Día: 6 de febrero de 2020

Sevilla, 6/II/2020

La ONG Save the Children ha publicado recientemente un análisis de la situación de pobreza en los hogares con hijos e hijas en España, Familias en riesgo, que es necesario leer con la atención que merece por el contenido del mismo, muy esclarecedor sobre esta lacerante situación social en nuestro país y en nuestra Comunidad. Siendo muy importante la lectura del mismo, me he detenido especialmente en el anexo dedicado a Andalucía, del que resumo en este artículo los aspectos que, a mi juicio, son más importantes y se deberían priorizar para atenderlos urgentemente en este momento político actual de inicio de la XIV legislatura.

Los datos generales de familias en riesgo en España son muy alarmantes: “Según la OCDE un niño o niña que nazca hoy en una familia pobre en España va a ne­cesitar cuatro generaciones, el equivalente a 120 años, para alcanzar el nivel de renta medio de la sociedad en la que vive. Esta es, ciertamente, una situación profundamente injusta para los más de dos millones de niños y niñas en España que viven en hogares pobres, así como para sus padres y madres, que movilizan todos sus recursos para evitar esta herencia y dar a sus hijos las mejores oportunidades, y se enfrentan a las grandes dificultades que tiene criar a un niño en un país que no invierte lo suficiente en familia y en infancia” (1).

En este marco preocupante, el informe ha configurado perfiles de análisis en el trabajo de campo que, en el caso de Andalucía, son cinco: “Cada perfil se describe en función de las variables que se han considerado relevantes. Además de las características demográficas básicas (sexo del o la responsable del hogar, edad, etc.), se incluyen aspectos relacionados con el nivel socioeconómico (nivel educativo, situación ocupacional, etc.), así como variables relacionadas con la propia definición de la pobreza y la exclusión social (tasa de pobreza, privación material severa, etc.)”. Estos perfiles son:

Los perfiles 1, 4 y 3 son los que mayor vulnerabilidad tienen a la pobreza y la exclusión social, y deberían ser sujetos prioritarios de las políticas de protección a la familia, sumando entre los tres 268.419 hogares con serios problemas de pobreza y riesgo social. El análisis detallado conviene leerlo con atención y solo destaco a continuación los que desde mi perspectiva tienen mayor interés.

En relación con el perfil 1, familias pequeñas, pobres y rurales, las principales características son las siguientes, teniendo en cuenta que es el de mayor riesgo de pobreza:

– Las mujeres son el 88,2% de las personas responsables del hogar en este perfil.

– Tiene una alta proporción de extranjeros: el 17,6% son de fuera de Europa y un 6% europeos.

– Un bajo nivel de estudios: el máximo nivel alcanzado por el 56,2% es secundaria primera etapa y primaria o inferior el 34,6%.

– Alta proporción de hogares monoparentales: 33,6%, 27,8 puntos más que la media de familias andaluzas con hijos e hijas a cargo.

– Tasa de pobreza muy alta: un 56% de están en situación de pobreza, 37% puntos más que la media de las familias andaluzas, de las cuales el 29% está en situación de pobreza severa, con escasas rentas disponibles: 523€ mensuales por unidad de consumo, 397€ menos que la media de los hogares andaluces con hijos e hijas.

– Carencias materiales muy altas: el 66,3% no tienen dinero suficiente para enfrentar algún gasto imprevisto, el 58,1% no puede tomar vacaciones, un 15% no puede mantener la vivienda a temperatura adecuada y el 11,1% no consume las cantidades adecuadas de carne, pollo, pescado o equivalentes vegetarianos.

En relación con el perfil 4, familias precarias urbanas, el más numeroso, con 136.853 hogares, un 13,9 del total, destaco lo siguiente:

– Son familias pequeñas, “mayoritariamente españolas, con un nivel de estudios medio-alto: un 39,5% tiene estudios superiores, más de 10 puntos más que la media de hogares en Andalucía (28,8%), un 32,1% han completado hasta tercero de la ESO (educación secundaria primera etapa) y un 15,4% tiene como máximo nivel de estudios alcanzado la segunda etapa de la educación secundaria (educación secundaria obligatoria, 4º curso, enseñanzas de bachillerato y similares)”.

– En relación con el mercado laboral, sólo “una de cada tres trabaja a jornada completa (34%), muy por debajo de la media andaluza. Otro tercio se encuentra en paro (33,6%), y el resto se reparte casi en partes iguales entre inactivos (16,2%) y trabajos a tiempo parcial (15,1%). Este último resulta llamativo por la elevada diferencia respecto a la media andaluza (3,3%)”.

