Categoría: Administración digital

Sevilla, 4/V/2022

Es muy importante conocer la empresa que está detrás del programa de software espía Pegasus, NSO Group, para emitir juicios bien informados sobre los últimos acontecimientos de espionaje de Estado que hemos conocido en nuestro país. Fue fundada por tres exmilitares israelíes pertenecientes a la unidad especializada en SIGINT o inteligencia de señales de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), cuyas iniciales de sus apellidos, Niv Carmi, Shalev Hulio y Omri Lavie (NSO), conforman la denominación del grupo empresarial, siendo importante señalar que el programa Pegasus necesita siempre la autorización del Ministerio de Defensa de Israel para poder ser vendido a terceros. En su página web oficial, aparece en el apartado de Noticias una muy reciente, de 1 de abril de 2022, en la que se informa que la revista TIME dio a conocer el pasado 31 de marzo las 100 empresas que tienen un impacto extraordinario en todo el mundo, “elegidas por su relevancia, impacto, innovación, liderazgo, ambición y éxito en sus respectivas industrias y por su participación en la configuración del futuro. NSO Group se enorgullece de ser una de estas 100 empresas más influyentes y una de las dos empresas israelíes en esta lista. Es un honor y un orgullo que los editores y corresponsales de TIME en todo el mundo, así como los expertos de la industria, reconozcan a NSO Group por su liderazgo, innovación y el impacto que está teniendo. Nuestros empleados continuarán desarrollando y brindando a nuestros clientes nuestras tecnologías para salvar vidas que son esenciales para la seguridad global”. En concreto, NSO Group figura en el apartado dedicado a “disruptores”, personas u organizaciones que rompen con lo habitual mediante “un proceso o un modo de hacer las cosas que supone una “rotura o interrupción brusca” y que se impone y desbanca a los que venían empleándose” (1).

La empresa NSO informa en su página web oficial que su Misión es “trabajar para salvar vidas y crear un mundo mejor y más seguro”, junto con cuatro valores perfectamente identificados: responsabilidad, adoptando un enfoque pionero para aplicar estándares rigurosos y éticos en todo lo que hace: “nuestra metodología de investigación de antecedentes incluye un estricto proceso de concesión de licencias de la autoridad de control de exportaciones pertinente, así como una revisión interna detallada y estructurada conforme a nuestra Política de derechos humanos, que revisa y proporciona recomendaciones y decisiones para cada oportunidad de marketing. Nuestro proceso establece un punto de referencia para la industria”; integridad: “estamos comprometidos con el uso adecuado de nuestra tecnología, para ayudar a las agencias gubernamentales de seguridad e inteligencia a proteger a sus ciudadanos contra el terror, el crimen y otras amenazas importantes a la seguridad. Tomamos este compromiso con seriedad e investigamos cualquier acusación creíble de mal uso del producto”; excelencia: “tenemos un historial de éxito. Nuestra tecnología ha ayudado a los gobiernos a salvar miles de vidas, prevenir ataques terroristas, acabar con los principales delitos y hacer del mundo un lugar más seguro y, finalmente, audacia: “creemos que el éxito debe ser intrépido. En NSO, junto con una comprensión profunda de nuestras responsabilidades comerciales, hacemos hincapié en ser audaces pero responsables”.

He querido profundizar en el conocimiento de la empresa propietaria del programa Pegasus porque muchas veces se ataca sin piedad a estos avances científicos que, en este caso como en muchos otros, con una correcta utilización, pueden ser muy beneficiosos para la humanidad, como así se le reconoce. El problema radica en el uso inadecuado de los mismos, al ser tecnologías de doble uso. NSO desarrolla programas de amplio espectro “para ayudar a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir el terrorismo y el crimen” para que puedan abordar legalmente los problemas más peligrosos del mundo actual. Aplicando el principio de realidad, estos programas ayudan a “prevenir el terrorismo, incluida la violencia armada, los coches bomba y los terroristas suicidas en centros de transporte, parques públicos, mercados, salas de conciertos, estadios deportivos y otras áreas públicas”. También, a “desmantelar la pedofilia, las redes de tráfico sexual y de drogas y las operaciones de lavado de dinero, encuentra y rescata a niños secuestrados y asiste a los equipos de búsqueda y rescate de emergencia (SAR) en la localización de sobrevivientes atrapados debajo de edificios derrumbados a raíz de desastres naturales o fallas en la construcción”.

El recorrido empresarial de NSO no es que deje tranquilo a nadie, porque en la actualidad es propiedad de un fondo de inversión americano y de dos de sus fundadores, que lo volvieron a comprar en una parte significativa del mismo. Las acusaciones de espionaje fraudulento por parte de la empresa ha sido una constante en los últimos años, habiendo sido calificada negativamente por el Gobierno de los Estados Unidos en época reciente, aunque el reconocimiento otorgado en TIME es también una contradicción americana de amplio espectro. Sabemos que la Administración del presidente Joe Biden incluyó el año pasado a NSO en la lista negra de empresas vetadas en contratos públicos, mientras que la prestigiosa revista TIME la eleva a los altares del progreso digital. El mundo al revés, digital por supuesto, está servido: con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies, que diría Eduardo Galeano.

