Presentación del Observatorio de Derechos (¿y Deberes?) Digitales

Nos fue propuesta una Declaración Universal de los Derechos Humanos y con eso creíamos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden.

José Saramago, en un discurso pronunciado con motivo de la recepción del Premio Nobel de Literatura en 1998.

Sevilla, 7/II/2025

Nada digital me es ajeno, como casi todo lo que rodea mi vida personal y profesional, sabiendo que tampoco es inocente, mucho menos en los tiempos trumpistas y muskistas que corren. Recuerdo que Cremes, un personaje curioso que protagonizó una obra del dramaturgo Terencio, El enemigo de sí mismo, pronunció una frase al comienzo de la obra, inolvidable, profunda, que no ha perdido su frescura a pesar de los siglos que han transcurrido desde que se escribió en un texto y contexto muy concretos: Hombre soy; nada humano me es ajeno (Homo sum; humani nihil a me alienum puto).

Precisamente y en este contexto inalienable digital, he conocido que el presidente del Gobierno intervino el pasado miércoles 5 de febrero, en la clausura del acto de presentación del Observatorio de Derechos Digitales, un órgano gubernamental para velar por el cumplimiento de la Carta de Derechos Digitales aprobada en 2021. Según fuentes oficiales de Moncloa, Pedro Sánchez anunció en ese acto “nuevas medidas frente a la «carrera tecnológica despiadada» y el «plan diseñado» por la «tecnocasta», potencias autoritarias y fuerzas antisistema, y para evitar que «el espacio digital se convierta en el salvaje oeste». Entre las iniciativas destaca avanzar en el fin del anonimato en las redes sociales, profundizar en la transparencia algorítmica para «hacer de la moderación y el autocontrol un requisito legal» y garantizar la responsabilidad personal de los directivos de las plataformas ante el impacto de sus contenidos.

En el citado discurso, al que sigo en su transcripción oficial, Pedro Sánchez defendió que “no se puede permitir que «se insulte, se amenace, se estafe y se abuse de las personas sin ningún tipo de consecuencia». «La fe en la tecnología y en sus promesas nos ha cegado ante sus peores consecuencias, sin controlar sus riesgos y sus potenciales daños», por lo que ha instado a «prevenir, combatir y erradicar de una vez por todas la manipulación y el mal uso de los entornos digitales». Aunque subrayó que la revolución digital «ha transformado nuestras vidas, forma de trabajar, vivir e incluso amar», ha dado «la vuelta de arriba abajo nuestras economías» y ha modificado el espacio cívico abriendo espacios, ha advertido de que «bajo el aura de milagro económico, social y cultural hay ocultas muchas miserias», porque «el algoritmo no reparte oportunidades porque las grandes plataformas no son neutrales y la mentira viaja en ellas más rápido que la verdad».

Se refirió igualmente a la inmediatez y la «obsesión por el like» que «distorsiona la realidad y empobrece el debate público» y denunció que «las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla, donde no se discute, sino que se ataca, no se argumenta, se descalifica, y no se busca entender, sino imponer». La principal consecuencia, es que «con mucha frecuencia lo que se viraliza en las redes sociales es la mentira», con datos falsos, imágenes modificadas y fake news, como sucedió en la DANA en Valencia cuando «miles de bots trataron de multiplicar el daño propagando bulos». Ofreció datos importantes: los delitos digitales ya representan un quinto de todos los delitos penales, una de cada cuatro jóvenes recibe solicitudes no deseadas de contenido sexual y los delitos de odio online crecieron un 32% en el último año. «Creímos que las plataformas ayudarían a nivelar el campo de juego, pero lo han hecho más injusto. Un tercio de los perfiles en redes sociales son bots, que generan casi la mitad del tráfico de internet. Las búsquedas, los contenidos y las noticias que consumimos están sesgados. La viralidad cotiza muy por encima de la verdad». «Quieren también el poder político. Sentarse directamente en los consejos de ministros, sin caretas ni mediadores. Controlar nuestras leyes y nuestras vidas. Condicionar lo que vemos y lo que pensamos. Incluso nuestra memoria como sociedad, si es preciso fomentando el autoritarismo y el odio, pero que nadie se engañe: su principal motivación para controlar el poder democrático no es otro que el dinero. Todo por la pasta».

