Daños de la pandemia: sociedad expulsada y derecho a ingresos

Sevilla, 9/X/2021

El pasado miércoles, 6 de octubre se presentó en Madrid, por parte de Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), el informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos, donde se analiza el alcance de la pandemia en la cohesión social en España, con datos bastante preocupantes que se resumen en una frase: 11 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social en España, seis millones de ellas se encuentran ya en exclusión severa, lo que ocasiona un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población.

En su editorial se señala que “Esta crisis sanitaria ha dejado tras de sí una profunda huella. Más allá del esperable incremento de la exclusión y la pobreza, el resultado más grave se traduce en el ensanchamiento de la exclusión social, sobre todo entre aquellas personas y familias que acumulan más dificultades de integración. Este proceso supone un vertiginoso incremento de la exclusión social más severa en un periodo de poco más de un año y medio. Este considerable aumento del segmento más grave de la exclusión supone que dos millones de personas se han sumado a los cuatro millones que habitaban este espacio social antes de la llegada de la pandemia. Esta tendencia nos advierte de que, aunque durante las crisis se produce un rápido incremento de la exclusión, la posterior llegada de periodos de recuperación y crecimiento económico no suponen un rápido descenso de dichos niveles de exclusión. Por lo que en las últimas décadas se ha constado que la facilidad para caer en la exclusión cuando hay crisis se transforma en dificultad para salir de ella incluso en los periodos de bonanza. Una realidad que nos recuerda la necesidad de repensar el modelo social y relacional, el modelo económico y de redistribución, así como los valores sobre los que asentar nuestra convivencia, de forma que podamos evitar la cronificación de las situaciones de pobreza y exclusión social”.

Creo que en la transformación del país auspiciada por la salida del túnel de la pandemia, hay que fijar prioridades en la atención a los daños colaterales que ha producido durante este año y medio último, atendiendo a los datos escalofriantes del informe citado y con un impacto directo en la cohesión social del país que hay que atender como emergencia política, en el sentido más puro del término y no confiarlo nada más que a las organizaciones no gubernamentales que vienen atendiendo esta situación desde el comienzo de la crisis sanitaria en este país. En tal sentido, el Informe presenta un avance de resultados en los siguientes ámbitos: un balance general en el que la exclusión social se ensancha, especialmente en su manifestación más severa, generando más desigualdad; el empeoramiento generalizado para el conjunto de la población, con un resultado evidente: menos empleo y más pobreza, la constatación de que ante la crisis, la existencia de un sistema de protección amortigua el impacto y la ausencia de este lo amplifica y que la pandemia tensa las relaciones y las lleva al límite; los impactos de la pandemia y factores novedosos de exclusión social, donde la diferencia no es solo contar o no con empleo, sino la calidad de este, agregando el sempiterno problema, con crisis o sin ella, del derecho a la vivienda que no se cumple, retroalimentándose al mismo tiempo la crisis sanitaria y social. En este contexto, los hogares viven con más tensión desde la pandemia, agregándose una constatación evidente y de la que personalmente soy más sensible: la brecha digital, como un nuevo elemento exclusógeno.

El informe trata también de los colectivos más afectados por el “virus” de la crisis social: familias con menores de edad a cargo, que se convierte en una carga si no hay apoyos, los trabajadores más mayores están más que nunca en la cuerda floja, constatándose de forma evidente que la educación protege, pero cada vez menos, produciéndose también otros impactos, como el de la población de origen inmigrante que ahora, más que nunca, viaja en el último vagón del tren social que sale del túnel de la pandemia y sus consecuencias.

También se aborda unas cuestión que aun habiendo sido vivida en 2020 como una solución bastante justa para evitar la exclusión social, se ha evidenciado que la burocracia ha impedido que miles de familias obtengan los beneficios esperados. Me refiero al Ingreso Mínimo Vital (IMV, establecido por el Real decreto 20/2020 de 29 de mayo), que en el Informe ocupa un lugar destacado como alternativa real y que se mantiene en el tiempo como un sistema de garantía de ingresos, por su constitución como prestación no contributiva que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, como son los casos que trata de forma objetiva y veraz este informe. Es muy importante resaltar una vez más en este cuaderno digital, cuando se trata el IMV que se crea como un derecho subjetivo, avalado constitucionalmente (artículo 41), que se convierte a su vez en una prestación más dentro del Sistema de Garantía de Ingresos y en una medida complementaria de la política de lucha contra la pobreza y la desigualdad.

