Inteligencia Pública Digital (IV): transferir conocimiento y poder al ciudadano

EMPODERAMIENTO

Vuelvo a tratar este concepto y he recurrido al Diccionario panhispánico de dudas para no adulterar la comprensión legítima del término que subyace en este post, el empoderamiento (empowerment), definiéndolo de la siguiente forma:

empoderar(se). Calco del inglés to empower, que se emplea en textos de sociología política con el sentido de ‘conceder poder [a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente] para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida’. Puede usarse también como pronominal: «Se trata pues de empoderarnos, de utilizar los bienes y derechos conseguidos, necesarios para el desarrollo de los intereses propios» (Alborch Malas [Esp. 2002]). El sustantivo correspondiente es empoderamiento (del ingl. empowerment): «El empoderamiento de los pobres es la palabra clave» (Granma [Cuba] 11.96). El verbo empoderar ya existía en español como variante desusada de apoderar. Su resucitación con este nuevo sentido tiene la ventaja, sobre apoderar, de usarse hoy únicamente con este significado específico.

Es decir, ha resucitado de forma muy virulenta este término en tiempo de crisis, porque se toma conciencia de que la ciudadanía tiene que tomar el testigo de la responsabilidad personal e intransferible de la gestión del conocimiento en la relación con la Administración Pública, en actitud de recibir también, sin más dilación, la transferencia del que tiene para sí y para la ciudadanía la propia Administración cuando utiliza la inteligencia pública digital. Cualquiera de las cinco acepciones que de forma reiterada he presentado en este cuaderno de bitácora, acerca de la inteligencia digital, puede servir para desarrollar el proceso de transferencia que propugno como condición sin la cual no es posible que el ciudadano acceda electrónicamente, con garantías constitucionales en nuestro país, a los servicios públicos.

Si se desarrolla el concepto de inteligencia digital aplicada al Gobierno electrónico que decide desarrollar su acción gubernamental con bases electrónicas sustantivas, utilizando el Paradigma 29 de Administración Electrónica, ya explicado en el post II de esta serie, tendríamos la posibilidad real y efectiva de transferir conocimiento y poder a la ciudadanía respetando las siguientes acepciones:

1. La ciudadanía es capaz de adquirir destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se manejan y tratan en la relación con la Administración electrónica, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida [la habilidad] de haberse hecho muy capaz de ella [por la voluntad del Gobierno correspondiente], en el marco de lo propugnado por el Artículo 103 de la Constitución al referirse de forma muy breve (afortunadamente) a la Administración.

2. El Gobierno electrónico correspondiente, a través de la Administración Pública, decide y aprueba mediante disposiciones, el desarrollo de la capacidad que tienen las personas de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

3. El Gobierno electrónico correspondiente, a través de la Administración Pública, decide y aprueba que la inteligencia pública digital permita a la ciudadanía, a la que sirve, adquirir conocimiento por empoderamiento, como capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para el contexto comunitario o cultural en el que viva, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

4. El Gobierno electrónico correspondiente, a través de la Administración Pública, debe saber discernir que la inteligencia digital es un factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

5. El Gobierno electrónico correspondiente, a través de la Administración Pública, debe desarrollar la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso, con una vigilancia adecuada por parte de la Administración Pública 2.0.

Mediante un post dedicado al empoderamiento digital público y privado, publicado en este cuaderno digital el pasado 20 de marzo de 2010, fijé las bases de un giro copernicano en el Gobierno electrónico correspondiente, definiendo el empoderamiento digital como la capacidad que tienen los Gobiernos y las Administraciones Públicas para transferir conocimiento y poder digital a la ciudadanía, y a sus empleados públicos (gran olvido en muchas ocasiones y a todos los niveles), que tienen que ser los auténticos artífices de ese servicio público a la traída, llevada y sufrida ciudadanía. En aquella ocasión hice una referencia técnica que completa a lo expuesto anteriormente, al respetar la definición de empoderamiento basada en la formulada por Rowlands (1997) a tal efecto (1), marcando tres perspectivas bien estructuradas incluyendo la de género: a) la personal, como desarrollo del sentido del yo, de la confianza y la capacidad individual; b) la de las relaciones próximas, como capacidad de negociar e influir en la naturaleza de las relaciones y las decisiones, y c) la colectiva, como participación en las estructuras políticas y acción colectiva basada en la cooperación [electrónica, a través de Portales Web y redes sociales].

Todo un reto, pero de obligado cumplimiento. Olvidarlo es el camino seguro para recorrer etapas de errores ya anunciados. Una vez más, estamos avisados, sin tener que recurrir a Al Gore.

Sevilla, 30/V/2010

(1) Rowlands, J. (1997). Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras.

NOTA: la imagen que figura en este post, se ha recuperado el 30 de mayo de 2010, de http://detotselscolors.wordpress.com/

Un comentario en “Inteligencia Pública Digital (IV): transferir conocimiento y poder al ciudadano

  1. Baltasar dijo:

    Creo que es el espiritu de la ley 11/2007, por cierto tan poco implantada por desgracia. El otro dia mi mujer fue al nuevo ambulatorio (Las Rozas de Madrid)por que queria que nos atendieran allí, al estar al lado de casa, pero el funcionario la dijo que fuera al ayuntamiento a por un papel de empadronamiento.

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