Una cosa más. Pegasus fue creado en 2011 y desde entonces se sabe que NSO lo ha vendido a 60 agencias militares, de inteligencia o de seguridad, en 40 países de todo el mundo, entre los que está España. Volvemos a encontrarnos con un “clásico digital” ante lo sucedido en estos días en nuestro país, es decir, el uso indebido de tecnologías que nacen precisamente para un buen fin y acaban utilizándose en muchas ocasiones para otro bien distinto. He citado en bastantes ocasiones en este cuaderno digital esta dialéctica digital, con un ejemplo que vale más que mil palabras. Cuando he tratado el constructo inteligencia digital, ya he señalado en muchas ocasiones un hecho irrefutable que, ahora con Pegasus, se hace más patente: junto a la correcta utilización de las tecnologías digitales, es de imperiosa urgencia y necesidad superar el uso no racional de las mismas, entendida la citada inteligencia digital, en una de sus acepciones, que he definido durante muchos años y en diferentes publicaciones, como la “capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando han superado la dialéctica infernal del doble uso”, que lo ejemplificaba con un dato clarificador al respecto: la utilización de los descubrimientos electrónicos para tiempos de guerra y no de paz, como en el caso de los drones o de la fabricación de los chips que paradójicamente se usan lo mismo para la última versión de la consola PlayStation que para los misiles mortíferos Tomahawk. Ese es el principal reto de la maravillosa inteligencia, digital por supuesto, porque vivimos en la sociedad red, que puede ser a la vez maravillosa o malvada, en función de cómo se use.

Utilizando la simbología que nos proporciona la mitología griega, muchos jinetes internacionales han montado sobre Pegasus, como Belerofontes redivivos, para matar a la Quimera del Mal de cada territorio donde se ha aplicado. Tal ha sido su mala fama, que ha acabado siendo odiado por muchos que en su momento lo utilizaron, aunque aspiraron alguna vez a ascender hasta el Olimpo Político de cualquier cuño, a lomos de él. Sin embargo, el tábano de la democracia ha clavado ya su aguijón en el lomo de Pegasus y los beloforontes actuales van cayendo de Pegasus uno tras otro, aunque todavía quedan jinetes que lo montan a diario sin escrúpulo alguno. A pesar de todo, muchos mandatarios actuales de diferentes Gobiernos, una vez descabalgados, añoran reencontrarse con Pegasus en la constelación que, finalmente, encontró este caballo alado para perdurar en la mente de todos. También, porque en la mente de estos poderosos mediocres se aloja la idea de que el ocaso de la democracia está más cerca de nosotros de lo que pensamos y sin necesidad siquiera de volar a lomos de Pegasus, sin ir más lejos. Estamos avisados.

(1) «disrupción», «disruptivo» y «disrumpir» | FundéuRAE (fundeu.es)

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Sevilla, 14/I/2022

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939), Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Vuelvo a abordar un asunto de gran transcendencia para el país, la transparencia de los poderes públicos y más concretamente, la presupuestaria, en los términos que expuse en mi artículo del pasado 14 de octubre de 2021, en el que trataba de la excelente aportación de la Fundación CIVIO para comprender de forma sencilla e intuitiva lo que significan los Presupuestos Generales del Estado para este año. Cambiando lo que hay que cambiar, vuelvo a ofrecer su contenido, actualizado en su aspecto formal, pero manteniendo la esencia de su fondo.

La verdad es que ignoramos cuánto valen las cosas públicas, mucho más por los años que llevamos instalados en la corrupción pública a todos los niveles, donde todo necio confunde valor y precio. También, por la falta de transparencia real y efectiva para conocer el recorrido completo del presupuesto, gasto y evaluación del dinero público, una tríada capitolina para el empoderamiento auténtico de la población. Una vez más acudo a la Fundación CIVIO, que ya he citado en diversas ocasiones en este cuaderno digital, para intentar comprender bien qué significan los Presupuestos Generales del Estado para 2022, porque “como pasa cada año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan su consulta”.

La Fundación informó ayer que han actualizado la herramienta ¿Dónde van mis impuestos? con los presupuestos generales definitivos y aprobados para 2022. Actualizando este proyecto año tras año, desde 2011, la Fundación, en primer lugar, “quiere facilitar al máximo su consulta y su comprensión, incluso para personas sin ningún conocimiento previo. Lo segundo, poner en contexto las grandes y pequeñas cifras, mostrar la evolución de cada una de ellas y ayudar a encontrar partidas concretas. Y, lo tercero, hacer -extrayendo la información y convirtiéndola en reutilizable- lo que consideramos que debería realizar el propio Ministerio de Hacienda: eliminar barreras a la transparencia y al derecho a entender datos tan relevantes”; “aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno de coalición. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan”.

