El drama humano en las listas de espera de la dependencia

Sevilla, 17/I/2022

Escribo de nuevo sobre una realidad lacerante en este país. Me refiero al llamado “limbo de la dependencia”, que traduce la situación en la que se encuentran centenares de miles de personas en lista de espera, pendientes de recibir la prestación correspondiente al derecho ya reconocido, tal y como prevé la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), conocida vulgarmente como Ley de Dependencia. El pasado 14 de enero, la Asociación Estatal de Gerentes y Directores en Servicios Sociales publicó una Nota de Prensa que no deberíamos pasar por alto, por la gravedad de lo que allí se manifiesta en titulares que sobrecogen por su dureza:

• Fracasa el objetivo de reducir la lista de espera del plan de choque de la dependencia.
• Tres Comunidades Autónomas impiden cumplir el objetivo del plan de choque del Ministerio de Derechos Sociales.
• Solo 38.807 personas menos en lista de espera frente a las 60.000 que planteaban como objetivo.
• Constatamos que aumentan los beneficiarios en 97.912 (+8,71%). A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención.
• 46.671 personas fallecieron el año pasado en las listas de espera de la dependencia.
• Se está abandonando sin atenciones a las 392.690 personas que están a la espera de un procedimiento.
• El tiempo de espera medio es de 421 días, 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos).

La lectura detallada de esta Nota refleja la situación en la que se encuentra en la actualidad la aplicación efectiva de la llamada Ley de Dependencia, con datos que son razones más que suficientes para que se estableciera una evaluación y control urgente de lo que se refleja en ellos y para actuar en consecuencia. Lo más llamativo son, sin lugar a dudas, los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, sobre las 46.671 personas que fallecieron en 2021 y que estaban en las listas de espera de la dependencia (28.192 dependientes con derecho pendientes de prestación y 18.479 pendientes de resolución de grado), parte de un limbo descarnado y de difícil comprensión humana, lo que se traduce en que 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos).

Como se puede observar en la tabla siguiente, la desigualdad en el territorio español es verdaderamente alarmante en el caso de fallecimiento en lista de espera, debido a múltiples causas que ya abordé en un artículo del pasado año, en el que traté del impacto de la pandemia en las personas mayores de acuerdo con el informe anual correspondiente del IMSERSO, que este año ya se ha publicado también y que arroja bastante luz sobre la situación en el país desde el inicio de la pandemia.  

A pesar del carácter escueto de la citada Nota, los datos que ofrece son muy importantes y significativos, resaltando que la aplicación de la Ley sigue teniendo un impacto desigual en el país, como se puede apreciar en el detalle siguiente, utilizando los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), respecto de la Monitorización de la Mortalidad y la Información Estadística General, cerrados a 31 de diciembre de 2021:

1. Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%); y las que menos Castilla y León (0,17%), Castilla La Mancha (4,51%) y Galicia (5,82%).
2. Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%) han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque. Las tres comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%).
3. Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año han sido la C. Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). Por el contrario, en País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición disminuyendo el número de beneficiarios.
4. Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: C. Valenciana (+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9%.
5. Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, – 1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente.
6. A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención. Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento.
7. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia. Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 46.671 personas que fallecieron este pasado año, el plan de choque no les llegó a tiempo.

En el punto sexto anteriormente expuesto, se hace un planteamiento de emergencia social que se debería atender sin más dilación: El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Como manifestaba en mi artículo de febrero de 2021, lo que se desprende de estos datos es la urgente necesidad de evaluación de lo ocurrido, con objeto de que el Estado y las Comunidades Autónomas tomen con urgencia legal, económica, evaluadora, ética y pública las medidas necesarias para erradicar las situaciones de gran vulnerabilidad que se ha observado en el tiempo transcurrido y donde los datos pueden ayudar a esclarecer la situación y devolver la dignidad necesaria a las personas mayores que pueden verse afectadas por su situación tan precaria en muchas residencias y domicilios del país. Sirvan estas palabras como acicate para corresponsabilizarnos todos en la llamada de atención al Estado sobre la situación actual de las personas mayores.

Espero con la ardiente paciencia aprendida de Neruda que nuestros gobernantes trabajen sin descanso sobre un Pacto de Estado de Atención Integral a las Personas Mayores, en beneficio de todos pero, sobre todo, de los que más siguen sufriendo la pandemia en su pasado, presente y futuro si no se pone antes remedio público: las personas mayores. Lo decía también en el artículo de la serie que bajo la pregunta genérica ¿Es España un país para personas mayores?, publiqué en febrero de 2021, centrado en el ámbito de la pandemia: “Es alarmante constatar que todavía no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas. Creo que ha llegado el momento, por transparencia y dignidad pública, que se sepa la verdad de lo ocurrido desde el principio de la pandemia hasta el momento actual, a la mayor brevedad ética posible”.

Una de nuestras obligaciones como ciudadanos es emitir juicios bien informados, dado que la transparencia pública de la información veraz es donde radica el gran secreto de la evaluación pública y personal, como es ahora mi caso. Escribir hoy esta reflexión forma parte de mi compromiso intelectual en este cuaderno digital, poniendo en común mi conocimiento compartido, el que nos permite resolver problemas de todos los días, los que verdaderamente preocupan en el quehacer y quesentir diario. Lo entiendo así porque cada persona que toma conciencia de su capacidad para responder a las preguntas de la vida, desde cualquier órbita, sobre todo de interés social, tiene un compromiso escrito en su libro de instrucciones: no olvidar los orígenes descubiertos para revalorizar continuamente la capacidad de preocuparse por los demás, sobre todo los más desfavorecidos desde cualquier ámbito que se quiera analizar, porque hay mucho tajo que dignificar. Hoy, las personas dependientes, para que antes de fallecer puedan recuperar la capacidad de vivir dignamente con el tiempo que les corresponda disfrutar en su persona de todos y, sobre todo, en la de secreto. La dignidad humana lleva siempre el tiempo dentro.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.