Sevilla, 15/XI/2026 – 09:00 h CET (UTC+1)
El pasado 8 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden del Ministerio de Hacienda 1062/2026, de 7 de octubre, por la que se fijaban las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 29 de noviembre de 2026, que entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. En la citada Orden se disponía lo siguiente: «De acuerdo con el artículo 175.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, las cantidades fijadas para subvencionar los gastos originados por las actividades electorales para las elecciones generales al Congreso y al Senado de 29 de noviembre de 2026, serán las siguientes:
a) Subvención de 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado.
b) Subvención de 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado.
c) Subvención de 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de Senador.
Asimismo, en su Artículo 2. se abordaba el límite de los gastos electorales, «según el artículo 175.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, el límite de los gastos electorales para las elecciones a las Cortes Generales o a cualquiera de sus Cámaras, será el que resulte de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes correspondiente a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación. También se contemplaba en su Artículo 3 la subvención por gastos de envío directo, adicionalmente a lo dispuesto en los artículos anteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en redacción dada al mismo por la disposición final sexta de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, lo que supone que el Estado subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, de acuerdo con las reglas siguientes:
a) Se abonarán 0,26 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido Diputados o Senadores que logren constituirse en Grupo Parlamentario propio en una u otra Cámara, o hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores o de votos preciso para hacerlo.
b) La cantidad subvencionada no estará incluida dentro del límite previsto en el apartado 2 de este artículo, siempre que se haya justificado la realización efectiva de la actividad a que se refiere este apartado.
En resumen , a la luz de expuesto anteriormente con carácter oficial, las elecciones generales costarán al erario público lo siguiente:
- 21.167,64 euros por cada escaño en el Congreso o el Senado.
- 0,81 euros por cada voto obtenido por cada candidatura al Congreso, si la candidatura obtiene al menos un diputado.
- 0,32 euros por cada voto obtenido al Senado, para los candidatos que logran escaño.
- 0,26 euros por elector para el envío de propaganda por correo, solo para quien logre grupo parlamentario propio.
- Límite de gasto: 0,37 euros por el número de habitantes correspondiente a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación.
A los gastos citados en la Orden del Ministerio de Hacienda citada anteriormente, hay que sumar los derivados de la organización y logística, por la participación garantista de las Administraciones Públicas en todo el proceso, que es una constante de gasto en todas las elecciones generales anteriores. Se calcula siempre con una cifra aproximada al 36% del gasto de logística, unos 80 millones de euros. Esta cifra financia el funcionamiento de la Oficina del Censo Electoral y las dietas y horas extra de las fuerzas de seguridad del Estado desplegadas para garantizar la protección y el orden en los colegios electorales y encargadas también del traslado de las urnas tras el recuento de los votos. También hay que agregar otros gastos organizativos tales como lo que cobrará cada miembro de la mesas electorales, 75 euros, da igual que sea presidente o vocal, considerando que hay censadas 60.000 mesas electorales, que afectarán a 180.000 ciudadanos que las conforman, en concepto de dieta (la cuantía ha subido cinco euros por orden ministerial en junio).
También hay que considerar los gastos de emisión de 400 millones de papeletas y 85 millones de sobres, la fabricación, montaje y transporte de las más de 200.000 urnas que se necesitan, la redacción de un millón de manuales de instrucciones para los miembros de la mesa y el pago a los miembros de la Administración que «pican» los datos en los colegios electorales para enviarlos al centro de datos.
Si tenemos en cuenta los gastos de la últimas elecciones generales de 2023, la partida más cara volverá a ser la de Correos, porque en 2023 supuso más de 100 millones, más del 45 % del gasto de organización, por el voto por correo, las tarjetas censales y la propaganda.
Como conclusión de lo anteriormente expuesto, la estimación más próxima a la realidad de lo que costarán las elecciones generales de este año, se eleva a una cifra aproximada a los 270 millones de euros. En resumen a cada ciudadano español le costará estas elecciones 5,5 euros y a cada elector 7.
Ante la realidad social expuesta anteriormente del gasto electoral global, deseo hacer hoy una llamada de atención a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores y electoras que concurren a las próximas elecciones generales, para que no olviden la realidad social de pobreza y exclusión social del país, como una realidad que deberían tener presente ante estas subvenciones y límites de gasto electoral, al recibir dinero público a tal efecto. Al menos, como una muestra de sensibilidad ante esta lacerante situación. Tengo muy presentes los datos que publiqué en este cuaderno digital el pasado 23 de octubre, Empleo digno y acceso a viviendas asequibles, deberían ser las principales prioridades en los programas políticos de las elecciones generales del 29N, porque la realidad terca y abrumadora que nos hace sonrojar a diario es que 2.2 millones de personas en nuestro país están en situación de pobreza laboral, con un dato sobrecogedor: el coste de la vivienda en España empuja a 770.000 personas trabajadoras más a la pobreza y eleva el total a cerca de 3 millones”.
Lo expuesto anteriormente en relación con las subvenciones y los límites de los gastos electorales de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores y electoras que concurran a las elecciones citadas, son sólo un pequeño botón de muestra del gasto general que conlleva esta convocatoria. Si ya hemos reflexionado en esta serie sobre ideologías, la no igualdad en las responsabilidades políticas y sobre la evaluación de los programas de acción política como marco de referencia para una legislatura, para que se pueda emitir un voto bien informado, deseo abordar ahora el gasto de la actual campaña electoral, que tiene un contexto público y privado de importancia extrema en tiempo de crisis, es más, ejemplarizante en el ámbito del principio de austeridad política que debería presidir estas elecciones.
