¿Necesitamos un diccionario para entender el Boletín Oficial del Estado (BOE)?

Sevilla, 4/VIII/2021

Ya tenemos en las librerías el primer diccionario ilustrado para entender el Boletín Oficial del Estado, con un subtítulo que promete: Aprende el idioma que dicta las normas y sus recovecos, dando por hecho que estamos ante una maraña de palabras, que llegan a conformar disposiciones de muy alto rango, leyes, por ejemplo. Sus autores son Eva Belmonte y Mauro Entrialgo y lo ha publicado la editorial Ariel. Eva Belmonte es una periodista muy conocida por ser la Co-Directora de la Fundación Civio y responsable directa de contenidos del blog El BOE nuestro de cada día | Civio, un proyecto de la Fundación que tanto aprecio, como ya he señalado en alguna ocasión en este cuaderno digital. En la sinopsis oficial del libro se dice lo siguiente, utilizando también un lenguaje desenfadado para llegar al mayor número de lectores posibles: “Ya puedes ser superprofesional en inglés o aprender chino que, si no dominas el lenguaje del Boletín Oficial del Estado, pringas. Este diccionario ilustrado traduce, de forma directa y clara, sin rimbombancias jurídicas, los conceptos que necesitas entender porque, quieras o no, lo que se publica en el BOE te afecta. Y el libro lo explica con retranca —habrá que reírse al menos— y con una retahíla de ejemplos de abusos perpetrados por quienes sí entienden, y bien, el lenguaje de la burocracia”.

En mi vida profesional ha sido un referente continuo, de obligada lectura, acompañado siempre del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en el que he aparecido en bastantes ocasiones por razón de cargo y cargas, aunque como alto cargo siempre he pedido, en el caso del BOJA, que mis ceses fueran a petición propia, acompañando a esta observación, por cortesía burocrática, eso sí, del consabido “agradecimiento por los servicios prestados”, como es habitual en el lenguaje propio de los periódicos oficiales.

A título de ejemplo, en el nuevo diccionario, cuando se recoge la expresión “Alto cargo”, explica su significado: “Desde el presidente del Gobierno pasando por ministros, secretarios de Estado, presidentes y vicepresidentes de organismos públicos… De director general para arriba todo son altos cargos. Si tienes dudas: si le nombra el Consejo de Ministros y esa decisión aparece en el BOE, lo es (excepto los subdirectores generales). Es el rango más alto cuando se trabaja en lo público y la teoría, sobre el papel, es que para serlo es obligatorio cumplir varias condiciones. La primera, ser idóneos para el puesto. Y eso aquí también tiene un significado propio. La idoneidad, según la ley que lo regula, es el combo de dos factores: la honorabilidad (que te condenen por malversación no ayuda) y contar con la formación y experiencia suficiente para hacer lo que te toque, esto es, saber de qué va el curro para el que te han elegido. Lo habitual es que estar en política, aunque no seas un experto en el campo concreto al que te vas a dedicar, por muy especializado o técnico que sea, da para aprobar la asignatura de idoneidad. Eso para ser nombrado. Mientras ejerce, el alto cargo tiene que seguir cumpliendo algunos requisitos —repetimos, condiciones sobre el papel, no se vayan a creer que aquí pecamos de inocencia: trabajar para el interés general y no el propio y dedicarse en exclusiva al cargo para el que ha sido nombrado y no a otras labores—. Con excepciones, claro: escribir sesudos artículos de propaganda en periódicos, dar la turra en congresos o trabajar en organizaciones sin ánimo de lucro (sí, valen fundaciones de partidos) está permitido, siempre que no se cobre un duro por hacerlo. O, como mucho, solo las dietas. También tiene luz verde administrar el patrimonio personal o familiar”.

Pero a modo de comentario de texto y ahí está parte de la gracia del libro, hay siempre un apartado que lleva por título Uso y abuso, en el que afirma lo siguiente, aportando también un dato estadístico referido a este constructo –Alto cargo- que “aparece 971 veces en los últimos diez años:

Solo en la administración y los organismos estatales, sin sumar los de comunidades autónomas y entidades locales, a 31 de diciembre de 2020 había 736 altos cargos, 70 más que cuando acabó 2019. Las cifras de los últimos años van desde los 642 de la Nochevieja de 2016 a esos 736, la más alta desde 2014.

