Política digital / 3. ¿Inversión o gasto?

Esta es la pregunta del millón de dólares para muchos descreídos digitales, que ya han resuelto determinados responsables TIC, políticos y técnicos, que aun conociendo la realidad digital en España miran para otro lado y con gran desparpajo vergonzante tienen respuesta a la misma: gasto y solo gasto. Pero esto no es así y no es verdad para los que conocemos la realidad del gasto público digital en España desde hace muchos años, porque es un clamor entre los profesionales del sector que en España se gasta mucho en soluciones digitales de software y, sobre todo, hardware, con una proliferación de chiringuitos digitales, porque no se toman medidas contundentes y claras para contenerlo con soluciones tecnológicas de reutilización de software y consolidación de centros de procesos de datos, por ejemplo, que supondrían ahora una inversión inicial pero que contendría el gasto a muy corto plazo.

Para ello es necesario que de una vez por todas se eleven estas decisiones a rango de política digital llevada a cabo por un Gobierno Digital fuerte, bien armado, con altura de miras y dependiente directamente de la presidencia del Gobierno, para abordar con carácter inmediato una revolución digital en este país, con altura de miras y que suponga un beneficio a corto plazo, tanto cualitativo, como cuantitativo, con una estrategia digital declarada con disposiciones de carácter sustantivo que se pueda proyectar luego en las Comunidades Autónomas que respeten en determinados artículos las peculiaridades de cada una, pero nunca permitiendo la falta de equidad en la accesibilidad digital a los recursos públicos.

Esta política digital acabaría con las tómbolas digitales de recursos financieros, subvenciones, Fondos FEDER, financiación de planes y proyectos sin mezcla de beneficio alguno, sin orden ni concierto en muchas ocasiones por controles políticos no inocentes, solo para exquisitos digitales o buscadores digitales de última hora, que no benefician ni buscan el interés general digital que debería perseguir su finalidad pública implícita. También con los miles de chiringuitos digitales montados e instalados, que no implantados, por todo el país, bajo el eslogan de que “a mí que no me llamen”, despreciando casi siempre el buen hacer digital de los otros. Otro gallo cantaría si pudiéramos conocer de una vez por todas los extraordinarios recursos digitales que ya existen tanto en software y hardware pagados con dinero público, de todo el país, y se pudiera disponer de ello a modo de Repositorio Común Digital, por imperativo legal, no por mera discrecionalidad, con plena disponibilidad para las Administraciones Públicas, como está ya legislado de forma tímida todavía y que tan poco caso se le hace.

Tengo la respuesta muy clara a la pregunta formulada: inversión cualitativa y cuantitativa, inversión urgente para controlar urgentemente también el gasto digital actual. Si hubiera política digital administrada por un Gobierno Digital a nivel de Estado, con proyección legal a las Comunidades Autónomas que serían participantes activas en el desarrollo de esta nueva política, podríamos abordar con carácter inmediato una auditoría para conocer, una vez más con urgencia, la situación digital del país, desoladora por supuesto desde la perspectiva de gasto público nacional y territorial, para que se pudieran tomar medidas urgentes de contención del mismo en reutilización del software y consolidación masiva de infraestructuras digitales, por un efecto inversor inmediato que supondría taponar la hemorragia económica de gasto TIC que se está produciendo todos los días. Acciones que llevarían a clausurar de forma inmediata tómbolas y chiringuitos digitales extendidos por todo el país.

La catetez digital, que también existe, nos lleva a situaciones pintorescas de despreciar casi siempre lo que los demás hacen bien y con soluciones digitales a veces de más calidad que las nuestras. Pero nos puede la trinchera de la autonomía mal entendida y lo de los demás, en principio, es para no fiarse mucho. No digamos nada, si el Estado o esa Comunidad la preside otro partido político. Las TIC no son inocentes, pero permiten practicar ética digital de una gran calidad cuando garantizan la equidad en la accesibilidad a servicios públicos digitales a través de algo tan sencillo y al alcance toda la ciudadanía como un teléfono, instrumento revolucionario para obtener bienestar social. Eso sí, a precios razonables.

Sabemos, por desgracia, que todo necio digital, confunde hasta la saciedad, valor y precio. Ese es el auténtico problema de fondo de la pregunta con la que iniciaba este artículo y antes de plantear respuesta alguna.

Sevilla, 31/III/2016

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy de: http://www.soyconta.mx/contratar-asesores-gasto-o-inversion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=contratar-asesores-gasto-o-inversion