Sevilla, 23/X/2026 – 12:42 h CET (UTC+2)
La ONG Oxfam Intermón acaba de publicar un informe, Cuando trabajar no es suficiente. El impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral, que resume muy bien en sus 19 páginas la tragedia que sufre nuestro país en relación con la accesibilidad a la vivienda y su impacto en la pobreza y exclusión social. La nota de prensa oficial de la ONG destaca un titular que resume bien el contenido del informe: “El coste de la vivienda en España empuja a 770.000 personas trabajadoras más a la pobreza y eleva el total a cerca de 3 millones”.
Es verdad, cuando se recogen en su contenido datos que se han hecho patentes cuando la burbuja del coste de la vivienda ha estallado de forma explosiva en el último mes, propiciando la convocatoria de elecciones generales, pero lo más relevante del mismo es demostrar su correlación con la pobreza laboral, que lleva años sin resolverse. En sus conclusiones, el informe señala que “el crecimiento económico es, por sí solo, incapaz de reducir sustancialmente la pobreza laboral, como muestra el estancamiento de esta desde 2022 hasta 2024 y que conlleva que haya 2,2 millones de personas en pobreza laboral en España”. Por lo tanto si se une a esta situación la crisis de accesibilidad a la vivienda, la situación es una mezcla explosiva: “la crisis de la vivienda tiene un enorme impacto en la pobreza laboral. Agrava la situación de quién tiene salarios más bajos y, además, sume en la pobreza a otras 770.000 personas trabajadoras tras descontar el gasto de vivienda. La relación entre pobreza y vivienda es aún más fuerte si cabe entre personas inquilinas, pues se dispara la pobreza laboral entre quienes viven de alquiler tras descontar los gastos de la vivienda: una de cada tres personas inquilinas cae en la pobreza, a pesar de tener un empleo, una vez paga la vivienda”. El resultado es evidente: la crisis de la vivienda incrementa de forma significativa, en casi 800.000 personas, la pobreza en nuestro país.
Con los datos expuestos anteriormente, según el informe, «el gasto habitacional dispara la tasa de pobreza laboral del 11,48% al 15,49%. Una de cada tres personas con trabajo que alquila a precio de mercado vive en la pobreza tras pagar la renta. La tasa alcanza el 34,08% frente al 10,22% entre quienes hacen frente a una hipoteca y el 7,95% entre quienes tienen su casa pagada. Tener menores aumenta especialmente el riesgo de vulnerabilidad: la pobreza laboral roza el 40% en familias con tres o más hijos e hijas y alcanza el 29,6% en hogares monoparentales. El impacto de los costes de la vivienda varía entre comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza del aumento de la tasa de pobreza laboral, seguida de Cataluña y Murcia. A lo largo del análisis se ha relatado cómo la pobreza laboral en España es un problema que está lejos de resolverse. El crecimiento económico es, por sí solo, incapaz de reducir sustancialmente la pobreza laboral, como muestra el estancamiento de esta desde 2022 hasta 2024 y que conlleva que haya 2,2 millones de personas en pobreza laboral en España.
En el apartado de conclusiones destaco tres, junto a lo expuesto anteriormente, por su indudable repercusión en el mercado laboral y de acceso a viviendas asequibles: «La caracterización de la pobreza laboral ha mostrado cómo esta impacta más en las personas con bajo nivel educativo y en las personas migrantes, independientemente en este caso de su nivel formativo. Las personas extracomunitarias sufren los mayores niveles de pobreza laboral y ocupan, en su mayoría, los empleos de los sectores más precarizados: trabajo del hogar y cuidados, agricultura, hostelería y construcción. No se trata, por tanto, de trayectorias laborales individuales y aisladas, si no de una estructura productiva que concentra pobreza en sectores esenciales y donde el poder de negociación es bajo. Por último, los hogares con menores se encuentran siempre en peores niveles de pobreza laboral. Especialmente graves son los casos de las familias numerosas y de los hogares monoparentales, con tasas del 40 % y 30 % respectivamente, lo que deja en una posición de extrema vulnerabilidad a cientos de miles de menores de edad. En definitiva, España enfrenta un problema de cronificación de la pobreza, con tasas por encima del 11 % desde hace años que apenas mejoran a pesar del crecimiento del PIB. Parte de los empleos que se generan no proporcionan las condiciones necesarias para resolver la pobreza. Esto, sumado a la crisis de la vivienda, lleva a que casi tres millones de personas trabajadoras se encuentren una situación de emergencia que exige respuestas».
