Las claves de la televisión pública

Sevilla, 22/I/2022

Anoche tuve la oportunidad de seguir el nuevo programa de RTVE, Las claves del siglo XXI, presentado por el periodista Javier Ruiz, de trayectoria ética reconocida, que comenzó con una clara declaración de principios: “Bienvenidos a un espacio de información, de análisis y de opinión que pretende respetar, estrictamente, ese orden. Partir de los hechos, de los datos y las cifras, para santificarlos y respetarlos. Los hechos son los que son, no están a debate. Pero las opiniones sí son libres y las van a escuchar aquí». Efectivamente, así fue, con un formato muy diferente al de las tertulias y tertulianos de turno, opinadores mayores del Reino, porque los allí presentes eran personas que a través de sus profesiones han dado señas de identidad de rigor técnico y buen hacer público. La sinopsis oficial del programa no deja tampoco lugar a dudas: “Análisis en profundidad de los temas que marcan la actualidad informativa, con la participación de expertos, para que la audiencia tenga todos los elementos necesarios para formarse su propio criterio. Cada semana, Las Claves del siglo XXI tratará dos temas en profundidad con una mesa de expertos y reconocidos especialistas en los asuntos que se aborden. Profesionales que saben de lo que hablan y que hablan de lo que saben. En cada programa participarán los directores de periódicos, que irán rotando cada semana, y habrá además una entrevista en profundidad con un personaje destacado de la actualidad”.

El programa acompañará cada tema de reportajes para ilustrar y contextualizar, es decir, aportará información antes de analizarlo con los especialistas. Habrá, además, conexiones en directo con redactores y corresponsales.

Se trataron asuntos de gran interés social, comenzando por el problema actual de los negacionistas de la vacuna de la COVID-19, con una pregunta que está en el sentir de la mayoría de la población española: «¿Qué prima, su libertad individual, su derecho individual o la salud pública? ¿Hemos de hacer obligatoria la vacuna?». Lo importante es que la distribución de los participantes en el plató dejó claro que una cosa es la realidad técnica y científica de lo que pasa en la sociedad y otra cómo se traslada a la población a través de los medios de comunicación, representados allí por los directores de El País y La Vanguardia, Pepa Bueno y Jordi Juan, respectivamente. Los datos fueron bien tratados y representados gráficamente en un esfuerzo de síntesis y claridad expositiva absolutamente encomiable. Personalmente, me quedó claro que sí hay instrumentos jurídicos para obligar a la vacunación general, mediante una Ley Orgánica y que es preferible que sobre el 10% de la población española que actualmente manifiesta su posición contraria a vacunarse, con varios matices,  se utilicen todos los medios posibles educativos y persuasivos antes de recurrir a la ordenación jurídica tan taxativa ante derechos fundamentales.

De los restantes asuntos tratados, la exclusión social, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el negocio de la desinformación, quiero hoy hacer especial hincapié el que siguió a continuación de la vacunación, que se centró en el impacto que ha tenido la pandemia en la sociedad española en función de la renta, apoyado por el informe de Cáritas-FOESSA,  Sociedad expulsada y derecho a ingresos, que personalmente traté en este cuaderno digital en octubre de 2021, fecha en que se presentó a la sociedad española. El editorial de aquél informe no dejaba duda alguna sobre la gravedad de la situación actual de la pobreza severa en España, con el agravante de la pandemia: “Esta crisis sanitaria ha dejado tras de sí una profunda huella. Más allá del esperable incremento de la exclusión y la pobreza, el resultado más grave se traduce en el ensanchamiento de la exclusión social, sobre todo entre aquellas personas y familias que acumulan más dificultades de integración. Este proceso supone un vertiginoso incremento de la exclusión social más severa en un periodo de poco más de un año y medio. Este considerable aumento del segmento más grave de la exclusión supone que dos millones de personas se han sumado a los cuatro millones que habitaban este espacio social antes de la llegada de la pandemia. Esta tendencia nos advierte de que, aunque durante las crisis se produce un rápido incremento de la exclusión, la posterior llegada de periodos de recuperación y crecimiento económico no suponen un rápido descenso de dichos niveles de exclusión. Por lo que en las últimas décadas se ha constado que la facilidad para caer en la exclusión cuando hay crisis se transforma en dificultad para salir de ella incluso en los periodos de bonanza. Una realidad que nos recuerda la necesidad de repensar el modelo social y relacional, el modelo económico y de redistribución, así como los valores sobre los que asentar nuestra convivencia, de forma que podamos evitar la cronificación de las situaciones de pobreza y exclusión social”. El dato más claro es que 11 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social en España, de las cuales seis millones de ellas se encuentran ya en exclusión severa, lo que ocasiona un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población”.

