % de población cubierta por estas porque nos parece que expresa mejor el grado de privatización”.

En definitiva, el informe explica de forma sucinta la puntuación otorgada a cada variable, de lo que resulta obteniendo un promedio de 21,58 puntos con una DS (desviación estándar) de 3,27 (rango entre 16 y 28 puntos), sobre un máximo de 34 puntos posibles, con una ratio máximo/mínimo de 1,75. Después de calcular los percentiles de los resultados obtenidos, se clasifican las CCAA en tres grupos: mayor grado de privatización (mayor al percentil 75 = 24,5), privatización intermedia (entre percentil 25 y 75) y menor grado de privatización (menor del percentil 25=19):

CCAA con un mayor grado de privatización:

1. Madrid 28

2. Baleares 27

3. Cataluña 26

4. Andalucía 25

CCAA con un grado intermedio de privatización:

5. Aragón 24

6. Valencia 24

7. Asturias 23

8. Canarias 23

9. Murcia 22

10. Castilla y León 21

11. Cantabria 20

12. Galicia 20

13. País Vasco 19

14. La Rioja 19

CCAA con menor grado de privatización:

15. Castilla – La Mancha 18

16. Extremadura 16

17. Navarra 16

Finalmente, destaco los comentarios del informe, resaltando los que tienen especial incidencia en Andalucía, que se refieren al aumento de la privatización en dos puntos respecto al informe anterior, ocupando el cuarto puesto indicado al principio, con una evolución alarmante desde 2020 y el menor grado de privatización que mantenía en los informes anteriores, según se puede visualizar en la tabla que figura a continuación, así como la evidencia de la injusta desigualdad que se vuelve a constatar entre las diferentes CCAA en este ámbito de privatización sanitaria, de la que Andalucía es un fiel reflejo de lo que está pasando:

1.  Los datos se corresponden mayoritariamente a 2023 y solo alguno a 2022, siendo los últimos disponibles.

2. Se ha producido un aumento de la privatización, en la provisión y en la financiación de nuestro sistema sanitario en general, especialmente importante a partir de 2009. Conviene recordar que según los últimos datos de la OCDE (noviembre de 2023) el gasto sanitario privado en España es del 28% del total del gasto sanitario (media OCDE 24%) y el gasto de bolsillo se sitúa en el 21% del total (media OCDE 18%), datos que han empeorado desde 2022, y que además se ha incrementado de manera importante el aseguramiento privado.

3. La tabla siguiente recoge la clasificación en 5 informes, el primero, el de este año y los de 2019, 2020, 2022 y 2023, (en los 5 primeros años se analizaron las mismas variables, en 2019 se incluyeron 2 más, en 2020 no se pudo incluir una, en 2022 vuelve a recuperarse una más, aunque proveniente de una fuente distinta y en 2023 se mantienen las mismas variando la fuente en 2 de ellas y en 2024 se cambia la fuente de 1). Se observa que 3 de las 4 primeras CCAA con más privatización en 2024 ya estaban en 2014 en este grupo donde han permanecido con algún cambio de posición. La primera es la misma en todos los informes (Madrid) y las otras 2 (Cataluña y Baleares) han ido cambiando de posición.

4. En el grupo con menor nivel de privatización sólo se mantiene Extremadura en todos los informes, que hace 2 años dejó de ser la Comunidad Autónoma con menor grado de privatización. Este año en este grupo están también Castilla – La Mancha y Navarra que se incorporan en este informe.

5. Los movimientos más llamativos en cuanto a mayor privatización entre los dos últimos informes son el de Cantabria que aumenta 6 puestos, Murcia y Aragón que aumentan 4 , Asturias 3 , Andalucía y Valencia que aumentan 2 y Baleares y País Vasco que aumentan 1.

6. Bajan Navarra 12 puestos (el año anterior había aumentado 8), Galicia 5, Canarias 4, La Rioja 2, y Cataluña 1. Solo 3 CCAA mantienen la misma posición que en 2023 (Madrid a la cabeza y Castilla – La Mancha y Extremadura en las últimas posiciones).

7. Es importante tener en cuenta que la privatización ha aumentado en todas las CCAA, lo que se evidencia con el aumento de la puntuación media de 1,41 puntos, y por lo tanto el resultado y los movimientos en la clasificación solo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado en cada Comunidad Autónoma en concreto.

8. Como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las CCAA se objetiva una gran desigualdad entre las mismas, la ratio entre la puntuación máxima y mínima es de 1,75 (que ha disminuido desde 2,46 en 2023), lo que evidencia que en la privatización de los servicios sanitarios, hay diferencias excesivas que suponen una falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud.

El corolario final del informe no deja lugar a dudas: “La principal limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias que dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos para todas las CCAA, lo que es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada “ley de transparencia”, que desgraciadamente no ha mejorado de manera sustancial la información sanitaria disponible”.

Una vez más, expongo con datos el progresivo desmantelamiento ordenado de la sanidad pública en nuestro país, del que Andalucía no escapa, con cifras y argumentos que permiten emitir juicios bien informados, como evaluación técnica y ética de lo que está pasando y estamos viendo todos los días. Asimismo, también es importante analizar con detalle lo manifestado en un artículo del diario El País publicado el pasado 25 de abril, La sanidad privada no para de crecer ante la crisis de la pública: uno de cada cuatro españoles tiene una póliza, que sintetiza muy bien la preocupante situación de la privatización sanitaria en nuestro país: “Con una sanidad pública española tocada tras la pandemia y las mayores listas de espera de la historia, la privada no para de crecer. El último informe de la Fundación IDIS (que defiende los intereses de las empresas del sector) desgrana los datos más recientes ―de diferentes fuentes y años― y pone negro sobre blanco esta realidad: el gasto en sanidad privada superó en 2021 los 36.800 millones de euros, un 14% más que el ejercicio anterior, y los seguros crecen cada año: 12,4 millones (una cuarta parte de la población) en 2023, casi 400.000 nuevos con respecto a 2022. Casi uno de cada tres euros que se gastan en sanidad en España procede del bolsillo de los ciudadanos, ya sea para pagar seguros, intervenciones concretas, medicamentos o consultas que casi siempre se salen de la pública, como la del dentista o el óptico. Esto supone un 3,05% del PIB nacional”.

Nos quedan la acción popular y la palabra para denunciar en todos los foros posibles un hecho indiscutible, la privatización a pasos agigantados de la sanidad pública. Estamos, una vez más, avisados e informados.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.

UCRANIA Y GAZA, ¡Paz y Libertad!