5G: una revolución ética y digital

Sevilla, 18/X/2020

El pasado miércoles fuimos conscientes en nuestra provincia, como ciudadanos de a pie, de que la realidad del 5G ya está aquí y dispuesta para su implantación inmediata y global., en una oportunidad ética digital de superar definitivamente la brecha digital que todavía existe. La resintonización masiva, en todo el país, de los televisores que tienen conexión aérea, ha sido un aviso del cambio que viene para navegantes atómicos y digitales, que de todo existe en la viña del Señor. El argumento estaba claro: había que dejar espacios r4adioeléctricos libres que ocupaban hasta ahora las concesiones de las cadenas de televisión y radio, para que las redes de telecomunicaciones puedan utilizar la tecnología 5G, que permita una velocidad mayor en las telecomunicaciones prioritarias y ordinarias. En el Plan España Digital 2025, presentado por el Gobierno en julio de este año, se exponía el eje 2 de actuación, Impulso de la tecnología 5G, con las siguientes medidas a abordar hasta 2025:  Liberación del segundo dividendo digital en 2020, asignación de las bandas de frecuencias prioritarias demandadas para 5G en 2021, pilotos 5G y nuevas medidas de impulso al despliegue y la adopción 5G, propuesta normativa para ciberseguridad 5G, desarrollo de corredores de transporte 5G y liderazgo en proyectos europeos de innovación en nuevas generaciones de tecnología móvil.

Siendo lo expuesto anteriormente y en breves palabras, la situación actual desde la perspectiva tecnológica de Estado, deseo plantear hoy una convergencia entre esa realidad, digital por supuesto, y la ética digital que conlleva, que también existe, entendiendo la ética pública digital como el suelo firme que justifica los actos digitales del Gobierno correspondiente, en relación con la aplicación de igualdad en la accesibilidad equitativa y racional a las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, planificadas y puestas al servicio de los intereses generales digitales de la ciudadanía. El planteamiento lo hago utilizando también el acrónimo 5G, pero a través de cinco factores de convergencia que se inician con la letra G, bajo la denominación de 5G ÉTICO y sobre la base de los diez ejes estratégicos establecidos en el Plan España Digital 2025 (PED 2025), porque esta perspectiva debe ser:

1. GENERALISTA

2. GARANTISTA

3. GENERADORA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

4. DEGRADUALIDAD CONTROLADA Y JUSTA PARA QUIEN LA NECESITE Y ESTÉ EN SITUACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD

5. GESTIONADA CON GOBERNANZA ESTRATÉGICA DIGITAL

FACTORES DE CONVERGENCIA ÉTICA Y DIGITAL EN EL 5G

1. GENERALISTA. Comenzando por el primer factor, GENERALISTA, quiero indicar con él que hay que hacer un planteamiento digital generalista de amplio espectro ciudadano, abarcando la vida digital de personas, empresas, centros educativos, industrias y entretenimiento. Es lo que se recoge en el planteamiento actual del Plan España Digital 2025, que movilizará una inversión pública y privada de 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022, pero con una tarea de divulgación masiva para general conocimiento de la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás. Igualmente, para entrar de lleno en la toma de conciencia de lo que significa el desarrollo sostenible, que también existe desde la perspectiva digital. Este factor tiene ribetes constitucionales porque según el Artículo 103 de la Carta Magna, la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales de la ciudadanía y creo que es admisible agregar el adjetivo digital a este interés público, digital por supuesto.  La España olvidada, vaciada y de interior, debe tener prioridad absoluta en esta implantación generalista de la nueva tecnología, con objeto de suprimir definitivamente la brecha digital existente entre territorios de este país: “Por ello, facilitar el despliegue del 5G sin cortapisas se convierte en una tarea fundamental para el desarrollo económico y la Transformación Digital del país, mucho más en estos momentos. El que fue “milagro español de la fibra” debe replicarse en la extensión de las redes y servicios 5G. Tras la crisis de la COVID-19, la apuesta de España por el 5G ha de ser aún más decidida, por su triple potencial como palanca de reconstrucción arrastrando inversiones anti cíclicas, disruptor de modelos de negocio con sus facilidades de ultraconectividad de baja latencia, y eje de vertebración territorial actuando como nuevo vector de extensión de la cobertura de redes de alta velocidad” (PED 2025, Pág. 21).

