Nos fue propuesta una Declaración Universal de los Derechos Humanos y con eso creíamos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden.
José Saramago, en el discurso de la recepción del Premio Nobel de Literatura 1998.
Sevilla, 15/IV/2026 – 08:02 h CET (UTC+2)
El artículo 23.1 de la Constitución Española dice que “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Junto a este derecho fundamental de participación, que se vehicula a través del voto, queda al libre albedrío de cada persona de este país llevarlo a cabo. Ese acto transcendental, votar, creo que debería ser también un deber fundamental entre los deberes humanos, en simetría con el declarado en la Constitución, en el sentido que figura en la propuesta de aprobación a escala mundial de una Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, formulada en 2016 por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación José Saramago y la World Future Society (Capítulo México), en la que se señalaron una serie de preguntas cruciales que necesitan siempre una urgente respuesta política de Estado y de cada ciudadano en particular, cada uno en su nivel de responsabilidades, entre las que tendría cabida, en el sentido que figura en la propuesta de aprobación a escala mundial, el deber del voto, entre otras cuestiones que se pueden consultar en el documento que recoge la citada propuesta.
El Preámbulo de la citada Carta, a título de marco reflexivo, que se desarrolla en sus veintitrés declaraciones, debería ser un horizonte por contemplar a la hora de introducir el voto en las urnas el próximo 17 de mayo, tan cerca ya, porque el voto debe llevar dentro una parte muy importante de responsabilidad política ciudadana, como deberes que son propios y no sólo responsabilidad política del Gobierno correspondiente. La razón es humana, personal e intransferible en su esencia y no tiene color. Sí, por el contrario, ideología y se aloja en personas. Ya ha demostrado la historia de forma suficiente que “ninguna ideología es inocente”, como señaló Lukács y tantas veces he citado en este cuaderno digital.
Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948, han pasado casi 78 años de reivindicación permanente de los derechos humanos, pero muy poco se ha hecho en relación con los deberes asociados a ellos como lo más íntimo de su propia intimidad personal y como ciudadanos, que también existen.
Cuando se aproximan las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán el próximo 17 de mayo, creo que también hay que tomar conciencia de nuestros deberes políticos como ciudadanos del mundo, de este país y de esta Comunidad, en los términos propuestos de fondo y forma en la citada Carta, que se expone a continuación, porque todo lo político, en el sentido más puro del término, también nos pertenece, emulando la famosa frase de Terencio, todo lo humano me pertenece, al ser una dimensión humana primordial como miembros de la aldea global en la que vivimos, somos y estamos cada día de nuestra vida.
En este contexto, José Saramago manifestó en uno de los discursos pronunciados con motivo de la recepción del Premio Nobel de Literatura en 1998, refiriéndose al 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo siguiente: “Nos fue propuesta una Declaración Universal de los Derechos Humanos y con eso creíamos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primer deber será exigir que esos derechos sean no sólo reconocidos sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los Gobiernos realicen en los próximos cincuenta años lo que no han hecho en estos que conmemoramos. Tomemos entonces, nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un poco mejor”.
La Carta Universal citada, recoge una serie de preguntas cruciales que necesitan urgente respuesta política de Estado y de cada ciudadano en particular, cada uno en su nivel de responsabilidades: “¿A qué estamos obligados para con nosotros mismos y con quienes nos sobrevendrán, los sujetos y organizaciones de nuestro tiempo? ¿Qué deben hacer además de afirmar sus innegables derechos, los grupos económico-empresariales, las asociaciones civiles, las comunidades religiosas, los medios de comunicación, los partidos políticos o los individuos concretos que habitan la tierra? Más allá de desesperanzas y posibilidades particulares de realización, ¿a qué debiéramos estar obligados cada uno de nosotros, en función de nuestras circunstancias, capacidades y posibilidades, para con nosotros mismos, con los demás, con nuestra comunidad, con nuestro sistema de gobierno o con el espacio que habitamos? Que alguien o muchos lo sepan, no es suficiente para lograr acciones en la dirección correcta. Es necesario decirlo, postularlo, comprometerlo, para que las cosas empiecen a marchar en tal sentido. Así como desde hace años se viene pregonando la necesidad de que cada cual se asuma como sujeto pleno de derechos y sea capaz de entenderlos y ejercerlos, así también se hace necesario, a través de un ejercicio de educación cívica, hablar de los deberes y las obligaciones que tales titularidades imponen. Este es, finalmente, el objeto de esta propuesta: ayudarnos a tomar consciencia de que nuestra condición humana pasa, desde luego, por la plena titularidad de los derechos que hemos admitido como innatos a todos los seres humanos, pero también por la aceptación de deberes, obligaciones y responsabilidades para con nosotros mismos y para con los demás”.
