Categoría: Administración digital

Nos fue propuesta una Declaración Universal de los Derechos Humanos y con eso creíamos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden.

José Saramago, en un discurso pronunciado con motivo de la recepción del Premio Nobel de Literatura en 1998.

Sevilla, 7/II/2025

Nada digital me es ajeno, como casi todo lo que rodea mi vida personal y profesional, sabiendo que tampoco es inocente, mucho menos en los tiempos trumpistas y muskistas que corren. Recuerdo que Cremes, un personaje curioso que protagonizó una obra del dramaturgo Terencio, El enemigo de sí mismo, pronunció una frase al comienzo de la obra, inolvidable, profunda, que no ha perdido su frescura a pesar de los siglos que han transcurrido desde que se escribió en un texto y contexto muy concretos: Hombre soy; nada humano me es ajeno (Homo sum; humani nihil a me alienum puto).

Precisamente y en este contexto inalienable digital, he conocido que el presidente del Gobierno intervino el pasado miércoles 5 de febrero, en la clausura del acto de presentación del Observatorio de Derechos Digitales, un órgano gubernamental para velar por el cumplimiento de la Carta de Derechos Digitales aprobada en 2021. Según fuentes oficiales de Moncloa, Pedro Sánchez anunció en ese acto “nuevas medidas frente a la «carrera tecnológica despiadada» y el «plan diseñado» por la «tecnocasta», potencias autoritarias y fuerzas antisistema, y para evitar que «el espacio digital se convierta en el salvaje oeste». Entre las iniciativas destaca avanzar en el fin del anonimato en las redes sociales, profundizar en la transparencia algorítmica para «hacer de la moderación y el autocontrol un requisito legal» y garantizar la responsabilidad personal de los directivos de las plataformas ante el impacto de sus contenidos.

En el citado discurso, al que sigo en su transcripción oficial, Pedro Sánchez defendió que “no se puede permitir que «se insulte, se amenace, se estafe y se abuse de las personas sin ningún tipo de consecuencia». «La fe en la tecnología y en sus promesas nos ha cegado ante sus peores consecuencias, sin controlar sus riesgos y sus potenciales daños», por lo que ha instado a «prevenir, combatir y erradicar de una vez por todas la manipulación y el mal uso de los entornos digitales». Aunque subrayó que la revolución digital «ha transformado nuestras vidas, forma de trabajar, vivir e incluso amar», ha dado «la vuelta de arriba abajo nuestras economías» y ha modificado el espacio cívico abriendo espacios, ha advertido de que «bajo el aura de milagro económico, social y cultural hay ocultas muchas miserias», porque «el algoritmo no reparte oportunidades porque las grandes plataformas no son neutrales y la mentira viaja en ellas más rápido que la verdad».

Se refirió igualmente a la inmediatez y la «obsesión por el like» que «distorsiona la realidad y empobrece el debate público» y denunció que «las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla, donde no se discute, sino que se ataca, no se argumenta, se descalifica, y no se busca entender, sino imponer». La principal consecuencia, es que «con mucha frecuencia lo que se viraliza en las redes sociales es la mentira», con datos falsos, imágenes modificadas y fake news, como sucedió en la DANA en Valencia cuando «miles de bots trataron de multiplicar el daño propagando bulos». Ofreció datos importantes: los delitos digitales ya representan un quinto de todos los delitos penales, una de cada cuatro jóvenes recibe solicitudes no deseadas de contenido sexual y los delitos de odio online crecieron un 32% en el último año. «Creímos que las plataformas ayudarían a nivelar el campo de juego, pero lo han hecho más injusto. Un tercio de los perfiles en redes sociales son bots, que generan casi la mitad del tráfico de internet. Las búsquedas, los contenidos y las noticias que consumimos están sesgados. La viralidad cotiza muy por encima de la verdad». «Quieren también el poder político. Sentarse directamente en los consejos de ministros, sin caretas ni mediadores. Controlar nuestras leyes y nuestras vidas. Condicionar lo que vemos y lo que pensamos. Incluso nuestra memoria como sociedad, si es preciso fomentando el autoritarismo y el odio, pero que nadie se engañe: su principal motivación para controlar el poder democrático no es otro que el dinero. Todo por la pasta».

