CIVIO y la transparencia de los Presupuestos Generales del Estado para 2022

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939), Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Sevilla, 14/X/2021

La verdad es que ignoramos cuánto valen las cosas públicas, mucho más por los años que llevamos instalados en la corrupción pública a todos los niveles, donde todo necio confunde valor y precio. También, por la falta de transparencia real y efectiva para conocer el recorrido completo del presupuesto, gasto y evaluación del dinero público, una tríada capitolina para el empoderamiento auténtico de la población. Una vez más acudo a la Fundación CIVIO, que ya he citado en diversas ocasiones en este cuaderno digital, para intentar comprender bien que significa el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Como pasa cada año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan su consulta. Por eso, mientras el proyecto pasa el filtro de las Cortes Generales, te lo mostramos de forma visual e interactiva para que puedas explorarlos fácilmente, incluso sin conocimientos previos. Como hacemos desde 2011. Aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno de coalición. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan”.

Mi reconocimiento a la Fundación y a su co-director, David Cabo, así como a todos los miembros de la misma, es continuo, público y notorio desde que tuve la oportunidad de entrar en contacto con él en 2013 para preparar la transparencia del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año siguiente y la accesibilidad digital al mismo, preocupado como administrador público por la transparencia pública digital. Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia es el resultado siempre de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y co-director de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Es muy importante entrar en esta página web de la Fundación CIVIO para comenzar a comprender bien las bases presupuestarias que asientan o no la democracia en este país y los pilares económicos, no inocentes por cierto, que la sustentan a partir de una pregunta transcendental, ¿Dónde van mis impuestos?, con tres proyecciones políticas esenciales, Ingresos, ¿Cómo se gasta? Y ¿En qué se gasta? Acceder a todos los datos es posible y CIVIO nos ofrece esta oportunidad de emitir juicios bien informados, la base de toda evaluación que debemos hacer como ciudadanos responsables. Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, como este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Entren y vean. Le aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán a partir de ahora que el Presupuesto de este país, como el de la Comunidad en la que cada uno reside, puede y debe ser cosa de todos. Gracias CIVIO, gracias David, por hacerlo posible.

(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.