La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de esta acción política que ahora nos ocupa en esta serie. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras atómicas que lo impidan.
Entiéndase esta última expresión como la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades, pero que forman una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, desde la perspectiva legal. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado «servidores oficiales».
La transparencia está íntimamente unida al empoderamiento digital, entendido como “capacidad que tienen los Gobiernos y las Administraciones Públicas para transferir conocimiento y poder digital a la ciudadanía, a sus empleados públicos y a las empresas del sector TIC” a través del tratamiento adecuado y transparente de los datos públicos masivos. Lo comentaba recientemente en este cuaderno digital: sueño con el día en que se declare una estrategia digital de Estado y se nombre un alto cargo del rango que decidió el gobierno de Obama en 2008, tanto a nivel de Estado como en su proyección de las Comunidades Autónomas, que permita conformar un Consejo Interterritorial Digital que ejecute la estrategia digital, con visión política y respaldo necesario para la toma de decisiones en este ámbito de urgencia vital en nuestro país, como ya he expuesto en otras ocasiones. Es lo que posibilita realmente la transparencia, que no es un asunto estrictamente digital, pero que está indisolublemente unido a ella porque la necesita en su excelente estado del arte actual, a través de las TIC y sus instrumentos estrella como la telefonía inteligente y medios de comunicación integral como las actuales redes sociales, sin ir más lejos.
La política digital en relación con la transparencia es un asunto de Estado, no una cuestión baladí protagonizada solo por los amantes de las tecnologías de la información y comunicación. Tampoco, por los que se ajustan, porque no queda más remedio, a cumplir con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno, o las ya publicadas al respecto en diferentes Comunidades Autónomas, sin disponer de las infraestructuras digitales necesarias para garantizarla hasta sus últimas consecuencias. Además, cuando sustenta las políticas sociales por excelencia, educación, salud, dependencia, entre otras, se troca en un asunto que nos pertenece a todos, sin excepción y sin fronteras atómicas. Por ello, el marco de la política digital de transparencia no es un asunto tecnológico sino constitucional, como declarativo de derechos y deberes fundamentales que se digitalizan y se deben dar a conocer y tratar como información básica y especializada, a desarrollar y publicar por la Administración en formatos adecuados, interoperables y abiertos, que siempre depende del Gobierno correspondiente. En cualquier caso, nunca es inocente en su planteamiento tecnológico, que debe ser dirigido siempre por la política digital definida por el citado Gobierno. Esa es su gran fortaleza en el argumentario que mantengo en este blog: elevar la política digital a asunto de Estado, máxime cuando tiene que atender a realidades tan inexorables como la salud y la enfermedad o los servicios sociales, para que se puedan compartir hasta la saciedad los datos públicos masivos que generan. O el emprendimiento en la reutilización de los datos públicos masivos que pone a disposición de la ciudadanía el Gobierno digital correspondiente, empoderando a la ciudadanía para que los conozca y trate, aunque hoy todavía lo sigamos viviendo, desgraciadamente, como un horizonte lejano, a pesar de las leyes existentes.
Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación Civio con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo. Se analiza la distribución del presupuesto regional en España durante los años 2006 al 2015, pudiéndose observar tanto el gasto presupuestado total, como el presupuesto por habitante. Se pueden ver las cantidades por área funcional, como por ejemplo Sanidad, referidas a cada región o a todo el territorio nacional. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y Director de la Fundación, porque en su momento trabajé con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.
Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.
Sevilla, 11/XI/2016
(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.
"El mundo sólo tiene interés hacia adelante…", Pierre Teilhard de Chardin 
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