De esta forma, defendió en su intervención las tres medidas con implicaciones europeas que propuso en el Foro Mundial de Davos para proteger a la ciudadanía y retomar el control de las plataformas, como terminar con el anonimato que «envenena las redes sociales y no puede ser una excusa para la impunidad», avanzar en la defensa de los derechos digitales de la ciudadanía y profundizar en la transparencia algorítmica: «hay que obligar las plataformas a que compartan la información necesaria para su supervisión y hacer de moderación y de ese autocontrol un requerimiento, un requisito legal». Así, ha anunciado que «vamos a reforzar, desde el punto de vista material y personal, las capacidades del Centro para la Transparencia Algorítmica de la Comisión Europea», localizado en Sevilla.

Así mismo, remarcó que España ha sido uno de los primeros países del mundo en contar con una Carta de Derechos Digitales durante la pandemia. «El Observatorio de Derechos Digitales comparte esa misma filosofía: que estos derechos sean reales, tangibles y efectivos en la vida de todas las personas desde la colaboración público-privada, con la participación del mundo académico, empresarial y de la sociedad civil. Estamos ante un momento decisivo, que nos obliga a elegir entre dos alternativas: o seguimos el rumbo que marcan otros y nos dejamos llevar por la corriente, o asumimos el liderazgo para definir una nueva manera de entender, diseñar y construir la tecnología. Optemos por esta última vía: ser dueños de nuestro propio destino».

En este contexto creo que también hay que tomar conciencia de nuestros deberes digitales como ciudadanos del mundo, de este país y de esta Comunidad, que necesitan también una Carta, porque todo lo digital, en el sentido más puro del término, también nos pertenece, emulando la famosa frase de Terencio citada anteriormente, todo lo humano me pertenece, al ser una dimensión humana primordial como miembros de la aldea global en la que vivimos, somos y estamos cada día de nuestra vida. ¿Recuerdan la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, auspiciada por José Saramago?.

En este contexto cobra singular importancia conocer qué es el Observatorio de Derechos Digitales de nuestro país, porque “los derechos digitales son un conjunto de derechos fundamentales que protegen a las personas en el entorno digital. Estos derechos garantizan que las mismas protecciones y libertades que tenemos en el mundo físico se apliquen también en el espacio virtual. Incluyen el derecho a la privacidad, la seguridad de nuestros datos personales, el acceso igualitario a internet, la libertad de expresión en línea y la protección frente a la discriminación digital. Además, en un mundo impulsado por la tecnología, los derechos digitales buscan asegurar que todos puedan participar en la sociedad digital de manera ética, segura y equitativa.

Igualmente, se debe conocer con detalle la Carta de Derechos Digitales, con seis epígrafes de sumo interés: Derechos de Libertad, Derechos de Igualdad, Derechos de Participación y de confirmación del espacio público, Derechos del Entorno Laboral y Empresarial, Derechos Digitales en Entornos Específicos, así como Garantías y Eficacia. En cada uno de estos epígrafes, se recogen múltiples derechos específicos de obligado conocimiento y defensa de los mismos, lo que da lugar a la asunción de responsabilidades digitales, de Deberes Digitales del propio Gobierno y de instituciones y organización públicas y privadas de todo tipo, así como los propios de la ciudadanía. Entre estos derechos digitales destaco los siguientes a título indicativo y no exhaustivo: la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, la identidad en el entorno digital, herencia digital, privacidad y protección de datos, propiedad intelectual. acceso a datos de interés público, igualdad y no discriminación, eliminar brechas de acceso al entorno digital, recibir libremente información veraz, protección de la salud en el entorno digital, derechos digitales en el entorno laboral y empresarial, protección de la salud en el entorno digital y protección de derechos digitales en el contexto de Inteligencia Artificial, metaverso y neurotecnologías.

El Observatorio de Derechos Digitales es un proyecto gubernamental “comprometido con la garantía de que los derechos digitales sean una realidad accesible para todos. Colaboramos con una amplia red de actores para abordar áreas clave y asegurar que estos derechos lleguen a cada ciudadano. Nuestras cifras destacan nuestro firme compromiso, demostrando que los derechos digitales no conocen fronteras”. Grandes números para un gran proyecto, en el que participan 150 entidades públicas y privadas, así como más de 360 expertos involucrados.

