Día: 14 de febrero de 2023

Detalle del acto final de la manifestación de Sevilla, en la Plaza de la Encarnación (Las Setas), en defensa de la Sanidad Pública – 26/XI/2022 / JA COBEÑA

Sevilla, 14/II/2023

La noticia ha saltado a los medios de comunicación social y creo que no es inocente: “El Gobierno andaluz prepara una norma para derivar a pacientes de la atención primaria pública a hospitales privados”, algo que supone minar los cimientos del Sistema Sanitario Público de Andalucía (en adelante, SSPA), al ser esta prestación la que da sentido a una organización sanitaria modélica en este ámbito de responsabilidad de la Administración Pública en esta Comunidad, como se ha “vendido” durante muchos años, la joya de la corona, porque era verdad, porque esta derivación “primaria”, que figura de forma expresa en el texto del proyecto de la Orden citada, por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios, desplaza de forma lesiva la acción de salud más importante en la atención sanitaria a un ámbito privado, cuando el Sistema no lo debería hacer nunca.

Si a esta realidad, se le une lo expuesto en su Disposición adicional segunda, referida a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 312 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es decir, la “ocupación” posible de los hospitales Públicos, por parte de profesionales del ámbito privado, la acción de dinamitar el SSPA estaría declarada ya oficialmente y sin complejo alguno: “Excepcionalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 312 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que dispone que con carácter general, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia Administración contratante y, si ello no fuera posible, se harán constar las razones objetivas que lo motivan. A tal efecto, la Consejería con competencias en materia de salud podrá determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan”. Es lo mismo que lo que se dice en el Anexo I sobre las consultas médicas de atención primaria, que figuran a continuación a título de ejemplo preocupante, “Estas tarifas máximas se corresponde con consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias, caso de no realizarse la prestación del servicio en dichas instalaciones la tarifa máxima se verá reducida al 35%”, porque dicho en román paladino, estas tarifas serán más baratas si se utilizan centros públicos del Sistema, donde se trasladen los profesionales de los centros privados concertados para desarrollar estas prestaciones.

Detalle en el Anexo I del proyecto de proyecto de Orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios

Para ser lo más objetivo posible, porque tengo que reconocer que me ha conmovido y conturbado esta situación, he consultado los datos oficiales al respecto, que se pueden leer detenidamente en la web oficial de la Consejería de Salud y Consumo, actualmente, aunque considero imprescindible hacer las siguientes puntualizaciones a tenor de lo expuesto:

1. La tramitación actual de Orden citada, por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios, data en sus comienzos administrativos del mes de febrero de 2022, como se puede comprobar en los pies de firma digitalizada de los diferentes documentos que en la actualidad están expuestos, hasta un total de quince, aunque el que figura en primer lugar, es el Acuerdo de apertura del trámite de audiencia, información pública e informes, fechado el 13 de julio de 2022, que es la fecha a la que se alude en las noticias que han saltado a los medios respecto de esta actividad legislativa de la Consejería de Salud y Consumo. Cumple ahora un año de la intencionalidad clara del Gobierno actual en relación con el nuevo enfoque privatizador, más aún del que ya existía, de la actividad concertada, aunque ahora se da un paso más y bastante preocupante.
2. Los documentos expuestos y, sobre todo, la Memoria justificativa, son un ejemplo de simplificación del fondo y forma del texto legal hasta unos límites insufribles, porque la declaración de motivos del texto de la Memoria no desarrolla las dos actividades “novedosas” expuestas anteriormente, que son de un calado excepcional. Se despacha en un folio y medio y creo que es un ejemplo de lenguaje críptico, que esconde la auténtica intencionalidad de la norma: dar unos pasos de gigante en la privatización de la sanidad denominada hasta ahora “pública”, “okupándola” de verdad de una vez por todas.
3. Me llama poderosamente la atención que los Informes de no impacto de menores y familias, sobre este proyecto de Orden, se despachen también como que estos colectivos no están afectados por la misma, ya que la disposición sólo “pretende regular y actualizar el sistema de tarificación de la actividad realizada por las empresas contratadas por el Servicio Andaluz de Salud”, cuando la realidad es bien distinta en los dos ámbitos tratados anteriormente. No sólo es el dinero que cueste atender a los posibles afectados, sino lo que supone desviar la atención a recibir por profesionales privados en centros públicos o, en el caso de la atención primaria, el desplazamiento de esta tipología de atención en centros privados, deshilvanados de la estrategia global y pública de atención primaria en Andalucía, que ha sido siempre extraordinaria hasta que llegaron las etapas de recortes de contratación de profesionales y dotaciones económicas, necesarias para esta importantísima prestación sanitaria, como puerta de entrada al Sistema y garante de un atención primordial para las personas, planificada y organizada con medios públicos.
4. Tampoco me agrada ver en las tablas de tarifas, recogidas en el texto de la Orden citada, la prestación a la salud mental de enfermos agudos o crónicos, la pariente pobre del SSPA, que también se deriva a medios privados, sin que se acabe de tratar definitivamente en una estrategia pública de carácter urgente y sin más dilación por parte del SSPA.   

