Seguimos avanzando en esta serie. Creo que he declarado públicamente mi opción por aplicar inteligencia pública digital en todas y cada una de las acepciones contempladas en el post anterior, con un denominador común: la inteligencia humana, amplificada por la red neuronal pública, es un recurso imprescindible para predecir cómo se deben abordar problemas que afectan todos los días a la ciudadanía, a quien sirve la Administración en disponibilidad total, 24x7x365, con la ayuda de las TIC. Lógicamente, para dar respuestas en fracciones de segundo, en consultas de atención primaria, por ejemplo, como nos muestra un proyecto tan interesante como Savana, que sigo de cerca desde 2014. ¡Cuánto podría aportar la historia de salud digital en Andalucía, Diraya, a este proyecto!
He trabajado muchos años en la Administración y he sido testigo directo de cómo se puede digitalizar el desorden si los objetivos de la misma no se han definido previamente con carácter estratégico, confundiéndose permanentemente inversión digital con gasto público digital multimillonario que hasta permite ganar premios nacionales e internacionales, pero sin resultado práctico alguno, sin inteligencia digital aplicada. En estos momentos, se echa la culpa de todo a los recortes sin dedicar tiempo, espacio y dinero público a aplicar el análisis de big data de gasto público digital, que se puede hacer en muy poco tiempo, para constatar que con la aplicación inteligente, predictiva y estratégica de los análisis obtenidos, se puede deducir que hay que actuar con urgencia o, más aún, con un plan de emergencia digital, para que no se siga gastando dinero público en infraestructuras digitales y programas informáticos, digámoslo claramente, hardware y software al servicio teórico de la Administración, que no de la ciudadanía, que crece como esporas en chiringuitos digitales, sin mezcla de resultado alguno desde la perspectiva de interés general y solo para los exquisitos digitales que los controlan.
En la Administración no se debe digitalizar nada que no esté previamente ordenado, es decir, la ciudadanía, a quien sirve, debe tener garantizada la aplicabilidad digital de lo que se gasta en presupuestos digitales de amplio espectro. Y esto solo se consigue con estrategias públicas digitales, enmarcadas en políticas digitales, que declaran mediante disposiciones legales el alcance de lo planificado al servicio de la ciudadanía, de su empoderamiento digital, que también debe existir. Hoy, el tratamiento de big data de carácter público, permite analizar con urgencia qué está pasando en el seno de la Administración, con visión de Estado. Las tecnologías traspasan el ámbito del Estado de las Autonomías, con carácter transversal y esto hay que tenerlo en cuenta si no queremos seguir digitalizando el desorden, en ámbitos tan cruciales como empleo, educación, salud o servicios sociales. La inteligencia pública digital es poderosa y todo no es cuestión de dinero, como nos recordaba machaconamente aquél asesor de Clinton en la campaña de 1992, tan actual hoy: ¡the economy, stupid!
Apliquemos inteligencia pública digital a estos datos públicos que enuncio y veremos cómo es posible dar un giro copernicano a la política digital de nuestro país, en beneficio de todos. Objetivo: no seguir digitalizando el desorden, porque la inteligencia pública digital que existe ya en la Administración, tratada en clave de big data, puede ofrecer información predictiva a los propios profesionales y funcionarios, para ofrecer las mejores respuestas a la ciudadanía. Ordenadas digitalmente, en el amplio sentido de estas palabras.
Sevilla, 8/XI/2016
"El mundo sólo tiene interés hacia adelante…", Pierre Teilhard de Chardin 