Día: 16 de septiembre de 2014

Tenemos muchas posibilidades de participar en las decisiones públicas de Andalucía. Es urgente hacerlo porque Andalucía necesita una mayor implicación ciudadana en la toma de decisión diaria de los poderes públicos. Lo que ocurre es que desconocemos muchos procedimientos de participación porque no existe cultura de empoderamiento, entendido como conocimiento y poder activo de la ciudadanía, que garantiza la accesibilidad a la Administración Pública correspondiente en todos sus procesos y procedimientos de información pública y participación ciudadana. Si además, lo enmarcamos en el mundo digital actual, comprometiendo a la Administración de la Junta de Andalucía, podríamos definir esta participación en el seno del empoderamiento digital, como la capacidad que tienen los poderes públicos para transferir conocimiento y poder digital a la ciudadanía, que garantiza la accesibilidad a la Administración Pública de la Junta de Andalucía mediante el uso racional de las tecnologías de la información y comunicación, así como de las redes sociales.

Empoderamiento no es un neologismo al uso, sino el fruto de una reflexión mundial sobre el papel que desempeñan las personas en la toma de decisiones múltiples en relación con el poder establecido, tal y como lo defendió Paulo Freire en dos libros que han marcado mi vida personal y profesional: Pedagogía del oprimido (1966) y La educación como práctica de la libertad (1967), que conservo en mi biblioteca como oro en paño. En los últimos años he trabajado sobre este vocablo en el marco semántico establecido en 1997, en un libro clásico para comprender bien esta palabra de difícil intelección a veces: “proceso multidimensional de carácter social en donde el liderazgo, la comunicación y los grupos autodirigidos reemplazan la estructura piramidal mecanicista por una estructura más horizontal en donde la participación de todos y cada uno de los individuos dentro de un sistema forman parte activa del control del mismo con el fin de fomentar la riqueza y el potencial del capital humano que posteriormente se verá reflejado no solo en el individuo sino también en la propia organización” (1).

Como ejemplo real de empoderamiento que vale más que mil palabras, estamos viviendo un momento importante de participación ciudadana en estos días, donde Andalucía se juega mucho frente a un determinado poder político (todos no son iguales) y de mercado que critica con dureza el bienestar social y desea ajustarlo a servicios sociales como mera mercancía y no como derechos subjetivos. Me refiero en concreto a la apertura de información pública y consiguiente posibilidad de participación en la presentación de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, una ocasión fantástica para que se escuche la llamada voz de la ciudadanía en su toma de decisión sobre el ordenamiento jurídico y administrativo en Andalucía, en un asunto de tanta trascendencia para el presente y futuro de las políticas sociales en nuestra Comunidad. Personalmente, he presentando alegaciones al citado Anteproyecto, muy centradas en la aplicación efectiva de política digital de carácter público en la Administración de la Junta de Andalucía. Creo que es un derecho y un deber ciudadano, como aplicación real y efectiva del empoderamiento, facilitado hoy por las tecnologías de la información y comunicación. Todavía se puede participar, porque el plazo de presentación de alegaciones finaliza el próximo 26 de septiembre, inclusive (Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía (BOJA núm. 156, de 12 de agosto de 2014).

Es cierto que la publicidad oficial se centra hoy en procedimientos legales básicamente y no en campañas directas que promuevan la participación. Por ello, hay que exigir a la Administración que si verdaderamente se trabaja en términos de transparencia y empoderamiento ciudadano, hay que abrir puertas y ventanas oficiales y convertir los edificios públicos en espacios de cristal, transparentes, para conocer qué hacen y cómo se puede acceder a ellos, participando activamente en su funcionamiento diario, atendiendo a los principios constitucionales que debe regir la Administración.

Las alegaciones que he presentado en mi calidad de ciudadano en Andalucía se han formulado sobre la necesaria consolidación de la estrategia de Gobierno Electrónico, abierto, en la Junta de Andalucía, no ajena a este anteproyecto de Ley, mediante la declaración de un marco unificado de la política digital y de modernización de los servicios, que garantiza la elaboración, desarrollo e implantación de la política informática en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, que permite la prestación de servicios públicos, el acceso a la información pública y participación ciudadana, como en este anteproyecto se pretende, mediante la transformación interna y externa de los modelos de relación que se definan, con base en el uso racional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, reduciendo costes de forma notoria y practicando economías de escala, mediante el establecimiento de un entorno homogéneo para el Gobierno de los servicios, utilizando plataformas electrónicas en el espacio abierto de Internet.

