Sevilla, 21/I/2023
Contra hechos no valen argumentos, que decían los clásicos. Según los datos acumulados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, referidos al Ingreso Mínimo Vital (IMV), de altas iniciales de prestaciones que han figurado en nómina según comunidad autónoma y provincia en el periodo comprendido desde Junio de 2020 a diciembre de 2022, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se estableció el ingreso mínimo vital, Andalucía es la Comunidad Autónoma más beneficiada de esta prestación hasta esta fecha, aunque todavía hay miles de expedientes sin ser resueltos favorablemente para sus potenciales beneficiarios. Exactamente, el 31,62% del total de personas beneficiarias en España, 1.542.675, pertenecen a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 487.743. Por orden estadístico, le siguen la Comunidad Valenciana, con el 11,82%, con casi veinte puntos de diferencia por debajo, Madrid con el 10%, Cataluña el 8,63%, Galicia el 4,53% y Euskadi con el 3,07%. En relación con Andalucía, el número de personas beneficiadas alcanza el 5% de la población, porcentaje que duplica y triplica el de las otras comunidades autónomas citadas y cuyos pormenores, muy interesantes por cierto, se pueden visualizar en el documento facilitado por el Ministerio sobre los datos acumulados en el tiempo de vigencia de la Ley del IMV, con un análisis exhaustivo de los diferentes beneficiarios tanto a nivel individual como de tipo de hogar.
Los datos expuestos anteriormente reflejan una realidad que tiene una doble lectura, la del beneficio obvio, ¡bienvenido sea! y la del reflejo de una situación lacerante de pobreza y de desigualdad territorial clamorosa, por lo que no es apropiado lanzar las campanas al vuelo al conocer este “liderazgo”, sino llevarnos a una reflexión profunda de la realidad social de Andalucía. El pasado mes de octubre de 2022, publiqué un artículo en este cuaderno digital, Andalucía sigue presentando datos muy preocupantes de pobreza y exclusión social,suficientemente documentado sobre esta realidad social citada anteriormente. Como dije en aquella ocasión, no quiero abrumar con más datos, porque los aportados eran muy significativos. El Informe oficial que citaba en el mismo, “El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2021”, elaborado por La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), sigue estando a nuestra disposición y, sobre todo, de las Autoridades Públicas, a quienes corresponde tomar medidas urgentes, algunas de emergencia social, para paliar la situación actual en de pobreza en Andalucía. Conocer con datos científicos que 2.738.318 ciudadanos y ciudadanas en Andalucía, es decir un 32,3% del total de población, están viviendo la pobreza en sus vidas y, de forma más aguda, la pobreza severa en un porcentaje del 8,1% del total, es decir, casi un millón y medio de personas, son cifras lo suficientemente elocuentes que confirman que algo no estamos haciendo bien en esta Comunidad, porque como decía al principio de este artículo, contra datos no valen argumentos. Medidas como el ingreso mínimo vital (IMV), el incremento del salario mínimo y los ERTEs, han paliado en parte estas cifras, como decía al principio con los datos facilitados por el Ministerio correspondiente a 31 de diciembre de 2022, pero se demuestra en el informe del Estado de la Pobreza, que a pesar de ello Andalucía arrastra una pobreza que no le permite levantar cabeza desde la corresponsabilidad social y territorial. El Escudo Social que impulsó el Gobierno ante la pandemia ha permitido que un millón y medio de personas haya evitado entrar en situación de pobreza durante la COVID-19: “Sin embargo, esta cifra no puede ocultar la gravedad de una situación que nos coloca como el cuarto país en Europa con más personas en situación de pobreza y exclusión social, unas cifras que ya venían empeorando antes de pandemia, y cuyo impacto no ha hecho más que agravar”.
Queda mucho por hacer, pero sobre todo hay que analizar a fondo qué pasa en Andalucía para que arroje cifras tan contundentes en relación con la pobreza severa que sufren determinadas personas, hogares, niños y niñas en esta tierra tan fértil y tan bien acompañada por su propia naturaleza. El Ingreso Mínimo Vital hace todos los días una radiografía sobre lo que está pasando en esta Comunidad y aunque tengamos datos muy significativos del alcance de esta prestación en este territorio, hay que aceptar que en el fondo es una forma de entender el doble rasero del beneficio obtenido, que debería centrarse sobre todo en romper definitivamente la desigualdad territorial en la que estamos inmersos. Lo digo porque un Informe complementario del anterior, por Comunidades Autónomas, permite bajar al detalle de la territorialidad y lo que supone en la actualidad en este país tan invertebrado. Con independencia de que cada persona debe analizar los datos según sus posiciones previas de interés social, me preocupa de nuevo el de la territorialidad, ratificado por la muestra en relación con el desarrollo del IMV en Andalucía, citado al principio: “Desde hace muchos años este informe viene mostrando las grandes disparidades en la calidad de vida de las personas según el territorio donde viven. Nuevamente, debe insistirse en que las desigualdades territoriales no aparecen de la nada. Es cierto que la pobreza y la exclusión social se distribuyen diferencialmente en los territorios en función de la configuración histórica de las comunidades autónomas, la posición geográfica, la naturaleza de la economía y la evolución del PIB, la distribución de la población y otros aspectos estructurales; pero también dependen de la gestión política, la inversión pública del Estado, la inversión de fondos europeos y las políticas comunes, es decir, de las distintas estrategias de cohesión e integración social que se ponen en marcha en los distintos niveles de la administración -local, regional, nacional, europeo-. Todo ello es importante, especialmente en estos tiempos –no solo a causa de la pandemia–, también porque parece reactivarse el interés por enfrentarse de una vez al problema de la financiación territorial. En los términos que interesan aquí, el territorio es una significativa fuente de desigualdad y la cohesión territorial debería ser, no solo desde un punto de vista formal, un importante objetivo político”.
Hay que atacar los problemas estructurales de Andalucía para paliar los efectos del subsidio permanente, que traduce un desajuste social impresionante en esta Comunidad. Lo digo porque en esta Comunidad sigue habiendo muchos nadies que esperan la dignidad personal mediante un puesto de trabajo para no tener que recurrir a las ayudas del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente, tipo IMV, entre otros, para seguir viviendo. Lo dije en un artículo publicado no hace tanto tiempo en este cuaderno digital, Los nadies sufrirán la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, que puede ser de utilidad plena para darse cuenta de que cualquier medida regresiva en Andalucía para obtener recaudación pública en beneficio de los que menos tienen, los pobres citados en el informe anterior, nos debería preocupar y mucho ante la realidad expuesta con cifras elocuentes por sí mismas. Lo digo una vez más: ahí están los datos anteriormente expuestos, desnudos, junto a la gran pregunta que nos compromete a todos, qué hacer en una contraescuela del mundo al revés en nuestro país, en mi Comunidad Autónoma, sin ir más lejos. Personalmente, lo tengo claro: compartir y defender con datos algo palmario: que sólo con un gobierno de Estado o Comunidad Autónoma, pre-ocupado (así, con guion) por la desigualdad actual económica, laboral y social en la población, no cualquier gobierno, porque todos no son iguales, se dicten leyes con urgencia para solucionar esta situación transformando la sociedad española. Será la única forma de que podamos avanzar en derechos y libertades que mejoren las condiciones de vida para salir de la pobreza en cualquiera de sus estadios, que afectan a millones de ciudadanos en este país, de andaluces y andaluzas, niños y niñas sobre todo, los más desfavorecidos, los pobres severos, los nadies.
NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, publicado en 2020 por la ONG Save the Children.
CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.
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