Día: 6 de febrero de 2021

Sevilla, 6/II/2021

Siendo justos y benéficos, incluso saludables en el sentido más profundo de la palabra, hay que reconocer que en el ámbito de la dependencia este país ha dado pasos de gran interés y beneficio social a través de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), pero es justo señalar también las carencias actuales, agravadas por la situación de la Covid-19, como explicaré a continuación basándome en estadísticas oficiales hasta el 31 de diciembre de 2020.

Como facilito los enlaces a los extensos documentos citados, sólo quiero resaltar algunas realidades tercas que se pueden deducir de los datos entregados a la sociedad para su análisis, recomendando siempre acudir a las fuentes que se citan para contrastar los datos en su fondo y forma, sin interpretaciones personales previas que los puedan contaminar.

Comienzo por un documento esencial, Sistema de monitorización y vigilancia diaria del Centro Nacional de Epidemiología (MoMo), en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD), publicado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, con fecha 31 de diciembre de 2020, que se puede cruzar también con la información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD) a 31 de diciembre de 2020. En el primero de los citados se observan los siguientes resultados:

1. Entre marzo y noviembre de 2020 se observa un exceso de mortalidad de 45.665 personas en el SAAD (incremento del 31,8% de la esperada) afectando a un 2,40% del total de solicitantes del SAAD.
2. Por rangos de edad, el 82,0% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años (37.445 personas).
3. El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-noviembre de 2020 (32,2%) fue ligeramente superior al de los hombres en todos los grupos de edad (31,2%).
4. Del 1.748.292 de personas que contaban con valoración de dependencia en marzo (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo y noviembre un total de 42.407 fallecimientos en exceso (2,43% sobre el total). El mayor impacto se observa en las personas con grado II [dependencia severa], con un 34,6% de exceso de fallecimientos (13.366), seguido de las personas con grado III [gran dependencia], con un 34,1% de exceso de fallecimientos (19.310) y el menor en las personas valoradas sin grado de dependencia, con un 25,8% de exceso de fallecimientos (3.094).
5. Del total de personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 40.250 entre marzo y noviembre de 2020 (3,59% del total de personas atendidas).
6. Se observa un impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia, con un exceso de fallecimientos de 22.718 personas (9,12% del total de personas dependientes atendidas en residencia). Si bien destaca que dicho exceso se concentró en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-septiembre y noviembre el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, y en octubre el comportamiento fue contrario ya que el exceso de mortalidad en personas con atención en residencia fue inferior que en apoyo en el domicilio.
7. Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo-noviembre con 17.612 fallecidos en exceso sobre un total de 872.358 de personas atendidas en marzo (2,02%), si bien con un impacto mucho menor en los meses de marzo-mayo que en residencias. En cambio, destaca el incremento del exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario en el mes de octubre.
8. Por tipo de servicio o prestación domiciliaria, en personas con cuidados no profesionales en el entorno familiar el exceso de fallecimientos fue de 6.073 personas (1,41% sobre el total de atendidos con estos cuidados) mientras que en personas dependientes con servicios de proximidad (ayuda a domicilio, centro de día…) los fallecidos en exceso fueron 11.539 personas (un 2,62% sobre el total).
9. Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 117 por cada 1.000 para el periodo marzo-noviembre, si bien en la Comunidad Foral de Navarra, Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña y la Comunidad de Madrid, se superan los 137 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en La Rioja y Melilla no alcanzan los 74 fallecidos/1.000. Es evidente que hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en la oleada marzo-noviembre por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.

Estos datos nos llevan a deducir que la COVID-19 ha tenido un gravísimo impacto en las personas mayores, tanto en residencias como en domicilios, dato a tener muy en cuenta en el análisis del tiempo en que han ocurrido los fallecimientos, fijados en el correspondiente a la primera y segunda ola, respectivamente, con un impacto fundamental en los mayores de 80 años: “De las 130.118 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-noviembre de 2020, 108.795 tenían 80 años o más (33.305 personas fallecidas más de los esperado, un exceso de mortalidad del 43,5%), 16.659 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años (5.564 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 49,3%) y 4.664 eran menores de 65 años (1.382 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 39,4%)”.

De la prolija información de la que se dispone, el fondo de la cuestión es el verdaderamente importante ante una pregunta inquietante. ¿están funcionando correctamente las residencias de personas mayores? y su correlato, ¿están funcionado correctamente estas residencias durante la pandemia?, junto a otra preguntas importantes desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado: ¿son adecuadas las condiciones de habitabilidad de personas mayores en sus domicilios? Ya se sabe que la Fiscalía ha abierto expedientes en relación con la atención que han recibido las personas mayores en las residencias durante la pandemia, siendo de una gran dificultad llegar a conocer con exactitud las condiciones de atención familiar y profesional de las personas con dependencia en sus domicilios. Creo que aquí está el nudo gordiano de esta reflexión y donde el Estado tiene una responsabilidad directa sobre lo ocurrido. En relación con las Residencias, cuidar su situación con una evaluación continua más que en una inspección coercitiva e igualmente en la inspección en relación con la situación en los domicilios, sobre todo cuando se reciben ayudas amparadas en la llamada Ley de la Dependencia.