Continúan informando que aunque suene a algo repetitivo en su labor informativa “esto es una previsión del gasto, y no se corresponde con lo que finalmente se acabará gastando. Eso último se denomina ejecución presupuestaria, y es uno de nuestros campos de batalla en lo que a transparencia se refiere. Hace años que pedimos a Hacienda que facilite los datos de ejecución de forma completa y con la misma estructura que los presupuestos. La ejecución sigue siendo un gran punto ciego. Si tuviéramos acceso a los datos de ejecución bien desglosados, podríamos exigir transparencia sobre los desvíos presupuestarios. Por ejemplo, los del Ministerio de Defensa, que todos los años gasta millones por encima de lo presupuestado”. A partir de aquí ofrecen un servicio excelente: “Si quieres descargar y toquetear tú los datos, te hacemos la tarea más fácil. Los hemos procesado automáticamente y aquí te los proporcionamos en formatos reutilizables”.

Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia de los Gobiernos es el resultado también de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras analógicas y atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, conocer a fondo los Presupuestos Generales del Estado para 2022, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, estratégica, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien los Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y co-director de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Es muy importante entrar en esta página web de la Fundación CIVIO para comenzar a comprender bien las bases presupuestarias que asientan o no la democracia en este país y los pilares económicos, no inocentes por cierto, que la sustentan a partir de una pregunta transcendental, ¿Dónde van mis impuestos?, con tres proyecciones políticas esenciales, Ingresos, ¿Cómo se gasta? Y ¿En qué se gasta? Acceder a todos los datos es posible y CIVIO nos ofrece esta oportunidad de emitir juicios bien informados, la base de toda evaluación que debemos hacer como ciudadanos responsables. Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, como en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Entren y vean. Le aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán, de nuevo, que el Presupuesto de este país, como el de la Comunidad en la que cada uno reside, puede y debe ser cosa de todos. Ahora, gracias a CIVIO y a su dirección y equipo de trabajo, sin dejar a nadie atrás, por hacerlo posible.

(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN:José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

No sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa

José Ortega y Gasset (1883-1995), en Lección VIII del curso En torno a Galileo, impartido en la Universidad Central de Madrid, en 1933.

Sevilla, 15/XI/2021

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de nuestro país ha publicado una Nota de Prensa que no deja indiferente a nadie, con datos facilitados oficialmente por Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 3 de cada 4 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido denegadas (73%), casi 100.000 están pendientes de resolver, sólo el 8,0% de la población (799.203 personas) que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia del ingreso mínimo vital. La cuantía media de la prestación por beneficiario es de 172 euros mensuales y a pesar de la crisis social, el IMV no ejecuta ni la mitad del presupuesto anual, lo que se traduce en que en nueve meses la Seguridad Social sólo ha desembolsado 1.400 millones de euros de los 3.000 anuales previstos.

Estos datos se concretan todavía más en la Nota de la Asociación citada cuando se afirma que un 8,04% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, el 1,7% de la ciudadanía, que la cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, donde hay Comunidades Autónomas que únicamente tienen una cobertura menor al 6%, como Cataluña (4,9%) Canarias (5,5%), Baleares (5,8%) o Castilla La Mancha (5,6%). La nota destaca el esfuerzo de Navarra con un 22,2% de cobertura, Comunidad que ha realizado la pasarela desde su sistema de Rentas Mínimas, seguida por Melilla (20,3%) y Ceuta (19,4%). Quizás sea lo más demostrativo de la desigualdad actual y del escaso impacto social de esta Ley el dato de que tres de cada cuatro solicitudes han sido rechazadas. Ante la pregunta que da título a este artículo la respuesta de la Asociación es rotunda: la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos es una causa determinante de tantas denegaciones, porque la desestructuración personal y familiar de muchas personas solicitantes no cabe en un formulario estándar.

De nuevo los datos son contundentes según esta Asociación: “Hasta septiembre de 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aun sin resolver (97.513)”. Es escalofriante el dato siguiente: de las solicitudes resueltas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000, denegadas: ”Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio Ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia, a solicitud de nuestra Asociación, reconoce que el 60% de las aprobados y 27% denegados, el 73% de denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio); hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia; otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo”. Esta última condición sin la cual no es posible obtener el IMV está presente actualmente en un amplio debate social, porque casos como los de mujeres maltratadas, que salen de su legítimo hogar no pueden rellenar la casilla correspondiente del cuestionario por razones obvias de seguridad y así múltiples casos de desarraigo y convivencia en hogares diversos.

