¿Qué pasa cuando se digitaliza el desorden en la Administración Pública?

Mariano José de Larra, ¡Vuelva usted mañana! / Plan España Digital 2025

Sevilla, 25/I/2023

Acabo de leer un reportaje en el diario El País que no me ha dejado indiferente, El ‘vía crucis’ de hacer trámites digitales con la Administración: “Cada procedimiento es un mundo con su propia normativa”, porque sé de lo que está hablando por mi trayectoria directiva digital en la Administración Pública y por mi pronunciamiento público insistente sobre la imperiosa y urgente necesidad de la declaración de las estrategias públicas digitales a nivel de Estado y de Comunidades Autónomas, por este orden, al servicio del interés general de la ciudadanía, como se puede constatar en este cuaderno digital a lo largo de sus más de diecisiete años de vida. No voy a publicar de nuevo lo que se puede verificar a través del buscador de este blog, pero sí quiero resaltar ahora las piedras angulares que podrían paliar lo que llamo «desorden público digital», en el que la ciudadanía se pierde y, además, sigue abriendo una brecha digital de amplio espectro, en la que las personas mayores son las grandes damnificadas, aunque en este desorden son muchas las personas afectadas, vulnerables por definición. No digamos, los nadies.

Para empezar, se suele confundir administración electrónica (digital) con gobierno electrónico (digital), que no es lo mismo, porque el gobierno es el antecedente y la administración su consecuente, es decir, si las disposiciones y los procedimientos que se derivan de las disposiciones que emanan de los Gobiernos Correspondientes no están claros, siguen siendo muy confusos y con un lenguaje adverso para la ciudadanía común, no sirve de nada instalar, que no implantar (otro gran problema estratégico, porque no es lo mismo la cacharrería digital que la inteligencia a la que soporta), tecnologías y plataformas digitales de última generación para que se pueda acceder a ellos, porque la administración electrónica, es decir, la que fija el catálogo de procedimientos administrativos susceptibles de digitalización, no cuida la accesibilidad, “digitalmente hablando”, a lo que la disposición dice, produciendo lo que llamo la «digitalización del desorden» a través del programa informático corrspondiente que, a veces, hasta recibe premios. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque cuando se redactan las disposiciones oficiales, en sus diferentes rangos, no son revisadas por expertos en procedimientos digitales con objeto de SIMPLIFICARLAS al máximo y, para que puedan ser accesibles a la ciudadanía.

Otro problema existente es la proliferación de plataformas digitales y software variado hasta unos límites insospechados, básicamente porque las Administraciones han hecho a lo largo de los últimos treinta años una carrera de relevos, digital por supuesto, a ver quién tenía la tecnología mejor y de última generación, obviando criterios técnicos digitales insoslayables, como interoperabilidad, reutilización de repositorios comunes, públicos, en un proceso de economía digital y circular de escala, en definitiva, que facilitara accesibilidad garantizada, sencilla, equitativa y uniforme, entre otras muchas categorías a contemplar, lo que ha propiciado un maremágnum digital caro, ineficiente y de difícil reconstrucción para unas plataformas digitales consolidadas e integradas, al servicio del Estado y de las Comunidades Autónomas, que produciría unos ahorros sustanciales y un servicio impecable y garantista a la ciudadanía, con servicios de atención personalizada de alta disponibilidad, 24x7x365 días al año. El ahorro digital de dinero, espacios y tiempo público, sería extraordinario.

Creo que hay que aplicar inteligencia pública digital a esta situación descrita en el reportaje citado, que podría dar un giro copernicano a la política pública digital de nuestro país, en beneficio de todos, con un objetivo muy claro: no seguir digitalizando el desorden, porque la inteligencia pública digital que existe ya en la Administración, puede ofrecer soluciones urgentes a los Gobiernos correspondientes, así como a los propios profesionales y funcionarios de la Administración Pública, para ofrecer las mejores respuestas a la ciudadanía. Ordenadas digitalmente, en el amplio sentido de estas palabras.

Lo he manifestado muchas veces en este cuaderno digital y en intervenciones públicas en relación con el mundo digital desde la perspectiva de la Administración Pública. Estamos ya instalados en la cuarta revolución industrial donde el talento humano es el rey. Por tanto, el Gobierno Digital, más que instalarse en un continuo problema del calendario de plazos de implantación de la Administración Electrónica con visión muy corta y anticuada de miras de servicio público y atención al interés general digital de la ciudadanía, debería cuidar mucho y con carácter antecedente al Talento Público Digital de los funcionarios y servidores públicos en general, porque estamos ante la cuarta revolución administrativa (con bastantes reservas respecto de las anteriores si es que existieron, que lo dudo), que no acaba de adaptarse a la citada cuarta revolución industrial, debiéndose plantear y desarrollar una Estrategia Pública Digital acorde con estos principios. Estrategia que se define como el proceso organizativo mediante el cual el Gobierno Digital correspondiente, a través de la Política Digital, incorpora a sus funciones directivas y funcionales los sistemas y las tecnologías digitales de la información y comunicación, como escenario y motor de su progreso, y como modelo de integración tecnológica orientada a la ciudadanía. Formando a funcionarios, cientos de miles, en inteligencia (talento) digital aplicada, que se debe contemplar ya en el acceso a la función pública (gran debate pendiente en términos digitales), si se quieren prestar servicios digitales dignos a la ciudadanía formada ya en inteligencia digital aplicada a las necesidades de cada día, con medios tan accesibles como los teléfonos inteligentes, tabletas y el mando del televisor, que conoce a su dueño cada día más y casi sin darse cuenta a través de la memoria predictiva alojada en un chip que no es inocente y que no vemos por sitio alguno.