Un dato que refleja la situación en relación con la demora en las valoraciones de las solicitudes de dependencia se refleja en la siguiente aportación en el informe (véase el cuadro adjunto): “[…] de las 185.837 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo[marzo-noviembre 2020], 170.514 (el 91,8%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 15.323 (el 8,2%) estaban pendientes de una resolución de grado”, es decir, 15.323 mayores de 65 años fallecieron antes de que se les reconociera o no el derecho solicitado.

También es importante conocer los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo marzo-noviembre de 2020, que se distribuye de la siguiente forma de acuerdo con la regulación establecida: “la prestación económica vinculada al servicio (un exceso de mortalidad del 84,9%, con 14.181 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado), la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia (un exceso del 79,5%, con 2.974 prestaciones más), la atención residencial (un exceso de mortalidad del 56,7%, con 12.923 prestaciones más de lo esperado), y los centros de día/noche (un exceso del 48,0%, con 1.826 prestaciones más de lo esperado. En concreto, de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, las que registraron un mayor exceso de mortalidad fueron la prestación económica vinculada al servicio de teleasistencia (un exceso del 226,3%, pero con sólo 14 prestaciones más de lo esperado), la prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia (exceso del 126,4%, con 401 prestaciones más de lo esperado), la prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche (exceso del 87,9%, con 1.505 prestaciones más de lo esperado)”.

Aporto también un gráfico para la reflexión de lo ocurrido en el ámbito de la dependencia en el Estado de las Autonomías, porque las cifras también deben llevarnos a una reflexión profunda sobre lo ocurrido, sobre todo por los cambios espectaculares entre las primera y segunda ola de la pandemia: “[…] las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia superior a la media en el mes de noviembre (16,7%) han sido Aragón (46,0%), Castilla y León (37,4%), el Principado de Asturias (34,4%), Andalucía (25,9%) y la Región de Murcia (24,5%), así como Melilla (79,1%) y Ceuta (82,2%). En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia inferior en el mes de noviembre han sido la Comunidad de Madrid (0,0%), Canarias (3,9%) y Extremadura (5,4%)”.

Ante todo lo expuesto anteriormente, se desprende del informe la urgente necesidad de evaluación de lo ocurrido, con objeto de que el Estado tome con urgencia legal, económica, evaluadora, ética y pública las medidas necesarias para erradicar las situaciones de gran vulnerabilidad que se ha observado en el tiempo transcurrido y donde los datos pueden ayudar a esclarecer la situación y devolver la dignidad necesaria a las personas mayores que pueden verse afectadas por su situación tan precaria en muchas residencias y domicilios del país. Sirvan estas palabras como acicate para corresponsabilizarnos todos en la llamada de atención al Estado sobre la situación actual de las personas mayores.

También, aporto otra información relevante sobre la situación a 31 de diciembre de 2020, de las personas beneficiarias y pendientes de recibir prestación amparada por la Ley de Dependencia, con unas variaciones asombrosas por Comunidad Autónoma en los tres grados explicados anteriormente, que se pueden observar en el gráfico siguiente y que arrojan cifras muy preocupantes desde el punto de vista de la equidad en estas prestaciones a nivel de Estado, siendo los afectados, mayoritariamente, personas mayores:

Grado I (dependencia moderada): hay 135.892 personas pendientes de recibir prestación del Grado I, lo que supone un 28,70% del total de las personas beneficiarias de Grado I.

Grados II (dependencia severa) y III (gran dependencia): hay un total de 96.351 personas de los Grados III y II pendientes de recibir prestación, esto es un 10,91% de las personas, de estos Grados, que ya han sido declaradas con derecho a servicio o prestación.

Vuelvo a mi rincón de pensar y a leer detenidamente un documento que recomiendo de principio a fin, Las personas mayores en España. Informe 2016 (el último publicado en las series bianuales), también facilitado por la Administración Pública (Imserso) a la que tanto respeto, porque una de nuestras obligaciones como ciudadanos es emitir juicios bien informados, dado que la transparencia pública de la información veraz es donde radica el gran secreto de la evaluación pública y personal, como es ahora mi caso. Espero con la ardiente impaciencia aprendida de Neruda que nuestros gobernantes trabajen sin descanso sobre un Pacto de Estado de Atención Integral a las Personas Mayores, en beneficio de todos pero, sobre todo, de los que más están sufriendo en la pandemia en su pasado, presente y futuro si no se pone antes remedio público: las personas mayores. Lo decía en mi artículo anterior de esta serie: “Es alarmante constatar que todavía no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas. Creo que ha llegado el momento, por transparencia y dignidad pública, que se sepa la verdad de lo ocurrido desde el principio de la pandemia hasta el momento actual, a la mayor brevedad ética posible”.

NOTA: la imagen de cabecera se ha recuperado hoy de La Generalitat sube un 5,8% las tarifas de residencias de ancianos para usuarios con dependencia severa (lavanguardia.com)

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.