El Real Decreto-ley que regula el IMV nació con una pretensión muy clara: que llegara a cubrir las necesidades de 2.300.000 personas, pero la realidad terca es que casi un año y medio después de su aprobación, sólo se ha concedido el IMV a 800.000 personas, poco más de una tercera parte (35%) de los beneficiarios previstos por el Gobierno. En ese sentido la Asociación dice textualmente que se está produciendo en el Congreso de los Diputados un debate en la actualidad para que mejore la regulación del Ingreso Mínimo Vital y “doblegue al legislativo en sus pretensiones de control al pobre a través de estrictos e injustos requisitos y la complejidad de los procedimientos”.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos de expedientes por provincias (detalle de Andalucía).

En este sentido, un dato que considero de interés como radiografía de que algo está pasando en la tramitación de los expedientes administrativos para recibir este ingreso mínimo vital es el siguiente, facilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mediante una nota de prensa de La Moncloa, a 13 de septiembre de este año: sobre el total de 320.580 expedientes tramitados en Andalucía (mi Comunidad), el 68,20% han sido denegados, exactamente 218.660, siendo 1.244.029 el total en España de los expedientes tramitados, de los cuales se han denegado 888.458, lo que supone un 71,41% del total. Estas cifras de denegación, en una media del 70%, deberían ser una llamada de atención sobre lo que está ocurriendo un año y medio después de la publicación del Rea Decreto-ley que ampara esta prestación social de importancia vital para nuestro país. Es una situación que matizo con datos exactos y que figura en la Nota de Prensa citada al comienzo de estas palabras.  

Desde este humilde canal de comunicación celular escribo estas líneas a modo de denuncia para romper silencios cómplices en asuntos tan delicados como el aquí expuesto. La frase final del informe es rotunda y abunda en la necesidad de una actuación urgente en el ámbito legal y regulador de este ingreso: “Los 337.000 expedientes aprobados alcanzan a unas 800.000 personas, de manera que el Gobierno ha cumplido únicamente con un tercio del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital”. Por cierto, un último dato: “las cuantías medias del IMV (datos de la Seguridad Social facilitados a través del Portal de Transparencia) son de 172 € por persona y 436 € por hogar. Queda en evidencia que se trata de un Ingreso Mínimo, pero no está tan claro que, con estas cuantías, pueda calificarse de Vital. Vital o no vital, esa es la cuestión.

Reitero en este sentido algo que escribí recientemente en relación con el texto y contexto de lo que he expuesto anteriormente, a través de un informe denominado Sociedad expulsada y derecho a ingresos, presentado en Madrid, el pasado mes de octubre, por parte de Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), donde se analizaba el alcance de la pandemia en la cohesión social en España, con datos bastante preocupantes que se resumen en una frase: 11 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social en España, seis millones de ellas se encuentran ya en exclusión severa, lo que ocasiona un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población y en el que figuraban unas conclusiones de las que destaco hoy las siguientes:

• Después de un año y medio, un primer impacto de esta crisis es un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población. Se está produciendo un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Podríamos describir la situación actual del eje integración-exclusión como una sucesión de estanques y cascadas donde ha habido un trasvase desde la integración plena, que pierde caudal, a la integración precaria, de ahí a la exclusión moderada y, por último, a la exclusión severa, que es el que más crece en volumen. La consecuencia directa de esto es que 11 millones de personas en nuestro país viven en situaciones de exclusión social; son 2,5 millones más que en 2018. Una primera factura en forma de exclusión social y de empeoramiento de las condiciones de vida que están pagando muchas personas con las que convivimos a diario (familiares, vecinos y vecinas) y con las que compartimos sociedad y futuro.
• El espacio de exclusión social se ha incrementado, donde lo que más ha crecido es el último estanque, el de aquellas situaciones más críticas. Una realidad de exclusión severa que, fruto de la pandemia, ha pasado de afectar a 4 millones de personas en 2018 a los más de 6 millones de la actualidad.
• El empleo y la de la vivienda, se evidencian como dolencias estructurales de nuestra sociedad y como derechos vulnerados para un gran número de personas independientemente de que el contexto económico sea de crecimiento o de crisis.
• La dimensión de la salud también ha empeorado tanto en el bienestar y en la exposición a la dependencia, como en la falta de capacidad económica para afrontar las necesidades médica.
• Si bien el nivel de estudios continúa siendo un elemento protector contra la exclusión cada vez lo es menos, tal y como demuestra el hecho de que la exclusión que más crece es la que se da entre los hogares encabezados por una persona con estudios universitarios.
• La pandemia sí está erosionando con fuerza la calidad de las relaciones en los hogares, duplicándose el número de aquellos cuyo clima de convivencia presenta dificultades serias.
• La brecha digital está suponiendo una pérdida de oportunidades en diversos ámbitos como el empleo, la educación, las ayudas de la administración pública o las propias relaciones sociales. Esta situación de desigualdad conlleva la perpetuación y profundización de situaciones de desventaja preexistentes, pero, además se ha impuesto como un nuevo factor de exclusión social causando incluso el alejamiento la posibilidad de una participación plena en la sociedad para las personas y familias que la sufren.
• La pandemia ha intensificado unas situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante, cronificando una clara posición de desventaja que se evidencia en una clara sobrerrepresentación de este grupo en el espacio de la exclusión (38%), y que es aún más marcada en el de la exclusión severa (65%).
• Más de dos tercios de los hogares en pobreza severa no lo han solicitado (el 67,8%). Es importante resaltar también que un 6,2% de hogares lo han intentado, pero han encontrado barreras para realizar el trámite de forma presencial o telemáticamente. Finalmente, tan solo el 25,9% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite con éxito. Un 15,6% lo ha solicitado telemáticamente y un 10,3% de forma presencial.
• Es preciso y urgente corregir las principales trabas del acceso al Ingreso Mínimo Vital, que excluye a determinados hogares y personas que mejorarían sus condiciones de vida si tuviesen esta prestación, siendo introducidas algunas modificaciones en su normativa actual, y reconociendo que este instrumento de protección social constituía una necesidad y una demanda previa a la llegada de la crisis sanitaria.