2. GARANTISTA. La revolución digital que se inicia con la tecnología 5G debe estar respaldada en cualquier de sus acciones por una legislación garantista que permita un soporte legal de obligado cumplimiento, con derechos y deberes digitales para todas las partes implicadas, con transposición de toda la legislación europea e internacional que se debe contemplar en cualquier normalización digital del país. Quiero resaltar que no hay que confundir el ámbito sustantivo de las leyes con el de las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma, en un Estado como el nuestro, pero desde la perspectiva de estrategia públicas digitales, de carácter ético, como es el caso, el legislador tiene que respetar una visión sustantiva de lo que legisla, respetando las peculiaridades de aplicación en cada Comunidad, si así fuera necesario. La España de interior o vaciada, por ejemplo, no es igual en todo el territorio y las regiones más desfavorecidas tienen que tener en su beneficio ético digital todas las garantías del Estado, aunque la inversión en este caso sea mayor que en otros territorios del mismo: “La reciente propuesta de la Comisión Europea Next Generation EU incluye un nuevo Fondo de Reconstrucción y Resiliencia que también considera una de sus prioridades el financiar inversiones relacionadas con la Transformación Digital con miras a impulsar una recuperación económica fuerte a partir del segundo semestre de 2020. Estos programas comunitarios tienen como objetivo contribuir a reducir el déficit de inversión de Europa respecto a China y Estados Unidos, que la Comisión Europea estima en 125.000 millones de euros. Todo ello explica la urgencia de articular España Digital 2025: una Agenda actualizada que impulse la Transformación Digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. Y que lo logre con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos (PED 2025, pág. 8).

Desde la perspectiva ética, este factor de convergencia ética debe contemplar el eje estratégico de ciberseguridad en las medidas descritas en el Plan: línea de Ayuda en Ciberseguridad Fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos, PYMEs y profesionales, impulso del ecosistema empresarial del Sector Ciberseguridad, impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad y despliegue y operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad.

Por último, me interesa resaltar la medida 45 del Plan, en relación con la elaboración de la carta de derechos Digitales, “que formule con un lenguaje actual los derechos de ciudadanía y empresas en el mundo digital, eliminando incertidumbres sobre la interpretación de determinados principios y que garantice la disponibilidad de los recursos necesarios para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente en un mundo digital. La Carta de Derechos Digitales contribuirá a reducir las brechas digitales que se han ampliado, en los últimos años, por motivos socioeconómicos, de género, generacionales o territoriales. En concreto, la implementación del derecho de acceso a Internet de calidad y asequible en todo el territorio nacional, así como a la formación, capacitación y desarrollo de habilidades digitales en todos los sectores de la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables, serán claves para luchar contra las brechas digitales y permitir la articulación territorial del país” (PED 2025, pág. 75).

3. GENERADORA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. Se debe contemplar en toda medida digital de cumplimiento del Plan citado anteriormente, la perspectiva digital de género, porque la brecha digital en esta realidad social también existe, junto a otras de marcado interés público y que interactúan con ella: “Además, España Digital 2025 plantea un objetivo transversal fuertemente alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030: contribuir de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales que se han ensanchado, en los últimos años, por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o medioambientales. Brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales, que se han hecho especialmente visibles durante los primeros meses de la pandemia Covid-19, y que ha motivado la acción urgente del Gobierno de España, por ejemplo, poniendo medio millón de dispositivos digitales con conectividad a disposición de estudiantes afectados por la brecha digital, a través del programa Educa en Digital” (PED 2025, pág. 9).