En este contexto y como de lo que se trata no es de radiografiar solo la realidad, que también hay que hacerlo, sino de transformarla, recojo textualmente los datos recogidos en el informe en tal sentido: “Desde que se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, en junio de 2020, la evolución de las prestaciones que han sido tramitadas muestra una eficacia muy relativa tomando como referencia la provisión inicial de potenciales beneficiarios/as. En su presentación oficial por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cifra de potenciales beneficiarios/as ascendía a 2,3 millones de personas, procedentes de 850.000 hogares, que cumplían con los requisitos de acceso preestablecidos. Desde entonces esta cobertura prevista está aún lejos de su cumplimiento. En total se ha recibido, hasta septiembre 2021, según últimos datos oficiales disponibles, un total de 1.322.904 millones de solicitudes válidas (91,0%), de las que 1.244.029 millones han sido tramitadas (el 94,0%). Del total de expedientes tramitados, tan solo el 27,1% de las solicitudes han sido aprobadas (336.933), frente a siete de cada diez que han sido denegadas (888.458). El 1,5% restante está en proceso de subsanación pendiente de completar alguna información (18.638). Con estos antecedentes, “El total de prestaciones concedidas, según nómina de septiembre de 2021, asciende a 799.203 personas, beneficiando a 315.913 hogares, el 37,2% de los previstos inicialmente, llegando la cuantía media a los 436€ por hogar. La ratio de beneficiarios por prestación es de 2,53 personas”.

Como una imagen vale más que mil palabras, reproduzco a continuación el gráfico que indica la proporción de personas beneficiarias del IMV sobre la población en pobreza severa según comunidad autónoma, donde se puede comprobar que la Comunidad Autónoma a la que pertenezco, Andalucía, sólo alcanza en la actualidad la obtención del IMV a un 20% del total de prestaciones solicitadas en relación con la pobreza severa, porcentaje que se comenta por sí sólo y que debería llevar a al Gobierno a una reflexión sobre las condiciones de solicitud de las mismas, cuestión que aborda el informe en el apartado dedicado al análisis de IMV en la actualidad, al constatarse una cobertura insuficiente y con lagunas específicas entre perfiles, tipos de hogares y situaciones de exclusión social, un desconocimiento muy alto de la existencia de este derecho subjetivo, como bien lo trata el informe: “A la vista de los datos de solicitantes, podemos afirmar que la respuesta social a la medida es, efectivamente, mayor desde el público al que estaba destinada, si bien, por desinformación, frenados por no cumplir los requisitos tan específicos a priori, o por otras cuestiones relacionadas con las dificultades burocráticas y tramitación, solo una cuarta parte de las familias en pobreza severa son solicitantes”.

Por último, se abordan unas conclusiones de las que destaco sobre todo las siguientes:

• Después de un año y medio, un primer impacto de esta crisis es un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población. Se está produciendo un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Podríamos describir la situación actual del eje integración-exclusión como una sucesión de estanques y cascadas donde ha habido un trasvase desde la integración plena, que pierde caudal, a la integración precaria, de ahí a la exclusión moderada y, por último, a la exclusión severa, que es el que más crece en volumen. La consecuencia directa de esto es que 11 millones de personas en nuestro país viven en situaciones de exclusión social; son 2,5 millones más que en 2018. Una primera factura en forma de exclusión social y de empeoramiento de las condiciones de vida que están pagando muchas personas con las que convivimos a diario (familiares, vecinos y vecinas) y con las que compartimos sociedad y futuro.
• El espacio de exclusión social se ha incrementado, donde lo que más ha crecido es el último estanque, el de aquellas situaciones más críticas. Una realidad de exclusión severa que, fruto de la pandemia, ha pasado de afectar a 4 millones de personas en 2018 a los más de 6 millones de la actualidad.
• El empleo y la de la vivienda, se evidencian como dolencias estructurales de nuestra sociedad y como derechos vulnerados para un gran número de personas independientemente de que el contexto económico sea de crecimiento o de crisis.
• La dimensión de la salud también ha empeorado tanto en el bienestar y en la exposición a la dependencia, como en la falta de capacidad económica para afrontar las necesidades médica.
• Si bien el nivel de estudios continúa siendo un elemento protector contra la exclusión cada vez lo es menos, tal y como demuestra el hecho de que la exclusión que más crece es la que se da entre los hogares encabezados por una persona con estudios universitarios.
• La pandemia sí está erosionando con fuerza la calidad de las relaciones en los hogares, duplicándose el número de aquellos cuyo clima de convivencia presenta dificultades serias.
• La brecha digital está suponiendo una pérdida de oportunidades en diversos ámbitos como el empleo, la educación, las ayudas de la administración pública o las propias relaciones sociales. Esta situación de desigualdad conlleva la perpetuación y profundización de situaciones de desventaja preexistentes, pero, además se ha impuesto como un nuevo factor de exclusión social causando incluso el alejamiento la posibilidad de una participación plena en la sociedad para las personas y familias que la sufren.
• La pandemia ha intensificado unas situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante, cronificando una clara posición de desventaja que se evidencia en una clara sobrerrepresentación de este grupo en el espacio de la exclusión (38%), y que es aún más marcada en el de la exclusión severa (65%).
• Más de dos tercios de los hogares en pobreza severa no lo han solicitado (el 67,8%). Es importante resaltar también que un 6,2% de hogares lo han intentado, pero han encontrado barreras para realizar el trámite de forma presencial o telemáticamente. Finalmente, tan solo el 25,9% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite con éxito. Un 15,6% lo ha solicitado telemáticamente y un 10,3% de forma presencial.
• Es preciso y urgente corregir las principales trabas del acceso al Ingreso Mínimo Vital, que excluye a determinados hogares y personas que mejorarían sus condiciones de vida si tuviesen esta prestación, siendo introducidas algunas modificaciones en su normativa actual, y reconociendo que este instrumento de protección social constituía una necesidad y una demanda previa a la llegada de la crisis sanitaria.

Creo que desde este cuaderno digital se puede expresar lo que significa el compromiso intelectual escribiendo sobre estas realidades sociales como la desarrollada hoy en este artículo, algo necesario e imprescindible. El citado compromiso al escribir hoy lo entiendo como el cuestionamiento de la existencia de uno mismo al servicio de lo estrictamente personal, es decir, el trabajo permanente en clave de autoservicio, así definido e interpretado, para romper moldes y preguntarnos si lo importante es salir del pequeño mundo de confort que nos rodea y mirar alrededor, como signo de capacidad intelectual extraordinaria que muchas veces, desgraciadamente, no está al alcance de cualquiera. La pre-programación de la preconcepción, en clave aprendida del profesor Ronald Laing, es una tábula rasa sobre la que se elabora y encuaderna el libro de instrucciones de la vida. Y por lo poco que se sabe al respecto, quedan muchos años para descifrar el código vital, el llamado código genético de cada cual, personal e intransferible, mejor que el carnet de identidad al que lo hemos asociado culturalmente por la legislación vigente, mucho más atractivo que el de da Vinci, aunque ahora sea menos comercial. Afortunadamente. La conclusión es que estamos mediatizados por nuestro programa genético y por nuestro medio social en el que crecemos. Todos somos “militantes” en potencia, con y sin carnet, dependiendo de sus aprendizajes para comprometernos con la vida. Militar en vida, esa es la cuestión.