Lo escribo para que no se olvide ni siquiera un momento: algo muy preocupante está pasando con la tramitación administrativa de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Lo peor de todo es que a diferencia de la famosa frase de Ortega y Gasset, ahora sí sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, saber lo que pasa con el IMV y no actuar urgentemente de la forma adecuada.

NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, publicado en 2020 por la ONG Save the Children. 

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Sevilla, 26/X/2021

A Blanca, la protagonista de una novela entrañable de Antonio Muñoz Molina, En ausencia de Blanca, no le gustaba pronunciar la palabra “funcionario”, aludiendo a Mario, su marido. Cuando Blanca quería referirse a las personas que más detestaba, las rutinarias, las monótonas, las incapaces de cualquier rasgo de imaginación, decía: “son funcionarios mentales”. Como “ex” de la Administración Pública, me permito escribir hoy sobre una realidad que viví en mi tiempo público, en su conjunción con el dinero público y el espacio público, a lo que personalmente llamaba “tríada capitolina” para reconocer que estas tres realidades deberían ser “sagradas” para cualquier funcionario durante su ejercicio de la función pública, como fueron en Roma el conjunto de “dioses” que normalmente formaban grupos de tres. Lo hago porque detesto esa realidad que narraba Muñoz Molina en la novela citada. Además, lo hago porque en España es urgente atacar un problema estructural en la Administración, para que se aborde de una vez por todas una nueva forma de “administrar públicamente” el país a través de sus sedes centrales y las de las Comunidades Autónomas o en cualquiera de sus manifestaciones posibles, incluido el teletrabajo.

Los padres de la patria fueron muy sabios cuando sólo dedicaron en la Constitución un artículo a la Administración, el 103, que siempre está bajo la dirección del Gobierno correspondiente, que “ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”, y que dice lo siguiente: “1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

Siendo esto así, la regulación actual de los empleados públicos se encuentra desarrollada en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se recogen los doce “fundamentos de actuación de los funcionarios públicos”: a) servicio a los ciudadanos y a los intereses generales; b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional; c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho; d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres; e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos; g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos; h) Transparencia; i) Evaluación y responsabilidad en la gestión; j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas; k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo y l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.

No es el momento de reproducir el comentario del texto del citado Real Decreto, pero sí de reforzar la denominada tríada capitolina como muestra de que el respeto al espacio, tiempo y dinero, públicos, pueden ser una muestra palpable para la ciudadanía de una nueva forma de ser funcionario en la Administración Pública. Durante mi etapa de empleado público, crecí también junto a la reiterada referencia a Larra, ¡vuelva usted mañana!, en todos los años de dedicación plena a la función pública: educativa, sanitaria y tributaria, construyendo en contrapartida, en mi trabajo diario, lo que llamaba “segundos de credibilidad pública”. Me ha pesado mucho la baja autoestima, ¿larriana?, que se percibía en el seno de la Administración Pública por una situación vergonzante que muchas veces no coincide con la realidad, porque desde dentro de la misma Administración hay manifestaciones larvadas, latentes y manifiestas (valga la redundancia) de un “¡hasta aquí hemos llegado!” por parte de empleadas y empleados públicos excelentes, que tienen que convivir a diario con otras empleadas y empleados públicos que reproducen hasta la saciedad a Larra (a veces, digitalizado, porque el desorden también se digitaliza) y que hacen polvo la imagen auténtica y verdadera que existe también en la trastienda pública. Y muchas empleadas y empleados públicos piensan que la batalla está perdida, unos por la llamada “politización” de la función pública, olvidando por cierto que la responsabilidad sobre la Administración Pública es siempre del Gobierno correspondiente, como he explicado anteriormente, y otros porque piensan que el actual diseño legislativo de la función pública acusa el paso de los años y que la entrada en tromba de las diferentes Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas, obligan a una difícil convivencia de la legislación sustantiva sobre el particular con las llamadas “peculiaridades” de cada territorio autónomo.

