Día: 20 de julio de 2022

Palabras que dedico especialmente hoy a José Antonio González, a su familia, el barrendero que murió en Madrid el pasado viernes 15 de junio, por un golpe de calor, en un trabajo abrasador y precario de un mes, a pesar de las advertencias oficiales sobre este tipo de situaciones que se deberían evitar y como ejemplo de que el calor abrasa sobre todo a los más pobres, en su severidad y exclusión, todavía más injustas si cabe. También, a los que como él, entregan la vida a diario en servicios públicos y para apagar el fuego y el sin sentido del cambio climático en todas sus expresiones posibles.

Sevilla, 20/VII/2022

Las olas de calor están haciendo estragos en la sociedad de este país, afectando de forma considerable y una vez más a las clases sociales más desfavorecidas. Clama al cielo, yo diría que al sol abrasador en una clave más laica, la situación que sigue atravesando la implantación del ingreso mínimo vital en nuestro país, algo que suelo tratar de forma continua en este cuaderno digital, fundamentalmente porque me pre-ocupa, (con guion) mucho. Siendo un proyecto de importancia vital para los destinatarios del mismo, que se saben cuántos son, millones de personas en este país, cada una con su cadaunada pobre, se constata de nuevo que la dignidad de las personas en situación de pobreza severa solo se salva con medidas sociales eficaces como es la del Ingreso Mínimo Vital, porque es lo que verdaderamente ayuda a paliar esa pobreza y los daños colaterales de las olas pandémicas y la presente de calor, que en unos meses será de frío, en los que el gasto en energía se presenta ya ante la sociedad como el enemigo público número uno.

Lo anterior lo planteo en referencia a la primera opinión que hizo pública ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), señalando que ha desplegado solo una parte de su potencial, pero que tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza, que ha llegado a 284.000 hogares con el 56% de su presupuesto, pero que podría cubrir a 700.000 hogares si estuviera plenamente implementado, con un coste anual de 2.800 millones. Asimismo, “constata que hay 400.000 hogares que podrían percibir el IMV y no lo han solicitado, fenómeno conocido como non take-up”. Asimismo, destaca que “el número de solicitudes registradas hasta el 31 de diciembre ha superado los 1,5 millones, pero el 73% de las resueltas se denegaron por criterios de renta, patrimonio o unidad de convivencia. Junto con estos datos, bastante explicativos por sí mismos, la AIReF propone “concretar objetivos cuantificables y medibles para poder evaluar su cumplimiento y realizar un análisis detallado de los expedientes rechazados”. Presenta también “una serie propuestas para mejorar la eficacia y la eficiencia de la prestación, como simplificar el proceso de solicitud, profundizar en el análisis de las causas del non take up, fomentar la publicidad institucional de la prestación y seguir trabajando en el encaje entre el IMV y las Rentas Mínimas de las CCAA”, cuestión que está suscitando una gran controversia y desajustes flagrantes entre Comunidades Autónomas”. Algo que considero de sumo interés es la propuesta de que se consiga una “mayor integración del IMV con el resto de prestaciones e impuestos y avanzar hacia prestaciones que se inicien de oficio”.

Esta primera opinión, que tiene su importancia al estar respaldada por un Organismo Público de importancia extrema en este país, se puede consultar con detalle en su página web oficial, en la que destacan tres objetivos en su planteamiento sobre la prestación del IMV: su diseño, sus resultados y su implementación. Sobre el diseño, algo no está haciendo bien cuando “la prestación, a 31 de diciembre de 2021, ha desplegado solo una parte de su capacidad potencial, puesto que ha llegado a 284.000 hogares, el 40% de sus beneficiarios potenciales y ha ejecutado un 56% de su presupuesto”. Es relevante este dato porque si estuviera “plenamente implementado, cubriría a 700.000 hogares y supondría un coste anual de 2.800 millones de euros si consiguiese llegar a todos ellos”. Señalan un dato de interés para ser objetivos con la información aportada que “Estas cifras y las del resto de la evaluación no incorporan a País Vasco y Navarra al disponer únicamente de información administrativa de renta y patrimonio de territorio común. Además, la AIReF “constata que 400.000 hogares que podrían recibir el IMV aún no lo han solicitado, el 57% de los posibles beneficiarios, fenómeno conocido como non take-up. Este fenómeno, común en la práctica internacional por la compleja gestión de este tipo de prestaciones, está presente en hogares que poseen algún tipo de renta y, en particular, se concentra entre aquellos que obtendrían un incremento de renta más limitado en el caso de ser beneficiarios del IMV”. También es importante resaltar que “el número de solicitudes ha sido elevado, sobre todo en los primeros meses, y ha superado los 1,5 millones, pero un porcentaje muy alto resultaron rechazadas. En concreto, la AIReF señala que el 73% de las solicitudes resueltas se han denegado o inadmitido, aunque este porcentaje ha disminuido con el tiempo hasta el 60%. La principal causa de denegación o inadmisión es el incumplimiento del criterio de renta, seguido de los requisitos de unidad de convivencia-empadronamiento. Si estuviera plenamente implementado, el IMV ampliaría la cobertura de los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas en cerca de 250.000 hogares. Además, mejoraría la situación de más de la mitad de los hogares que ya tenían derecho a los programas autonómicos de rentas, incrementando la renta que podrían recibir. En este sentido, hay que señalar que su diseño se configura como una prestación suelo, es decir, cubre a parte de los hogares que anteriormente ya podían recibir las rentas mínimas y amplía la cobertura fundamentalmente en aquellas comunidades autónomas en las que sus programas de garantías de rentas para la lucha contra la pobreza eran más limitados”.