A continuación acompaña a cada lema o constructo una ilustración como la siguiente, referida obviamente a los “altos cargos”:

Creo que es un esfuerzo encomiable para apear de viajes oficiales al argot burocrático del derecho administrativo que muchas veces es bastante incomprensible para el común de los mortales. Doy fe de ello porque en muchas ocasiones he sido “redactor” de dichas disposiciones, de las que puedo asegurar que siempre pensé en sus destinatarios finales. A título de ejemplo, detestaba usar la palabra “interesado”, que es propia del argot tributario, por ejemplo, porque junto a la palabra “sujeto” formaba un constructo bastante alejado de la intelección simple de que una persona es la verdaderamente afectada por la disposición correspondiente.

Es curioso constatar que estadísticamente “la palabra concesión, por ejemplo, aparece en el Boletín 106.851 ocasiones en los últimos diez años, la que más de las recogidas en el Diccionario. Referido a un tipo de contrato público, ese eufemismo esconde la privatización de algo: una carretera, un hospital, un parking. Según la autora, también codirectora del proyecto Civio (“datos que cuentan contra la opacidad”), “esto es importante porque con el paso del tiempo hemos visto que las condiciones de estos contratos son muy ventajosas para las empresas y muy poco para la Administración pública, además de que se suelen degradar las condiciones laborales”. Preocupante lectura e interpretación final ajustada a derecho” (1). En la misma entrevista, a la pregunta ¿Es realmente el BOE una herramienta útil para la ciudadanía?, ella responde: “A mí me parece crucial para saber los derechos que tenemos las personas en una determinada situación, como ocurrió durante el estado de alarma. Sirve para cosas tan cotidianas como pedir una ayuda o presentarse a una oposición, pero lo más importante es que te permite conocer tus derechos: qué puedes hacer, reclamar, y qué no”.

Conviene leer este diccionario y consultarlo cuando haga falta, porque nos aclara muchas cosas, sobre todo términos aparentemente casi imposibles de entender y porque la amenidad con la que se describen e interpretan a través de ilustraciones y metáforas visuales, ayudan siempre a entrar en un edificio virtual de palabras, a veces a modo de torre de Babel que necesitamos ordenar e interpretar en democracia. Tengo que confesar que todo lo relacionado con la Fundación Civio me entusiasma, como así lo descubrí desde su nacimiento en 2012 y por conversaciones con su artífice principal David Cabo, Co-Director actual de la misma, con quien quise llevar a cabo un proyecto muy interesante para democratizar el acceso al presupuesto general de la Junta de Andalucía en 2012. Es lo que me da más confianza para leer el libro y comprender cómo se puede hacer más accesible la ordenación y organización del Estado, en este caso a través de un periódico oficial nada inocente, como casi todo en la vida.

Hoy, he recibido unas palabras de la Fundación que me suenan muy cercanas y que me recuerdan cómo nos debemos relacionar con la Administración y sus palabras: “Si has llegado hasta aquí, suponemos que deseas conocer mejor el funcionamiento de lo público, las decisiones de gobiernos e instituciones y cómo te afectan. Y, en particular, aquella información que se resisten a sacar a la luz. Nos dedicamos a eso desde 2012. Civio es una organización independiente y sin ánimo de lucro que, además de periodismo de investigación y de servicio público, hace presión para levantar las alfombras de nuestras instituciones y ayudar a la ciudadanía a conocer las decisiones que nos afectan, cómo se toman, cómo se aplican y qué resultados obtienen. Nuestro foco está en lo público, lo que nos afecta a todos. Lo hacemos gobierne quien gobierne. Lo hacemos cada día mejor. Y no lo hacemos solo porque nos guste, que también. Lo hacemos porque es esencial para lograr una sociedad y una gestión de lo público más abiertas, justas, inclusivas y eficientes para todos”.

Lo escrito anteriormente es la garantía de lo que está detrás de este diccionario ilustrado del BOE. Lo necesitamos. No nos defraudará su lectura y consulta. Es su hilo conductor. Entren en la página principal del proyecto El BOE nuestro de cada día | Civio y comenzarán a entender muy bien las bases de la democracia y sus palabras que, afortunadamente, aún nos quedan.

(1) Aprende a leer el BOE, te puedes estar perdiendo algo importante (publico.es)

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓNJosé Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo, no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.