Es obvio considerar que desde la perspectiva digital de género, el Plan señala específicamente dos en referencia a las necesarias competencias digitales que se deben adquirir y tutelar a través del Plan (PED 2025:

1. “Atender la demanda de especialistas en tecnologías digitales. España Digital 2025 fomentará satisfacer la demanda de especialistas en tecnologías digitales, que incluirá a los expertos en las tecnologías de vanguardia, como la analítica de datos, la Inteligencia Artificial o la ciberseguridad. Se prestará especial atención a la composición por género de estos especialistas. La meta es formar en competencias digitales para diseñar, desarrollar o explotar sistemas digitales a 250.000 personas.
2. Reducir la brecha de género en materia de competencias digitales. La brecha de género de acceso a Internet, que afortunadamente consiguió reducirse notablemente en años pasados, se ha trasladado en estos últimos años a una brecha de género en competencias digitales. Ante esta situación, España Digital 2025 buscará reducirla tanto entre la población en general, como en la fuerza laboral y en las especialistas digitales”.

Por último, otro dato a considerar en el Plan es que, desde la perspectiva ética de igualdad de género, resulta necesario abordar la cuestión de la igualdad de género en la creación de start-ups, puesto que en 2018 tan solo el 15,6% de las start-ups españolas fueron fundadas por mujeres.

4. DE GRADUALIDAD CONTROLADA Y JUSTA PARA QUIEN LA NECESITE Y ESTÉ EN SITUACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD y así se contemple en las políticas de inclusión digital, que también existen, para acabar con la desigualdad social digital. Gratuidad no significa regalo del Estado sin nada a cambio, sino toma de conciencia de que determinadas clases sociales no pueden acceder por sí mismas a esta revolución digital de la tecnología 5G, con todas las posibilidades de empoderamiento, crecimiento y fortaleza social que ofrece. En el Plan aparecen ejemplos de proyectos tractores y uno de ellos se refiere a la necesaria transformación digital de las políticas de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en lasque “se impulsará el análisis y la evaluación de prestaciones, políticas y programas con impacto sobre los objetivos de inclusión mediante la digitalización de los trámites, la innovación y optimización de los procesos, así como la integración y explotación avanzada de información a gran escala proveniente de fuentes y organismos externos. Estos resultados serán el punto de partida para la revisión de indicadores, la definición de objetivos y el diseño de estrategias, políticas y programas, a través de una toma de decisión basada en datos, con la finalidad de reducir la pobreza y la desigualdad, favorecer la migración legal y promover un crecimiento inclusivo” (PED 2025, pág. 46).

Igualmente, se resalta en el Plan que la Transformación Digital de España es una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. Y que lo logre con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos. Objetivos específicos para garantizar la equidad en la accesibilidad de los beneficios del 5G también se contemplan en el Plan, cerrando las nuevas brechas de desigualdad social por la falta de acceso o uso de Internet, porque “la brecha digital de acceso y capacidad de uso de redes actúa cada vez más como vector para una nueva causa de exclusión social, afectando especialmente a aquellos colectivos más vulnerables. Durante la crisis de la COVID-19, la necesidad de continuar de manera remota con la actividad económica, las labores de enseñanza o el acceso a servicios médicos o sociales, entre otros, han evidenciado este nuevo factor de desigualdad. El teletrabajo se ha mostrado como una gran oportunidad para favorecer una menor concentración de la población, siempre y cuando se acompañe del acceso a una serie de servicios sociales y económicos disponibles en las grandes concentraciones urbanas. La fijación de la población en las zonas menos habitadas o en declive demográfico, ya sea de edad avanzada o joven, requiere la disponibilidad de acceso a servicios esenciales en formato digital. Consecuentemente, será necesario plantear la conectividad en un sentido amplio, como aquella que permite acceder desde todos los territorios y a cualquier colectivo social a servicios educativos y culturales, socio-sanitarios y de comercio de bienes y servicios. La extensión y asequibilidad de redes de telecomunicaciones forman así parte de una acción de Gobierno responsable e inclusiva, volcado en la reducción de la desigualdad y en la contribución al aumento del crecimiento potencial de la ciudadanía y las empresas en todas las facetas posibles” (PED 2025, pág. 15).

5. GESTIONADA CON GOBERNANZA ESTRATÉGICA DIGITAL: Hay que aprovechar este momento para establecer una estrategia pública digital, que también existe y que tantas veces he enunciado en este cuaderno, que ahora rescato con la fortaleza del convencimiento de que es una piedra angular ética para su presentación en sociedad: “La estrategia nacional de impulso al despliegue de 5G, renovará el Plan Nacional 5G (2018-2020) alineado con la comunicación de la Comisión Europea “La 5G para Europa: un plan de acción”. En el ámbito nacional, se realizará un alineamiento temprano de la política de impulso del 5G con la revisión del plan de acción comunitario previsto en la comunicación “Configurar el futuro digital de Europa” (PED 2025, Pág. 22).