El informe finaliza con diez recomendaciones que recomiendo leer con la atención ética que merecen, porque son pilares básicos que justifican de forma sobrada la prioridad absoluta que deben contemplarse en los programas políticos de los partidos y coaliciones que se presentan a las próximas elecciones generales de 29 de noviembre:
- Medir oficialmente la pobreza laboral antes y después de pagar la vivienda.
- Blindar una senda de subida del SMI vinculada al coste real de la vida.
- Impulsar convenios sectoriales con salarios mínimos reales por encima del SMI en sectores de alta pobreza laboral.
- Reducir la parcialidad involuntaria y garantizar horas suficientes de trabajo.
- Reforzar la inspección de trabajo en los sectores con mayor pobreza laboral.
- Proteger el trabajo autónomo de bajos ingresos.
- Convertir la vivienda asequible en una política contra la pobreza laboral.
- Contener los precios del alquiler en las zonas tensionadas.
- Reforzar el apoyo económico a la crianza.
- Regularizar, reconocer y proteger el trabajo de las personas migrantes.
Por último también es importarte conocer con detalle la metodología que se ha seguido para la elaboración del informe, realizado a través de una explotación propia de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), así como las referencias técnicas que lo sustentan: «Por regla general, a lo largo del estudio se ha utilizado la definición de pobreza laboral de Eurostat, que considera persona en pobreza laboral a aquellas que han trabajado al menos siete meses durante el año 2024 y cuyos ingresos en ese año fueron inferiores al umbral de la pobreza. La caracterización de la pobreza laboral según las condiciones laborales se ha realizado utilizando la definición del INE, que considera los ingresos de 2024, pero la situación laboral de 2025. Para analizar el impacto de la crisis de la vivienda en la pobreza se ha comparado la tasa de pobreza laboral antes y después de pagar el coste de la vivienda. Para ello se ha recalculado tanto la renta mediana como el umbral de la pobreza una vez descontada de la renta de los hogares los gastos dedicados a vivienda (hipoteca e impuestos a la propiedad o renta del alquiler). De esta forma se genera una nueva tasa de pobreza una vez descontados los gastos derivados del régimen de tenencia de la vivienda. Esta metodología es ampliamente usada en Reino Unido: el parlamento británico en sus estadísticas sobre pobreza incluye desde 2007 el cálculo de la pobreza antes y después de costear la vivienda. Esta aproximación a la pobreza ha sido utilizada recientemente por organizaciones como el Consejo de la Juventud de España o Fedea».
Una cosa más. En el mes de febrero de este año, publiqué un artículo en este cuaderno digital, Resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-INE 2025), con especial incidencia negativa en Andalucía, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-2025), facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que es el que ha servido de base para el análisis reflejado en el informe de OXFAM Intermón citado anteriormente. En ese artículo me centré en un dato revelador y con aplicación práctica en Andalucía al analizar los resultados por Comunidades Autónomas, en el que señalé con inmenso dolor personal el puesto que ocupaba esta Comunidad en el citado estudio, por lo que extrapolándolos a lo expuesto anteriormente sobre empleo digno y accesibilidad a viviendas asequibles, se pueden reforzar técnicamente y de forma exhaustiva los índices de pobreza en nuestro país, por Comunidades y su repercusión obvia en ambas realidades sociales a atender con urgencia social: «Las tasas AROPE [At Risk Of Poverty or social Exclusion], de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas en el año 2025 se dieron en Andalucía (34,7%), Castilla – La Mancha (34,0%) y Región de Murcia (32,5%). En el lado contrario, País Vasco (14,7%), Illes Balears (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas. Respecto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Andalucía (27,7%), Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%). País Vasco (9,3%), Illes Balears (11,6%) y Comunidad Foral de Navarra (12,3%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas. Atendiendo a las dificultades para llegar a fin de mes, Castilla – La Mancha (12,7%), Región de Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con “mucha dificultad” en 2025. Las que presentaron los menores porcentajes fueron País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) e Illes Balears (4,8%)». La desigualdad territorial en estos datos es obvia y es un indicador clave para fijar políticas de Estado al respecto.
Si publico hoy estos datos, es para evaluarlos y para que se puedan emitir juicios bien informados, con la finalidad manifiesta de que se tengan en cuenta a la hora de votar en las próximas elecciones generales en nuestro país. La sociedad no se transforma en tertulias, mesas de camilla, barras de bares o redes sociales, sino en las urnas, emitiendo votos que permitan a este país dejar atrás su amargura interna por decisiones políticas que tanto daño hacen a los pilares del Estado del Bienestar por la pobreza real del país: educación y salud públicas, los servicios sociales y dependencia en general y, por su crudeza actual, un cuarto pilar realista, la falta clamorosa de viviendas accesibles que amparen su base constitucional de derecho inalienable para las personas que las necesitan con urgencia absoluta.
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CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.
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