En primer lugar, por responsabilidad pública y privada ejemplarizantes. La política no gana siempre por tener un partido más dinero que otros sino, fundamentalmente, por el respeto a las ideologías cuando son consecuentes y por la forma de proceder ante la situación de contexto económico en el que se encuentra ahora el país por los datos últimos de pobreza extrema y exclusión social de millones de sus habitantes. Sería irresponsable hacer una exhibición de medios económicos electorales en un tiempo revuelto por la traída y llevada crisis económica y social que atraviesa en estos momentos el mundo, el país y, con carácter más próximo, por la invasión casi olvidada de Ucrania y Gaza, así como las guerras en estado de latencia en Irán y Líbano, con graves daños en la economía mundial, así como por la corrupción y por el gasto público no controlado ni todavía evaluado en muchos supuestos, cuando existen hoy alternativas de foros públicos y privados que con un gasto digno pueden albergar encuentros multitudinarios presenciales y, sobre todo, a través de redes sociales o alternativas gratuitas de comunicación, mensajería y wasap, por ejemplo, debiéndose eliminar definitivamente el buzoneo que tan costoso es, como un gran botón de muestra.
En segundo lugar, es el tiempo de utilizar de forma genérica las tecnologías de la información y comunicación, que supone un ahorro espectacular en el poder de convocatoria de las campañas de cada partido. Es una realidad social que el analfabetismo tecnológico se ha alejado del país en general y solo un sector reducido de personas mayores que pertenecen a la generación atómica, no digital, podría verse más afectada, aunque he pensado muchas veces que todo abuelo o toda abuela siempre tiene nietos o nietas, que les pueden explicar todo lo que ocurra en la etapa de campaña electoral, sin que se pierdan casi nada por carencia de medios digitales. En cualquier caso, sería un detalle por parte de los partidos políticos en liza que tuvieran en cuenta los problemas de accesibilidad a la información electoral en diferentes ámbitos de población en el país.
Y en tercer lugar, porque la política tiene que recuperar espacios personales de encuentro, presenciales y virtuales, que se formen en la presentación en sociedad de la dignidad personal de los máximos representantes políticos que son candidatos o candidatas a entrar en el gobierno del país, donde destaque sobre todo su ilusión por regenerar la vida política con efectos ejemplarizantes y escuchando a la ciudadanía, donde una vez más las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel esencial y estelar en términos de transparencia cuando se presenten los programas. Si se hace así, el gasto en las campañas en estas elecciones puede ser un revulsivo para los llamados a votar de forma responsable, porque se apreciará y mucho que el poderoso caballero don dinero, «que quebranta cualquier fuero», ya no es imprescindible para ganar votos. Fundamentalmente, porque la ciudadanía dejará de ser tratada como mercancía y porque la transparencia no es sólo un portal web sino una actitud política que se mantiene en el tiempo y respeta a las personas en derechos y deberes políticos de participación ciudadana en el gobierno del Estado. Ahora, en la presentación y defensa de los programas electorales.
Defiendo, sobre todo, la regeneración en los encuentros personales, en el boca a boca celular de la realidad social en la que se mueven las ideologías de las personas que son candidatos y candidatas a presidir el gobierno del Estado, de sus programas, aunque todavía tengamos que contemplar listas cerradas por imperativo categórico legal. Una buena célula hace un tejido, un órgano y un sistema. Si se respeta esta cadena política digna y ética con ayuda de las TIC, estoy seguro de que todo el mundo percibirá que la campaña electoral ha merecido la pena. Un político digno “es un ejemplo siempre de seriedad, gravedad y decoro en la manera de comportarse, es decir, manifiesta pureza, honestidad y recato; se aprecia y defiende su honra, estimación, modestia, mesura y circunspección, entendida ésta como atención, cordura y prudencia ante las circunstancias, para comportarse comedidamente”. Así lo he escrito en este cuaderno al referirme a las personas dignas, porque creo en ellas, en cualquier sitio que ocupen en la sociedad actual. Por extensión, a personas políticas austeras.
Si publico hoy estos datos, es para evaluarlos y para que se puedan emitir juicios bien informados, con la finalidad manifiesta de que se tengan en cuenta a la hora de votar el próximo 29 de noviembre. La sociedad no se transforma en tertulias, mesas de camilla, barras de bares o redes sociales, sino en las urnas, emitiendo votos que permitan a este país dejar atrás su amargura interna por decisiones políticas que tanto daño hacen a los pilares del Estado del Bienestar por la pobreza real del país: educación y salud públicas, los servicios sociales y dependencia en general y, por su crudeza actual, un cuarto pilar realista, la falta clamorosa de viviendas accesibles que amparen su base constitucional de derecho inalienable para las personas que las necesitan con urgencia absoluta.
Estoy convencido de que lo que tiene más valor en una campaña electoral es la dignidad política en general, por mucho que algunos la desprecien por el alto precio ético que hay que pagar, sin confundir, como todo necio, valor y precio. Si se une ahora a este valor de la dignidad el de la austeridad, el triunfo ético de la campaña electoral ya en marcha estará asegurado. Esa es la cuestión, porque las campañas electorales nunca son inocentes y las ideologías auténticas y democráticas no deberían olvidarlo jamás. Como afirmaba Antonio Machado, «todo necio confunde valor y precio». Aplicado ahora a los gastos electorales podemos concluir que en democracia electoral, no hay que confundir su valor y precio, pero sí que hay que ser austeros de forma ejemplarizante para todos los electores, sobre todo para los millones de personas en nuestro país que menos tienen, que viven en pobreza extrema y exclusión social. Para que no se olvide, ni siquiera en el acto de emisión del voto.
NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, publicado en 2020 por la ONG Save the Children.
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CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.
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