La realidad de la inversión social en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, en España y Andalucía

Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país

Sevilla, 28/X/2022

Cada vez que se publican datos sobre las inversiones sociales en Andalucía, que no opiniones ni refriegas políticas de baja estofa, que cada vez hacen más estragos en la sociedad democrática, me estremece conocer la posición que ocupamos en el país, siendo la Comunidad más poblada y la que se debería cuidar al máximo en esta financiación pública por sus datos en relación con la pobreza y exclusión social, verdaderamente lacerantes. Una vez más, se observa que la aplicación de las políticas sociales en el Estado y, sobre todo, en esta Comunidad en la que vivo democráticamente, no son inocentes, como vengo publicando desde hace años en este cuaderno digital y tiene responsables públicos de su gestión política y administrativa, cuyo objetivo principal y claro es además constitucional: salvaguardar el interés general de la población a la que hay que atender y servir. La última referencia técnica viene del Informe que ha elaborado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, sobre la Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país, realizado con un esfuerzo encomiable de transparencia para la transformación social, presentado el pasado 20 de octubre y que refleja datos muy esclarecedores en relación con los presupuestos generales en cada Comunidad Autónoma y su relación con el gasto social aplicado desde la pandemia, a pesar del “importante aumento de las transferencias estatales, que alcanza 23.701,7 millones de euros en este periodo [2019-2021]. Los datos nos indican que este incremento de financiación estatal no se ha visto reflejado en la misma medida en un incremento en el gasto social en las Comunidades” (la negrita es mía). Importantísima aportación objetiva, porque traduce que dinero público ha habido, otra cosa es cómo se ha repartido en cada Comunidad de acuerdo son sus prioridades políticas.

Las conclusiones más importantes del Informe son que “el gasto social de la Comunidades Autónomas solo ha aumentado un 7% respecto al nivel previo a la pandemia, mientras el gasto en otras áreas aumenta un 34%” y que “han tenido que pasar 10 años y una pandemia para recuperar el gasto social. pero su incidencia en los presupuestos autonómicos es cada vez menor […] Pero desde 2010 el porcentaje que representa este gasto sobre el total de los presupuestos autonómicos marca una clara tendencia descendente, tendencia rota ligeramente en los años 2015 y 2016. En 2010 representaban el 67,4% del presupuesto autonómico, mientras que 12 años después este porcentaje ha caído 9 puntos y se sitúa en 58,3%, en una tendencia claramente decreciente. . Analizando en profundidad los datos se observa que Madrid, Andalucía, Cataluña y Murcia, están a la cola de gasto por habitante en Sanidad y Servicios Sociales, como un nuevo ejemplo de la injusta desigualdad social territorial que se está viviendo en España.

Es muy interesante la aportación de los siguientes datos en el informe: “La evolución del gasto en políticas sociales por CCAA ha sido muy desigual:

  • En cuantía: Todas las Comunidades salvo Cataluña, Madrid y Murcia han superado en 2021 el gasto social por habitante que tenían en 2019, destaca Castilla La Mancha con un aumento de 514,9 € y La Rioja con 487,3 €. En negativo sorprende Cataluña que lo reduce en 134,5€, Madrid en casi 119€ y Murcia en 64,9 €.
  • En porcentaje: Un escenario diferente nos muestra el peso específico que estas políticas tienen en el escenario general. Si observamos el porcentaje de su presupuesto que destinan a cubrir las políticas sociales, vemos que 12 de las 17 Comunidades han reducido este porcentaje, siendo especialmente acusado este descenso en la Comunidad de Madrid (-10,18%) y Asturias (-6,72%), seguido de Extremadura (-5,93%) y Cataluña (-5,55%)”.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Nota de Prensa.

Para concretar de forma más cercana este gasto autonómico en políticas sociales, se puede observar lo ocurrido en 2021 (de mayor a menor), también muy significativo en relación con la sempiterna desigualdad territorial.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país.

Tengo que señalar que Andalucía, en referencia a lo expuesto anteriormente, comenzando por la inversión en Sanidad en 2021, figura en la situación que se detalla en el grafico siguiente, en el que se observa que las desigualdades territoriales son clamorosas, donde esta Comunidad ocupa un lugar nada favorable en gasto por habitante, 1.372,69€, la tercera por la cola, por debajo incluso de la media en España, con una diferencia negativa de 558,54€, respecto de Asturias y de 524,97€, en relación con el País Vasco:

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Anexo a la Nota de Prensa (la “p” minúscula indica que en esas Comunidades el Presupuesto anual estaba prorrogado).