De esta forma, defendió en su intervención las tres medidas con implicaciones europeas que propuso en el Foro Mundial de Davos para proteger a la ciudadanía y retomar el control de las plataformas, como terminar con el anonimato que «envenena las redes sociales y no puede ser una excusa para la impunidad», avanzar en la defensa de los derechos digitales de la ciudadanía y profundizar en la transparencia algorítmica: «hay que obligar las plataformas a que compartan la información necesaria para su supervisión y hacer de moderación y de ese autocontrol un requerimiento, un requisito legal». Así, ha anunciado que «vamos a reforzar, desde el punto de vista material y personal, las capacidades del Centro para la Transparencia Algorítmica de la Comisión Europea», localizado en Sevilla.

Así mismo, remarcó que España ha sido uno de los primeros países del mundo en contar con una Carta de Derechos Digitales durante la pandemia. «El Observatorio de Derechos Digitales comparte esa misma filosofía: que estos derechos sean reales, tangibles y efectivos en la vida de todas las personas desde la colaboración público-privada, con la participación del mundo académico, empresarial y de la sociedad civil. Estamos ante un momento decisivo, que nos obliga a elegir entre dos alternativas: o seguimos el rumbo que marcan otros y nos dejamos llevar por la corriente, o asumimos el liderazgo para definir una nueva manera de entender, diseñar y construir la tecnología. Optemos por esta última vía: ser dueños de nuestro propio destino».

En este contexto creo que también hay que tomar conciencia de nuestros deberes digitales como ciudadanos del mundo, de este país y de esta Comunidad, que necesitan también una Carta, porque todo lo digital, en el sentido más puro del término, también nos pertenece, emulando la famosa frase de Terencio citada anteriormente, todo lo humano me pertenece, al ser una dimensión humana primordial como miembros de la aldea global en la que vivimos, somos y estamos cada día de nuestra vida. ¿Recuerdan la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, auspiciada por José Saramago?.

En este contexto cobra singular importancia conocer qué es el Observatorio de Derechos Digitales de nuestro país, porque “los derechos digitales son un conjunto de derechos fundamentales que protegen a las personas en el entorno digital. Estos derechos garantizan que las mismas protecciones y libertades que tenemos en el mundo físico se apliquen también en el espacio virtual. Incluyen el derecho a la privacidad, la seguridad de nuestros datos personales, el acceso igualitario a internet, la libertad de expresión en línea y la protección frente a la discriminación digital. Además, en un mundo impulsado por la tecnología, los derechos digitales buscan asegurar que todos puedan participar en la sociedad digital de manera ética, segura y equitativa.

Igualmente, se debe conocer con detalle la Carta de Derechos Digitales, con seis epígrafes de sumo interés: Derechos de Libertad, Derechos de Igualdad, Derechos de Participación y de confirmación del espacio público, Derechos del Entorno Laboral y Empresarial, Derechos Digitales en Entornos Específicos, así como Garantías y Eficacia. En cada uno de estos epígrafes, se recogen múltiples derechos específicos de obligado conocimiento y defensa de los mismos, lo que da lugar a la asunción de responsabilidades digitales, de Deberes Digitales del propio Gobierno y de instituciones y organización públicas y privadas de todo tipo, así como los propios de la ciudadanía. Entre estos derechos digitales destaco los siguientes a título indicativo y no exhaustivo: la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, la identidad en el entorno digital, herencia digital, privacidad y protección de datos, propiedad intelectual. acceso a datos de interés público, igualdad y no discriminación, eliminar brechas de acceso al entorno digital, recibir libremente información veraz, protección de la salud en el entorno digital, derechos digitales en el entorno laboral y empresarial, protección de la salud en el entorno digital y protección de derechos digitales en el contexto de Inteligencia Artificial, metaverso y neurotecnologías.

