El Nuevo Pacto de Toledo, un pacto necesario para asegurar el bienestar de los pensionistas

Sevilla, 23/X/2020

Hoy puede ser un gran día para los pensionistas de este país, porque los portavoces de la Comisión del llamado Pacto de Toledo en el Congreso, denominada en la actualidad Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, reunidos desde las 10:00, curiosamente, en la Sala Manuel Fraga Iribarne, intentarán cerrar el borrador del documento de propuestas que elevarán al Gobierno para su consideración, aunque no tiene carácter vinculante. Según la información que se tiene hasta este momento y que he consultado, el documento recogerá en diez puntos clave la estrategia de Estado a seguir a partir de ahora en relación con las pensiones. Veinticinco años después de su primera aprobación por el Congreso de los Diputados, el 6 de abril de 1995, bien vale hoy una consideración seria, objetiva y rigurosa del documento final que se presente y del que adelanto algunos contenidos esenciales, no todos, con el debido respeto a que se conocerá su contenido con carácter inmediato, que ayudará a corroborar o no lo aquí expuesto. Utilizo verbos proactivos en la descripción siguiente, porque así debe ser el nuevo espíritu y la nueva letra del Pacto.

He tenido en cuenta también, un documento esencial para conocer la situación actual de las pensiones, la comparecencia a petición propia del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte, para informar sobre la renovación de las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, el pasado 9 de septiembre en el Congreso de la Diputados, en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, porque clarifican la situación general y no hay nada mejor que la información oficial y actualizada para poder emitir juicios bien informados, que es lo que pretendo conseguir en este artículo, teniendo en cuenta que hay muchos elementos de texto y contexto a considerar.

1. Separar las fuentes de financiación

Por aquí hay que empezar y al parecer hay consenso entre todos los partidos en relación con la separación clara y nítida de las fuentes de financiación que tuvo su inicio en 2013, con objeto de que la Seguridad Social no tenga que asumir los llamados “gastos impropios”, es decir, no contributivos, entre los que se encuentran las bonificaciones, prestaciones y ayudas por hijo a cargo o dependientes, maternidad o paternidad o los complementos por pensiones mínimas. Un ejemplo clarificador es el dato que ofreció en su momento el Tribunal de Cuentas en relación con los gastos impropios, donde señala que  “la suma de esos gastos ascendería a 103.690 millones en el período comprendido entre 1989 y 2013, mientras que a su vez, la Seguridad Social, le debería al Estado 50.273 millones hasta 2018 por el dinero prestado para poder atender las necesidades del sistema de pensiones”. A este tipo de gastos impropios hay que sumar también la “merma de ingresos”, a tenor de la situación actual del mercado laboral.

2. Revalorizar las pensiones según el IPC real

La actualización del poder adquisitivo de los mayores ha sido hasta ahora uno de los nudos gordianos de la revalorización anual, contemplando el citado documento que finaliza hoy su redacción, el abandono definitivo del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), en su famosa y criticada subida del 0,25% de las pensiones desde 2013 hasta este año, ocupando su lugar el IPC como índice a tener en cuenta a la hora de revalorizar las pensiones con carácter anual.

3. Considerar sólo los 25 mejores años cotizados

Un quebradero de cabeza para las personas que entran en el sistema de pensiones es la fórmula a considerar en el cálculo de la pensión, que se recomendará que no sea lineal sino sólo el que se obtenga de los mejores años cotizados a lo largo de la vida laboral.  De esta forma, se podrá calcular la pensión sobre la base de 25 años de cotización, respetando la reforma de 2011, pero no estarán necesariamente ligados a la linealidad cronológica de los últimos veinticinco años cotizados, dada la precariedad laboral que ha existido en los últimos años en nuestro país.

4. Acabar con un enemigo público número 1 actual: limitar las jubilaciones anticipadas

La Comisión aborda un elemento de convergencia vital para el presente y futuro de las pensiones: limitar y desincentivar las jubilaciones anticipadas para acercar la edad real a la edad legal, incentivándose el retraso voluntario de la jubilación y promover fórmulas legales para compatibilizar la pensión con el trabajo.

5. Mantener el Fondo de Reserva

La Comisión pretende respetar el fondo y forma del llamado Fondo de Reserva, que nació en el año 2000 como una recomendación del Pacto de Toledo. Tendrá que dotarse ex novo y blindar las normas de utilización del mismo en caso de necesidad financiera por parte del Estado.

6. Blindar la jubilación de las clases pasivas

La Comisión recomienda mantener las condiciones de las jubilaciones actuales de los empleados públicos, es decir, jubilación a los 60 años con 30 de cotización siempre que al menos quince de ellos se hayan prestado servicios efectivos al Estado.

7. Establecer la equidad progresiva con el Régimen de autónomos

En el Gobierno actual y en parte de la oposición hay una sensibilidad especial en relación con el régimen de autónomos y se recomendará que se vaya acercando al régimen general de seguridad social para que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales y tengan una pensión mayor y mejores coberturas.

8. Incentivar los planes de empresa

La complementariedad es un aviso para navegantes en la Comisión, porque se contempla el impulso necesario de los planes de pensiones de las empresas vinculados a organismos sin ánimo de lucro, a través de los correspondientes incentivos fiscales, en su caso.

9. Considerar el principio de equidad con las Rentas mínimas

Con espíritu complementario a las reciente norma de renta mínima vital, en circunstancias de pobreza real y efectiva, la Comisión también recomendará asegurar rentas mínimas suficientes para aquellas situaciones en las que la pensión, sea o no contributiva, no pueda garantizar un nivel de subsistencia digno o establecer un indicador de qué es una pensión suficiente.

10. Revisar el cumplimiento de sus propuestas

Ante la gravedad de la situación económica actual que ocasiona el pago de las pensiones, la Comisión del Pacto de Toledo dedicará también una recomendación en el documento final, sobre la situación en la que se encuentran los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, con tanta recurrencia actual. Asimismo, recomendará la evaluación formativa y sumativa de las propuestas que se aprueben definitivamente, a la luz de las que se plantean en el citado documento que se finaliza hoy y que quedará listo para su presentación inmediata ante el Gobierno.

NOTA: la imagen se puede visualizar en el contexto de mi publicación en este blog, Un mural que nos pregunta ¿qué ha ocurrido?, el pasado 25 de julio de 2020.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.