Si estamos de acuerdo en que la Administración está sustentada por el Artículo 103 de la Constitución, debemos reconocer que fue un alarde de inteligencia pública de la sociedad española en 1978, no dedicar más que un artículo al difícil entramado que sustenta la función pública, porque la regulación actual del empleado público en este país establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general. La Constitución habla de servicio objetivo a los “intereses generales”, no a los propios del aparato administrativo, a través de cinco principios que deberíamos grabar en letras de oro en la entrada de cada edificio, despacho y oficinas, de base pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y del sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Sabiendo, además, que la tríada capitolina de la Administración obliga a los empleados públicos a respetar sus “fundamentos de actuación” [sic], porque éstos se desarrollan en un espacio público, también privado en alguna ocasión por el teletrabajo pero con entorno digital público, en un tiempo público que se debe respetar de principio a fin porque no es de los “funcionarios” sólo sino, fundamentalmente, de los ciudadanos, a los que hay que atender o en la prestación de servicios a la propia Administración y, finalmente, porque se recibe una remuneración de dinero público que parte de los Presupuestos generales del Estado o de las Comunidades Autónomas correspondientes, en los que la ciudadanía participa a través de los impuestos correspondientes.

Los que defendemos la cultura del deber público, de la ética pública declarada y publicada, hemos acogido siempre con gran satisfacción la regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, lo que llega a constituir un auténtico código de conducta, sabiendo que la condición de empleado público no sólo comporta derechos, sino también una especial responsabilidad y obligaciones específicas para con los ciudadanos, la propia Administración y las necesidades del servicio. Lo importante es defender la “cultura” de lo público que por desgracia está en continuo proceso de demolición por intereses espurios. El constructo “cultura de lo público” tendrá que contrarrestar el estado del arte actual de lo que siente la ciudadanía respecto del servicio público, quizá bien valorado en servicios directos, como ha podido ser el de la salud en la pandemia actual, pero muy criticado en otros ámbitos administrativos y de gestión donde interviene mucho la denostada “burocracia” con tintes de Larra, hecho patente, por ejemplo, en la ralentización de la percepción del Ingreso Mínimo Vital de reciente implantación en el país. Los ciudadanos sabemos apreciar siempre a los empleados públicos que respetan el espacio, tiempo y dinero, públicos, una tríada ética capitolina que no se debería olvidar como “fundamento de actuación”, siendo conscientes de que la «credibilidad pública» cuesta mucho ganarla, pero que se pierde desgraciadamente en segundos de espacio, tiempo o dinero, públicos, mal empleados.

NOTA: la imagen es una fotocomposición en la que figura un plano del edificio «Torretriana», una de las sedes de la Administración de la Junta de Andalucía en Sevilla y una imagen que representa el teletrabajo en un nuevo concepto de «espacio público».

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo, no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

Sevilla, 19/X/2021

Hoy se inaugura en Madrid la cuarta edición del foro Enlighted, una conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación, con el patrocinio de Fundación Telefónica, IE University y South Summit, que reunirá a 150 expertos mundiales en educación y tecnología y donde participarán profesionales de la talla de Vinton Cerf, considerado como uno de los padres de internet; Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard y autor de la teoría de las inteligencias múltiples, que he estudiado a lo largo de muchos años profesionales; Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Change y The Riverside School en India; Rafael Nadal o Linda Liukas, fundadora de Rails Girls, un movimiento de programación para adolescentes y niñas, que participarán en talleres, conferencias y charlas combinando tanto el formato presencial como el virtual.

De todos los conferenciantes confirmados quiero destacar hoy al Profesor Gardner, que intervendrá el próximo jueves en una “conversación” sobre “La generación de las aplicaciones: Cómo la tecnología está perfilando nuestra juventud”, que estoy convencido será de interés extremo porque abordará un hilo conductor de actualidad plena en el mundo digital: resolver la falta de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo. En conjunto, en este día en el que interviene el profesor Howard Gardner, los ponentes “evaluarán las diferentes maneras en las que la generación de aplicaciones interactúa con los medios digitales, así como lo que podemos hacer para ayudarles a superar la brecha digital, pero también cómo podemos asegurarnos de que la tecnología se convierta en una fuerza de cambio positiva que nos permita desarrollar relaciones sociales significativas y contribuir a la creación de una mejor sociedad en general”.