El Observatorio de Derechos Digitales es un proyecto gubernamental “comprometido con la garantía de que los derechos digitales sean una realidad accesible para todos. Colaboramos con una amplia red de actores para abordar áreas clave y asegurar que estos derechos lleguen a cada ciudadano. Nuestras cifras destacan nuestro firme compromiso, demostrando que los derechos digitales no conocen fronteras”. Grandes números para un gran proyecto, en el que participan 150 entidades públicas y privadas, así como más de 360 expertos involucrados.

Es importante señalar que este Proyecto forma parte del programa Derechos Digitales, una iniciativa liderada por el Gobierno de España y creada para impulsar el seguimiento, debate y difusión de los Derechos Digitales entre la ciudadanía y diferentes organizaciones públicas y privadas. El programa está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU, habiéndose creado para asegurar que los derechos de la ciudadanía estén protegidos en el entorno digital, impulsando la implementación de la Carta de Derechos Digitales, enunciada anteriormente. Asimismo, cuenta con un presupuesto de 10,83 M€ financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU. Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, aporta hasta el 80% del importe total y el 20% restante lo aportan en especie las entidades participantes. Es, sin lugar a dudas, un espacio abierto, inclusivo y participativo, creado para hacer llegar a la ciudadanía los avances, ventajas y retos en materia de Derechos Digitales y para promover las buenas prácticas.

Este Proyecto tiene su intrahistoria porque en verano de 2021 publicó la “Carta de Derechos Digitales” que marca los principios generales que deben aplicarse en el mundo digital, constituyendo este hito un auténtico avance como Estado pionero en tomar este tipo de decisiones gubernamentales. Con el programa expuesto, “se busca garantizar los derechos en el entorno digital y fomentar un equilibrio entre innovación tecnológica y protección de los ciudadanos. Entre los derechos que se protegen en el entorno digital encontramos la protección de derechos de menores y grupos vulnerables, garantizar el acceso igualitario para personas con bajas competencias digitales, cerrar brechas digitales y salvaguardar la privacidad y la seguridad en línea, o proteger la libertad de expresión y el derecho a la información. Entre las actuaciones del Observatorio de Derechos Digitales está el impulso a programas de sensibilización sobre la importancia de la privacidad, la seguridad y el acceso equitativo a la tecnología y el fomento de la participación ciudadana en la creación de políticas digitales, asegurando que los avances tecnológicos sean entendidos y utilizados de manera informada y segura. Además, investigará el impacto social y ético de la tecnología y estudiará cómo reducir las brechas digitales y combatir la discriminación en línea, promoviendo una transformación digital que sea accesible y justa para todos.

Una muestra real del Proyecto es la Agenda programada en las semanas próximas, como encuentros de debate para crear una cultura de derechos y deberes digitales, tales como Controles administrativos y responsabilidad patrimonial (11 de febrero), Protección de datos (25 de febrero) y Gobernanza de las neurotecnologías (11 de marzo).

Lo expuesto anteriormente lo sitúo en el marco de la “inteligencia digital” el constructo que es hilo conductor de este cuaderno digital. Estoy plenamente convencido de que habría que introducir una asignatura en el currículo escolar y universitario sobre esta materia, porque es la clave para comprende el universo digital que nos rodea, entendida esta inteligencia digital como la “capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía”, es decir, cuando han superado la dialéctica infernal del doble uso” (1). Inteligencia digital es la destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que manejan y tratan las personas, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida de haberse hecho muy capaces de ella, la capacidad de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, la capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural en el que son y están, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. Ello es así porque la inteligencia digital es un factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada persona en su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, así como la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso o lo que es lo mismo, el uso no racional de las mismas, tan pujante en la actualidad y «dueñas» de casi todo.

(1) Cobeña Fernández, José Antonio, Inteligencia digital. Introducción a la Noosfera digital, 2007, p. 22.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.

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