La segunda vertiente a analizar es la del compromiso. Siempre lo he asociado con la responsabilidad social, porque me ha gustado jugar con la palabra en sí, reinterpretándola como “respuestabilidad”. Ante los interrogantes de la vida, que tanta veces encontramos y sorteamos, la capacidad de respuestabilidad (valga el neologismo temporalmente) exige dos principios muy claros: el conocimiento y la libertad. Conocimiento como capacidad para comprender lo que está pasando, lo que estoy viendo y, sobre, todo lo que me está afectando, palabra esta última que me encanta señalar y resaltar, porque resume muy bien la dialéctica entre sentimientos y emociones, fundamentalmente por su propia intensidad en la afectación que es la forma de calificar la vida afectiva. Libertad, para decidir siempre, hábito que será lo más consuetudinario que jamás podamos soñar, porque desde que tenemos lo que llamo uso de razón científica, nos pasamos toda la vida decidiendo. Por eso nos equivocamos, a mayor gracia de Dios, como personas que habitualmente tenemos miedo a la libertad, acudiendo al Fromm que asimilé en mi adolescencia, pero que es la mejor posibilidad que tenemos de ser nosotros mismos. Esta simbiosis de conocimiento y libertad es lo que propiciará la decisión de la respuesta ante lo que ocurre. Compromiso o diversión, en clave pascaliana. Y mi punto de vista es claro y contundente. Cuando tienes la “suerte” de conocer el dilema ya no eres prisionero de la existencia. Ya decides y cualquier ser inteligente se debe comprometer consigo mismo y con los demás porque conoce esta posibilidad, este filón de riqueza. Aunque nuestros aprendizajes programados en la Academia no vayan por estas líneas de conducta. Cualquier régimen sabe de estas posibilidades. Y cualquier régimen, de izquierdas y derechas lo sabe. Por eso lo manejan, aunque siempre me ha emocionado la sensibilidad de la izquierda organizada. Por eso me aproximé siempre a ella, porque me dejaban estar sin preguntarme nada. Intuían la importancia del descubrimiento de la respuestabilidad. Había inteligencia y compromiso activo. Seguro. Pero con un concepto equivocado como paso previo: la militancia de carnet. Craso error. Antes las personas, después la militancia. No al revés, que después vienen las sorpresas y las llamadas traiciones como crónicas anunciadas.

Una tercera cuestión en discusión se centra en el adjetivo del compromiso: intelectual y, hablando del grupo organizado o no, de los “intelectuales”. De este último grupo, líbrenos el Señor, porque suele ser el grupo humano más lejano de la sociedad sintiente, no la de papel cuché o la del destrozo personal televisivo. Un intelectual es concebido como un ser alejado de la realidad que se suele pasar muchas horas en cualquier laboratorio de la vida y de vez en cuando se asoma a la ventana del mundo para gritar eureka a los cuatro vientos, palabra que no suele afectar a muchos porque nace del egoísmo de la idolatría científica. Por eso hay que rescatar la auténtica figura de las personas inteligentes que ponen al servicio de la humanidad lejana y, sobre todo, próxima su conocimiento compartido, su capacidad para resolver problemas de todos los días, los que verdaderamente preocupan en el quehacer y quesentir diario. Cada intelectual, hemos quedado en “cada persona”, que toma conciencia de su capacidad para responder a las preguntas de la vida, desde cualquier órbita, sobre todo de interés social, tiene un compromiso escrito en su libro de instrucciones: no olvidar los orígenes descubiertos para revalorizar continuamente la capacidad de preocuparse por los demás, sobre todo los más desfavorecidos desde cualquier ámbito que se quiera analizar, porque hay mucho tajo que dignificar. Si esa militancia es independiente, otra cuestión a debatir, es solo un problema más a resolver pero no el primero. No equivoquemos los términos, en lenguaje partidista. Porque así nos luce el pelo sobre la corteza cerebral, sede de la inteligencia, nuestro domicilio de la libertad personal, de la que afortunadamente podemos presumir todos. Todavía no es mercancía clasificada, aunque todo se andará porque ya está en el mercado mundial. Al tiempo.

Las razones de mi razón y de mi corazón, expuestas anteriormente, son las que me llevan a hablar hoy de sociedad expulsada y derecho a ingresos en mi ámbito de compromiso intelectual, entre otros, que también existe. . No me deja tranquilo el Informe citado y por ese motivo lo comparto.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.