Día: 22 de septiembre de 2016

Fotograma de La lengua de las mariposas (1999)

En un Estado de Derecho, como el nuestro, hay que mostrar respeto reverencial a la justicia y sus actos. Sin lugar a dudas, pero en ese mismo Estado de Derecho, también es justo y necesario hablar claramente en voz alta sobre valoraciones de lo que está ocurriendo, para que las escuchen personas dignas que las quieran escuchar, no solo opinar sobre el desconocimiento objetivo de la realidad, porque no quiero otorgar con silencios cómplices supuestas veracidades en tiempos revueltos en los que se encausan personas, cargos políticos sin excepción alguna y con los que en algún momento he compartido tiempo, espacio y responsabilidades públicas, como es mi caso, sin avergonzarme por ello. Parto de un principio básico: todos no son ni somos iguales ante la maledicencia y la tergiversación de determinados hechos como comento a continuación.

Me refiero concretamente al escrito de acusación del fiscal perteneciente a la Delegación de Sevilla de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, hecho público el pasado 15 de septiembre, en relación con la pieza separada de las DP 174/11 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla (Procedimiento Abreviado nº 133/2016, Diligencias Previas: 6645/2015), comúnmente conocido como “caso de los ERE”. He leído con atención las cuarenta páginas del escrito, de las que 36 páginas se dedican a detallar los hechos acaecidos, en las que se acusa a 26 altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos dos expresidentes, hasta llegar a la calificación de los mismos como “constitutivos de un delito continuado de prevaricación de los artículos 404 y 74 en relación de concurso medial con un delito continuado de malversación del artículo 432,1º y 2º y del art. 74, todos del Código Penal en su redacción vigente al tiempo de cometerse todos los hechos”. Asimismo, responden criminalmente conforme al art. 28 del Código Penal, del delito continuado de prevaricación como autores, los 26 altos cargos que se citan y del delito continuado de malversación, solo 18. Recae sobre los primeros una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años y, sobre los 18 citados en relación el delito de malversación, pena de prisión de 8 y 6 años, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. Por último, en el escrito se recoge que los autores del delito de malversación responderán solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E, elevándose la citada cantidad total a 741.596.545 euros.

Esta es la síntesis fría del escrito citado, al que debemos respeto constitucional en su formulación jurídica, aunque no quiero quedarme callado en aspectos de fondo que creo conocer bien por haber trabajado en la Junta de Andalucía como funcionario de a pie y alto cargo en tres etapas, en las que he compartido con los altos cargos encausados otras responsabilidades públicas en parte del tiempo político que se contempla en el escrito. Por esta razón, me resisto a admitir que los 26 son iguales en relación con las duras acusaciones vertidas en el escrito, porque no es así, ni por razón de cargo ni por las diferentes formas de haber desempeñado sus responsabilidades. Creo que las personas dignas comprenden bien quién ha tenido responsabilidades políticas directas en este caso, diferenciándose de las meramente competenciales que les han afectado y creo que sé de lo que estoy hablando, así como de los que de forma flagrante y sin escrúpulos han llevado a cabo actuaciones nada ejemplares, impresentables y punibles sin duda alguna. Pero meter en el saco a todo el mundo por igual es manifiestamente injusto, porque conozco bien a la mayoría de los encausados y mantengo hoy por hoy que son personas dignas, que han trabajado de forma muy solvente y con gran dedicación a la función pública, con altura de miras y gran generosidad personal y familiar.

Los Presidentes encausados han sido mis Presidentes y les debo respeto y consideración. Reconozco que he podido criticar de forma constructiva en algún momento determinadas actuaciones suyas de pasividad en torno a este caso, como corresponde admitir cuando se trabaja en la cresta de la ola casi todos los días y porque la acción política no es uniforme ni lineal cuando se vive hasta las últimas consecuencias. No pertenezco a partido alguno y eso me ha dado en mis cargos “políticos” un margen de maniobra de libertad en la palabra, decisión y acción que tengo que reconocer que nunca se alteró ni sufrió merma alguna por indicaciones superiores y que todo el mundo entiende a lo que me refiero. Es decir, no había en la Junta un mantra de corrupción generalizada que nos llevara a todos a prevaricar y malversar por definición, como algunos podrán deducir de lo expuesto en el escrito del fiscal, haciéndolo extensivo a toda la Junta de Andalucía. Si esto es así, igual ocurrió en las Consejerías directamente afectadas por el caso de los ERE, entre las que se encontraba la de Economía y Hacienda en una primera etapa y de Hacienda y Administración Pública después, a las que pertenecí desde 2004 a 2013 y donde se trabajaba con dignidad y respeto al interés general.

Mis Consejeros en esta última etapa están encausados y, además, José Antonio Griñán fue también mi Presidente y el de todos, como Manuel Chaves, con lo que simbolizan para esta Comunidad Autónoma y en su proyección al Estado. Siento gran tristeza por ello, por lo que representan y por su etapa final humana y política, con un silencio sepulcral y de frío marmóreo por parte de su propio partido y no digamos nada hacia los que se pueden considerar políticos militantes de segunda fila o afines del mismo. También, por otros muchos silencios cómplices, soledad institucional y por los enfrentamientos finales entre sí de varios encausados que, hasta el momento de autos, mantenían una relación excelente. Nunca he tenido la percepción ni noticia alguna de que en su gestión hubiera atisbos de prevaricación y, mucho menos, de malversación, al igual que respecto de la Consejería de Economía y Hacienda, después de Hacienda y Administración Pública, en la que, como decía anteriormente, compartí responsabilidades directamente durante parte del tiempo público de los hechos narrados, hasta que decidí renunciar a mi alto cargo en septiembre de 2013 por razones de ardiente im-paciencia [sic] ante tanto desmán y que publiqué en aquellas fechas para conocimiento general de la ciudadanía, a quien me he debido siempre.

Por todos los motivos expuestos, no quiero callarme en estos tiempos difíciles, de tanta desazón, como los lugareños de las últimas escenas de una película extraordinaria, La lengua de las mariposas, presa del terror de la indecencia, con silencio cómplice, ante la cordada de personas dignas, que han actuado en su mayoría respetando el interés público. Perdonen, de verdad, mi tristeza y comprendo que muchas personas pensarán que todo son palabras, pero creo que es lo único que nos queda en un mundo diseñado a veces por el enemigo que se agazapa en la maleza de las mercancías, de la indecencia y no en el vergel de los derechos y deberes públicos. Pienso que los 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía y los altos cargos que la dirigen, merecen el reconocimiento diario de su trabajo leal y sincero, al servicio del interés general. Deseo otorgar a todos, siempre, el principio de confianza. Es indudable que se han cometido errores de importancia extrema en el caso de los ERE, pero quiero resaltar que no se debe generalizar ni extender esta mancha concreta y acotada de corrupción política y administrativa como si afectara a toda la Junta de Andalucía. Tampoco, a la mayor parte de los altos cargos encausados. Pero la justicia, como la nave de Fellini, va… y ya falta mar para los que se quieren arrojar, cada día más, del barco de la indecencia, acompañados por Verdi con su fuerza del destino hacia alguna parte de la verdad. Porque la verdad existe, por mucho que a veces nos cueste encontrarla.

Sevilla, 22/IX/2016

José Antonio Cobeña Fernández

Exsecretario general del Servicio Andaluz de Salud (2000-2004), exdirector general de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica (2010-2012) y exdirector general de Política Digital (2012-2013), en la Junta de Andalucía.