El problema descrito en el reportaje de referencia, cuando se afirma en él que “Los expertos reclaman unificar procedimientos y un lenguaje más claro y menos técnico para sortear un problema que no solo afecta a la población mayor: más del 80% de los ciudadanos deja a medias algún trámite por no entenderlo”, es de un gran calado digital de carácter público. Lo extraordinario, urgente y necesario es declarar de una vez por todas la transformación digital de este país a través de la transformación urgente del Gobierno actual al uso en Gobierno Digital, para que se puedan aplicar políticas digitales de amplio espectro, tal y como he ido desarrollando a lo largo de los últimos años en este blog. Sería extraordinario comenzar a tejer tejido crítico en este momento digital porque hay razones suficientes de urgencia política en un mundo que cada día se mueve más en torno a la transformación digital de todos los ecosistemas en los que vivimos, estamos y, sobre todo, somos. Creo que se puede comprender mi obstinación, en el más correcto sentido de la palabra y tal como la aprendí hace ya muchos años de Herman Hesse, como decía al comienzo de este artículo. Obstinación, en torno a esa excelente virtud, entendida como la obediencia a una sola ley, la que lleva al propio sentido (digital, por supuesto). Se entiende así que no hablamos de un problema de plazos para la implantación definitiva de la Administración Electrónica (constructo que debería revisarse en sus dos vocablos y sustituirse por Digital), sino de estrategia pública digital de amplio espectro que encuentra su marco de actuación en la legislación digital que aprueba el Gobierno (Digital, por supuesto) correspondiente.

Lo que escribo hoy lo manifiesto como exempleado público, porque he crecido junto a la reiterada referencia a Larra, ¡vuelva usted mañana!, en todos los años de dedicación plena a la función pública: educativa, sanitaria, tributaria y económico-financiera, construyendo día a día y, en contrapartida, lo que llamaba “segundos de credibilidad pública”. Me ha pesado mucho la baja autoestima, ¿larriana?, con la famosa frase de ¡Vuelva usted mañana!, que se percibe en el seno de la Administración Pública por una situación vergonzante que muchas veces no coincide con la realidad, porque desde dentro de la misma Administración hay manifestaciones larvadas, latentes y manifiestas (valga la redundancia) de un “¡hasta aquí hemos llegado!” por parte de empleadas y empleados públicos excelentes, que tienen que convivir a diario con otras empleadas y empleados públicos que reproducen hasta la saciedad a Larra (a veces, digitalizado) y que hacen polvo la imagen auténtica y verdadera que existe también en la trastienda pública. Y muchas empleadas y empleados públicos piensan que la batalla está perdida: unos, por la llamada “politización” de la función pública, olvidando por cierto que la responsabilidad sobre la Administración Pública es siempre del Gobierno correspondiente, y otros, porque piensan que el actual diseño legislativo de la función pública acusa el paso de los años y que la entrada en tromba de las diferentes Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas, obligan a una difícil convivencia de la legislación sustantiva sobre la particular con las llamadas “peculiaridades” de cada territorio autónomo, cuestión no baladí que acaba afectando a los formularios administrativos digitales de los diferentes procedimientos a los que se tiene que enfrentar la ciudadanía en su relación con las diferentes Administraciones Públicas.

Existe en nuestro país un proyecto de Estado ilusionante, el Plan España Digital 2025, que ya traté en el año de su presentación oficial, en un artículo, 5G: una revolución ética y digital, que da sentido a lo anteriormente expuesto, donde en su apartado quinto, Transformación digital del sector público, dice textualmente algo que corrobora lo manifestado hasta aquí: “En general, se demandan servicios más personalizados, más fáciles de usar y más adaptados a nuestras necesidades particulares, y se incrementan las exigencias de mayores niveles de seguridad y de respeto al medio ambiente. Todo ello exige introducir cambios importantes en la forma en que se prestan los servicios públicos y en las infraestructuras que le dan soporte. Las Administraciones Públicas deben innovar de manera permanente. Deben predicar con el ejemplo y ser uno de los motores de la Transformación Digital del país. Deben mantener su compromiso permanente con la ciudadanía y las empresas para ofrecer los mejores servicios públicos posibles e impulsar la colaboración con el sector privado y las organizaciones sociales para encontrar soluciones a las nuevas demandas de servicios públicos”. Leer este documento es imprescindible para poder emitir juicios bien informados, con un objetivo claro: llevar a cabo una auténtica revolución copernicana en la Administración Pública basada en el interés general digital, de corte constitucional (Art. 103), que también existe, para facilitar la interrelación con la ciudadanía en la prestación de los servicios públicos. El Plan así lo afirma con contundencia: “Todo ello explica la urgencia de articular España Digital 2025: una Agenda actualizada que impulse la Transformación Digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. Y que lo logre con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!