Por lo expuesto anteriormente, insisto en que es muy importante conocer el contenido del Preámbulo de la citada Carta, así como sus veintitrés declaraciones a la hora de introducir el voto en las urnas de las próximas elecciones de 17 de mayo.
Las ideologías que están detrás de los programas políticos han perdido su inocencia de base. Pero eso no es “malo”, para que nos entendamos. Perder la inocencia para ser responsable, es “bueno”. Y ser responsable conlleva, por un lado, conocer la “cosa” política (programa electoral, por ejemplo…), en su doble proyección de derechos y deberes, es decir, el contenido auténtico y ético de la acción y, además, ser libre para decidir a través de unos votos y asumir “deberes políticos” como ciudadanos que cuidan la cosa pública (res publica).
Personalmente, suscribo la Carta en todos y cada uno de sus términos, con la ardiente paciencia de Neruda en la espera a que esta Carta tenga el respaldo legal suficiente para que nos comprometa a todos, después de un recorrido iniciado en 2018, cuando a través de la iniciativa descrita anteriormente, inspirada por Saramago en su discurso del premio Nobel, fue presentada al Secretario General de la ONU, António Guterres, a la Comisión de Derechos Humanos y debatida con los embajadores iberoamericanos ante la ONU, recibiendo desde entonces adhesiones internacionales de todo tipo.
Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas
Preámbulo
Considerando que los derechos humanos son la mayor conquista jurídica y social de nuestro tiempo para garantizar la dignidad de todas las personas sin distinción alguna de sus condiciones individuales, sociales o culturales,
Considerando la necesidad de reconocer la emergencia de nuevos derechos así como de realizar una lectura actualizada, intergeneracional, relacional y solidaria de los mismos que enfatice debidamente su función social,
Reiterando que los principales obligados al cumplimiento de los derechos humanos son los Estados nacionales y los organismos internacionales y regionales,
Subrayando la importancia de que todos los individuos y las organizaciones cumplan también con tales derechos,
Atendiendo a las crecientes desigualdades y violaciones a los derechos humanos y a las dificultades de alcanzar las metas planteadas para lograr el desarrollo armónico de la humanidad en su conjunto,
Entendiendo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en su artículo 29 que todas las personas deben cumplir con sus deberes jurídicos respecto a sus comunidades,
Asumiendo que en el cumplimiento de los deberes jurídicos no se agotan las posibilidades de alcanzar el pleno desarrollo de las personas, siendo las obligaciones éticas igualmente indispensables para el sostenimiento de las instituciones democráticas y el Estado de derecho,
Admitiendo la necesidad de que la totalidad de los individuos y organizaciones sociales en que éstos decidan participar deben cumplir sus deberes jurídicos y obligaciones éticas, sin que en ningún caso su incumplimiento pueda servir de pretexto para que el Estado se exima de sus propias obligaciones,
Reconociendo que las personas y los distintos actores sociales pueden tener por su poder, capacidad o función social, diferentes grados de responsabilidad en su contribución a las condiciones de garantía del disfrute de derechos por parte de todos.
Declaramos
[…]
nueve
1. Todas las personas tenemos el deber y la obligación, dentro de nuestras condiciones y posibilidades, de participar responsablemente en los asuntos públicos y en la toma de decisiones colectivas.
2. Todas las personas, y en particular las organizaciones económico empresariales, los partidos políticos y demás organizaciones sociales, económicas y culturales, tenemos el deber y la obligación de respetar y exigir el respeto de las reglas de financiación de las campañas electorales y de los partidos políticos.
3. Todos los partidos y organizaciones políticas tienen el deber y la obligación de contribuir a la articulación democrática de la sociedad, a la integración de la representación política, con especial atención al objetivo de la paridad de género.
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CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.
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