Esta visión se basa en los principios de eficiencia, eficacia y racionalización administrativa, preconizados en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y es la que permite configurar un modelo organizativo digital que conjuga dichos principios con los de igualdad de trato entre hombres y mujeres y modernización del aparato administrativo de cada Consejería, con la mejora continuada de la calidad de los servicios y la permanente innovación en nuevas tecnologías en orden a simplificar la gestión administrativa para acercarla a la realidad humana y social de la ciudadanía, mediante medios electrónicos, cumpliendo los resultados previstos y mejorando la forma de llevar a cabo las transacciones electrónicas.

Indudablemente, ejerciendo el compromiso de empoderamiento de la ciudadanía, y de los profesionales públicos, entendido como la capacidad que tienen los Gobiernos y las Administraciones Públicas para transferir conocimiento y poder digital a la ciudadanía (en el sentido amplio preconizado en la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos), y a sus empleados públicos, dado que la Constitución de 1978 alumbró un nuevo concepto de Administración, sometida a la Ley y al derecho, acorde con la expresión democrática de la voluntad popular. La Constitución consagra el carácter instrumental de la Administración, puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos y la responsabilidad política del Gobierno correspondiente, en cuanto que es responsable de dirigirla (Exposición de motivos, apartado 3, de la Ley 30/1992).

Asimismo, al hacerse estas propuestas he querido introducir una distinción esencial entre Gobierno electrónico (o digital y abierto) y Administración electrónica, porque la importancia de la estrategia digital de esta Ley se centra en la visión que se tenga en el marco referencial de Gobierno digital y abierto, no de Administración electrónica en sí misma. El constructo Gobierno electrónico (o digital y abierto) se debe comprender como la continua optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la información pública y participación ciudadana mediante la transformación interna y externa de las relaciones con base en el uso de las TIC, como actitud política sostenida en el tiempo y en programas políticos en las Administraciones Públicas.

Administración electrónica, es la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación como soporte del Gobierno electrónico, como componentes del mismo. Es decir, no existe Administración Electrónica sin Gobierno Electrónico, no se deben alterar los términos, porque se da el caso de Administraciones que tienen magníficas infraestructuras electrónicas sin Gobierno electrónico alguno o muy desdibujado.
Antecedente: el Gobierno electrónico, para dirigir la Administración Electrónica, como actividad consecuente, no al revés.

Todo lo expuesto anteriormente es un mero ejemplo de participación, gracias al empoderamiento bien entendido. Todos los días hay múltiples posibilidades de participar en la gestión pública desde el rol de ciudadanos. Hacerlo es responsabilidad de todos, pero es urgente tomar medidas de equidad en la accesibilidad a la Administración pública y de participación en ella, pero no para garantizarlo solo a los exquisitos digitales, sino a cualquier persona que desee hacerlo y que lo necesite, atendiendo sobre todo a las personas más desfavorecidas.

El asociacionismo debe tomar cartas en el asunto y fomentar esta participación, en sus múltiples formas de hacerlo, con el apoyo extraordinario de las redes sociales. Un teléfono móvil es hoy una herramienta crucial para el empoderamiento. Andalucía necesita retomar urgentemente estas actitudes de cooperación y co-creación, porque es posible recuperar valores que se dan ya como trasnochados. Todos no somos iguales y los poderes públicos necesitan también estos refuerzos positivos de la ciudadanía responsable, que tiene conocimiento suficiente porque le ofrecen la información pública necesaria que le permite participar de forma activa en los asuntos públicos y tomar las mejores decisiones. Ahí radica el éxito del empoderamiento.

Sevilla, 16/IX/2014

(1) Blanchard, K., Carlos, J. & Randolph, A. (1997). Empowerment: 3 Claves para lograr que el proceso de facultar a los empleados funcione en su empresa. Bogotá: Norma S.A.

NOTA: la imagen está tomada de la siguiente URL: http://asociacionportimujer.blogspot.com.es/2010/08/educacion-arma-vital-para-empoderar-las.html.