Es importante señalar que este Proyecto forma parte del programa Derechos Digitales, una iniciativa liderada por el Gobierno de España y creada para impulsar el seguimiento, debate y difusión de los Derechos Digitales entre la ciudadanía y diferentes organizaciones públicas y privadas. El programa está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU, habiéndose creado para asegurar que los derechos de la ciudadanía estén protegidos en el entorno digital, impulsando la implementación de la Carta de Derechos Digitales, enunciada anteriormente. Asimismo, cuenta con un presupuesto de 10,83 M€ financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU. Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, aporta hasta el 80% del importe total y el 20% restante lo aportan en especie las entidades participantes. Es, sin lugar a dudas, un espacio abierto, inclusivo y participativo, creado para hacer llegar a la ciudadanía los avances, ventajas y retos en materia de Derechos Digitales y para promover las buenas prácticas.

Este Proyecto tiene su intrahistoria porque en verano de 2021 publicó la “Carta de Derechos Digitales” que marca los principios generales que deben aplicarse en el mundo digital, constituyendo este hito un auténtico avance como Estado pionero en tomar este tipo de decisiones gubernamentales. Con el programa expuesto, “se busca garantizar los derechos en el entorno digital y fomentar un equilibrio entre innovación tecnológica y protección de los ciudadanos. Entre los derechos que se protegen en el entorno digital encontramos la protección de derechos de menores y grupos vulnerables, garantizar el acceso igualitario para personas con bajas competencias digitales, cerrar brechas digitales y salvaguardar la privacidad y la seguridad en línea, o proteger la libertad de expresión y el derecho a la información. Entre las actuaciones del Observatorio de Derechos Digitales está el impulso a programas de sensibilización sobre la importancia de la privacidad, la seguridad y el acceso equitativo a la tecnología y el fomento de la participación ciudadana en la creación de políticas digitales, asegurando que los avances tecnológicos sean entendidos y utilizados de manera informada y segura. Además, investigará el impacto social y ético de la tecnología y estudiará cómo reducir las brechas digitales y combatir la discriminación en línea, promoviendo una transformación digital que sea accesible y justa para todos.

Una muestra real del Proyecto es la Agenda programada en las semanas próximas, como encuentros de debate para crear una cultura de derechos y deberes digitales, tales como Controles administrativos y responsabilidad patrimonial (11 de febrero), Protección de datos (25 de febrero) y Gobernanza de las neurotecnologías (11 de marzo).

Lo expuesto anteriormente lo sitúo en el marco de la “inteligencia digital” el constructo que es hilo conductor de este cuaderno digital. Estoy plenamente convencido de que habría que introducir una asignatura en el currículo escolar y universitario sobre esta materia, porque es la clave para comprende el universo digital que nos rodea, entendida esta inteligencia digital como la “capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía”, es decir, cuando han superado la dialéctica infernal del doble uso” (1). Inteligencia digital es la destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que manejan y tratan las personas, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida de haberse hecho muy capaces de ella, la capacidad de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, la capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural en el que son y están, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. Ello es así porque la inteligencia digital es un factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada persona en su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, así como la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso o lo que es lo mismo, el uso no racional de las mismas, tan pujante en la actualidad y «dueñas» de casi todo.

(1) Cobeña Fernández, José Antonio, Inteligencia digital. Introducción a la Noosfera digital, 2007, p. 22.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.

UCRANIA, GAZA Y ORIENTE MEDIO, REPÚBLICA DEL CONGO, SAHEL Y PAÍSES EN GUERRA, EN GENERAL

¡Paz y Libertad!

CIVIO. Proyecto presupuestos generales 2023

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939), Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Sevilla, 1/XI/2022