– Del informe se desprende que “tienen una elevada tasa de pobreza moderada (34,5%) y de pobreza severa (18,3%). En este grupo se observan carencias materiales importantes: más de la mitad -un 56,6%- no puede tomar al menos una semana de vacaciones, un 58,7% por ciento no pueden afrontar gastos imprevistos, y un 28,1% ha pagado con retraso facturas relacionadas con la vivienda, como electricidad, agua o gas. Tienen una renta mediana de 730€ mensuales, significativamente más baja que la media de hogares con hijos e hijas a cargo en la región (920€)”.

Finalmente y en relación con el hilo conductor de este análisis, abordo el tercer perfil más vulnerable en Andalucía, familias con abuelas [sic], padres y nietos rurales, que suman un total de 72.735 hogares, un 7,4% de los hogares andaluces. En esta ocasión, una imagen vale más que mil palabras.

Hay que destacar en este perfil el papel de los abuelos y, sobre todo, de las abuelas: “La presencia de abuelos y abuelas también deja huella en la situación laboral que se registran en este perfil: un 36,1% de las personas responsables del hogar son jubiladas, un 42,3% se encuentran inactivas y un 20% en paro. Los bajos niveles de educación en este perfil también ofrecen indicios de este efecto generacional: un 59,7% tienen educación primaria o inferior, y un 34,3% ha completado la primera etapa de la educación secundaria”.

También hay que señalar que “tienen tasas de pobreza moderada (22,4%) y severa (13,8%) -calculadas según la mediana autonómica-, algo mayores que las familias con niños y niñas en su conjunto (3 y 2 puntos respectivamente)”.

Los datos expuestos anteriormente sintetizan las situaciones más vulnerables de familias e infancia en Andalucía. A partir de aquí el estudio plantea conclusiones y planes de acción, que de forma resumida son las siguientes:

– Los efectos de la pobreza en la infancia no solo afectan a su bienestar en el presente, sino también en el futuro: el 80% de los niños y niñas que viven en situación de pobreza serán adultos pobres.

– Nacer en un hogar pobre condiciona de forma muy importante la vida y las oportunidades de los niños y las niñas.

– Se reitera en lo manifestado anteriormente: “Según la OCDE un niño o niña que nazca hoy en una familia pobre en España va a ne­cesitar cuatro generaciones, el equivalente a 120 años, para alcanzar el nivel de renta medio de la sociedad en la que vive. Esta es, ciertamente, una situación profundamente injusta para los más de dos millones de niños y niñas en España que viven en hogares pobres, así como para sus padres y madres, que movilizan todos sus recursos para evitar esta herencia y dar a sus hijos las mejores oportunidades, y se enfrentan a las grandes dificultades que tiene criar a un niño en un país que no invierte lo suficiente en familia y en infancia”.

– Se pueden evitar estas situaciones y minimizarlas “aumentando la inversión en niños y niñas, y poniendo en marcha políticas efectivas y ambiciosas para disminuir, de forma sustancial, la pobreza infantil”.

El estudio finaliza con unas propuestas concretas partiendo de un principio inexorable: los niños y niñas sufren en mayor medida la pobreza y la exclusión porque viven en hogares más vulnerables. En este sentido recomiendo la atenta lectura de las citadas propuestas en los siguientes ámbitos de actuación: prestaciones sociales, protección, inversión, conciliación, empleo, educación, vivienda y salud, ocho áreas de interés preferente que se deberían abordar en una Ley de atención integral a las familias y a la infancia en España.

La realidad expuesta es un grave problema de Estado y no solo de Andalucía, que requiere declarar y aprobar políticas urgentes y prioritarias, ordenando una legislación de ámbito estatal y proyectada a la acción concreta y ajustada a cada Autonomía, enriqueciendo los acuerdos de la Coalición Progresista que gobierna actualmente en España y que abordan parcialmente en su apartado 2, dedicado a derechos sociales, regeneración democrática, ciencia e innovación, determinadas soluciones para atender los problemas detectados en este informe y en otros que también he publicado en este blog.

NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, citado en el texto.

(1) OECD (2018), A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility (Spain), OECD Publishing, Paris, http://www.oecd.org/spain/social-mobililty-2018-ESP-EN.pdf

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja para ninguna empresa u organización religiosa, política, gubernamental o no gubernamental, que pueda beneficiarse de este artículo, no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de jubilado.