En relación con el gasto en Educación, la situación es más favorable para Andalucía, aunque se repite de nuevo un mal endémico en el país: la desigualdad territorial. También es importante resaltar que a pesar de que Andalucía figura en tercer lugar en relación con el esfuerzo inversor, 23,5% sobre el presupuesto total de la Comunidad, por encima ligeramente de la media en España, 20,3%, queda todavía mucho por hacer cuando se analiza el gasto por habitante, 995, 81€, lo que significa 32,7€ por encima del gasto medio en el país, pero con un diferencial negativo de 370,68€ frente al gasto del País Vasco.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Anexo a la Nota de Prensa (la “p” minúscula indica que en esas Comunidades el Presupuesto anual estaba prorrogado).

Por último, se aborda en el informe citado el gasto en Servicios Sociales mostrando, como se puede comprobar una vez más, lo que verdaderamente tiene importancia en el gasto público de ámbito social, junto a las cuantías económicas, evidentemente, es la desigualdad territorial como un problema omnipresente que requiere un urgente abordaje de Estado sobre financiaciones finalistas. Andalucía con un porcentaje del 7,3%, está ligeramente por encima de la media, 7%, pero con un dato nada favorable en relación con el gasto por habitante, 308,55€, por debajo de la media de España, 332,80€ y con un diferencial negativo y clamoroso sobre Navarra, 309,25€, prácticamente la mitad de lo que se dedica en esa Comunidad a esta finalidad o respecto de La Rioja y Asturias, que ocupan el segundo y tercer lugar de la tabla.

Fuente: Inversión social por CCAA. Sanidad, Educación y Servicios Sociales en nuestro país. Anexo a la Nota de Prensa (la “p” minúscula indica que en esas Comunidades el Presupuesto anual estaba prorrogado).

El pasado 15 de octubre publiqué un artículo, Andalucía sigue presentando datos muy preocupantes de pobreza y exclusión social, en el que afirmaba con rotundidad algo que estremece en este territorio, aunque no lo queramos leer o escuchar por su dureza: “Conocer con datos científicos que 2.738.318 ciudadanos y ciudadanas en Andalucía, es decir un 32,3% del total de población,  están viviendo la pobreza en sus vidas y, de forma más aguda, la pobreza severa, en un porcentaje del 8,1% del total, es decir, casi un millón y medio de personas, son cifras lo suficientemente elocuentes que confirman que algo no estamos haciendo bien en esta Comunidad, porque contra datos no valen argumentos” Conocer ahora estos datos sobre inversión real en gasto social en Andalucía, creo que incrementa nuestro desasosiego e incertidumbre desde la solidaridad que debemos mostrar con los andaluces y las andaluzas, niños y niñas de esta tierra, que están sufriendo el Estado de Malestar a diario.

Personalmente, tengo claro que hay que compartir datos para estar todos bien informados y que sólo con un gobierno de Estado o Comunidad Autónoma, pre-ocupado (así, con guion) por la desigualdad actual económica, laboral y social en la población, no cualquier gobierno, porque todos no son iguales, que dicte leyes con urgencia para solucionar esta situación transformando la sociedad española, podremos avanzar en derechos y libertades que mejoren las condiciones de vida para salir de la pobreza en cualquiera de sus estadios, que afectan a millones de ciudadanos en este país, de andaluces y andaluzas, niños y niñas sobre todo, los más desfavorecidos, los pobres severos, los nadies, que son los que más necesitan políticas sociales dignas del Estado del Bienestar. 

No pretendo aburrir con datos, porque para eso están los informes a disposición pública para quienes los quieran leer. Lo que sí pretendo al escribir estas líneas es volver a insistir en un hilo conductor tantas veces expuesto en este cuaderno digital: las políticas sociales no son inocentes y obedecen a intereses partidistas de cada Gobierno en particular, alejándose clamorosamente del interés general, objetivo constitucional que debe observar toda Administración Pública en el país, que depende del Gobierno correspondiente, no inocente, desdibujándose esta atención esencial en el país por las injustas desigualdades territoriales en la aplicación de estas políticas como se puede ver en cada informe que se publica en una u otra dirección, pero siempre con el denominador común del debilitamiento del Estado del Bienestar. O del Malestar, a la vista de lo que acontece a diario y muy cerca de cada ciudadano en su cada día.

UCRANIA, ¡Paz y libertad!

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

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