De nuevo recurro a la Fundación CIVIO, a la que admiro y respeto por su excelente trabajo profesional de divulgación y transparencia, cuando ha hecho pública su plataforma para comprender en su justa dimensión el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, poniéndolos al alcance de todos. Así me lo han manifestado como socio de la citada entidad, invitándome a que mientras pasa el filtro de las Cortes, pueda consultar la actual propuesta de ingresos y gastos del Gobierno y comparar con presupuestos anteriores. Es por ello que también participo en esta campaña de divulgación para general conocimiento de esta realidad económica, como instrumento que hacen viables la políticas públicas que, además, no son inocentes, porque todas no son iguales.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 parte de una complejidad técnica que no es asumible sin ayuda como la que ofrece la Fundación a través de su plataforma digital donde el acceso visual ayuda de forma determinante a entrar partida a partida en función de los intereses de cada persona interesado en ello: “Y, como año tras año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan que cualquiera pueda explorarlos para hacerse una idea propia (más allá de las interpretaciones de los medios, según su tendencia editorial). La Fundación muestra este proyecto de presupuestos de forma visual e interactiva para que se pueda explorar fácilmente, “incluso sin conocimientos previos. Aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan”. La plataforma ofrece información exhaustiva a través de las políticas de Estado en estos Presupuestos: la de ingresos, en qué se gasta y cómo se gasta el dinero público.

Animo a entrar en esta plataforma visual e interactiva que no defrauda sino que pone al servicio de la inteligencia conectiva que ofrece la Noosfera, la malla pensante en nuestro país o Comunidad, por ejemplo, aunque hace una serie de observaciones previas que recomiendo leer con atención para garantizar los accesos citados:

1. Recuerda que esto es el proyecto de presupuestos, y que aún tiene que pasar el filtro de las Cortes, lo que no es sencillo -a tenor de lo que hemos visto en los últimos años-.
2. Además, en caso de que se acaben aprobando, se trataría de la previsión del gasto, y no se corresponde con lo que finalmente se acabará gastando. Eso último se denomina ejecución presupuestaria. Y es que, entre el gasto presupuestado y lo que finalmente se gasta, existen grandes desviaciones: por ejemplo, Defensa gasta más de lo presupuestado, mientras que no todo lo asignado a I+D se acaba gastando.
3. No resulta fácil explorar los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, te recomendamos consultar antes nuestra Visita guiada y conocer antes los errores más comunes que se cometen cuando buceamos en las partidas presupuestarias. Por ejemplo, pensar que las partidas de Educación o Sanidad de los presupuestos reflejan todo el año en España. Y no: eso es lo que gasta el Gobierno, pero el gasto más relevante en Educación o Sanidad está en las comunidades autónomas, que tienen transferidas esas competencias.
4. Puedes explorar en detalle cada partida, e incluso comparar con los presupuestos anuales desde 2007. Una pista: puedes usar el buscador para encontrar partidas muy concretas sin tener si quiera que saber dónde se encuentran.
5. Puedes insertar tanto la visualización general del proyecto de presupuestos como la de una partida concreta en cualquier página web. Tan solo tienes que pulsar en este icono que hay debajo de cada gráfico e insertar en el editor de tu web el código que se genere. 
6. Como en años anteriores, no podremos comparar los Presupuestos Generales con su ejecución mientras el Ministerio de Hacienda no publique los datos de ejecución de forma completa y con la misma estructura, como hemos alertado en infinidad de ocasiones. La ejecución sigue siendo un gran punto ciego, como hace años que denunciamos. Si tuviéramos acceso a los datos de ejecución bien desglosados, podríamos exigir más transparencia sobre los desvíos presupuestarios. Por ejemplo, los del Ministerio de Defensa, que todos los años gasta millones por encima de lo presupuesto, muchas veces mediante partidas “sin tipificar”.

Como en años anteriores, vuelvo a expresar mi reconocimiento a la Fundación y a su codirector, David Cabo, así como a todos los miembros de la misma, que es continuo, público y notorio desde que tuve la oportunidad de entrar en contacto con él en 2013 para preparar la transparencia del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año siguiente y la accesibilidad digital al mismo, preocupado como administrador público por la transparencia pública digital. Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia es el resultado siempre de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y una vez más, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y codirector de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Es muy importante entrar en esta página web de la Fundación CIVIO para comenzar a comprender bien las bases presupuestarias que asientan o no la democracia en este país y los pilares económicos, no inocentes por cierto, que la sustentan a partir de una pregunta transcendental, ¿Dónde van mis impuestos?, con tres proyecciones políticas esenciales, Ingresos, ¿Cómo se gasta? Y ¿En qué se gasta? Acceder a todos los datos es posible y CIVIO nos ofrece esta oportunidad de emitir juicios bien informados, la base de toda evaluación que debemos hacer como ciudadanos responsables. Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, como este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Entren y vean, porque ya están los datos en el salón virtual de la Noosfera sin tener que esperar nada más, solamente la aprobación definitiva de estos Presupuestos, a los que se podrá entrar de nuevo una vez consolidados para 2023 por las Cortes de este país. Les aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán a partir de ahora que el Presupuesto de este país, como el de la Comunidad en la que cada uno reside, puede y debe ser cosa de todos. Gracias CIVIO, gracias a David y a su equipo profesional, por hacerlo posible con vuestro esfuerzo encomiable y digno de alabanza pública.

