
Sevilla, 15/V/2021
En el año 1977 publiqué un artículo en el periódico más progresista que había en esta ciudad, El Correo de Andalucía, que llevaba un título que he recordado hoy especialmente, Los más válidos, cuando todavía no se había aprobado la Constitución española, ni conocíamos nada del artículo 49, protagonista en esta semana por su referencia al término “disminuido” en su proyección al mundo físico, sensorial y psíquico, que comúnmente se trataba como “minusválidos” en general. En él decía que hablar de más válidos “No es sólo problema de término… Fondo y forma se hacen uno para cantar la validez de la vida, del mundo, de un hombre [en el sentido universal de persona, en aquella época]. ¿Qué hombre? Hoy hacemos presente a un hombre nuevo, más-válido, sin problemas de rampas y ascensores, tómbolas y cupones, beneficencias y privilegios. ¿Por qué? Sencillamente porque queremos romper barreras múltiples y ofrecer un mundo nuevo, rico en humanidad, a todos aquéllos que hemos llamado siempre «minusválidos». Pensemos, por ejemplo, en una mente que desde fuera es juzgada con términos críticos, pero que interiormente brinda un mundo feliz, desconocido, digno de respeto, más válido que muchas mentes «lúcidas» que elucubran a diario sobre el sentido de la vida. Quizá sean unos brazos inmóviles, pero en actitud permanente de abrazar con alegría cualquier iniciativa para vivir. Quizá sean unas piernas quietas, firmes, pero listas para abrirse camino en su realización personal. Mente, brazos y piernas, gritan justicia y no privilegios, igualdad de oportunidades y no favoritismos humillantes. En el fondo es porque hay un cerebro y un corazón que manifiestan tener conciencia de ser «más válidos» que muchos de los que de una forma u otra nacemos diariamente a la existencia consciente con todo nuestro ser «a punto»”.
Lo manifestado anteriormente es lo que en su fondo y forma se ha tratado en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 11 de mayo, en el que se aprobó el Proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España. Para no interpretar de forma incorrecta el contenido esencial del proyecto aprobado, transcribo literalmente en cursiva la referencia oficial del citado Consejo de Ministros, que pretende algo más que el mero cambio de una palabra sino una voluntad de Estado para otorgar la titularidad de derechos y deberes fundamentales a las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales en este país:
Esta reforma supone un paso adelante en la configuración del Estado social proclamado en nuestra Constitución, centrado en el apartado dedicado a los principios rectores de la política social y económica, más concretamente, en la protección de las personas con discapacidad. Con ello se persigue intensificar la incidencia de estos principios en la realidad social sobre la que se proyectan y avanzar así en la protección social de aquellos sectores de la población que más lo precisan.
La reforma del artículo 49 de la Constitución Española se ha realizado a iniciativa del Gobierno a partir de la propuesta de la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad y ha contado con la participación del colectivo de personas con discapacidad, representado por CERMI. Se han incluido en el nuevo texto constitucional los aspectos que este colectivo considera fundamentales.
El artículo 49 de la Constitución fue un gran avance en la protección de las personas con discapacidad. Reconoció constitucionalmente al colectivo y previó un ámbito concreto de protección. No obstante, el paso de cuatro décadas ha hecho envejecer el texto constitucional. Además, en este tiempo se ha aprobado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que ha supuesto un punto de inflexión en el reconocimiento y protección de sus derechos.
Con esta reforma, el artículo 49 de la Constitución Española se actualiza para adaptarlo a la Convención de 2006 y se modifica íntegramente tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y contenido.
En primer lugar, se modifica la terminología que emplea el artículo para referirse ahora al colectivo de las personas con discapacidad. De esta manera, se actualiza el lenguaje de una forma que refleja los propios valores de la Constitución y la dignidad inherente a este colectivo.
En segundo lugar, se reforma la estructura del artículo en coherencia con la multiplicación de los enfoques desde los que se aborda la discapacidad. Así, se divide el precepto en cuatro apartados, cada uno de los cuales refleja una dimensión diferente de la protección de las personas con discapacidad.
En tercer lugar, se modifica el contenido del artículo, para adaptarlo a las concepciones actuales sobre la protección de las personas con discapacidad, que ya no se basan en la concepción médico-rehabilitadora que subyace en su redacción original.
De este modo se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales.
Además, se fijan los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos como son su plena autonomía personal y su inclusión social, políticas que deberán respetar siempre la libertad de elección y preferencias de las personas con discapacidad.
En la fijación de estas políticas, la reforma incluye expresamente la participación de sus organizaciones representativas, esto es, de la sociedad civil articulada, en aras de que estén presididas por el diálogo civil y que estas organizaciones sean consultadas y cooperen activamente en la adopción de las políticas públicas que les afecten.
La situación de especial vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad justifica claramente que el nuevo artículo 49 de la Constitución haga una alusión expresa a la atención específica de sus necesidades.
Se recoge, asimismo, la especial protección de las personas con discapacidad, para que reciban la atención especializada que requieren y se encuentren especialmente amparadas para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a toda la ciudadanía.
Finalmente, y como cláusula de cierre, se hace una referencia a la protección mínima que ofrecen los tratados internacionales ratificados por España que velan por los derechos de las personas con discapacidad.
TEXTO ARTICULADO DEL NUEVO ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN
El artículo 49 de la Constitución Española queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 49»
Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.
Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.
Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos.»
La reforma del artículo 49 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado». Se publicará también en las demás lenguas de España.
Como resumen de lo aprobado, hay que destacar que en la reforma del citado Artículo 49, completo, se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales. Es un pequeño paso para la reforma constitucional que se necesita llevar a cabo una vez transcurridos más de cuarenta años de contexto social y político, que tiene que verse reflejado también en su texto, pero es un gran paso para las personas con discapacidad, titulares de los derechos y deberes, en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación alguna.
Al final es verdad que nos queda, afortunadamente, la palabra “discapacidad”.
CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.
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