¿Qué pasa con el Ingreso Mínimo Vital?

No sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa

José Ortega y Gasset (1883-1995), en Lección VIII del curso En torno a Galileo, impartido en la Universidad Central de Madrid, en 1933.

Sevilla, 15/XI/2021

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de nuestro país ha publicado una Nota de Prensa que no deja indiferente a nadie, con datos facilitados oficialmente por Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 3 de cada 4 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido denegadas (73%), casi 100.000 están pendientes de resolver, sólo el 8,0% de la población (799.203 personas) que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia del ingreso mínimo vital. La cuantía media de la prestación por beneficiario es de 172 euros mensuales y a pesar de la crisis social, el IMV no ejecuta ni la mitad del presupuesto anual, lo que se traduce en que en nueve meses la Seguridad Social sólo ha desembolsado 1.400 millones de euros de los 3.000 anuales previstos.

Fuente. Nota de Prensa de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Estos datos se concretan todavía más en la Nota de la Asociación citada cuando se afirma que un 8,04% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, el 1,7% de la ciudadanía, que la cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, donde hay Comunidades Autónomas que únicamente tienen una cobertura menor al 6%, como Cataluña (4,9%) Canarias (5,5%), Baleares (5,8%) o Castilla La Mancha (5,6%). La nota destaca el esfuerzo de Navarra con un 22,2% de cobertura, Comunidad que ha realizado la pasarela desde su sistema de Rentas Mínimas, seguida por Melilla (20,3%) y Ceuta (19,4%). Quizás sea lo más demostrativo de la desigualdad actual y del escaso impacto social de esta Ley el dato de que tres de cada cuatro solicitudes han sido rechazadas. Ante la pregunta que da título a este artículo la respuesta de la Asociación es rotunda: la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos es una causa determinante de tantas denegaciones, porque la desestructuración personal y familiar de muchas personas solicitantes no cabe en un formulario estándar.

De nuevo los datos son contundentes según esta Asociación: “Hasta septiembre de 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aun sin resolver (97.513)”. Es escalofriante el dato siguiente: de las solicitudes resueltas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000, denegadas: ”Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio Ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia, a solicitud de nuestra Asociación, reconoce que el 60% de las aprobados y 27% denegados, el 73% de denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio); hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia; otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo”. Esta última condición sin la cual no es posible obtener el IMV está presente actualmente en un amplio debate social, porque casos como los de mujeres maltratadas, que salen de su legítimo hogar no pueden rellenar la casilla correspondiente del cuestionario por razones obvias de seguridad y así múltiples casos de desarraigo y convivencia en hogares diversos.

El Real Decreto-ley que regula el IMV nació con una pretensión muy clara: que llegara a cubrir las necesidades de 2.300.000 personas, pero la realidad terca es que casi un año y medio después de su aprobación, sólo se ha concedido el IMV a 800.000 personas, poco más de una tercera parte (35%) de los beneficiarios previstos por el Gobierno. En ese sentido la Asociación dice textualmente que se está produciendo en el Congreso de los Diputados un debate en la actualidad para que mejore la regulación del Ingreso Mínimo Vital y “doblegue al legislativo en sus pretensiones de control al pobre a través de estrictos e injustos requisitos y la complejidad de los procedimientos”.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos de expedientes por provincias (detalle de Andalucía).

En este sentido, un dato que considero de interés como radiografía de que algo está pasando en la tramitación de los expedientes administrativos para recibir este ingreso mínimo vital es el siguiente, facilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mediante una nota de prensa de La Moncloa, a 13 de septiembre de este año: sobre el total de 320.580 expedientes tramitados en Andalucía (mi Comunidad), el 68,20% han sido denegados, exactamente 218.660, siendo 1.244.029 el total en España de los expedientes tramitados, de los cuales se han denegado 888.458, lo que supone un 71,41% del total. Estas cifras de denegación, en una media del 70%, deberían ser una llamada de atención sobre lo que está ocurriendo un año y medio después de la publicación del Rea Decreto-ley que ampara esta prestación social de importancia vital para nuestro país. Es una situación que matizo con datos exactos y que figura en la Nota de Prensa citada al comienzo de estas palabras.  

Desde este humilde canal de comunicación celular escribo estas líneas a modo de denuncia para romper silencios cómplices en asuntos tan delicados como el aquí expuesto. La frase final del informe es rotunda y abunda en la necesidad de una actuación urgente en el ámbito legal y regulador de este ingreso: “Los 337.000 expedientes aprobados alcanzan a unas 800.000 personas, de manera que el Gobierno ha cumplido únicamente con un tercio del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital”. Por cierto, un último dato: “las cuantías medias del IMV (datos de la Seguridad Social facilitados a través del Portal de Transparencia) son de 172 € por persona y 436 € por hogar. Queda en evidencia que se trata de un Ingreso Mínimo, pero no está tan claro que, con estas cuantías, pueda calificarse de Vital. Vital o no vital, esa es la cuestión.

