Día: 3 de noviembre de 2022

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Sevilla, 3/XI/2022

Hace tres meses participé por indicación médica en una campaña de un programa de salud pública, en la que me tenía que someter a una analítica voluntaria. El resultado fue positivo y era necesario que me realizaran una prueba para indagar la causa de este resultado. Llevo dos meses esperando esta prueba, en lista de espera, sin norte alguno sobre cuándo la llevarán a cabo. Personalmente respondí, como usuario y paciente registrado, a una llamada interesada del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en dos ocasiones, encontrándome a día de hoy en una incertidumbre que va más allá del propio resultado. Intuyo que la sobrecarga que sufren en la actualidad los profesionales que me tendrán que atender cuando corresponda, es la causa de esta demora, aunque los responsables actuales, gestores políticos sobre todo, siguen diciendo a bombo y platillo que los resultados del Sistema son excelentes. ¿Por qué llamar sobrecarga cuando lo que deberían decir es que faltan recursos en determinados ámbitos de la Sanidad Pública en Andalucía y que asisten a un desorden funcional generalizado, digitalizado por supuesto?

Ante lo expuesto anteriormente, quiero hacer una declaración de principios en relación con mi situación de paciente y usuario del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con un hilo conductor: no quiero ser tratado como cliente, es decir, no “compro” nada al Sistema Público, su aseguramiento, sino sólo quiero ser reconocido de forma digna como sujeto de derechos y deberes por mi condición de paciente y usuario del Sistema, en el que llevo inscrito desde hace muchos años por mi realidad laboral. Quiero decir con ello que no me basta tener a mi disposición hojas de reclamaciones y múltiples teléfonos de atención a usuarios, con voces automatizadas que no acaban de comprender lo que planteo, sino que como sujeto de derechos y deberes en el ámbito de la salud, me asiste en este momento el derecho constitucional a ser atendido convenientemente, incluso con especial celo porque he respondido a una campaña del propio Sistema, no por demanda propia. Si existe un determinado interés público por detectar problemas importantes de salud pública entre la población, ¿es de recibo la larga lista de espera en la que me encuentro?

No quiero ningún tratamiento de privilegio, no, sino como paciente, sólo una participación consecuente con lo que han pedido y yo personalmente he entregado, en un tiempo razonable y porque está en juego conocer si existe un problema por el que deba preocuparme a tenor del resultado ya obtenido. Me asiste el derecho como paciente, consolidado en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en la que define mi situación como “la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud”. Junto a esta definición, aparece también en la ley la de “usuario”, “la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria”. En mi caso y por lo expuesto anteriormente, escribo en esta doble condición. Tengo muy claro que la definición de “cliente” no aparece por sitio alguno en la Ley, porque es un término vinculado con la mercantilización absoluta de la relación médico-paciente en la economía de mercado. No es lo mismo, no es lo mismo, porque no quiero ser cliente, sólo paciente o usuario del Sistema Sanitario Público de Andalucía. No “compro” la salud o un programa específico de salud, ni la relación con los profesionales que me atienden, porque no es una “oferta” a la que me apunto, dado que la “cartera de servicios es pública” para salvaguardar siempre el interés general, sino que como paciente me asiste el derecho constitucional a ser atendido dignamente por médicos responsables, que pertenecen a servicios sanitarios situados en centros sanitarios (las cursivas son los enunciados de las definiciones enunciadas en la Ley citada) del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que utilizo como usuario y al que pertenezco exclusivamente a mucha honra y con gran respeto democrático a su memoria histórica, que no olvido.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.