Hace quince años inicié una incursión científica en el constructo inteligencia digital, que propuse definir como “capacidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía”. Al pertenecer a la escuela del profesor Howard Gardner, sobre quién construí mi Tesis doctoral en Psicología, quise llevar a cabo en este cuaderno digital un proyecto de divulgación científica sobre el constructo citado con objeto de hacer accesible a muchos usuarios de la red, las posibilidades que nos ofrecen hoy los sistemas y tecnologías de la información para ser más inteligentes. He construido esta teoría científica de la inteligencia digital creadora como agradecimiento a años de lectura y estudio de los ensayos del profesor José Antonio Marina, de quien aprendí muchos fundamentos científicos en su construcción de la teoría de la inteligencia creadora. Como alumno agradecido e estos investigadores citados, quise destacar siempre la aplicación de sus teorías a esta investigación de la inteligencia digital, de raíz popular y entregada al ser humano, en clave de “empoderamiento compartido” (empowerment). Además, he escrito siempre sobre este tipo de inteligencia, una más de las múltiples definidas por Gardner a lo largo de sus investigación, desde una perspectiva positiva, dado que a la negativa ya se le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo desde la psicopatología, investigación necesaria por otra parte. Si además, incorporamos la necesaria habilidad social construida sobre esta inteligencia (digital) se habrá aportado a la sociedad una interpretación para ser en el mundo en un terreno de felicidad lógica.

Este proyecto de creación de la teoría científica sobre la inteligencia digital, tuvo su refrendo en la publicación en mayo de 2007 de mi libro Inteligencia digital. Introducción a la Noosfera digital. En esa publicación desarrollé el constructo de” inteligencia digital” sobre la base de lo aprendido de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. En tal sentido partía de la definición propuesta de “Inteligencia”, en sus dos acepciones: 1. capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural. 2. factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los demás. De ahí, se obtenía la definición de Inteligencia digital, en cinco acepciones, que tantas veces cito en mi cuaderno digital: 1. destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se manejan y tratan, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida de haberse hecho muy capaz de ella. 2. capacidad que tienen las personas de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 3. capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 4. factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. 5. capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso.

Howard Gardner, el precursor de las inteligencias múltiples que nos abrió en aquellos momentos las puertas a un nuevo planteamiento de inteligencia digital, de gran impacto social, hizo una manifestación en su presentación de la teoría científica de las inteligencias múltiples en los siguientes términos, a través de sus publicaciones maestras en los años ochenta y noventa del pasado siglo, que no he olvidad: “Es de la máxima importancia que reconozcamos y alimentemos toda la variedad de inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias.  Somos tan diferentes entre nosotros, en gran parte, porque todos tenemos diferentes combinaciones de inteligencias.  Si llegamos a reconocer esto, pienso que, como mínimo, tendremos una oportunidad mejor de enfrentarnos adecuadamente a los muchos problemas que se nos presentan en el mundo.  Si podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas, no sólo las personas se sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es posible que también se sientan más comprometidas y más capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial en la consecución del bien general.  Tal vez, si podemos movilizar todas las inteligencias humanas y aliarlas a un sentido ético, podamos ayudar a incrementar la posibilidad de supervivencia en este planeta, e incluso contribuir a nuestro bienestar”.

Espero expectante su intervención en la Conferencia Enlighted del próximo jueves. Le debo mucho en mi aprendizaje sobre las inteligencias múltiples y su proyección en la inteligencia digital de la ciudadanía y en la inteligencia pública digital de los Gobiernos y de las Administraciones Públicas, que también existen. Le debía, una vez más, palabras de agradecimiento, reconocimiento profesional y respeto magistral.

NOTA: la imagen de Howard Gardner que figura en la fotocomposición de cabecera, se ha recuperado hoy de https://www.howardgardner.com/about

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

«Cuanto vale se ignora y nadie sabe / ni ha de saber de cuánto vale el precio»

Antonio Machado (1875-1939), Nota manuscrita en unos papeles perdidos

Sevilla, 14/X/2021

La verdad es que ignoramos cuánto valen las cosas públicas, mucho más por los años que llevamos instalados en la corrupción pública a todos los niveles, donde todo necio confunde valor y precio. También, por la falta de transparencia real y efectiva para conocer el recorrido completo del presupuesto, gasto y evaluación del dinero público, una tríada capitolina para el empoderamiento auténtico de la población. Una vez más acudo a la Fundación CIVIO, que ya he citado en diversas ocasiones en este cuaderno digital, para intentar comprender bien que significa el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Como pasa cada año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan su consulta. Por eso, mientras el proyecto pasa el filtro de las Cortes Generales, te lo mostramos de forma visual e interactiva para que puedas explorarlos fácilmente, incluso sin conocimientos previos. Como hacemos desde 2011. Aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno de coalición. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan”.

