Día: 23 de junio de 2022

Sevilla, 23/VI/2022

Ayer se publicó el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales que elabora anualmente la Asociación Estatal de Directoras y gerentes de Servicios Sociales, correspondiente a 2021, que se viene publicando anualmente desde 2012, cumpliendo este año su décimo aniversario. En este índice se hace balance de cómo han evolucionado los Servicios Sociales en una década en la que han ocurrido dos acontecimientos de indudable importancia y repercusión crítica: el descalabro económico que se inició en 2009, “con los grandes recortes presupuestarios que se prolongaron hasta 2014, y la gran crisis provocada por el covid19 en 2020 y 2021”. Según la citada Asociación , el resultado ha sido el siguiente:

Ordenación del Sistema: todas las Comunidades tiene Ley de nueva generación, salvo Madrid, que está en fase avanzada de elaboración. En 2011 sólo 11 Comunidades tenían Ley. Así mismo, si en 2011 eran 5 las Comunidades que tenían Catálogo de Servicios Sociales, en 201 son 9. Y frente a las 2 Comunidades con planificación estratégica en 2011, son 11 en 2021. 

Relevancia económica. Se incrementa un 26,2% el gasto por habitante y año (350 € en 2019 / 446,9 en 2020), así como 0,28 puntos porcentuales la significación sobre el PIB (1,60% en 2011 / 1,88% en 2020). Pero se reduce en 0,36 puntos el porcentaje del presupuesto que las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) destinan a servicios sociales (8,14% en 2011 / 7,78% en 2020). Cada vez es mayor el porcentaje de financiación local y menor la autonómica sobre el gasto total en servicios sociales. Si en 2012 esta proporción era 83,3% CCAA y 14,6 EELL, en 2020 pasa a ser 69,4% CCAA y 30,6% EELL. 

Prestaciones y servicios. Mejoran la mayor parte de los indicadores de cobertura, destacando la ratio de profesionales por habitante en las estructuras básicas (pasando de un profesional por cada 3.765 habitantes, de media, en 2012, a uno por cada 2.064 en 2021), y las plazas de alojamiento para personas sin hogar (34,5 por cada 100.000 habitantes en 2011, 41,2 en 2020). En el resto el incremento es reducido, como las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores (2,37% en 2011 / 2,70% en 2020) o la ayuda a domicilio (4,4% en 2011 / 5,1% en 2020). Hay incluso indicadores que empeoran en esta década: la intensidad de la Ayuda a Domicilio (19,3 horas de media mensual en 2011 / 17,8 en 2020) o los acogimientos familiares a menores sobre el total de acogimientos (60,4% en 2011 / 50,1% en 2020).

Si importantes son los resultados en el ámbito estatal y las consiguientes comparaciones entre Comunidades, quiero detenerme especialmente en el Informe de Valoración del Desarrollo de los Servicios Sociales por Comunidades Autónomas, 2021, por su especial incidencia en lo que ha sucedido en Andalucía y como una oportunidad para que desde el nuevo Gobierno y la oposición se trabaje ante sus resultados para plantear las mejores respuestas posibles. Siguiendo con los parámetros expuestos anteriormente como resumen general, la evolución del Índice DEC Andalucía 2’12-2021 obtiene una calificación global de DÉBIL (dec, 5,15), suponiendo una tendencia de contención, estable, al ocupar el puesto nº 11 en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales: “Su puntuación global se mantiene estable respecto a la anterior aplicación, todavía una décima por debajo del nivel alcanzado en 2017”.

Según el Informe y en relación con el primer parámetro citado, reconocimiento de reconocimiento de derechos y ordenación del Sistema, hay que recordar que “la Ley de 2016 y su planificación supusieron un importante avance para el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía. Pero la falta de aprobación del Catálogo cuatro años después, penaliza este apartado del Índice y le impide mejorar su clasificación. En cuanto a la relevancia económica. “aunque las Administraciones Públicas de Andalucía siguen reduciendo la relevancia económica de sus servicios sociales, en términos absolutos el gasto corriente por habitante y año aumentó un 6,74% en 2020 (401,36 €) respecto a 2019 (375,99 €), que sigue por debajo de la media estatal (446,93 €). Con un incremento de 28 décimas respecto al año anterior, el porcentaje que supone el gasto de la Comunidad y de las Entidades Locales en servicios sociales respecto al PIB regional alcanzó el 2,26% en 2020, superando el de años anteriores, manteniéndose por encima de la media estatal (1,88%), como ocurre de manera sistemática”.

Otro apartado importante es el porcentaje del gasto en servicios sociales que realiza la Junta de Andalucía y las Entidades Locales (EE.LL.) de Andalucía, porque aunque “es superior a la media estatal (+0,28 puntos), registra un fuerte descenso de 1,83 puntos en 2020 (8,06%) respecto al año anterior (desciende en 2020 1,83 puntos respecto al año anterior (9,89%). La Junta de Andalucía aporta el 71% del presupuesto total de los servicios sociales en esa Comunidad, mientras que el 29% restante corresponde a las Entidades Locales de su territorio. Unos porcentajes muy parecidos a los que se registran, como media, a nivel estatal, aunque la significación del presupuesto de la Junta es 1,9 puntos superior y, en consecuencia, la de las Entidades Locales 1,9 puntos menos”.

Asimismo, hay cuatro aspectos importantes en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, en los que destaca Andalucía:

– La cobertura de su red de servicios sociales comunitarios, con un profesional por cada 1.810 habitantes, cuando la media estatal es de uno por cada 2.064.

– La Atención a la Dependencia, con una puntuación de 7,5 puntos en la Escala del Observatorio de la Dependencia, la tercera más alta de todas las Comunidades.

– La cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio, del que se benefician en Andalucía el 6,8% de las personas mayores de 65 años, frente al 5,1% de media estatal.

– El Servicio de Teleasistencia, que alcanza al 15,3% de las personas mayores de 65 años (10,0% de media estatal).

Sin embargo, hay que señalar también los principales déficits de cobertura:

– La cobertura de sus Rentas Mínimas de Inserción, que solo alcanzaban al 5,4% de la población bajo el umbral de la pobreza en Andalucía, frente al 9,0% de media estatal.

– Las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años, con una cobertura del 1,96%, frente a 2,65% de media estatal.

– Las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con 7,1 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección en Andalucía (11,4 de media estatal).

– Las plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 25 plazas por cada 100.000 habitantes en Andalucía, frente a 41,2 de media estatal.

Creo que lo expuesto anteriormente son datos fiables para comenzar a diseñar, Gobierno y Oposición, una agenda de atención urgente y prioritaria a los Servicios Sociales en Andalucía, constatándose también que es un problema de Estado, porque las desigualdades entre Comunidades son clamorosas, tal y como se puede analizar con detalle en los índices citados. Se deberían abordar con carácter de urgencia también, normas sustantivas que establezcan índices mínimos de atención inexcusables para salvaguardar el interés general en los servicios sociales del país.  

Una vez más y visto lo expuesto en los dos informes de referencia, vuelvo a reivindicar mi sueño de que es posible transformar la sociedad andaluza, no sólo cambiarla, estando muy cerca de los nadies de Galeano, en particular, a los que no olvido, así como de la lucha por un mundo y un país mejor. Lo digo porque creo que entre todos podemos construir una sociedad mejor, sin excluir a nadie en esta preciosa tarea, en la que los servicios sociales atienden a los que más lo necesitan, en un equilibrio digno de salvaguarda del interés general. Los déficits sociales señalados, entre otros muchos, son un test para comprobar dónde estamos y qué debemos hacer. Ya no hay excusas.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.