Contra determinados hechos reales no valen determinados argumentos legales

PROTESTA EN PAMPLONA

Concentración de este viernes ante el Palacio de Justicia de Pamplona

Solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio
Abate Dinouart. Principio 1º, necesario para callar.

Hoy no me callo. Lo aprendí en latín: contra facta non valent argumenta, contra hechos no valen argumentos, pero hasta un cierto punto (placet, iuxta modum). En un Estado de Derecho, el poder judicial tiene un espacio sagrado que le confiere la Constitución española, aunque no le libra de la discrepancia democrática en su forma de proceder cada día. La sentencia última emitida ayer por la Audiencia Provincial de Navarra (me niego a ponerle el sobrenombre de los culpables directamente implicados), demuestra que hay unos hechos que se juzgan y que, por razones estrictamente jurídicas, se tipifican de una forma que no se comprende por la ciudadanía, porque contra determinados hechos ocurridos, tal y como se han podido ver, no valen determinados argumentos jurídicos. No se falta al respeto de la sentencia si se discrepa de ella o ¿es que ha enloquecido la ciudadanía al estimar de forma masiva que la sentencia tiene un error craso de interpretación de lo ocurrido?

Ante estas situaciones en las que explota el poder popular y se echa a la calle como recurso urgente contra lo que se aprecia como manifiestamente injusto, hay que reflexionar en la medida de lo posible y considerar que la única vía que queda para abordar esta cuestión tan lacerante, la valoración de una sentencia como manifiestamente injusta, es armarse de valores democráticos y ejercer el rol de ciudadanos y ciudadanas hasta las últimas consecuencias. Contra sentencias vividas como injustas, más democracia.

¿Qué hacer ante estas situaciones? Primero, protestar hasta la saciedad, no permanecer callados en silencios cómplices, ocupando espacios públicos de todo tipo, sin más violencia que la de la palabra herida, porque contra determinados hechos reales no valen determinados argumentos legales. Es muy difícil recurrir solo a la técnica jurídica del ámbito penal para hacer distinciones nada sutiles de orfebrería jurídica entre abuso, agresión y violación, porque lo malo de todo esto no es solo lo que se ve en minutos de vídeo, sino lo que hay detrás de todas las secuencias, una violencia ilegítima de hombres mal-educados [sic] para ser ciudadanos, en el sentido más profundo del término educación (la mala, hasta límites insospechados de consentimiento familiar y social, con el aplauso inclusive de muchas personas que jalean estas conductas impresentables), contra una mujer que en una noche de fiesta se adentra con ellos en un portal con un reparto desproporcionado de roles. Es sorprendente que sea ahora la víctima casi la culpable de la “normalidad” de lo allí ocurrido, porque como no hay escenas llamativas de legítima defensa, lo lógico es pensar que aquello se consintió, con resultados -eso sí- desproporcionados y de ahí la leve condena, porque al final “no era para tanto”. Lamentable y de ahí la indignación popular.

En segundo lugar, creo que hay que poner en marcha la división acorazada de la democracia que consiste en desplegar todos los recursos jurídicos disponibles en el Estado de Derecho actual para que instancias superiores valoren de nuevo lo que ocurrió esa fatídica noche de julio de 2016. Contra aquellos hechos no valen solo unos argumentos que, hoy, son solo parciales y eso me reconforta porque mi Estado de Derecho, lo afirmo de nuevo, permite que la sentencia se recurra ante todas las instancias posibles hasta que se llegue al final que siempre se sueña cuando somos demócratas: que se imparta justicia hasta las últimas consecuencias y que se proteja hasta el final al más débil, que en este caso es una chica de dieciocho años, con nombre y apellidos, ciudadana que merece todo nuestro respeto y a la que debemos amparar mañana, tarde y noche de cada día, porque representa a millones de mujeres españolas que desean vivir y caminar por la calle sin temor alguno a sufrir abusos, a ser agredidas o, desgraciadamente, violadas sin consideración alguna a su No.

En tercer lugar, hay que cambiar muchas cosas en este país, para que los hechos sujetos a sentencia no se repitan con la facilidad que ocurre ahora. Me refiero a que se debe firmar un Pacto de Estado para que la educación para la ciudadanía vuelva a las aulas de las que nunca tenía que haber salido. ¡Qué fracaso en democracia desalojar de las aulas la educación en valores humanos, en el comportamiento sexuado, en la relación limpia entre niños y niñas, adolescentes, jóvenes y así, sucesivamente, hasta el final del ciclo vital humano!

Necesitamos también, leyes urgentes que amparen hasta la saciedad la tipificación penal a favor de las víctimas de estos hechos y si hay que cambiarlas, que el Congreso de los Diputados se ponga a la tarea sin dilación alguna. Sin más espera, porque la víctima de estos hechos lamentables de Pamplona, en representación de todas las mujeres que sufren a diario cualquier tipo de abuso, agresión o violación, lo merece.

Sevilla, 27/IV/2018

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy de: http://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/navarra/2018/04/27/concentracion-este-viernes-ante-palacio-justicia-pamplona-inigo-gonzalez.html