Mi reconocimiento a la Fundación y a su co-director, David Cabo, así como a todos los miembros de la misma, es continuo, público y notorio desde que tuve la oportunidad de entrar en contacto con él en 2013 para preparar la transparencia del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año siguiente y la accesibilidad digital al mismo, preocupado como administrador público por la transparencia pública digital. Lo he manifestado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida profesional como administrador público: la transparencia es el resultado siempre de una estrategia digital que nace de una política digital adecuada de las Administraciones Públicas. La política digital transparente es aquella que transmite las acciones de gobierno de forma “clara, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”, tal y como define la Real Academia Española la cualidad de transparente, es decir, la transparencia. Es verdad, porque el marco en el que se tiene que desenvolver la política digital de los Gobiernos progresistas que la desarrollen, es el de la transparencia que se comprende en sí misma, que algunos viven (sin hacer esta política) como un castigo divino, cuando debía ser la quintaesencia de cualquier acción política democrática. No solo es el resultado final de un camino legal, que también lo es, sino una actitud política de gobernanza que ampara los datos públicos masivos que posee en sus servidores gracias a la interrelación con la ciudadanía, a quien sirve y de la que se retroalimenta. La transparencia no es solo el objeto de una ley o un portal específico, sino una actitud pública mantenida en el tiempo, para que la accesibilidad a los datos digitales sea una constante en alta disponibilidad, gracias a una clara y rotunda política digital de carácter sustantivo, con visión de Estado y con una proyección hacia el Estado de las Autonomías, cruzada permanentemente por una transversalidad digital de amplio espectro que solo se consigue con políticas y estrategias digitales progresistas, avanzadas, que trabajan siempre en clave de interoperabilidad integral, sin fronteras atómicas que lo impidan.

La situación actual en nuestro país es una muestra de que el acceso al conocimiento real y sustantivo de lo que nos ocupa hoy, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, no es tarea fácil, es más, la considero de una dificultad extrema. Es sorprendente constatar que la infraestructura digital instalada en la actualidad a lo largo y ancho del país, que no implantada, por las diferentes Administraciones, con idénticas finalidades aunque no es lo mismo, forman a veces una torre de babel digital de imposible interrelación y acceso. No solo es un claro derroche de dinero público, sino algo mucho peor. Se dilapida cada segundo la interrelación e interoperabilidad de datos masivos compartidos y transparentes que podrían suponer una información y servicios a la ciudadanía de un valor incalculable y solo porque no se toman medidas de política digital compartida, sustantiva, desde la perspectiva legal de Estado. Es lo que permitiría llevar a cabo la evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, entendida como la capacidad que tiene y se le transfiere mediante empoderamiento digital para emitir juicios bien informados. Así aprendí de Carol Weiss (1) la importancia y transcendencia de la evaluación de los programas y las políticas públicas cuando tienen un marco de transparencia esencial que se encuentra en los datos públicos masivos que obran en su poder, llamado “servidores oficiales”.

Lo manifesté en 2016 en este cuaderno digital y lo reitero hoy con ocasión de la transparencia que nos ofrece CIVIO para comprender bien el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022: “Un ejemplo de transparencia que tiene el sustento de los datos públicos masivos, vale más que mil palabras. Sé que el Presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas maneja términos diseñados a veces por el enemigo, pero conozco casos muy emblemáticos y didácticos para comprenderlo. Pongo el ejemplo del trabajo que realiza actualmente en España la Fundación CIVIO con algunas Comunidades Autónomas que se están situando cada vez más en clave de Gobiernos abiertos y transparentes, a través de la herramienta basada en la aplicación de los Presupuestos Abiertos de Aragón que Aragón Open Data ha abierto al uso público y que recomiendo analizar con detalle respecto de Andalucía, por ejemplo, donde se muestra y demuestra con creces que cuando hay voluntad política de difundir un Presupuesto es posible hacerlo”. Conozco a David Cabo, trabajador incansable a favor del conocimiento accesible y libre, Patrono Fundador y co-director de la Fundación, porque como manifesté anteriormente, en 2013 trabajé con él con mucha ilusión por incorporar esta herramienta en Andalucía, solución que finalmente no se llevó a cabo, con gran decepción por mi parte.

Es muy importante entrar en esta página web de la Fundación CIVIO para comenzar a comprender bien las bases presupuestarias que asientan o no la democracia en este país y los pilares económicos, no inocentes por cierto, que la sustentan a partir de una pregunta transcendental, ¿Dónde van mis impuestos?, con tres proyecciones políticas esenciales, Ingresos, ¿Cómo se gasta? Y ¿En qué se gasta? Acceder a todos los datos es posible y CIVIO nos ofrece esta oportunidad de emitir juicios bien informados, la base de toda evaluación que debemos hacer como ciudadanos responsables. Creo que se comprende bien por qué la transparencia basada en los datos públicos masivos correctamente utilizados, como este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se convierte en un claro objeto de deseo que se puede alcanzar si se implantara en este país una política digital con visión de Estado y con una proyección democrática y de coparticipación en el ecosistema público digital de las Comunidades Autónomas.

Entren y vean. Le aseguro que les encantará haberlo hecho. Comprobarán a partir de ahora que el Presupuesto de este país, como el de la Comunidad en la que cada uno reside, puede y debe ser cosa de todos. Gracias CIVIO, gracias David, por hacerlo posible.

(1) Weiss, C.H. (1998). Evaluation. Methods for studying programs and policies. New Jersey: Prentice Hall.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.