Creo, en esta ocasión, que lo allí expuesto se podía haber tratado de forma más profunda, a pesar de la presencia del presidente de Cáritas, al que entrevistó el presentador, porque los datos son exhaustivos y de una dureza digna de que se le preste con urgencia la máxima atención, en un debate que siempre deberíamos abrir al aproximarnos a esta realidad: la dialéctica entre lo que debe hacer el Estado de Bienestar y lo que deben atender las Organizaciones No Gubernamentales en el mismo sentido. En este momento, además, con una oportunidad de ética pública excepcional como es la extensión masiva del Ingreso Mínimo Vital, con resultados decepcionantes a la fecha en que escribo esta líneas y tal como he expuesto recientemente en este medio, en el artículo ¿Qué pasa con el Ingreso Mínimo Vital?, con datos que revelan que algo no funciona bien en la atención pública a la exclusión y a la pobreza severa: “Más de dos tercios de los hogares en pobreza severa no lo han solicitado (el 67,8%). Es importante resaltar también que un 6,2% de hogares lo han intentado, pero han encontrado barreras para realizar el trámite de forma presencial o telemáticamente. Finalmente, tan solo el 25,9% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite con éxito. Un 15,6% lo ha solicitado telemáticamente y un 10,3% de forma presencial. Es preciso y urgente corregir las principales trabas del acceso al Ingreso Mínimo Vital, que excluye a determinados hogares y personas que mejorarían sus condiciones de vida si tuviesen esta prestación, siendo introducidas algunas modificaciones en su normativa actual, y reconociendo que este instrumento de protección social constituía una necesidad y una demanda previa a la llegada de la crisis sanitaria”.

Bienvenido sea este programa y su futuro inmediato. Necesitamos que la radiotelevisión pública haga un esfuerzo para que la información de lo que pasa en este país se pueda tratar de forma sosegada y con datos y profesionales que avalen lo que se trate cada semana. Los medios de comunicación no son inocentes y ante tanta noticia falsa y periodismo ramplón, es una bocanada de viento fresco que lleguen a nuestros hogares programas como el de anoche. Además, la radiotelevisión pública cuenta con profesionales muy cualificados, como se pudo comprobar anoche en las conexiones con los reporteros y corresponsales en el país y fuera de él, que ofrecen garantías plenas de su calidad informativa. Creo que no hay que estar tan preocupados y obsesionados por el share (la cuota de pantalla) , que también, sino por alcanzar resultados de dígitos éticos en la prestación de servicio público que atienda el mayor interés general y posible de la ciudadanía en su necesidad de conocer bien y debatir lo que le pre-ocupa [sic] y en cuidar el entretenimiento digno y responsable, así como la educación integral que siempre debe estar presente en cada actividad pública y en la cultura individual o colectiva que la sustenta.

Creo que la sociedad española merece una televisión diferente, empezando por la televisión pública, cuyo Código Ético (28 de agosto de 2019) deberíamos conocer todos los ciudadanos de este país, con una misión, visión y unos valores que se deberían divulgar al máximo y defender hasta sus últimas consecuencias por parte de las personas que no queremos aceptar los principios de la telebasura, ni los que dicta la dictadura de Mercado en determinadas televisiones privadas. Una Misión, en la que “RTVE responde al carácter de empresa de servicio público, por lo que debe ofrecer una información rigurosa, independiente y plural, así como un entretenimiento de calidad; fomentar el debate, la innovación y la creación; y apoyar la difusión de las artes, la ciencia y la cultura. Todo ello bajo las premisas de cohesionar y dar cauce a la participación. Una Visión que “Desde su función de servicio público, RTVE tiene siempre como horizonte ser el medio de comunicación de referencia en España. Para ello, acerca las identidades nacional y autonómica a todos y cada uno de los españoles. Desde una visión global, realiza el trabajo con un criterio estrictamente profesional y difunde los valores constitucionales. Y, finalmente, unos Valores mediante los que “RTVE defiende y promueve en su programación los valores constitucionales, especialmente los de libertad, igualdad, pluralismo y tolerancia, sobre los que se asienta la convivencia democrática. Sus valores los marca la Ley y se reflejan en su actividad.

A lo anterior hay que agregar los “principios de conducta” porque ante lo que está pasando en la realidad, “RTVE considera que la confianza de los ciudadanos, clientes, proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que desarrolla su actividad, se fundamenta en la integridad y responsabilidad en el desempeño profesional de cada uno de sus empleados. La integridad se entiende como la actuación ética, honrada y de buena fe. La responsabilidad profesional se entiende como la actuación proactiva, eficiente y enfocada a la excelencia, la calidad y la voluntad de servicio”. Excelente reflexión televisiva de carácter público.

Estoy convencido de que tenemos con este programa una oportunidad de reinterpretar de forma más amable unas palabras de Lope de Vega que nunca he olvidado: «Si el vulgo es necio, es justo hablarle en necio para darle gusto”, que leí en una ocasión en una obra de Gustavo Bueno sobre la televisión basura, porque hoy, con una televisión pública y digna, respetando los principios de conducta enumerados más arriba, podríamos afirmar que «Si el vulgo es digno, es justo hablarle y contarle cosas sobre lo que está pasando de forma digna para darle gusto”.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.