Día: 16 de noviembre de 2016

Todavía estamos impactados por el último programa de Jordi Évole, eVictims, en el que se explicaba con detalle una cara no amable de la revolución digital: las minas de coltán, el mineral que tanto hace sufrir a los que lo extraen, en una explotación miserable, las llamadas minas rojas e incluso las verdes, que acaba incorporándose a los teléfonos móviles que utilizamos a diario, entre otros aparatos electrónicos que lo integran como componente esencial.

Salvando lo que haya que salvar y siguiendo con el símil, los datos públicos masivos que posee la Administración, alojados en Centros de Procesos de Datos y de Tratamiento de la Información (las nuevas “minas digitales”), están como yacimiento por explotar en unas minas, también rojas o verdes, dependiendo de la forma de conservarlos y ponerlos a disposición de la ciudadanía. Sin política digital que tutele de forma efectiva y garantista la legislación vigente, en referencia a la transparencia y accesibilidad real y objetiva de los mismos, más allá de los portales de transparencia, se convierten en una mina de un color u otro por los beneficios o daños colaterales que pueden llegar a producir cuando se tratan o no como derecho de la ciudadanía a conocerlos, bajarlos y explotarlos de la forma más accesible y libre posible.

Los datos públicos masivos son una mina roja cuando no tienen orden ni concierto y se entregan a cuentagotas en una ceremonia de confusión para quien los quiera conocer. Además, al no existir muchas veces política digital en la generación y conservación de los mismos, en un marco legal de interoperabilidad con visión de Estado, producen casi siempre una fragmentación de límites inalcanzables. Por no citar los múltiples formatos en los que se conservan y publican, donde la disponibilidad en bruto es un desiderátum en el mejor de los casos, porque tratados para una intelección de los mismos rápida y sencilla es una flor que no suele adornarlos.

Un ejemplo muy clarificador lo encontramos en el campo de la salud. Al no estar interconectados los diferentes Sistemas de Salud, en tiempo real, la ciudadanía no puede beneficiarse de la interoperabilidad en la alta disponibilidad de los diagnósticos que se pudieran utilizar en el citado tiempo real, contrastando la información que hubiera en la mina de salud correspondiente y que se pudiera poner a disposición de los médicos de todo el país de forma antecedente y no solo consecuente. Además, muchas veces se utiliza la legislación de protección de datos de carácter personal como arma arrojadiza para no avanzar en este campo de alta disponibilidad de la información objetiva de carácter clínico para todo el país, convirtiéndose estos datos masivos públicos de salud en una mina roja en la que es muy difícil entrar para extraer la información que pertenece a la propia ciudadanía, porque gracias a ella se genera. Bastaría con una disociación de datos tutelada. Nada más.

Tengo experiencia en otros campos de datos públicos masivos, como puede ser los económicos y presupuestarios. Siempre he defendido que la caracterización del tratamiento de la información de estos datos debería llevarse a cabo desde una óptica que se llama, en terrenos de mercado, inteligencia del negocio (Business Intelligence) y que en la Administración de debería llamar inteligencia pública digital (Digital Public Intelligence), como tantas veces he defendido en mi acción pública y, ahora, en este blog, que aplicada a los datos públicos masivos se debería comprender a través de las cinco acepciones siguientes:

1. La ciudadanía es capaz de adquirir destreza, habilidad y experiencia práctica de la información que existe en los datos públicos masivos que se manejan y tratan en la relación con la Administración digital, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida [la habilidad] de haberse hecho muy capaz de ella [por la voluntad del Gobierno correspondiente], en el marco de lo propugnado por el Artículo 103 de la Constitución al referirse de forma muy breve a la Administración.

2. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, decide y aprueba mediante disposiciones, el desarrollo de la capacidad que tienen las personas de recibir la información que figura en los datos públicos masivos de los que dispone, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de la equidad en la accesibilidad a los mismos, mediante los sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

3. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, decide y aprueba que la inteligencia pública digital permita a la ciudadanía, a la que sirve, adquirir conocimiento por empoderamiento, como capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para el contexto comunitario o cultural en el que viva, mediante la equidad en la accesibilidad y obtención de los datos públicos masivos que pueda tratar adecuadamente a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

4. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, debe saber discernir que la inteligencia digital es un factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los demás, mediante la obtención de los datos públicos masivos que pueda tratar adecuadamente a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

5. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, debe desarrollar la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica del doble uso, rojo (nula disponibilidad en tiempo real) o verde (alta disponibilidad en tiempo real), con una vigilancia adecuada por parte de la Administración Pública.

No solo es un problema de dinero, porque fácilmente se confunde en la Administración, como hace todo necio, valor y precio, sino de eterna confusión entre inversión y gasto, como también he explicado en este cuaderno digital, en otra serie dedicada a la política digital con visión de Estado. Si existiera esta política estatal y, por extensión, en las Comunidades Autónomas, otro gallo cantaría en este ámbito. No es la economía solo, es la política digital adecuada de la planificación estratégica en la creación, consolidación, interoperabilidad nacional y autonómica, accesibilidad y alta disponibilidad de los datos públicos masivos que tienen su origen en la relación de los ciudadanos con la Administración a través de actos públicos y viceversa. Mientras esto ocurre, estaremos permitiendo que haya minas rojas en la accesibilidad a los datos públicos masivos, con las consecuencias tan perniciosas que origina una pésima planificación en este campo tan necesario para desarrollar la inteligencia humana que sabe y debe acceder a minas verdes de los citados datos.

Sevilla, 16/XI/2016

NOTA: la imagen se ha obtenido hoy de http://www.jcmagazine.com/wp-content/uploads/2012/06/data-center.jpg