Ingreso económico para garantizar la dignidad en el itinerario vital

SAVE THE CHILDREN ANDALUCIA3

Sevilla, 30/V/2020

Ayer se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, que viene a dar respuesta constitucional a un mal endémico en España como es el de la pobreza severa en porcentajes muy altos de su población, afectando directamente a los niños y niñas de familias que viven en pobreza estructural. A lo largo de los últimos años he escrito en este cuaderno digital, en muchas ocasiones, sobre la realidad de la pobreza severa en España, poniendo el acento especialmente en Andalucía y en los datos de la pobreza infantil en España y en esta región por alcanzar un porcentaje muy alto de personas afectadas. Pero los datos siguen siendo muy tercos y basta tener la sensibilidad suficiente para conocer la situación objetiva en relación con esta situación real y objetiva, para darse cuenta de que las colas del hambre durante la pandemia de la COVID-19 son una expresión lacerante de esta lacra social que ha perdurado durante mucho tiempo en este país.

Lo aprobado en este Real Decreto viene a dar respuesta a un clamor popular en relación con los que menos tienen y, sobre todo, a dar una respuesta de Estado a una situación que ya estaba desbordando a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se han volcado a lo largo de los últimos años en atender las clamorosas necesidades de un porcentaje muy alto de la población española, por mucho que algunos no quieran reconocerlo. Es verdad que desde hace años se habían iniciado ya en España actuaciones gubernamentales para atender las denominadas genéricamente “rentas mínimas vitales”, pero como se afirmaba recientemente en un excelente artículo en un diario digital: “En la actualidad, la cobertura de las rentas mínimas regionales es limitadísima y muy diferente según las Comunidades Autónomas. Un reciente estudio para la Comisión Europea de los investigadores Adrián Hernández, Fidel Picos y Sara Riscado detalla que la cobertura media de estas ayudas autonómicas alcanza de media al 13% de los hogares en pobreza severa, con grandes diferencias entre regiones: alcanza el 100% de las familias en esta situación extrema en Euskadi mientras que solo cubre al 3,6% de los hogares de Castilla-La Mancha”.

El estudio citado, publicado este mes y realizado aquí en Sevilla por el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre, principal organismo asesor científico y tecnológico de la Comisión Europea), con un título sugerente, Avanzar hacia sistemas de rentas mínimas más justos en España, aún reconociendo la idoneidad de estos sistemas en este país por proporcionar unos ingresos mínimos vitales, son en la actualidad y hasta que se ha aprobado este nuevo marco legislativo, “una colección heterogénea y compleja de beneficios regionales diseñados e implementados por las Comunidades Autónomas, sin tener el principio de equidad de Estado, creando desajustes clamorosos de reconocimiento de derechos en el país. Esto genera importantes discrepancias regionales entre las personas más pobres, socavando la igualdad de acceso, la asistencia social adecuada y, en última instancia, la equidad de estas redes de seguridad de último recurso”.

El estudio ayuda a comprender y contextualizar mejor lo que está ocurriendo en España en la actualidad en términos de cobertura y adecuación. Evalúa los efectos presupuestarios, distributivos y de pobreza de los actuales sistemas regionales de renta mínima, así como el impacto del aumento tanto de las tasas de cobertura como de los niveles de adecuación. Utiliza el modelo europeo de microsimulación EUROMOD junto con los microdatos de las Estadísticas de la Unión Europea sobre Ingresos y Condiciones de Vida, simulando una secuencia de escenarios teóricos con diferentes combinaciones de cobertura y niveles de adecuación utilizando líneas estadísticas de pobreza nacionales y regionales como referencias. Sus resultados sugieren que el aumento de la adecuación tendría un mayor impacto en las tasas de pobreza que el aumento de la cobertura, pero sería menos eficaz para reducir la intensidad de la pobreza: “Es importante destacar que todos los escenarios implican aumentos significativos del gasto, más aún para mayores disminuciones en la intensidad de la pobreza, como se esperaría. Cabe destacar que los resultados difieren en gran medida entre las regiones y son sensibles a medir la pobreza bajo un criterio nacional o regional, lo que refleja las disparidades regionales españolas en términos de pobreza”. De obligada lectura para poder emitir juicios bien informados en relación con el Ingreso Mínimo Vital aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Según la información oficial disponible, el Ingreso Mínimo Vital “es la respuesta del Gobierno al problema estructural de pobreza que existe en España y su puesta en marcha se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la COVID-19, que se suman a las de las familias que ya se encontraban en dificultades previamente. Según las estimaciones, la nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños. De hecho, de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, un 30% son menores. También habrá una incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondrán el 16% de los beneficiarios. Dentro de ellos, casi un 90% están encabezados por una mujer”.

El Ingreso Mínimo Vital viene a dar respuesta constitucional a derechos fundamentales en términos de equidad en el acceso a un ingreso económico para determinadas personas y familias que permitirá atender la pobreza estructural del país como itinerario de reconocimiento del conjunto de derechos y deberes constitucionales que ayuden a la población a salir de esta situación con un trabajo digno y bien remunerado: “El Ingreso Mínimo Vital es toda una política social que se engarza alrededor de una prestación, de forma que, más allá de la ayuda monetaria incluye estrategias de inclusión, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que permitan a las personas en vulnerabilidad transitar a una situación mejor. Los beneficiarios contarán con incentivos a la contratación y también se creará un “Sello Social” para las empresas que les ofrezcan formación y empleo”.

La palabra “itinerario” me parece excelente porque este reconocimiento es un kilómetro cero para ayudar a salir de la situación de pobreza y no para instalarse en ella en régimen permanente de subsidio. Ese es su gran reto y es el motivo que me ha inspirado el título de este post porque el ingreso mínimo vital es, fundamentalmente, un ingreso para permitir, a toda la población española, alcanzar la entrada en el itinerario de la dignidad constitucional expresada en sus derechos fundamentales y, concretamente en el recogido en el artículo 35 de la Carta Magna: 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, publicado en Enero de 2020 por la ONG Save the Children, como análisis de la situación de pobreza en los hogares con hijos e hijas en España.

CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja para ninguna empresa u organización religiosa, política, gubernamental o no gubernamental, que pueda beneficiarse de este artículo, no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de jubilado.