(1) Weiss, C.H., Evaluation. Methods for studying programs and policies, 1998. New Jersey: Prentice Hall.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país

Sevilla, 28/X/2022

Cada vez que se publican datos sobre las inversiones sociales en Andalucía, que no opiniones ni refriegas políticas de baja estofa, que cada vez hacen más estragos en la sociedad democrática, me estremece conocer la posición que ocupamos en el país, siendo la Comunidad más poblada y la que se debería cuidar al máximo en esta financiación pública por sus datos en relación con la pobreza y exclusión social, verdaderamente lacerantes. Una vez más, se observa que la aplicación de las políticas sociales en el Estado y, sobre todo, en esta Comunidad en la que vivo democráticamente, no son inocentes, como vengo publicando desde hace años en este cuaderno digital y tiene responsables públicos de su gestión política y administrativa, cuyo objetivo principal y claro es además constitucional: salvaguardar el interés general de la población a la que hay que atender y servir. La última referencia técnica viene del Informe que ha elaborado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, sobre la Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país, realizado con un esfuerzo encomiable de transparencia para la transformación social, presentado el pasado 20 de octubre y que refleja datos muy esclarecedores en relación con los presupuestos generales en cada Comunidad Autónoma y su relación con el gasto social aplicado desde la pandemia, a pesar del “importante aumento de las transferencias estatales, que alcanza 23.701,7 millones de euros en este periodo [2019-2021]. Los datos nos indican que este incremento de financiación estatal no se ha visto reflejado en la misma medida en un incremento en el gasto social en las Comunidades” (la negrita es mía). Importantísima aportación objetiva, porque traduce que dinero público ha habido, otra cosa es cómo se ha repartido en cada Comunidad de acuerdo son sus prioridades políticas.

Las conclusiones más importantes del Informe son que “el gasto social de la Comunidades Autónomas solo ha aumentado un 7% respecto al nivel previo a la pandemia, mientras el gasto en otras áreas aumenta un 34%” y que “han tenido que pasar 10 años y una pandemia para recuperar el gasto social. pero su incidencia en los presupuestos autonómicos es cada vez menor […] Pero desde 2010 el porcentaje que representa este gasto sobre el total de los presupuestos autonómicos marca una clara tendencia descendente, tendencia rota ligeramente en los años 2015 y 2016. En 2010 representaban el 67,4% del presupuesto autonómico, mientras que 12 años después este porcentaje ha caído 9 puntos y se sitúa en 58,3%, en una tendencia claramente decreciente. . Analizando en profundidad los datos se observa que Madrid, Andalucía, Cataluña y Murcia, están a la cola de gasto por habitante en Sanidad y Servicios Sociales, como un nuevo ejemplo de la injusta desigualdad social territorial que se está viviendo en España.

Es muy interesante la aportación de los siguientes datos en el informe: “La evolución del gasto en políticas sociales por CCAA ha sido muy desigual:

• En cuantía: Todas las Comunidades salvo Cataluña, Madrid y Murcia han superado en 2021 el gasto social por habitante que tenían en 2019, destaca Castilla La Mancha con un aumento de 514,9 € y La Rioja con 487,3 €. En negativo sorprende Cataluña que lo reduce en 134,5€, Madrid en casi 119€ y Murcia en 64,9 €.
• En porcentaje: Un escenario diferente nos muestra el peso específico que estas políticas tienen en el escenario general. Si observamos el porcentaje de su presupuesto que destinan a cubrir las políticas sociales, vemos que 12 de las 17 Comunidades han reducido este porcentaje, siendo especialmente acusado este descenso en la Comunidad de Madrid (-10,18%) y Asturias (-6,72%), seguido de Extremadura (-5,93%) y Cataluña (-5,55%)”.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Nota de Prensa.

