Cataluña digital

CATALUNYA DIGITAL

Ha saltado a los medios de comunicación la realidad política independentista digital de Cataluña. No nos debe asombrar este proceso porque el mundo digital ofrece hoy posibilidades imaginativas para crear estrategias digitales de amplio espectro. Llevo años escribiendo en este blog sobre el déficit español de estrategias digitales con visión de Estado, sin que se vea atisbo alguno de que algún día salte al Congreso de los Diputados como una necesidad de obligada atención política. Lo contrario es esperar que un día podamos asistir a un golpe de estado, digital por supuesto, que también existen.

No me ha sorprendido conocer el avance de Cataluña en este sentido porque el proceso de independencia era un escenario óptimo para establecer bases sólidas estratégicas digitales que den soporte a la llamada por ellos República de Cataluña. Ahora bien, el fin no justifica los medios, máxime cuando el fin está trenzado de caminos ilegales de múltiple espectro. El camino tomado por este proceso digital hace añicos la supuesta protección de datos de carácter personal, por mucho que seamos mal pensados y tomemos conciencia paulatina que la privacidad actual en nuestro país es un sueño de oro en el mundo digital actual.  Pero en democracia las leyes están para cumplirlas y existen varias en España, empezando por la propia Constitución como ley suprema, que protege estas experiencias que van más allá de lo tolerable.

El Estado español no debe sorprenderse de lo que se comenta estos días en los foros nacionales e internacionales sobre el gobierno digital en la sombra que ya funciona en Cataluña. Fundamentalmente, porque no está preparado para contrarrestar esta corriente digital de amplio espectro. Tecnología existe en la actualidad para aburrirse y también podemos hacer en cualquier momento declaraciones unilaterales de independencia digital basadas en ella, aunque la realidad en democracia sea otra, porque el proceso digital de cualquier estrategia digital de Estado (llámese en este ejemplo, de República) debe pasar por el proceso de ordenación+organización digital, para que tenga todas las garantías democráticas de un Estado de derecho.  He manifestado en muchas ocasiones en este blog que en el Estado Digital no se debe organizar nada que no esté previamente ordenado, para salvar grandes principios en democracia, como son los de participación, comunicación y declaración legal de derechos y deberes digitales en cada asunto que se trate desde esta perspectiva de gobierno y gobernanza. De lo leído hasta ahora, la participación ciudadana en el proyecto no aparece por ningún sitio.

Es muy interesante lo que ocurre en la actualidad en Estonia, sin lugar a duda alguna, pero no confundamos el análisis situacional ni la ética de Estado que siempre debe estar detrás en cada realidad en la que se quiera aplicar la estrategia digital modelo. Las tecnologías pueden ser en determinados momentos de doble uso. La inteligencia pública digital desarrolla sobre todo la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, sobre todo cuando seamos capaces de dar respuesta desde la gestión de riesgos digitales a la dialéctica infernal del doble uso de la informática, es decir, la utilización de los descubrimientos electrónicos para tiempos de guerra y no de paz, como en el caso de los drones o de la fabricación de los chips que paradójicamente se usan lo mismo para la consola PlayStation que para los misiles Tomahawk. El que quiera entender que entienda. Ese es el principal reto de la inteligencia de los gobiernos digitales correspondientes y creo que debemos estar muy atentos a esta realidad tan próxima en Cataluña. Aunque el Estado español, por desgracia, esté tan ajeno de esa realidad política digital que debería ser elemento estratégico básico en el Gobierno actual y en la Constitución a revisar. Tiempo al tiempo.

Sevilla, 14/X/2017

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy de https://politica.elpais.com/politica/2017/10/13/actualidad/1507916636_098849.html