Agenda Digital de Europa, en Andalucía (II): los consumidores digitales

tu seguridad en internet

Comienzo con la pregunta del millón de euros: los andaluces, las andaluzas, ¿son consumidores de derechos o de mercancías, digitales, por supuesto? Desde la responsabilidad del Gobierno electrónico de Andalucía, es una pregunta muy inquietante. En el abordaje de esta serie, empiezo mediante este post a tratar la proyección práctica de la Agenda desde una perspectiva pública digital, es decir, intentar despejar una incógnita no inocente para conocer qué aporta a la ciudadanía: ¿derechos o mercancías?. Siendo fiel al texto base que se ha publicado, el Gobierno electrónico de Andalucía y los consumidores andaluces pueden hacerla suya, la Agenda Digital, desde diversas perspectivas, siempre y cuando se ofrezca una Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, y un mercado único digital, conectados a cualquier punto de Andalucía, España y Europa, pudiéndose utilizar el acceso a Internet de alta velocidad.

Si es verdad que con esta acción pública se desea lanzar a la ciudadanía andaluza el proyecto de que todos debemos ser digitales (mejor que “podemos”), hay que ponerse manos a la obra pública para garantizar esta necesidad en términos de protección de derechos de equidad en la accesibilidad digital, para que Andalucía no se sitúe en el carril de ciudadanos lentos en el que se encuentran muchas personas en Europa por tres razones fundamentales: el mercado único está infradesarrollado, no tienen la confianza necesaria para ponerse en línea o incluso carecen de acceso a una conexión a internet de alta velocidad.

La Agenda Digital en Andalucía tiene que considerar que hay que estar muy vigilantes con una realidad incuestionable: si no se garantiza la cultura digital, es decir, que la brecha digital intergeneracional se minimice por imprescindibles acciones públicas como las que lleva a cabo el Gobierno andaluz en la aproximación de la cultura de Internet en los municipios andaluces y barrios de menores posibilidades digitales, a través del Proyecto Guadalinfo, por ejemplo), los consumidores andaluces seguirán sin poder beneficiarse plenamente de los precios competitivos y la amplia gama de opciones disponibles en un mercado único digital español y europeo. Lo he experimentado personalmente: he comprado bienes de consumo en Estados Unidos con mayor celeridad que en España o en Europa, con una entrega impecable ¡en 24 horas!

El problema de los riesgos digitales entra en tromba en esta realidad que estamos analizando. Es verdad que existe una paranoia digital que no se justifica con los hechos, pero es curioso que exigimos más a Internet, desde la perspectiva de seguridad, que la que exigimos a diario en nuestro tráfico mercantil ordinario, con una proliferación de tarjetas que van de la mesa al camarero, o de la cartera al vendedor de todo, por ejemplo, con idas y vueltas que consideramos normales y en las que la seguridad brilla por su ausencia.

Por tanto, se debe concluir en este primer análisis didáctico y divulgativo de la Agenda Digital en Andalucía, que el fin justifica los medios, es decir, si no se garantiza un acceso a Internet, rápido, capaz de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas en Andalucía, a comprar, crear, aprender, socializarse e interactuar en línea, es decir, conseguir un perfecto equilibrio entre derechos y deberes digitales a través de interacción social y adquisición de mercancía, no tendremos garantizada la permanencia en el carril medio de las autopistas digitales, en el que nos encontramos ahora, tal y como nos sitúan los últimos Informes al respecto, que nos ayuden a no volver a entrar en el lento y a salir, cuando lo necesitemos, al rápido. El propósito de la Agenda Digital europea de aquí a 2010 es que las conexiones a internet de todos los europeos sean de 30 Mbps o mejores, estando abonados la mitad de los hogares europeos a conexiones de 100 Mbps o más.