Lo que deseo resaltar hoy por encima de otras cuestiones más técnicas de la implantación del IMV es que ante la situación actual de falta de peticiones y, de las que se han llevado a cabo, las ingentes cantidades de denegaciones, se sabe que todavía “quedarían en España 540.000 hogares en riesgo de pobreza sin cubrir, lo que supone un 40% del total de hogares en pobreza, que no tienen derecho ni al IMV ni a los programas autonómicos. Este porcentaje del 40% sin cubrir podría variar en los próximos años si las CCAA modificasen sus rentas mínimas como consecuencia de la liberación de recursos de sus programas de rentas derivada de la implementación el IMV”. Por tanto, habría que concretar muy bien los objetivos iniciales del IMV, revisándolos de forma exhaustiva, para aplicar en ellos el principio de realidad de la pobreza severa y exclusión social en nuestro país. Todo ello, en una revisión gradual, que llevaría a algo que es lo más importante en este tipo de prestaciones, invertir la carga de la prueba, en el sentido de que debería ser la Administración quien, de oficio, llevara a cabo la tramitación administrativa del IMV, para lo que sería necesaria la interoperabilidad plena delos sistemas de información de las instituciones que intervienen en los diferentes procedimientos administrativos de esta prestación: “sería necesario incrementar la interoperabilidad y el intercambio de información entre administraciones en torno a un repositorio común que contenga la información necesaria para su tramitación y que contemple en su diseño las necesidades para su posterior evaluación”

En este sentido, la AIReF aporta ya una herramienta muy interesante “de microsimulación que permite comparar los efectos sobre un conjunto de indicadores de pobreza de un escenario en el que todos los posibles beneficiarios del IMV y de los programas de rentas mínimas reciben la prestación con el escenario real a fecha 31 de diciembre de 2021. Este microsimulador reporta además un conjunto amplio de indicadores relativos a la gestión, los tiempos de resolución, los motivos de rechazo y el non take-up. Para su elaboración se ha contado con el universo de microdatos de renta y patrimonio de la Agencia Tributaria que se utilizan para tramitar el IMV (excepto los datos relativos a País Vasco y Navarra) y se ha fusionado con el universo de los expedientes del IMV tramitados entre junio de 2020 y diciembre de 2021 por el INSS. De forma complementaria a la aproximación cuantitativa, también se han llevado a cabo entrevistas con gestores del IMV, agentes sociales y entidades del tercer sector”.

Los datos están a mano siempre que seamos cuidadosos con su tratamiento, sabiendo en esta ocasión que provienen de una institución pública solvente. Hablar hoy de ellos creo que era necesario para demostrar que con actuaciones estratégicas y urgentes de Estado, con esta prestación de Ingreso Mínimo Vital, millones de personas podrían salir de las colas del hambre, pagar dignamente la alimentación básica de cada familia y sus necesidades básicas de supervivencia, así como la energía necesaria para alimentarse y aliviar el frío y el calor a lo largo del año. Todo lo demás, sería exclusivamente caridad mal entendida, porque existen en la actualidad recursos públicos que, por miles de trabas burocráticas, no se traducen en prestaciones inmediatas para salvaguardar la dignidad de la personas que menos tienen, los nadies que presentaba en sociedad Eduardo Galeano y que tantas veces he citado en este cuaderno digital: Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida. Ahora, en este infierno de calor que estamos atravesando y que los abrasa especialmente, merecen ser atendidos de la forma más digna posible por el Estado de Bienestar Social que seguimos defendiendo, nunca mejor dicho, con ardor guerrero y con ardiente impaciencia, los que deseamos para todos un mundo mejor, más justo y sin olvidarlos jamás.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.