Como conclusión, creo que lo que se deduce de una lectura pormenorizada del texto de la Orden citada, es que se confunde el valor de la sanidad pública con el precio público que hay que pagar por ella. Es verdad que desde hace muchos años el poder de la concertación con empresa privadas por parte del SSPA ha sido una realidad, lacerante en muchos casos, pero ahora se van a dar unos pasos más que son muy preocupantes: el asalto al interior de los centros por parte de la economía de mercado, donde todo se va a convertir en pura mercancía, aunque se hable de “rebajas” al utilizarse edificios públicos y lo que aparece como el gran golpe al Sistema Sanitario Público de Andalucía, al abrirse una grieta con la prestación de Atención Primaria con medios privados y concertados. Creo sinceramente que se ha puesto precio ya al derribo del estado de bienestar en su manifestación más gráfica, la atención universal de la salud de la ciudadanía, en sus primeros pasos, los que permiten que el sistema sanitario de carácter público pueda funcionar mejor cuando la atención primaria está garantizada con profesionales estrictamente públicos, con dinero público, en tiempos públicos y en edificios también públicos.

¿Qué podemos hacer? Como ciudadanos, informarnos bien, a fondo, de lo que está pasando, para emitir juicios bien informados, compartir esta información y demostrar con datos que la situación es muy preocupante. Si nos preocupa de verdad y no sólo de boquilla la sanidad pública, hay que actuar ya, empezando por desenmascarar estas actuaciones encubiertas del Gobierno andaluz que, poco a poco, van demoliendo el estado del bienestar.  En segundo lugar, aunar esfuerzos y voluntades para divulgar lo que está pasando, cada uno a nivel celular, boca a boca, para compartir acciones que se puedan programar para contener esta avalancha de derribos del sector público con voladuras controladas. Después, actuar con el arma más poderosa, el voto en las elecciones, porque todos los partidos no son iguales ni sus políticas tampoco. Lo expresé con datos el pasado mes de diciembre en este cuaderno digital, en un artículo que he vuelto a consultar hoy para reforzar mi compromiso intelectual actual con esta situación tan preocupante, La Atención Primaria en España, necesita Atención Pública Urgente, sobre todo en Andalucía, porque contra hechos no valen argumentos, mucho más después de haber estudiado a fondo el trabajo científico que ha desarrollado la Fundación CIVIO, a la que tanto admiro, en relación con la presión de trabajo que sufre en la actualidad la Atención Primaria en nuestro país y, en concreto, en mi Comunidad Autónoma, Andalucía, considerando que era un deber ético como ciudadano de base divulgar estos datos en la medida que puedo hacerlo con todas las garantías de trasladar la información tal y como la ha elaborado la Fundación: “En 2022, la carga de trabajo en medicina de familia se ha mantenido o incluso ha empeorado en todas las comunidades que han proporcionado datos a Civio, salvo en Castilla-La Mancha. Entre las diez áreas sanitarias más saturadas se encuentran dos de la Comunidad Valenciana, cinco de Andalucía y tres de la Región de Murcia, que rondan una media de 40 consultas atendidas al día. Aunque la Comunidad de Madrid no ha ofrecido sus datos desagregados al nivel que solicitamos, dieciséis centros de salud, la mayoría en el sur de la región, han superado los 40 pacientes diarios de media. Cataluña, Galicia, Asturias y Cantabria no han querido dar sus cifras actuales de presión asistencial”.

Hace un año escribí en este blog un artículo, El Sistema Nacional de Salud ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos, en el que dije algo que ratifico de nuevo en la situación expuesta hoy en torno al proyecto de Orden tratado: “Desde este blog escribo estas líneas de denuncia por el silencio cómplice, clamoroso, que se detecta en casi todos los niveles de responsabilidades públicas y privadas, porque hay cauces para establecer un clima de opinión que llegue ante las autoridades pertinentes para que se aborde el citado Pacto de Estado para reforzar el Sistema Nacional de Salud, aunque los silencios son más que evidentes. ¿A qué más hay que esperar? Las Mareas Blancas, por ejemplo, hacen lo que pueden, así como muchos colectivos de personas pre-ocupadas (con guion) por la situación actual tan alarmante, pero hay que crear un estado de opinión que sea favorable a este abordaje inmediato de soluciones para atender a una sanidad pública enferma, que necesita inmediatamente cuidados intensivos si no queremos que desaparezca a lo largo de los años, porque el deterioro va a más hasta alcanzar situaciones insostenibles, en las que la Sanidad Privada hará su agosto una vez más como gran solucionador, teórico, de todos los problemas actuales denunciados.

Antonio Machado tenía razón cuando decía en su proverbio LXVIII (Proverbios y cantares), que todo necio confunde valor y precio, o lo que es lo mismo a tenor de lo que está sucediendo hoy en nuestro Sistema Sanitario Público de Andalucía y en otros Sistemas del país, porque se confunde continuamente, de forma no inocente, el valor de la sanidad pública con el precio público que hay que pagar por ella. Y no es lo mismo.

José Antonio Cobeña Fernández

Ex secretario general del Servicio Andaluz de Salud, 2000-2004

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.

UCRANIA, ¡Paz y Libertad!