Para concretar de forma más cercana este gasto autonómico en políticas sociales, se puede observar lo ocurrido en 2021 (de mayor a menor), también muy significativo en relación con la sempiterna desigualdad territorial.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país.

Tengo que señalar que Andalucía, en referencia a lo expuesto anteriormente, comenzando por la inversión en Sanidad en 2021, figura en la situación que se detalla en el grafico siguiente, en el que se observa que las desigualdades territoriales son clamorosas, donde esta Comunidad ocupa un lugar nada favorable en gasto por habitante, 1.372,69€, la tercera por la cola, por debajo incluso de la media en España, con una diferencia negativa de 558,54€, respecto de Asturias y de 524,97€, en relación con el País Vasco:

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Anexo a la Nota de Prensa (la “p” minúscula indica que en esas Comunidades el Presupuesto anual estaba prorrogado).

En relación con el gasto en Educación, la situación es más favorable para Andalucía, aunque se repite de nuevo un mal endémico en el país: la desigualdad territorial. También es importante resaltar que a pesar de que Andalucía figura en tercer lugar en relación con el esfuerzo inversor, 23,5% sobre el presupuesto total de la Comunidad, por encima ligeramente de la media en España, 20,3%, queda todavía mucho por hacer cuando se analiza el gasto por habitante, 995, 81€, lo que significa 32,7€ por encima del gasto medio en el país, pero con un diferencial negativo de 370,68€ frente al gasto del País Vasco.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Anexo a la Nota de Prensa (la “p” minúscula indica que en esas Comunidades el Presupuesto anual estaba prorrogado).

Por último, se aborda en el informe citado el gasto en Servicios Sociales mostrando, como se puede comprobar una vez más, lo que verdaderamente tiene importancia en el gasto público de ámbito social, junto a las cuantías económicas, evidentemente, es la desigualdad territorial como un problema omnipresente que requiere un urgente abordaje de Estado sobre financiaciones finalistas. Andalucía con un porcentaje del 7,3%, está ligeramente por encima de la media, 7%, pero con un dato nada favorable en relación con el gasto por habitante, 308,55€, por debajo de la media de España, 332,80€ y con un diferencial negativo y clamoroso sobre Navarra, 309,25€, prácticamente la mitad de lo que se dedica en esa Comunidad a esta finalidad o respecto de La Rioja y Asturias, que ocupan el segundo y tercer lugar de la tabla.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Anexo a la Nota de Prensa (la “p” minúscula indica que en esas Comunidades el Presupuesto anual estaba prorrogado).

El pasado 15 de octubre publiqué un artículo, Andalucía sigue presentando datos muy preocupantes de pobreza y exclusión social, en el que afirmaba con rotundidad algo que estremece en este territorio, aunque no lo queramos leer o escuchar por su dureza: “Conocer con datos científicos que 2.738.318 ciudadanos y ciudadanas en Andalucía, es decir un 32,3% del total de población,  están viviendo la pobreza en sus vidas y, de forma más aguda, la pobreza severa, en un porcentaje del 8,1% del total, es decir, casi un millón y medio de personas, son cifras lo suficientemente elocuentes que confirman que algo no estamos haciendo bien en esta Comunidad, porque contra datos no valen argumentos” Conocer ahora estos datos sobre inversión real en gasto social en Andalucía, creo que incrementa nuestro desasosiego e incertidumbre desde la solidaridad que debemos mostrar con los andaluces y las andaluzas, niños y niñas de esta tierra, que están sufriendo el Estado de Malestar a diario.

Personalmente, tengo claro que hay que compartir datos para estar todos bien informados y que sólo con un gobierno de Estado o Comunidad Autónoma, pre-ocupado (así, con guion) por la desigualdad actual económica, laboral y social en la población, no cualquier gobierno, porque todos no son iguales, que dicte leyes con urgencia para solucionar esta situación transformando la sociedad española, podremos avanzar en derechos y libertades que mejoren las condiciones de vida para salir de la pobreza en cualquiera de sus estadios, que afectan a millones de ciudadanos en este país, de andaluces y andaluzas, niños y niñas sobre todo, los más desfavorecidos, los pobres severos, los nadies, que son los que más necesitan políticas sociales dignas del Estado del Bienestar. 

