– Aplicar políticas transversales con el objetivo de hacer fácil la adaptación de la sociedad a la realidad digital, avanzar en la digitalización del conjunto de la economía, de la administración y de la sociedad asegurando la igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías y el reconocimiento de los nuevos derechos vinculados a las TIC.
– Sociedad del conocimiento, sociedad red. Las tecnologías digitales han supuesto una auténtica revolución que nos trae una nueva sociedad: la sociedad en red. Estos nuevos tiempos requieren nuevas políticas. Para el PSOE es fundamental que los valores progresistas (la igualdad, la libertad y la justicia social) impregnen esta nueva realidad que afecta a todas las personas y a todo. Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII): una red de centros tecnológicos, inspirados en los Advanced Manufacturing Institutes de EEUU y el Fraunhofer-Institut de Alemania.
– La informatización y digitalización de todos los aspectos de nuestra vida profesional y cotidiana requiere medidas contra la brecha digital entre personas de diferentes edades, formación, género o situación geográfica.
– Poner en marcha una Estrategia para potenciar el Conocimiento en la Sociedad Red, que incluirá la creación de espacios de acceso a la formación en el uso avanzado de aquellas herramientas necesarias para tener acceso a la información y la participación, a través de una metodología de aprendizaje que permita acceder a la información y contrastarla, centros públicos de acceso que ya existen en algunas comunidades autónomas, con especial implantación en el medio rural.
• Activar planes para reducir la brecha digital, en cooperación con las CCAA y el sector TIC, con acciones específicas destinadas a colectivos con más riesgo de exclusión digital: personas mayores, personas con bajo nivel de estudios, el espacio rural, personas autónomas y/o micro pymes sin presencia en la red o uso de herramientas TIC para la productividad.
• Crear el Plan para la educación digital a personas jubiladas y mayores de 65 años que permita su incorporación a la sociedad digital y abrirles nuevas perspectivas del conocimiento y relación social.
• Impulsar un plan de igualdad específico para reducir la brecha digital en materia de género, que facilite y promueva una mayor presencia en la Sociedad Digital de las mujeres como creadoras de contenidos en la red y promotoras de proyectos TIC.
• Impulsar el plan “Educación Digital” para promover la utilización de contenidos, recursos y herramientas digitales en todos los niveles del sistema educativo y garantizar la igualdad de oportunidades durante la etapa de aprendizaje, fomentando la divulgación digital y la innovación, incluyendo el aprendizaje de lenguajes de programación, ética digital y ciberseguridad e incorporando el uso de tecnologías
digitales en el proceso de aprendizaje, creando nuevos perfiles formativos que den respuestas a las necesidades de la era digital y haciendo especial hincapié en la ética aplicada al mundo digital y al control de los problemas derivados de la ciberseguridad.
• Poner en marcha un plan soporte a la transformación y adaptación de los medios de comunicación, liderando la consecución de un acuerdo entre agregadores de noticias y medios de comunicación, salvaguardando los derechos a la información de la ciudadanía.
• Crear un Plan para el Conocimiento Público, Accesible y Universal en Red, en formatos libres y reutilizables, de los contenidos de conocimiento generados por la Administración General del Estado (estudios, libros, investigaciones).
• Establecer planes de colaboración de las instituciones públicas con espacios que generan, agregan y permiten el acceso al conocimiento libre, abierto, compartido y de calidad en la red.
• Promover el uso de fuentes abiertas por parte de las administraciones públicas, recuperando el CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación) como centro autónomo y específico.
• Fomentar la participación de la sociedad y el aprovechamiento de las iniciativas ciudadanas ya en marcha para extender un tejido comunicativo en el entorno Red fundamentado sobre los datos abiertos (opendata) y los espacios digitales abiertos.
• Facilitar, en colaboración con las CC.AA., el acceso a la red a todas las zonas rurales, incluidas las de mayor dispersión, dado que facilita la posibilidad de comunicación en tiempo real, el acceso a la formación a distancia y a la sociedad del conocimiento, las relaciones económicas de zonas aisladas y, sobre todo, permite el arraigo y consolidación de las personas en sus áreas de residencia y producción, evitando la desertización del campo.
• Adoptar las medidas necesarias para ofrecer acceso en todo el territorio a banda ancha de calidad para que haya conexión en igualdad de oportunidades para todo el mundo.
• Promover un precio asequible de acceso a internet, con el objetivo de que el servicio, a igual velocidad y calidad, no cueste más que el coste medio del mismo en los países de la UE.
• Aprobar una Ley para regular el desarrollo de los derechos digitales que incluirá:
o Derecho a la formación digital para acceder a todas las oportunidades que ofrece la sociedad en red. En la sociedad red la brecha digital es una brecha de oportunidades.
o Derecho a la neutralidad de red como garantía de un internet abierto, equitativo, innovador y en libertad. Los servicios de conexión a internet fijo o móvil deben garantizar a todo el mundo: el mismo acceso a todos los espacios de internet, que no se ralentice ni corte tráfico alguno, sea del tipo que sea y que todo ello tenga el origen y destino que tenga, salvo los casos específicos de gestión adecuada de red y de legalidad.
o Derecho a la privacidad y protección de datos personales. Hay que garantizar un marco legal efectivo de protección de datos personales, que permita operar de forma consciente, informada y transparente en la relación entre proveedor de contenidos y persona usuaria.
o Derecho a la seguridad y secreto absoluto de las comunicaciones electrónicas y de los datos que circulan por la red, con las salvaguardas de legalidad adecuadas.
o Derecho a la reparación y rectificación en el caso de publicación de posibles delitos o actos en que posteriormente se pruebe su falsedad.
o Derecho al conocimiento, acceso y reutilización de los datos generados y en poder de las administraciones públicas, adoptando una estrategia integral de open data o apertura de datos. Así como también a disfrutar de las innovaciones, creaciones, productos no fungibles y conocimiento generado con presupuesto público.
o Derecho a la gestión del patrimonio y la huella digital.
o Derecho al olvido. Capacidad de borrar la huella digital a petición, siempre que sea razonable, y a disponer de nuestro patrimonio digital (cuentas de correo, de redes sociales, etc.) libremente, pudiendo decidir en cualquier momento que sus contenidos sean borrados o transmitidos libremente a los herederos.