Reitero en este sentido algo que escribí recientemente en relación con el texto y contexto de lo que he expuesto anteriormente, a través de un informe denominado Sociedad expulsada y derecho a ingresos, presentado en Madrid, el pasado mes de octubre, por parte de Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), donde se analizaba el alcance de la pandemia en la cohesión social en España, con datos bastante preocupantes que se resumen en una frase: 11 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social en España, seis millones de ellas se encuentran ya en exclusión severa, lo que ocasiona un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población y en el que figuraban unas conclusiones de las que destaco hoy las siguientes:

  • Después de un año y medio, un primer impacto de esta crisis es un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población. Se está produciendo un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Podríamos describir la situación actual del eje integración-exclusión como una sucesión de estanques y cascadas donde ha habido un trasvase desde la integración plena, que pierde caudal, a la integración precaria, de ahí a la exclusión moderada y, por último, a la exclusión severa, que es el que más crece en volumen. La consecuencia directa de esto es que 11 millones de personas en nuestro país viven en situaciones de exclusión social; son 2,5 millones más que en 2018. Una primera factura en forma de exclusión social y de empeoramiento de las condiciones de vida que están pagando muchas personas con las que convivimos a diario (familiares, vecinos y vecinas) y con las que compartimos sociedad y futuro.
  • El espacio de exclusión social se ha incrementado, donde lo que más ha crecido es el último estanque, el de aquellas situaciones más críticas. Una realidad de exclusión severa que, fruto de la pandemia, ha pasado de afectar a 4 millones de personas en 2018 a los más de 6 millones de la actualidad.
  • El empleo y la de la vivienda, se evidencian como dolencias estructurales de nuestra sociedad y como derechos vulnerados para un gran número de personas independientemente de que el contexto económico sea de crecimiento o de crisis.
  • La dimensión de la salud también ha empeorado tanto en el bienestar y en la exposición a la dependencia, como en la falta de capacidad económica para afrontar las necesidades médica.
  • Si bien el nivel de estudios continúa siendo un elemento protector contra la exclusión cada vez lo es menos, tal y como demuestra el hecho de que la exclusión que más crece es la que se da entre los hogares encabezados por una persona con estudios universitarios.
  • La pandemia sí está erosionando con fuerza la calidad de las relaciones en los hogares, duplicándose el número de aquellos cuyo clima de convivencia presenta dificultades serias.
  • La brecha digital está suponiendo una pérdida de oportunidades en diversos ámbitos como el empleo, la educación, las ayudas de la administración pública o las propias relaciones sociales. Esta situación de desigualdad conlleva la perpetuación y profundización de situaciones de desventaja preexistentes, pero, además se ha impuesto como un nuevo factor de exclusión social causando incluso el alejamiento la posibilidad de una participación plena en la sociedad para las personas y familias que la sufren.
  • La pandemia ha intensificado unas situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante, cronificando una clara posición de desventaja que se evidencia en una clara sobrerrepresentación de este grupo en el espacio de la exclusión (38%), y que es aún más marcada en el de la exclusión severa (65%).
  • Más de dos tercios de los hogares en pobreza severa no lo han solicitado (el 67,8%). Es importante resaltar también que un 6,2% de hogares lo han intentado, pero han encontrado barreras para realizar el trámite de forma presencial o telemáticamente. Finalmente, tan solo el 25,9% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite con éxito. Un 15,6% lo ha solicitado telemáticamente y un 10,3% de forma presencial.
  • Es preciso y urgente corregir las principales trabas del acceso al Ingreso Mínimo Vital, que excluye a determinados hogares y personas que mejorarían sus condiciones de vida si tuviesen esta prestación, siendo introducidas algunas modificaciones en su normativa actual, y reconociendo que este instrumento de protección social constituía una necesidad y una demanda previa a la llegada de la crisis sanitaria.

Lo escribo para que no se olvide ni siquiera un momento: algo muy preocupante está pasando con la tramitación administrativa de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Lo peor de todo es que a diferencia de la famosa frase de Ortega y Gasset, ahora sí sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, saber lo que pasa con el IMV y no actuar urgentemente de la forma adecuada.

NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, publicado en 2020 por la ONG Save the Children

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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