No pretendo aburrir con datos, porque para eso están los informes a disposición pública para quienes los quieran leer. Lo que sí pretendo al escribir estas líneas es volver a insistir en un hilo conductor tantas veces expuesto en este cuaderno digital: las políticas sociales no son inocentes y obedecen a intereses partidistas de cada Gobierno en particular, alejándose clamorosamente del interés general, objetivo constitucional que debe observar toda Administración Pública en el país, que depende del Gobierno correspondiente, no inocente, desdibujándose esta atención esencial en el país por las injustas desigualdades territoriales en la aplicación de estas políticas como se puede ver en cada informe que se publica en una u otra dirección, pero siempre con el denominador común del debilitamiento del Estado del Bienestar. O del Malestar, a la vista de lo que acontece a diario y muy cerca de cada ciudadano en su cada día.

UCRANIA, ¡Paz y libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Sevilla, 23/VI/2022

Ayer se publicó el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales que elabora anualmente la Asociación Estatal de Directoras y gerentes de Servicios Sociales, correspondiente a 2021, que se viene publicando anualmente desde 2012, cumpliendo este año su décimo aniversario. En este índice se hace balance de cómo han evolucionado los Servicios Sociales en una década en la que han ocurrido dos acontecimientos de indudable importancia y repercusión crítica: el descalabro económico que se inició en 2009, “con los grandes recortes presupuestarios que se prolongaron hasta 2014, y la gran crisis provocada por el covid19 en 2020 y 2021”. Según la citada Asociación , el resultado ha sido el siguiente:

Ordenación del Sistema: todas las Comunidades tiene Ley de nueva generación, salvo Madrid, que está en fase avanzada de elaboración. En 2011 sólo 11 Comunidades tenían Ley. Así mismo, si en 2011 eran 5 las Comunidades que tenían Catálogo de Servicios Sociales, en 201 son 9. Y frente a las 2 Comunidades con planificación estratégica en 2011, son 11 en 2021. 

Relevancia económica. Se incrementa un 26,2% el gasto por habitante y año (350 € en 2019 / 446,9 en 2020), así como 0,28 puntos porcentuales la significación sobre el PIB (1,60% en 2011 / 1,88% en 2020). Pero se reduce en 0,36 puntos el porcentaje del presupuesto que las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) destinan a servicios sociales (8,14% en 2011 / 7,78% en 2020). Cada vez es mayor el porcentaje de financiación local y menor la autonómica sobre el gasto total en servicios sociales. Si en 2012 esta proporción era 83,3% CCAA y 14,6 EELL, en 2020 pasa a ser 69,4% CCAA y 30,6% EELL. 

Prestaciones y servicios. Mejoran la mayor parte de los indicadores de cobertura, destacando la ratio de profesionales por habitante en las estructuras básicas (pasando de un profesional por cada 3.765 habitantes, de media, en 2012, a uno por cada 2.064 en 2021), y las plazas de alojamiento para personas sin hogar (34,5 por cada 100.000 habitantes en 2011, 41,2 en 2020). En el resto el incremento es reducido, como las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores (2,37% en 2011 / 2,70% en 2020) o la ayuda a domicilio (4,4% en 2011 / 5,1% en 2020). Hay incluso indicadores que empeoran en esta década: la intensidad de la Ayuda a Domicilio (19,3 horas de media mensual en 2011 / 17,8 en 2020) o los acogimientos familiares a menores sobre el total de acogimientos (60,4% en 2011 / 50,1% en 2020).

Si importantes son los resultados en el ámbito estatal y las consiguientes comparaciones entre Comunidades, quiero detenerme especialmente en el Informe de Valoración del Desarrollo de los Servicios Sociales por Comunidades Autónomas, 2021, por su especial incidencia en lo que ha sucedido en Andalucía y como una oportunidad para que desde el nuevo Gobierno y la oposición se trabaje ante sus resultados para plantear las mejores respuestas posibles. Siguiendo con los parámetros expuestos anteriormente como resumen general, la evolución del Índice DEC Andalucía 2’12-2021 obtiene una calificación global de DÉBIL (dec, 5,15), suponiendo una tendencia de contención, estable, al ocupar el puesto nº 11 en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales: “Su puntuación global se mantiene estable respecto a la anterior aplicación, todavía una décima por debajo del nivel alcanzado en 2017”.