Para ello, hablando con claridad meridiana desde las responsabilidades públicas, hay que establecer una normativa clara para fomentar la inversión en redes de nueva generación abiertas y competitivas, debiéndose desplegar nuevas infraestructuras de banda ancha en los lugares en que la geografía o el número limitado de clientes potenciales hagan difícil que el mercado o la inversión privada ofrezcan por sí solos una internet de alta velocidad (p. ej., las zonas rurales). La Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía es un claro exponente de esta voluntad, con el fin expreso de que no exista discriminación de derechos en la equidad de la accesibilidad digital de los ciudadanos a los servicios públicos. Igualmente, con la extensión derivada de este proyecto paradigmático en Europa, por los beneficios asociados mediante la dirección de políticas públicas en la implantación de infraestructuras digitales que ofrezcan a los ciudadanos andaluces estas posibilidades de incorporación masiva a la Sociedad del Conocimiento.

Convencido plenamente de que la Sociedad de la Inteligencia y del Conocimiento, basada en cimientos digitales, será el gran motor transformador de Andalucía en la senda de 2020, con ésta y otras Agendas digitales, hay que encontrar soluciones para el acceso paneuropeo, andaluz por supuesto, a los contenidos legales en línea, simplificando la autorización de derechos de autor, su gestión y la concesión de licencias transfronterizas. Esto se consigue con la digitalización a gran escala de las ricas colecciones de las bibliotecas, archivos y museos nacionales y promoverá el acceso a ellas a través de Europeana, portal de las bibliotecas digitales de Europa (véase MEMO/10/166).

La Agenda muestra su preocupación por la cara no amable de esta revolución digital, trazando mensajes claros y contundentes para que los europeos, los andaluces por tanto, se sientan más seguros en línea, debiéndose reforzar la normativa de la UE sobre protección de los datos personales, mejorando una gran desconocida, la guía eYou –guía digital sobre derechos en internet– para que resulte más práctica y fácil de usar-. Se incluye en este ámbito la medida de facilitar los pagos y la facturación electrónicos en cualquier lugar de Europa, para fomentar las compras transfronterizas en línea.

La Agenda Digital tiene un objetivo de cultura digital muy claro: reforzar la confianza de las personas en el uso de internet garantizando, entre otras cosas, una respuesta europea mejor coordinada ante los ciberataques, el robo de la identidad y el correo no solicitado. La definición de las políticas y la gestión de los riesgos digitales, como compromiso firme del Gobierno electrónico en Andalucía, en dos campos diferenciados de forma rotunda, es decir, no puede haber gestión de riesgos digitales en Andalucía sin definición de políticas en el sentido estricto del término, tiene que concretarse a corto plazo en el marco que hay que poner en práctica del Esquema Nacional de Seguridad, auspiciado por la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en clave de lo que llamo habitualmente, en diferentes acciones, “prisa pública”. Estoy muy interesado en trabajar en este ámbito porque pertenezco a la escuela pública de gestión del riesgo antecedente antes que del consecuente, y las declaraciones públicas en tal sentido tienen que ser reforzadores claros para recuperar la citada confianza de las personas en la utilización de los servicios públicos, en clave de fidelización digital de la ciudadanía andaluza que consume productos digitales públicos, objetivo a alcanzar en el más breve plazo de tiempo posible, basado exclusivamente en principios de transparencia, participación y colaboración. Y en esta mesa digital no hay que excluir a nadie, desde la perspectiva pública y privada.

Lo aprendí del Profesor Sánchez Vázquez, hace muchos años: el oro tiene valor porque las personas consumidoras se lo hemos dado a lo largo de los siglos. Sin ese valor humano hoy no tendría precio, se des-preciaría [sic]. Como los bits, como Internet. Sin embargo, se ha dado un paso más en la historia: no todos los bienes se han declarado como derechos inalienables a la persona. El oro no lo es, por mucho que se promocione en campañas de usura. Pero Internet va camino de ser reconocido como un derecho y no mercancía pura y dura para ser y estar en el mundo, porque toca a la inteligencia de las personas. Una gran obra humana, a apuntar en cualquier agenda. Digital, por supuesto.

Sevilla, 19/IX/2010

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