– Innovación administrativa al servicio a la ciudadanía
• Modificar la regulación de los procedimientos administrativos para que desaparezcan definitivamente todas las cargas administrativas que no se deriven de una exigencia de interés general.
• Establecer la cobertura legal y normativa necesaria para propiciar la innovación y la adaptabilidad tecnológica en las Administraciones públicas. Crear un laboratorio de innovación pública con la participación de los particulares y de los propios empleados públicos.
• Retomar los niveles de inversión en tecnologías de la información para obtener una Administración al servicio de la ciudadanía más simple, más ágil, más cercana, y más participativa, ofreciendo servicios electrónicos de la máxima calidad.
• Hacer realidad la Administración sin papeles y la interoperabilidad real entre e intra las administraciones mediante el uso obligatorio de plataformas y sistemas de tramitación electrónicos.
• Extender a todos los procedimientos de la Administración del Estado la posibilidad de utilizar la notificación electrónica. Avanzar hacia la existencia de un registro electrónico único y simplificar el sistema de identificación digital de la ciudadanía ante la Administración.
• Aprobar un Estatuto de los derechos de la ciudadanía en relación con la Administración electrónica que establezca con mayor claridad los derechos y garantías de calidad, de responsabilidad, de seguridad y de gratuidad en el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos electrónicos, además de constituir un auténtico marco relativo a la privacidad y protección de datos. Estableceremos igualmente las condiciones para que la información pública sea abierta y reutilizable.
• Rendir cuentas de manera permanente por parte de las Administraciones públicas ante la ciudadanía. Para cada ámbito de actividad se crearán sistemas de objetivos, variables e indicadores que garanticen el seguimiento continuo y permitan a quienes desarrollan la acción política, la gestión así como a la ciudadanía valorar la eficacia y el impacto de cada actuación pública. Los resultados servirán para proseguir, modificar o abandonar, en su caso, los distintos programas, así como para exigir las responsabilidades que pudieran deducirse por un uso inadecuado de los recursos públicos.
• Impulsaremos el diseño de políticas públicas y de planes estratégicos, así como la evaluación de políticas y programas públicos para mejorar la eficacia, el impacto y la rentabilidad del gasto público. Reforzaremos el papel de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos, dotándola de medios adecuados, y propiciaremos la participación de la ciudadanía en la mejor gestión de los Servicios Públicos.
– Fomentar la constitución de pymes y cooperativas de profesionales para la constitución de empresas de información digital.
– Economía 4.0 más productiva. Es necesaria la digitalización. Por tanto, hay que elaborar una Estrategia Integral para la Transformación Digital de España que contenga: (1) una hoja de ruta con medidas: la Agenda Digital 2020, (2) una institucionalidad público-privada para gobernarla: el Consejo Nacional para la Transformación Digital y (3) un instrumento para seguir y hacer transparente el progreso de su aplicación: el Observatorio Digital. Esta iniciativa se hará dando participación sector privado, el tercer sector, la ciudadanía y la Universidad. Propuestas:
1. Conectividad digital de calidad para todos.
2. Servicios públicos digitales para un Gobierno innovador, accesible y abierto.
3. Un nuevo modelo económico basado en la Economía Digital y la Sociedad de la Información.
4. Competencias para la inclusión y formación digital.
5. Garantía y promoción de los derechos en la era digital.
– Propuestas de arquitectura inicial del Plan 2030 para el Desarrollo del Mercado Digital de Contenidos y apoyo a la industria cultural.
– Presencia digital en la economía colaborativa.
– Debemos asegurar que los ciudadanos y ciudadanas jueguen un papel activo en la gestión de su enfermedad con la ayuda de las TIC y luchando para superar también la brecha digital en este ámbito.
Hay que acelerar la revolución digital y tecnológica en la Sanidad, con las siguientes propuestas:
1. Desarrollar un Plan estratégico para la renovación tecnológica del Sistema Nacional de Salud con criterios de eficiencia, mediante acuerdos con la industria y las CCAA, para la aplicación de un proceso de compra planificada que permita una inversión que asegure la mejor calidad asistencial.
2. Reorientar la inversión digital hacia el apoyo de los clínicos con el fin de mejorar la calidad de cuidados.
3. Facilitar el acceso a sistemas de apoyo a la decisión clínica a los profesionales.
4. Promover la utilización a escala de avances tecnológicos como los tele-cuidados y la telemonitorización.
5. Extender la prescripción electrónica interoperable en todo el territorio nacional. Es necesaria la alfabetización digital de la personas mayores, debiéndose universalizar el acceso virtual a la historia clínica individual.
– Impulsar la alfabetización digital y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de las personas mayores.
– Impulsar un Plan Concertado con las CCAA para la promoción del envejecimiento activo en entornos rurales que incluya luchar contra la brecha digital, generalizar programas de teleasistencia y programas interactivos. |
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