Según el Informe y en relación con el primer parámetro citado, reconocimiento de reconocimiento de derechos y ordenación del Sistema, hay que recordar que “la Ley de 2016 y su planificación supusieron un importante avance para el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía. Pero la falta de aprobación del Catálogo cuatro años después, penaliza este apartado del Índice y le impide mejorar su clasificación. En cuanto a la relevancia económica. “aunque las Administraciones Públicas de Andalucía siguen reduciendo la relevancia económica de sus servicios sociales, en términos absolutos el gasto corriente por habitante y año aumentó un 6,74% en 2020 (401,36 €) respecto a 2019 (375,99 €), que sigue por debajo de la media estatal (446,93 €). Con un incremento de 28 décimas respecto al año anterior, el porcentaje que supone el gasto de la Comunidad y de las Entidades Locales en servicios sociales respecto al PIB regional alcanzó el 2,26% en 2020, superando el de años anteriores, manteniéndose por encima de la media estatal (1,88%), como ocurre de manera sistemática”.

Otro apartado importante es el porcentaje del gasto en servicios sociales que realiza la Junta de Andalucía y las Entidades Locales (EE.LL.) de Andalucía, porque aunque “es superior a la media estatal (+0,28 puntos), registra un fuerte descenso de 1,83 puntos en 2020 (8,06%) respecto al año anterior (desciende en 2020 1,83 puntos respecto al año anterior (9,89%). La Junta de Andalucía aporta el 71% del presupuesto total de los servicios sociales en esa Comunidad, mientras que el 29% restante corresponde a las Entidades Locales de su territorio. Unos porcentajes muy parecidos a los que se registran, como media, a nivel estatal, aunque la significación del presupuesto de la Junta es 1,9 puntos superior y, en consecuencia, la de las Entidades Locales 1,9 puntos menos”.

Asimismo, hay cuatro aspectos importantes en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, en los que destaca Andalucía:

– La cobertura de su red de servicios sociales comunitarios, con un profesional por cada 1.810 habitantes, cuando la media estatal es de uno por cada 2.064.

– La Atención a la Dependencia, con una puntuación de 7,5 puntos en la Escala del Observatorio de la Dependencia, la tercera más alta de todas las Comunidades.

– La cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio, del que se benefician en Andalucía el 6,8% de las personas mayores de 65 años, frente al 5,1% de media estatal.

– El Servicio de Teleasistencia, que alcanza al 15,3% de las personas mayores de 65 años (10,0% de media estatal).

Sin embargo, hay que señalar también los principales déficits de cobertura:

– La cobertura de sus Rentas Mínimas de Inserción, que solo alcanzaban al 5,4% de la población bajo el umbral de la pobreza en Andalucía, frente al 9,0% de media estatal.

– Las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años, con una cobertura del 1,96%, frente a 2,65% de media estatal.

– Las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con 7,1 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección en Andalucía (11,4 de media estatal).

– Las plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 25 plazas por cada 100.000 habitantes en Andalucía, frente a 41,2 de media estatal.

Creo que lo expuesto anteriormente son datos fiables para comenzar a diseñar, Gobierno y Oposición, una agenda de atención urgente y prioritaria a los Servicios Sociales en Andalucía, constatándose también que es un problema de Estado, porque las desigualdades entre Comunidades son clamorosas, tal y como se puede analizar con detalle en los índices citados. Se deberían abordar con carácter de urgencia también, normas sustantivas que establezcan índices mínimos de atención inexcusables para salvaguardar el interés general en los servicios sociales del país.  

Una vez más y visto lo expuesto en los dos informes de referencia, vuelvo a reivindicar mi sueño de que es posible transformar la sociedad andaluza, no sólo cambiarla, estando muy cerca de los nadies de Galeano, en particular, a los que no olvido, así como de la lucha por un mundo y un país mejor. Lo digo porque creo que entre todos podemos construir una sociedad mejor, sin excluir a nadie en esta preciosa tarea, en la que los servicios sociales atienden a los que más lo necesitan, en un equilibrio digno de salvaguarda del interés general. Los déficits sociales señalados, entre otros muchos, son un test para comprobar dónde estamos y qué debemos hacer. Ya no hay excusas.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.