El Plan dedica un apartado a la gobernanza digital, del que resalto su presentación: “El éxito de España Digital 2025 requiere de la colaboración de todos los agentes involucrados en las medidas contempladas en la misma. Es necesario aunar esfuerzos y alinear compromisos, desarrollar una estructura de coordinación eficaz entre los diferentes niveles de la Administración y una estructura de participación donde todos los destinatarios de las medidas se vean reflejados. De igual modo, deben establecerse los mecanismos de seguimiento, evaluación y revisión necesarios para facilitar la adaptación de las medidas a la evolución futura de nuestra sociedad y nuestra economía, así como a la aparición de nuevos paradigmas tecnológicos y modelos de negocio. Todo ello requiere disponer, en definitiva, de un mecanismo de gobernanza adecuado, basado en la transparencia, la participación y la colaboración, y dotado del liderazgo adecuado” (PED 2025, pág. 78 y s.).

La Estrategia Pública Digital, que tendrá que llevarse a cabo mediante este Plan, debe entenderse proceso organizativo mediante el cual el Gobierno Digital correspondiente, a través de la Política Digital, incorpora a sus funciones directivas y funcionales los sistemas y las tecnologías digitales de la información y comunicación, como escenario y motor de su progreso, y como modelo de integración tecnológica orientada a la ciudadanía. Formando a funcionarios, cientos de miles, en inteligencia (talento) digital aplicada, que se debe contemplar ya en el acceso a la función pública (gran debate pendiente en términos digitales), si se quieren prestar servicios digitales dignos a la ciudadanía formada ya en inteligencia digital aplicada a las necesidades de cada día, con medios tan accesibles como los teléfonos inteligentes, tabletas y el mando del televisor, que conoce a su dueño cada día más y casi sin darse cuenta a través de la memoria predictiva alojada en un chip que no es inocente y que no vemos por ningún sitio. Pero no es lo mismo Gobierno Digital que Administración Electrónica, porque se confunden muchas veces los términos en el equívoco peligroso de creer que la revolución digital se centra en la Administración Electrónica, que es importante, no en el Gobierno correspondiente, que muchas veces muere en el empeño de los plazos o en el debe frente al puede (como pasó en años anteriores desde 1992, con la excelente y ya derogada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), porque no ataca el problema de fondo en la citada Administración, la revolución pendiente en la trastienda de la misma para llevarla a una revolución digital que permeabilice todas y cada una de las acciones administrativas en todas y cada una de sus manifestaciones posibles. Lo repito: no hay que confundir Gobierno Digital con Administración Digital (mejor que Electrónica), porque el antecedente es el Gobierno no la Administración, que siempre es consecuencia de quien tiene la responsabilidad de administrarla: Gobierno Digital es la continua optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la información pública y participación ciudadana mediante la transformación interna y externa de las relaciones institucionales, personales y sociales, con base en el uso de las TIC, como actitud política sostenida en el tiempo y en programas políticos llevados a cabo por la Administración Pública Digital. La Administración Digital utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación como soporte del Gobierno Digital, como componentes del mismo. Es decir, no existe Administración Digital sin Gobierno Digital, no se deben alterar los términos, porque se da el caso de Administraciones que tienen magníficas infraestructuras digitales sin Gobierno Digital alguno o muy desdibujado.

La revolución ética y digital del 5G es una oportunidad que no se debe perder. Los factores de convergencia descritos pueden ser una parte de la teoría crítica digital de carácter público que podemos elaborar entre todos. Esa es ahora mi propuesta y empeño, escuchando de fondo a Pablo Milanés en sus “Proposiciones”, salvando digitalmente lo que haya que salvar: Propongo compartir lo que es mi empeño / Y el empeño de muchos que se afanan / Propongo, en fin tu entrega apasionada / Cual si fuera a cumplir mi último sueño.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.