Si se callan…, el cantor, el compositor, el escritor, el soñador, el bloguero, el político digno, el artista o el ciudadano anónimo, no conformes con las injusticias que pasan en nuestro mundo cotidiano, también en nuestro país, se calla la vida y la palabra.
JA COBEÑA, en La Romanza de Salvador Bacarisse, música de fondo para un nuevo 20 de noviembre en libertad (V)
Sevilla, 3/IV/2024 (actualizado el 4/IV/2024)
El Consejo de Ministros celebrado ayer recibió por parte del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, un “Informe sobre la situación de la Memoria Democrática, el desarrollo de la Ley e incidencia en las comunidades autónomas”. En mi deseo de divulgar situaciones de extrema importancia social y democrática de este país, con objeto de que mediante esta información objetiva se puedan emitir juicios bien informados y no sesgados por las noticias falsas, bulos indiscriminados y opiniones sesgadas de todo tipo sobre las últimas acciones llevadas a cabo por los Parlamentos de Aragón, Valencia y Castilla y León en referencia a la futura aprobación de nuevas Leyes de Concordia, con objeto de derogar de facto la verdadera Memoria Democrática de este país, publico a continuación el citado texto del informe, obtenido de la fuente oficial por excelencia, la referencia del mismo en el Consejo de Ministros.
Creo que estamos atravesando una etapa muy preocupante en nuestro país, donde sigue avanzando de forma imparable el ocaso de la democracia existente, que muchos millones de ciudadanos y ciudadanas deseamos defender con ardor guerrero. Transcribo a continuación el informe citado, sin interpretación alguna, manifestando mi incondicional apoyo a la vigente Ley de Memoria Democrática, como ciudadano político, que cuido la democracia de este país y su memoria, así como la de mi Comunidad Autónoma, mi ciudad y mi barrio, como tantas veces he escrito en este cuaderno digital. Considero imprescindible volver a leer hoy esta Ley, porque son páginas imprescindibles que ordenan en su objeto y finalidad la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales: “Asimismo, es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales. Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática”.
Estamos avisados, aunque nos queda algo grandioso en democracia, la palabra de denuncia, tal y como aprendí en un día ya lejano de Blas de Otero: Si abrí los labios para ver el rostro / puro y terrible de mi patria, / si abrí los labios hasta desgarrármelos, / me queda la palabra.
Introducción
Desde la Transición hasta la actualidad, se han producido avances en la recuperación de la Memoria Democrática en nuestro país.
Desde la ley de Amnistía de 1977 hasta la actualidad, con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, unas 610.000 personas víctimas de la guerra y la dictadura franquista han sido reparadas, desde el punto de vista económico, por un montante económico que asciende a más de 25 mil millones de euros.
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura, conocida como la de Memoria Histórica, fue la que supuso un avance significativo.
Se alcanzaron logros como la publicación del mapa de fosas y se retiraron los vestigios franquistas de los bienes de la Administración General del Estado.
Durante las X y XI Legislaturas, se frenaron estas políticas, que tomaron un nuevo impulso a partir de 2018.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática ha supuesto un impulso decidido y definitivo a las políticas de Memoria. Incluye el repudio y condena al Golpe militar y el franquismo y pone a las víctimas en el centro, reconociendo expresamente el papel de las mujeres en la conquista de valores democráticos.
La Ley de Memoria Democrática se vertebra en torno a grandes principios del derecho internacional humanitario: Verdad, Justicia y Reparación, como garantías de no repetición, que la nueva ley recoge como Deber de Memoria.
Una importante novedad es que el Estado asume el liderazgo de la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, como una responsabilidad de Estado, y se crea un banco de ADN.
Además, la Memoria Democrática pasa a estar integrada en la Educación pública.
Entre los avances logrados, destacan la declaración de la nulidad de las sentencias de los tribunales de excepción franquistas por motivos políticos o ideológicos o la exhumación ya de 4.500 víctimas.
Entre las acciones que se llevarán a cabo en virtud de la ley, además de seguir con las exhumaciones, se trabaja en la resignificación del Valle de Cuelgamuros; y se llevará al Consejo de Ministros la creación de tres comisiones relativas al pueblo gitano, a la restitución económica de las víctimas y al estudio de posibles vulneraciones de los derechos humanos entre 1978 y 1983.
Normativa y disposiciones autonómicas de varias CCAA
Las comunidades autónomas de Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León han iniciado en el último mes y medio una revisión de la normativa sobre Memoria Democrática, derogando o intentando derogar las leyes y decretos autonómicos de Memoria Democrática.
Aragón promulgó la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley autonómica 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática.
Más tarde, el 21 de marzo, se presentó en la Comunitat Valenciana una proposición de Ley de la Concordia, para sustituir a la actual Ley Valenciana de Memoria Democrática que fue impulsada en 2017.
Por último, más recientemente, el 26 de marzo, en Castilla y León se presentó una proposición de Ley de Concordia, que pretende derogar el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática de 2018.
La Ley aragonesa que deroga la de Memoria Democrática contiene aspectos como negar cualquier homenaje a personas que fueron prisioneras y represaliadas en campos de concentración nazis; elimina el mapa de fosas y retira el inventario de lugares de Memoria que se estaba implementando en la comunidad. Los servicios jurídicos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática determinan que hay una vulneración de la Constitución y el Derecho Internacional.
Por otro lado, las proposiciones de ley de la Comunitat Valenciana y Castilla y León equiparan los años de la Dictadura con los de la II República y evitan condenar el franquismo.
Acciones del Gobierno
Ante estos hechos, el Gobierno de España ha determinado llevar a cabo las siguientes acciones:
Convocar, mediante el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), una Comisión Bilateral con la Comunidad de Aragón, para intentar alcanzar un acuerdo sobre el cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Si Aragón no acepta la Comisión Bilateral para buscar un acuerdo, o aceptándola, no se alcanzara un acuerdo en los seis meses preceptivos, este Gobierno planteará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de Derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón.
Con respecto a las proposiciones de las llamadas leyes de la Concordia de Comunitat Valenciana y Castilla y León, al igual que con Aragón, se intentará llegar a un acuerdo con ambas comunidades, pero, si persiste la colisión con la Ley Estatal de Memoria Democrática, el Gobierno acudirá también al Tribunal Constitucional.
El Gobierno incorporará en la Ley estatal las cuestiones derogadas en las leyes autonómicas. El Gobierno considera que la reparación de las víctimas es justa, y hay que restituir la verdad de una parte de la población que murió y fue enterrada en fosas comunes por defender el régimen democrático. Esta reparación tiene que ser un pilar sobre el que no haya discusión y si no lo hace una comunidad autónoma, lo hará el Gobierno de España.
CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.
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