Inteligencia Pública Digital (VIII): Reutilización de aplicaciones y Transferencia tecnológica

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939). Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Abordo hoy una cuestión de principios digitales, de interés público, que puede ser muy controvertida, pero sobre la que es muy importante manifestarse a cara descubierta, porque más vale una vez colorado que cien veces amarillo. Estamos asistiendo a un guirigay conceptual en relación con la reutilización y transferencia tecnológica de carácter digital que debe hacer la Administración Pública, hacia dentro y hacia fuera de sus competencias propias y asociadas, pero que necesita una clarificación urgente con objeto de salvaguardar grandes principios de ética pública digital que deseo abordar por razón de Estado, Nación o Comunidad Autónoma. También, como ciudadano de base.

Desde hace años, venimos asistiendo a una realidad incuestionable: es necesario compartir conocimiento electrónico, mejor, inteligencia pública digital, en el seno de la Administración correspondiente y, por extensión, con otras Administraciones Públicas. Es más, la entrada en tromba de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que habría que revisar el grado de su cumplimiento real en la actualidad, ha corroborado de forma expresa esta necesaria y urgente realidad de cooperación electrónica en tiempo de crisis, que de eso se trata.

Pero estamos en una situación confusa que desearía aclarar siguiendo los siguientes principios digitales:

1. En la transferencia tecnológica digital, de carácter público, existe una realidad irrefutable: no hay que confundir valor y precio. Los programas informáticos que deben responder a Proyectos, Planes y Programas de Acción Digital, de estrategia digital de carácter público, que se desarrollan con dinero, tiempo y en espacios públicos, por sus servicios (como lo indica la Ley 11/2007, en su artículo 45) no pueden ponerse a disposición del mercado para convertirlos en mercancía pura y dura, porque tratan de servicios públicos que se preparan en la trastienda pública, con inteligencia pública digital, pagados con dinero público que figura en los Presupuestos aprobados en las Cámaras y en los Parlamentos Autonómicos, y que se han adjudicado respetando los grandes principios de la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, están mediatizados por el carácter público y nunca se pueden convertir en mercancía. Nunca deben pasar a ser propiedad privada, para transitar con ella por los mercados públicos y privados. Menos, tratándose de inteligencia pública digital, que tiene mucho valor por el servicio público que contiene.

2. La transferencia tecnológica digital se debe llevar a cabo, exclusivamente entre Administraciones Públicas, sin la intermediación privada como algunas veces ocurre. Por desgracia, ha existido hasta ahora un miedo reverencial a la utilización de determinadas reglas del mercado que no deben sonrojar a un alto cargo y funcionario público: el marketing público de corte social, donde no se venden mercancías sino productos y servicios públicos digitales de una calidad excepcional. Para los cursis digitales, de trata de portfolios de empresa, para las Administraciones Públicas, del Catálogos de Productos y Servicios Públicos, que deberíamos enseñar y publicar en todas partes, a modo de Portal de Transferencia Tecnológica en el Gobierno de España y en el Estado de las Autonomía, gritando a los cuatro vientos que existen, porque automáticamente sabríamos lo que hacen los demás, las demás Administraciones, y no gastaríamos tanto dinero público en reinventar las ruedas de carros digitales, clausurando de una vez por todas las fábricas de humo digital que a veces hemos puesto en funcionamiento por el prurito de ganar carreras de cuatro por cuatrocientos metros digitales, sin pensar en un solo minuto a qué contribuye “mi modernidad digital” a la interoperabilidad verdadera puesta al servicio de los ciudadanos.

3. Las empresas digitales no deben temer este giro copernicano, siempre y cuando las Administraciones Públicas nos pongamos las pilas en esta nueva forma de proceder, publicando la trastienda digital hasta en su última expresión ó recursos, poniéndola a disposición de todas las Administraciones Públicas, gestionando Direcciones Comerciales, de corte digital, haciéndose un esfuerzo inversor en publicidad digital, para que el principio de Administración abierta comience por la alta disponibilidad para compartir y colaborar en la definición, desarrollo y gestión de productos y servicios digitales, utilizando tecnologías de e-Governance Cloud Computing, de nueva generación, con protección de la inteligencia pública digital que lo hace y comparte, porque medios existen hoy para garantizarlo al máximo. Y sobre una base de respeto reverencial a la Ley de Contratos del Sector Público: nos debe ir la vida digital en elaborar magníficos Pliegos de Prescripciones Técnicas de todos los contratos de productos y servicios digitales a contratar, que sean la verdadera demostración de la llamada inteligencia pública digital, como marca de la Casa pública, que después de puede intercambiar con cualquier Administración, garantizándose de esta forma la propagación del trabajo digital y de las empresas que lo hacen bien. Ahí es donde debería radicar el auténtico principio de respeto a la competencia empresarial, y donde garantizaríamos la participación y elección de cualquier empresa solvente que ya ha trabajado bien en el Proyecto que se ha compartido entre las propias Administraciones Públicas, porque los Pliegos de Prescripciones Técnicas se adaptan sobre un conocimiento digital impecable de carácter público, que garantiza a su vez la solvencia de las empresas que concurren a las licitaciones en libertad, pero que ya están avaladas por el trabajo bien hecho y que se ha compartido entre las diferentes Administraciones. Evitando los localismos trasnochados y la actitud vergonzante ante las multinacionales del sector, porque con la actitud pública digital descrita anteriormente, es la propia Administración la que dirige la inteligencia pública digital y no las empresas avispadas a la luz del desorden de la propia Administración que no comparte ni transmite.

4. Una oportunidad y fortaleza en este planteamiento: la Ley 11/2007 lo deja bien claro, en el CAPITULO III dedicado a la Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías, para todas las Administraciones, que no solo tienen que querer oírlo sino que están obligatoriamente obligadas a entenderlo y hacerlo:

– Articulo 45. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.

1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.
2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.

Articulo 46. Transferencia de tecnología entre Administraciones.

1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica y de conformidad con lo que al respecto se establezca en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
2. La Administración General del Estado, a través de un centro para la transferencia de la tecnología, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará asistencia técnica para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

No creo que queden dudas al respecto, aunque -en este sentido- el legislador fue tímido al no declarar estos artículos de carácter sustantivo a tenor de lo dictado para otros en la Ley, al amparo de lo dispuesto en el articulo 149.1.18.a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Publicas y sobre el procedimiento administrativo común. Aún así, es una oportunidad para sentar unas nuevas bases rotundas en la Administración Electrónica en la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. ¡Ojalá, para el resto de Administraciones Públicas en el Estado! La política del “sírvase Vd. mismo” para el mundo mundial tecnológico, sin control por parte de las Administraciones Públicas, ha caducado por mucho que a algunos les parezca inamovible. Ya lo decía Antonio Machado: todo necio confunde valor y precio. También, derecho público y mercancía privada. Digitales, por supuesto. Fundamentalmente, como decía Antonio Machado en unas maravillosas notas manuscritas y descubiertas no hace tantos años, porque se ignora cuánto valen las cosas públicas.

Sevilla, 18/VII/2010

2 comentarios en “Inteligencia Pública Digital (VIII): Reutilización de aplicaciones y Transferencia tecnológica

  1. Elsoporte.a esas aplicaciones quien lo va a dar? Y si se confia en el ambito privado por q iban a tener interes si no se comparten?
    Porq deberia el ambito privado estar excluido del acceso a esos bienes (tecnologicos) q ya han pagado via impuestos?

    Me gusta

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